Conspiración en Pémex

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viernes, 16 de marzo de 2012

Atisbos de una huelga posible

Algunos comentaristas fijan su atención en la amenaza de huelga que pende sobre las cabezas de los universitarios sonorenses. Lo hacen en distintos tonos pero sobresale la incomprensión de los opinantes sobre el ejercicio de un elemental derecho laboral. Se subraya que la huelga “perjudicaría a miles de jóvenes que se quedarían sin estudiar”, y que “si las autoridades ofrecen 3.8 por ciento de aumento, ¿qué ofrecen los docentes?”


Otros analistas señalan en petit comité la peligrosa situación del sindicalismo en un estado gobernado por el neoliberalismo atrasado y enemigo de los trabajadores, donde la mejor estrategia es no caer en la tentación de enfrentar al estado y moderar el ejercicio del derecho a huelga consagrado por la Constitución federal y la legislación particular que de ella emana. Algunos piensan que el panismo vería la oportunidad de acabar con los sindicatos y que movilizaría sus hilos “legales” para un golpe legislativo, con lo que la mejor salida sería renunciar a la lucha por mejores condiciones de vida y plegarse a los antojos del capital.

No falta quien señale que el sindicalismo universitario es vulnerable por sus conflictos internos y la lucha de facciones que se manifiesta en las asambleas gremiales, lo que pone en desventaja a la organización y permite suponer que, en caso de una huelga, predominarían las diferencias antes que la unidad de los grupos en favor del triunfo laboral.

Hay opiniones que expresan su incertidumbre respecto a la posición de los estudiantes, apuntando hacia la posible organización estudiantil en contra del movimiento huelguístico y a favor de las autoridades administrativas, en combinación con el gobierno estatal, lo que metería bastante ruido en la opinión pública local.

Al parecer, aquí se olvida una realidad básica, elemental, que se pasma en el texto constitucional y se detalla y pormenoriza en la Ley Federal del Trabajo. El sindicato titular del contrato colectivo de trabajo tiene obligación de emplazar a huelga e iniciar las negociaciones correspondientes con base en un pliego de peticiones y reparación de cláusulas contractuales violadas o incumplidas. Ambas partes deben actuar en aras del beneficio gremial e institucional y llegar a un acuerdo. En caso de no ser posible, se declara la huelga, con lo que sigue el proceso de negociación en condiciones de suspensión de la actividad laboral. La duración de la huelga depende de los acuerdos a que lleguen las partes.

En virtud de lo anterior, podemos sacar las siguientes conclusiones: la huelga es legal bajo los supuestos de la ley laboral, su duración depende de la voluntad política de las partes y otros actores que pueden y deben proveer para su solución los recursos necesarios para satisfacer las demandas planteadas: el gobierno federal y el estatal. No se entiende como una afrenta directa al capital porque estamos hablando del espacio público que proporciona servicios educativos de nivel superior a la parte de la población estudiantil que opta por estudiar en instituciones públicas.

A diferencia de las instituciones privadas, donde a usted le pueden hacer firmar un contrato y al mismo tiempo la renuncia para evitar el reclamo de derechos, en la Universidad de Sonora no nos referimos a la institución como negocio educativo porque su fin no es el obtener utilidades o ganancias, no tiene un consejo de administración donde hay socios interesados en recuperar su inversión con intereses y no podemos hablar válidamente de rentabilidad ni de competencia comercial. Sus fines son de carácter social, no mercantil. Los trabajadores universitarios tienen obligaciones marcadas en sus contratos pero también tienen derecho a que se les reconozca antigüedad, que cuenten con seguridad social, aguinaldo, capacitación, becas, pensiones y jubilaciones. Tanto la administración como la organización sindical tienen derechos y obligaciones claramente marcados por su marco normativo y, desde luego, los contratos colectivos de trabajo.

En tal virtud, parece un tanto excéntrico pensar que los conflictos laborales son cuestiones de capricho, de buena voluntad, de tolerancia, de conveniencia política, de voluntarismo, de rencores o desavenencias. Ni el sindicato que declara la huelga es enemigo de la institución o de los estudiantes ni la autoridad que gestiona recursos es la Madre Teresa administrativa que generosa y desinteresadamente hace el bien. No es problema de filantropía, vocación de servicio o de humanitarismo. Es asunto exclusivo de cumplimiento de responsabilidades sociales normadas por el derecho laboral, pasando por los fines institucionales y los objetivos de la organización.

Usted debe saber que la decisión de ir a la huelga es la más complicada y difícil que debe tomar una organización sindical. Es desgastante el cierre de las instalaciones porque ello implica su vigilancia y control, supone largas horas de vigilia nocturna, asambleas interminables, esfuerzos organizativos y logísticos extraordinarios al interior del campus y una ardua labor de comunicación con los medios informativos, además de las a veces azarosas deliberaciones con la contraparte administrativa. La vida del maestro en huelga se trastorna por no tener más que lo que queda de su sueldo para el sustento familiar, y la lejanía de la solución es directamente proporcional a su dificultad de cumplir con pagos de servicios, compra de comestibles, abono a cuentas que terminan siendo mayores debido a la incapacidad de pago oportuno. No es un paraíso de holganza, de ameno cotorreo entre cuates, de perder el tiempo con la impunidad del que espera un pago por servicios no prestados. La huelga es desgastante para las organizaciones, porque permite aflorar sus propias contradicciones, su propia inmadurez, sus deficiencias organizativas, la falta de convicción de sus integrantes, la debilidad de los liderazgos, la ausencia de recursos.

La administración universitaria, en cambio, se ve frente a la disyuntiva de trabajar por la institución o por la imagen pública. El rector en turno se empeña en conservar en términos favorables una relación (que debiera ser institucional en el marco de la autonomía) con el gobierno local, actuando como si fuera un representante del gobierno ante los trabajadores debido a que su discurso solamente se limita a repetir las objeciones de la política de contracción salarial decretada en el ámbito federal frente a las demandas de los trabajadores. Sin embargo, la cara pública del rector se ve pronto afectada por el reproche mediático de tener una institución a su cargo que se “salió de control” al osar sus miembros reclamar sus más elementales derechos.

Por su parte, los estudiantes educados en el discurso neoliberal que los ideologiza como empresarios potenciales, al no haber clases a las cuales decidir faltar o asistir exigen la normalización de las actividades, arguyendo su derecho a la educación bajo el supuesto de que “pagan por ella”, en una curiosa aunque preocupante yuxtaposición entre dos conceptos en este caso antagónicos: estudiante y cliente. A diferencia del estudiante, el cliente solamente reclama derechos de consumidor sin preocuparse por la dinámica institucional ni su contexto social, económico o político. Supone que la cuota que paga le da el derecho de reclamar la prestación de un servicio de manera ininterrumpida, ya que él “les paga su sueldo” a los maestros, sin investigar que la nómina se paga de los subsidios federal y estatal que el gobierno asigna a la institución. La cuota estudiantil nada tiene que ver con el pago al personal ni con los derechos laborales. Es un pago de dudosa legitimidad que la administración fija para cualquier otro fin.

El estudiante, en cambio, vive la realidad institucional a través de su relación con la comunidad docente, recibiendo su saber y su ejemplo, mediada por el plan de estudios y los programas de materia, con lo que se forma en la disciplina de su elección pero también en la vida cívica y la participación social a través de su propia militancia política o en movimientos ciudadanos que considera debe apoyar. No está en una burbuja, sino que se preocupa por el acontecer mundial, nacional y local, de manera que aprende a juzgar la validez de las situaciones y la razón que hay detrás de los reclamos del pueblo que, organizado o no toma las calles y se manifiesta públicamente. El estudiante sabe que mañana saldrá al mercado laboral y que su relación con el empleo le exigirá capacidad pero también conciencia de clase. Sabrá de la importancia de contar con una organización gremial que defienda sus intereses como trabajador y por ello apoyará al sindicato y valorará lo que representa.

En el mundo al revés del neoliberalismo, no faltan los que ataquen al sindicato y apoyen a la clase patronal, y al gobierno que no cumple con sus obligaciones de procurar el bienestar ciudadano y el desarrollo integral de la población. Pero también existen los que armados de conciencia cívica apoyan a los trabajadores porque saben que su lucha es la de ellos, por la construcción de un mejor mañana y una vida digna para ellos y sus familias.

Si estalla la huelga en la UNISON, lo natural es apoyarla y defender el derecho de los trabajadores a mejores condiciones laborales. Cuestión de sentido común y visión de futuro.

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