Para el jueves 24 de noviembre, a las 12:00, se había convocado una Jornada continental de movilización en defensa de la educación como un derecho, en apoyo de los estudiantes de Chile y Colombia. En el caso de los universitarios de Sonora, la cita se fijó en el Edificio Principal de la Universidad de Sonora, conocido ahora con el nombre de edificio de Rectoría, que da cuenta de su vocación como asiento de la burocracia centralista en turno.
Se pegaron en varios sitios pequeños avisos que invitaban a la quema simbólica de la Ley Orgánica No. 4, aduciendo que “a veinte años de su imposición, ha desaparecido toda práctica democrática, burocratizando la educación y anulando la participación de los estudiantes en la toma de decisiones.”
En realidad esa afirmación se queda corta y merece comentario aparte. Sucede que no sólo son los estudiantes el sector excluido en la toma de decisiones, sino que de manera particular lo son los académicos. Trataré de explicar este punto.
Los profesores e investigadores son la columna vertebral de las funciones sustantiva de la institución, y son los únicos sujetos auto-evaluables y auto-corregibles, que conducen el proceso de enseñanza-aprendizaje y de generación de conocimientos, y que son la cara institucional en el terreno de la lucha contra el conocimiento vulgar y en favor de la preparación disciplinaria. Son el referente cotidiano de los estudiantes por la frecuencia de sus interacciones con quien posee el conocimiento y la experiencia profesional. No es la burocracia como totalidad ni los burócratas en lo articular quienes alientan la especialización del conocimiento y las mejores prácticas, sino el que predica con el ejemplo y la comunicación dentro y fuera del aula o laboratorio.
El personal académico es quien en realidad representa la institucionalidad, porque hace posibles y perfectibles las actividades sustantivas, y ejemplifica el ideal estudiantil del logro profesional en la etapa más importante de su desarrollo, que es justamente el tiempo en que el joven aprende los rudimentos de su arte y su ciencia.
Las interacciones entre profesores y estudiantes en el contexto áulico, determinan por su calidad la imagen institucional. La burocracia solamente debe proveer los recursos y apoyar el esfuerzo del quienes hacen el trabajo universitario. Por eso son la docencia, la investigación y la difusión y extensión actividades sustantivas, y la administración es adjetiva. La Ley Orgánica 4 puso patas arriba este elemental principio.
La ley vigente pervirtió la vida universitaria al poner por encima de su sustantividad a la administración. Decretó la separación entre el estudiantado y los académicos respecto la vida cotidiana institucional y los depositó en el cesto de la basura política al dejar en manos de una serie de estructuras administrativas el poder de decisión que antes, en la época de la Ley 103, era compartido por autoridades, docentes y estudiantes. Así, los marginados son los profesores y los estudiantes, meros accidentes demográficos en la superficie universitaria.
El ordenamiento vigente ha propiciado la consolidación de camarillas burocráticas cuya única prioridad es la de perpetuarse en los puestos, lo que genera actitudes clientelares y la idea de que la posición lograda es parte de su patrimonio grupal. El clientelismo es la conducta de moda sustentada por el fuerte impulso de la Ley 4, mediocrizando la institucionalidad y nulificando la vida académica, debido a que los espacios de participación se cierran o condicionan.
La quema simbólica de la Ley 4 propone una universidad mejor, animada por el genuino deseo de servir a la sociedad y no al gobierno en turno. Estar con el pueblo y no con los privilegiados del poder. Ser socialmente responsables y no parte del séquito clientelar del neoliberalismo de guarache incrustado en la educación superior de Sonora, México y el mundo. Rescatemos la conciencia crítica de la sociedad.
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