Conspiración en Pémex

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miércoles, 21 de junio de 2017

Una comisión para la comisión...

“El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine” (Ley de Parkinson).

Al parecer, nuestro subdesarrollo político y cívico ha llegado a extremos kafkianos, donde la idea de una celosa defensa de la transparencia y la rendición de cuentas están más de lado de las apariencias que de la realidad. Sin embargo, vale la pena pensar en que los esfuerzos por retocar el maquillaje oficial son compartidos por los sujetos obligados y por otros que no son, pero aparentan ser parte del tinglado gubernamental. Es decir, tenemos funcionarios públicos que deben sujetar su actuación al marco legal vigente y son los obligados legalmente a acatar las normas de sus empleos o cargos, sin embargo, en los últimos tiempos se han creado comisiones y comités ciudadanos que los acompañan con ánimo fiscalizador, y que, de repente parecen ser cuasi-funcionarios públicos que llegan con la cobertura de una ciudadanía activa y terminan siendo, en la práctica, parte del aparato estatal.

Actualmente se debate en las redes sociales la existencia de un comité ciudadano ligado al sistema anticorrupción, que de entrada enfrenta la disyuntiva de llegarse 80 mil pesos mensuales por miembro por el solo hecho de estar por ahí, supervisando las acciones del ente público creado para abatir los logros de la leperada y las transas bendecidas en el anterior y que en este sexenio se proponen conjurar. Hay voces que proponen que la paga sea voluntaria, es decir, que el “comisionado” decida si va a recibir el dinero o no. ¿Unos creerán merecer un ingreso adicional nada despreciable y otros pueden tranquilamente declinar? ¿Pago a ciudadanos por vigilar o supervisar a un ente público?  Y eso, ¿no es dar carácter de negocio o fuente de ingresos al combate a la corrupción?

Si bien es cierto que la participación ciudadana es fundamental en las acciones del gobierno, existen límites claros entre lo que es la acción ciudadana y lo que es el gobierno. Habiendo leyes y estructuras que componen el gobierno de las entidades, y estando definidas sus facultades, competencias y funciones por las propias leyes, empezando con la Constitución, ¿qué necesidad hay de que los ciudadanos intervengan en los asuntos corrientes del gobierno y la administración pública de manera ordinaria? Se puede argüir que es la ciudadanización de los órganos públicos y que la política es asunto de todos. Cierto, pero la ciudadanía una vez que elige a sus representantes y éstos forman gobierno, sus acciones quedan sujetas a las leyes y a los mecanismos de control y evaluación que requieren para que sean eficientes y eficaces.

En este caso, cada órgano y cada funcionario debiera, en apego a la ley, cumplir cabal y estrictamente con sus funciones, porque es lo que espera y exige la ciudadanía que decidió en elección pública y democrática a sus gobernantes, porque la nuestra es una república democrática, representativa y popular. Si están planteadas las reglas que obligan al gobierno a cumplir con su papel, ¿para qué queremos comités o comisiones adicionales y paralelas a las oficinas públicas del caso? ¿Por qué crear estructuras nuevas y costosas antes que hacer valer las existentes?

Lo que ocurre es, por una parte, una situación de desconfianza patológica hacia el quehacer público y sobre la validez de las normas que rigen la conducta de los servidores públicos y, diría, de la clase política en general. Desde luego que esa desconfianza no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue profundizando gracias a la venalidad, deshonestidad, manipulación y engaño permanente de los funcionarios hacia el pueblo elector. La clase política instauró, con sus acciones, una cleptocracia palurda y desvergonzada que se sintió (y se siente) dueña y señora de los cargos y los recursos estatales y nacionales, situación que provocó medidas o reacciones que se han traducido en comisiones, comités y otras manifestaciones de desconfianza organizada que dan cuenta de que en los asuntos públicos la visceralidad tiene futuro porque permite desahogos y acciones como tiros de escopeta con balas de salva. En vez de aplicar la ley, tal cual, se amplía la nómina de involucrados bajo el manto de la ciudadanización de tareas que son y deben ser de la exclusiva responsabilidad del sector público, justamente para evitar caer en el supuesto de que ampliar la nómina para “administrar la corrupción” no es participar en ella.

Esta expresión no de democracia, sino de vulgar democratismo, deja sin resolver los problemas estructurales de un sistema diseñado para el saqueo privado de los recursos públicos, pero aún a sabiendas de esto, los ciudadanos prefieren maquillar la corrupción mediante la inclusión de convidados que observen desde la periferia los dichos y los hechos que sean ilegales o improcedentes. Se crean comisiones para integrar otras comisiones; se eligen miembros para que a su vez elijan a los integrantes de alguna comisión ciudadana que vigilará tal o cual función. Y además tendrán derecho a paga.


Los comités, comisiones o consejos ciudadanos son formas perversas de involucrar a personas en acciones que son responsabilidad del sector público, con fines de legitimación y no de la puesta en orden y al día de las dependencias competentes. Esto, me parece, no es más que una nueva forma de distracción en el marco de relaciones signadas por una profunda corrupción estructural, pero que, sin embargo, se niegan a cambiar en serio. Los ciudadanos debieran, en todo caso, poner un hasta aquí a este sistema de simulación y actuar políticamente, por ejemplo, organizar la resistencia civil, la protesta organizada, las acciones coordinadas de alcance estatal y nacional cuando el caso lo amerite y, sobre todo, la participación fuerte y decidida por cambiar el rumbo de la nación y la entidad en las elecciones. Es evidente que seguir votando por los mismos no va a resolver el problema de corrupción e injusticia, por más comisiones, consejos o comités que se cuelguen a las dependencias del gobierno. ¿Votarías por los mismos, o nos seguiremos lamentando y tragando el invento de los consejos ciudadanos?  De lo que se trata es de cambiar las cosas, no de legitimarlas.

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