Hablando de aperturas

                 “Ser ignorante de su propia ignorancia, es la enfermedad del ignorante” (Alcott).

Según el diccionario, “apertura” significa: 1. “acción de abrir o abrirse algo” (la apertura de las tiendas se realiza a las 8:30); 2. Acto de inauguración o comienzo de una actividad (el Ministro estuvo a cargo del acto de apertura del ciclo lectivo); 3. Comienzo de una actividad, ingreso a un sistema o entidad (apertura de una cuenta bancaria); 4. Actitud comprensiva y tolerante, aceptación de nuevas ideas (los docentes deben mostrar apertura a las ideas de todos los alumnos); 5. Combinación de jugadas para comenzar un partido de ajedrez (el ajedrecista hizo una apertura magistral). Pues bien, gracias a los empleados bancarios nos enteramos que ahora existe un verbo nuevo: “aperturar”.

La aportación bancaria a la lengua quizá surge como una alternativa moderna y funcional al usual, aunque al parecer ya avejentado verbo “abrir” que, como se sabe, significa entre otras cosas, 1. Hacer que el interior de un espacio o lugar tenga comunicación directa con el exterior; 2. Permitir la entrada a un lugar; 3. Dar comienzo a algo que se desarrolla durante un período concreto de tiempo; o 4. Comenzar, dar principio a una actividad de una corporación o un establecimiento (abrir una cuenta bancaria, por ejemplo).

La novedosa aportación ha dado lugar a que los bancos adviertan a sus clientes que tal o cual sucursal “apertura los sábados”, lo que antes se expresaba diciendo simplemente que “la sucursal abre los sábados”. De acuerdo a este criterio, pudiera ser válido decir que Fulano de tal fue recibido “con los brazos aperturados”, o que mi corazón está aperturado para el amor, o que te aperturo con gusto las puertas de mi hogar.

Recientemente pregunté a un estudiante universitario acerca de la corrección de la palabra “aperturar” y la respuesta fue: “pues… así se dice”. No hay duda que la mayor certidumbre la tiene el que no razona críticamente lo que escucha, sino que simplemente lo interpreta y da la calidad de cierto: “así lo oí y pude traducir su significado, por lo tanto, está bien”. Como se ve, salen sobrado las reglas y formas del idioma, sus características históricas y el contenido cultural e identitario de la lengua que nos une.

Ahora no es extraño escuchar en una conversación que alguien diga “te prometo”, refiriéndose a una situación pasada: “Te prometo que no me enteré”. Según el diccionario, prometer significa dar la seguridad de un cumplimiento futuro; es decir, obligarse a decir o hacer algo. ¿De dónde sale eso de “prometer” algo en un contexto o situación del pasado? Esta pregunta encuentra respuesta en las películas y series de televisión gringas. Los personajes “prometen” queriendo asegurar la veracidad de algo ya realizado. Si para los anglosajones funcionan ciertas expresiones, no necesariamente lo hacen para nosotros que, por fortuna, gozamos de un idioma rico y conceptualmente diverso y a la vez preciso. Es claro que los hispanohablantes, en vez de “prometer” la veracidad de un acto pasado, mejor afirmamos, aseguramos o juramos.

En el mismo sentido, encontramos el uso agringado de la palabra “bizarro”. Este adjetivo significa: valiente, elegante, esforzado, gallardo, generoso, espléndido. Se aplica a la persona que es valiente y noble en su manera de actuar; se aplica a la persona muy generosa. En cambio, para un gringo significa “muy extraño e inusual”, de manera que atrapa la atención e impresiona; se refiere a algo cuya rareza afecta emocionalmente. Seguramente le ha tocado escuchar a alguien de por acá decir que presenció un hecho “bizarro”, con una expresión de asco o molestia en la cara, misma que ponemos nosotros al escuchar semejante babosada.

Otra perla que provee la televisión es la expresión “capítulo estreno”. Se puede admitir que una serie tenga un capítulo inicial, introductorio, de particular importancia para los productores y, eventualmente, para el espectador. No hay problema con el anuncio de un capítulo nuevo, de estreno, porque se entiende que el programa reporta nuevo material a la teleaudiencia. Decir “capítulo estreno” es pretender una economía que no tiene sentido en el idioma español.

Sin embargo, peores cosas nos regalan ciertos canales cuando invitan al auditorio diciendo: “stalkéanos”. Stalking significa en inglés el acto de acechar o asediar una presa; observar o seguir a una persona de manera persistente con el fin de afectarla. ¿El canal en serio desea el acoso o acecho de la audiencia, o la asiduidad en el seguimiento de sus programas? Como se ve, la cultura basada en la televisión o el cine termina siendo una forma de dilución de la identidad y un severo daño a la cultura del usuario, cuando éste es acrítico, ignorante o flojo intelectualmente.

Mientras no haya una verdadera preocupación intelectual en las generaciones de académicos y estudiantes que se están formando en el país, podrán ir y venir reformas educativas, pero estarán manchadas por la incompetencia, el engaño y el ánimo represivo. Y esto es debido a que existe una clara e indudable transculturación desde los años 80, punto de arranque del neoliberalismo, que ha corrompido al gobierno y dado al traste con las expectativas de progreso y bienestar de los mexicanos, a partir de vulnerar sus instituciones, prostituir la función pública, trivializar la educación, la cultura y socavar el sentido de pertenencia familiar y comunal.

La destrucción del aparato productivo y la indefensión progresiva de los trabajadores, precarizando el empleo y el ingreso, y criminalizando sus organizaciones y formas de lucha, repercuten en la vulnerabilidad de la seguridad social, de la seguridad pública, de la calidad de vida de los ciudadanos, lo que se complementa con una cada vez más baja calidad educativa y el auge de la escuela privada, apoyada por el gobierno. En conjunto tenemos una sociedad que se está reformateando en los términos de la dependencia, no sólo económica y financiera, sino científica y tecnológica y, evidentemente, educativa y cultural.

La apertura de México al capital y los intereses trasnacionales, nos pone en un complejo escenario donde la pobreza, marginación e inseguridad debieran despertar el interés y la urgencia de replantear el modelo económico pero, en cambio, el gobierno centra su atención en abrir (¿aperturar?) las puertas a la inversión privada incluso en materia de servicios públicos (como la limpia y recolección de basura) y en las muy delicadas funciones de seguridad pública (intervención privada en el recién anunciado C5i). 

Es claro por qué la organización de los trabajadores y la lucha por la educación pública se trivializa y hace pasar por ociosas manifestaciones de los inconformes de siempre, en vez de ver su exacta dimensión en el marco de las luchas cívicas nacionales. No queremos darnos cuenta que la CNTE representa un frente ciudadano de lucha por la educación pública, por la identidad nacional y por la salvaguarda de los valores que nos identifican como país. Como ciudadanos, si no reaccionamos ahora, quizá mañana sea demasiado tarde.

Su salud es lo de menos.

“En general, las nueve décimas partes de nuestra felicidad se fundan en la salud” (Schopenhauer).

La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que termina por arruinar la salud y calidad de vida de sus víctimas, a pesar de que la publicidad afirma que se puede ser diabético y seguir “siendo el mismo”. Se sabe que, si los padres la padecen, no es raro que sus descendientes lleguen a presentarla. Aunque lo anterior no es una maldición gitana que fatalmente se cumplirá para arruinar vidas y haciendas, lo cierto es que constituye una llamada de atención para revisar los hábitos alimenticios. Si es cierto que somos lo que comemos, la alimentación es factor clave para entender cómo vivimos y de qué nos enfermamos.

En la actualidad tratamos de abreviar el tiempo dedicado a la preparación de los alimentos, debido a que el tiempo, siendo oro, no nos permite su desperdicio. El tiempo aprovechado está dedicado al trabajo, a las relaciones públicas, a la apariencia personal, al logro laboral y académico, a la convivencia con fines pragmáticos de futuros beneficios. Pero, por lo mismo, la alimentación en casa representa costos en tiempo y sociabilidad que muchas veces no estamos dispuestos a asumir.

Las comidas de trabajo, amistosas y personales se reducen a restaurantes y cafeterías, a expendios de comida rápida y a chucherías compradas de pasada que distraen el hambre y llenan el estómago de aire y riesgos metabólicos. Las grasas, la sal, el azúcar y el gas hacen funcionar un organismo que tarde o temprano deja de tolerarnos y empieza a pasar facturas. Las frituras, los refrescos embotellados, las comidas industrializadas, los infinitos distractores que anuncian y compramos “de pasada” terminan en sesiones de diálisis o hemodiálisis, y de ahí a la fría solemnidad de las funerarias.

A pesar de que se reconoce a la diabetes junto con las afecciones cardiacas como las causas estelares de incapacidad y defunción, la disposición legal que prohíbe la venta de comida chatarra en los centros educativos, la obsequiosa y permisible Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido, en fecha reciente, que tal prohibición no es “constitucional”, dejando al libre juego de la oferta y la demanda la salud de millones de ajetreados estudiantes y profesores que de alguna manera tienen que distraer, que no saciar, su hambre.

El juicio de los señores magistrados favorece a los empresarios productores y vendedores de chatarra, que en forma sólida, líquida y gaseosa pasará a ser procesada y digerida por los aparatos digestivos de los futuros enfermos cardiópatas y diabéticos de la nación. Con este acto, la Suprema demuestra su disposición a contribuir al esfuerzo que realizan los empresarios que “crean los empleos y oportunidades que el país necesita”.

Es curioso observar que, por un lado, el gobierno emprende campañas contra las enfermedades crónico-degenerativas y, por otro, se legaliza la venta y consumo de bebidas y comestibles probadamente riesgosos para la salud. Las campañas mediáticas cuyo eje es la salud y la prevención resultan ociosas si, al mismo tiempo, se alientan, permiten y solapan hábitos alimenticios e higiénicos francamente nocivos.

En otro asunto, el tema de la basura en boca de los ciudadanos de Agua Prieta, Guaymas y Ciudad Obregón, parece como un buen ejemplo de cómo se deja de gobernar para hacer negocios, poniendo en riesgo la salud ciudadana al no poder garantizar la prestación del servicio de limpia y recolección de basura en forma permanente y continua.

Está más que demostrado que la privatización de los servicios públicos es una forma de achicar al Estado en aras de satisfacer al Mercado, habida cuenta que los fines sociales del sector gobierno se diluyen y pierden bajo el peregrino supuesto del ahorro.  Las empresas de limpia y disposición de residuos están por hacer negocio y no por cumplir con tareas de beneficio colectivo. Cuando se deja de pagar la cuota convenida, se suspende el servicio y punto. El Ayuntamiento termina con dos problemas: el pago de su adeudo y la urgencia de solucionar un potencial problema de salud pública, pero, en resumidas cuentas, debe afrontar el hecho de no haber cumplido con una obligación constitucional, como lo es la prestación de los servicios públicos.

Otro servicio esencial es el de seguridad pública, últimamente bajo los reflectores de una ciudadanía amedrentada por la realidad de barrios y colonias del centro a la periferia de las ciudades y comunidades de la entidad. Según se ve, el gobierno del estado supone que el engendro orweliano del Big Brother representado por la omnipresencia de un sistema de vigilancia capaz de registrar “quien entra y quién sale” de Sonora, y que integrará servicios de seguridad, salud e inteligencia (sic), abarcando escuelas, comercios, calles y avenidas, lo mismo que vías de entrada a las ciudades, será capaz de garantizar la paz ciudadana, poner coto a la delincuencia y hacernos acreedores de la confianza de los inversionistas, en la figura del llamado C5i, Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia, que albergará a un centenar de especialistas y enlazará servicios al número 911, que por disposición presidencial (OMG!!!) sustituirá al 066.

Las siglas que amparan las cinco “C” y la “I”, no alcanzan a explicar la necesidad de una inversión en infraestructura (que es como se recordará, palabra ajena al lenguaje de Peña Nieto) teniendo ya funcionando el conocido C4, el cual se pudo haber ampliado y equipado, y menos el pago anual por prestación de servicios por $486 millones de pesitos.

La presencia, el aval y regocijo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, egresado del ITAM e ilustre invitado oficial a la ceremonia de arranque del proyecto y su protagonismo junto a la gobernadora, no dejan de resultar sospechosos, ya que la clase empresarial, enemiga de los trabajadores de la educación y de cualquier manifestación disidente, aparece como parte interesada en un asunto que, siendo público, da la impresión de que es privado.

Los caminos del agua

                    “Es propio de un buen pastor esquilar a su ganado, no desollarlo” (Tiberio).

Estamos en una entidad federativa cuyas características geográficas, climatológicas e hidrológicas insinúan que el uso del agua debe ser orientado con una extrema prudencia, con cuidado y buen sentido del ahorro. El crecimiento de la población y la dinámica de las actividades productivas, exigen renovados esfuerzos para proveer en forma suficiente y continua el vital líquido, cuyo uso prioritario debe ser el humano.

Sin embargo, las autoridades parecen empeñadas en jugar a las vencidas con la naturaleza y lo mismo desvían cauces que destruyen árboles y construyen edificios en lechos de río, como también permiten la instalación de empresas con altos requerimientos de agua a cambio de organizar tandeos, bajar la presión o servir agua de calidad cuestionable cuando no francamente intragable.

Al parecer, no existe lógica, sentido común o de las proporciones cuando se diseñan o adoptan planes y programas que debieran servir para apoyar el bienestar de los sonorenses. La prioridad ha sido vender un producto escaso a los inversionistas foráneos, so pretexto de generar empleos y ser “competitivos”, lo cual pasa por alto el equilibrio ecológico, la protección del ambiente y, desde luego, la salud de las familias.

La voracidad criminal de empresas mineras como Grupo México y similares, ejemplifican de manera clara la inconsciente depredación ambiental que se agrava con la participación de maquiladoras y otras empresas trasnacionales que disponen del recurso hidrológico, y que expulsan al aire y al agua sustancias toxicas bioacumulables, no sólo con el conocimiento de las autoridades sino con su complicidad y apoyo, según se ha podido entender gracias a eventos recientes de gran impacto social.

No deja de ser alarmante que, cuando ocurre un accidente catastrófico como el derrame minero de Cananea, se pueda tener la evidencia incuestionable de que el sistema de protección civil, las salvaguardas legales y los aspectos logísticos de prevención y remediación de los daños, no funcionan. Pueden pasar, no uno ni dos años, sino muchos más en los que se despliegan la más obscena y ridícula demagogia, la manipulación informativa y la descarada desgana por solucionar los problemas. Se acude a los pronunciamientos mediáticos, a la oferta de dinero, a la minimización del daño, a la desorganización de los afectados, a la apatía social, mientras que los perpetradores gozan de impunidad.

Pero, a los daños protegidos por la corrupción y la impunidad reinante, se añaden los proyectos acordados con los mismos delincuentes ambientales, se fortalecen los compromisos y agradecen sus migajas económicas, porque “hay que atraer inversiones y generar empleos”. Así, mientras la minería obtiene cuantiosas ganancias, el gobierno celebra los beneficios del “fondo minero” que huele a chantaje y leperada, y Sonora pierde lo más por lo menos.

Es claro que el gobierno debe gestionar programas y proyectos que incidan en el desarrollo económico y social de la entidad, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pero toda labor de carácter público conlleva una alta responsabilidad social, debiendo tener el suficiente sustento científico, financiero, técnico y humano para ser viable. Debe tener claro que la vida y el bienestar ciudadano está por encima de las consideraciones y expectativas empresariales privadas, sean nacionales o extranjeras. En este sentido, los proyectos de instalación de plantas tratadoras de aguas o de desaladoras, o de confinamientos de sustancias tóxicas, deben ser analizados desde una perspectiva integral, tomando en cuenta el ambiente y no solamente por su inmediatez política o económica.

Apoyar proyectos de desalación de agua en territorio sonorense al servicio de nuestro vecino del norte, como ha trascendido recientemente, sin considerar la descarga de salmuera en un ecosistema como el del Mar de Cortés, resulta aventurado cuando no francamente criminal. Emprender proyectos que modifiquen las condiciones de la biodiversidad acuática y terrestre serían una prueba contundente de la absurda irresponsabilidad de quien gobierna.

Sonora no tiene por qué ser proveedor de recursos naturales ni basurero de nadie. En todo caso, debiera procurarse impulsar la economía estatal en estricto apego a nuestras posibilidades productivas y dentro del marco del interés nacional. No se vale sudar calenturas ajenas.

Es evidente que ha faltado el necesario trabajo de inventariar, catalogar y clasificar económicamente los recursos sonorenses y establecer su uso real y potencial; es obvio que no ha habido aplicación de los conocimientos del geógrafo económico y del economista especializado en problemas del desarrollo. En consecuencia, no hay diagnósticos sectoriales, por lo que no hay políticas ni programas que aterricen en nuestra realidad y que sirvan para algo; es triste ver que nuestro estado carece de planeación y está sujeto a las eventualidades de una administración sujeta a ocurrencias. Así las cosas, la economía sonorense está condenada a la dependencia, a satisfacer necesidades ajenas, porque carece de la voluntad y atributos necesarios para cumplir con los supuestos del desarrollo que establece la Constitución.

 En la actualidad, es más evidente que las grandes batallas por librar para la subsistencia humana tienen que ver con el agua, con la disponibilidad y la garantía de acceso para poblaciones cada vez más grandes y demandantes. Es absurdo comprometer casi por nada el futuro y sobrevivencia de nuestros conciudadanos en aras de “hacer negocios”. El encarecimiento de las subsistencias y la privatización de los servicios públicos dan cuenta de la ineptitud del gobierno, de lo equivocado del modelo y, en este caso, el juicio ciudadano estará pronto en manifestarse.

Dos años y contando...

                                                         “La naturaleza provee tanto como exige” (Seneca).

El 6 de agosto, pero de 2014, fue la fecha de defunción de la productividad, la salud y el bienestar de los habitantes de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi y Arizpe. Los pueblos ribereños sufrieron el impacto de una inopinada y masiva contaminación debida al criminal desinterés de Grupo México por la seguridad industrial y la salud tanto de sus trabajadores como de los habitantes de la región. A estas alturas, hay muchas y valiosas descripciones de los daños sufridos por personas, animales, plantas y ambiente en general, documentándose que también en el sector norte de Hermosillo ya se resienten los efectos del agua contaminada con metales pesados.

Para muchos ciudadanos se siente lejana, quizá indignante pero anecdótica, la historia del fin de la normalidad cotidiana de más de 25 mil sonorenses. Parece que no nos involucra, que no nos afecta realmente a pesar de que la prensa nos informa cada tanto sobre el número de personas que enfermaron de su piel, hígado, páncreas, tiroides, o que padecen cáncer u otros estragos de un envenenamiento que los hace perder vitalidad hasta llegar a sucumbir a los efectos del agua contaminada.

Sabemos que las actividades agropecuarias tradicionales de los pueblos ribereños ya no se pueden realizar y están siendo limitadas porque el agua y el suelo están envenenados; queda claro que las noticias emitidas por el gobierno federal y estatal minimizando los daños no pueden ocultar, a estas alturas, una obscena trama de complicidades y corruptelas; es claro que a pesar de las palabras de los funcionarios la justicia está muy lejos de ser efectiva y expedita en el caso del Río Sonora y Bacanuchi.

Estamos informados de que el agua que se surte no es segura para la salud y que esto ha obligado a las familias a comprar garrafones para cubrir a medias sus necesidades diarias, y que las promesas de remediación e instalación de unidades de salud han quedado en el aire, como un elemento más de contaminación por razones de complicidades y corrupción. Sabemos que, incluso, han intervenido grupos de voluntarios extranjeros, que han dado testimonio de la gravedad del daño en salud, y por la parte económica, para nadie es novedad que no ha mejorado la situación patrimonial y la calidad de vida de los afectados.

Cada cierto tiempo salen funcionarios a declarar “resuelto” el problema enorme que aqueja a los productores, a sus familias, a sus comunidades, y la sensación de abandono crece cada día sin remedio ni descanso.

La tragedia ecológica se ha convertido en tema de participación temporal de oportunismo académico que busca rentabilizar el drama en forma de proyectos “de investigación”, o por el lado político, de causa ciudadana que se manosea por razones de protagonismo e interés electoral de coyuntura; pero no ha logrado aglutinar a las grandes mayorías ciudadanas que debieran indignarse y organizarse solidariamente contra la inacción y demagogia gubernamental y la criminal presencia de Grupo México en nuestra entidad.

Hasta ahora, solamente un pequeño grupo de personas ha abordado el problema con seriedad y credibilidad desde la perspectiva de la ciencia, desde una visión humanista de la acción sindical, o desde la óptica de la solidaridad ciudadana. Parece mentira que siendo tan grave el problema sea tan indiferente la reacción social y tan ofensivamente distante el involucramiento gubernamental en acciones que realmente sirvan de algo.

Siendo que el sector norte de Hermosillo está amenazado por las aguas contaminadas, resultan increíbles las torpes y absurdas declaraciones de funcionarios que pretenden minimizar la percepción del problema, como si el ocultamiento de información esencial para tomar las decisiones y acciones del caso tuviera el poder de evitarnos un verdadero desastre urbano en salud.

Al parecer, lleva razón quien dice que nuestra indiferencia y mezquindad hacen posible el abuso y la corrupción en todas las esferas de la vida nacional y local. ¿Cuándo será cómodo apoyar a los sonorenses afectados y protestar enérgica y permanentemente contra la viciosa voracidad de Grupo México y la apatía y complicidad de las autoridades “competentes” en el nivel nacional y local? ¿Es necesario que un tribunal extranjero tenga que intervenir y exija la información puntual del desastre? ¿Cuándo decidirá el poder ejecutivo y el legislativo plantar cara a Germán Larrea por los delitos contra el ambiente y la salud de las comunidades afectadas? ¿De qué estamos hechos?

El que paga no manda

                                           “Es cómplice de la falta quien apoya al culpable” (Frase latina).

Vuelve a ser noticia M. F. Beltrones, el ex del comité nacional del PRI. Ahora porque convoca y come con el resto del rebaño tricolor que aprobó las “reformas estructurales” de Peña, sin desaprovechar la ocasión para refrendar su apoyo a lo mismo que aprobaron, lo que en sí parece una redundancia mediática con fines de lucimiento en escena del citado político sin bigote. Le confieso que me asalta el aburrimiento y se me escapa un largo y somnoliento “uuuuuleeeros” a modo de bostezo con tintes de opinión ciudadana.

El habitante de Los Pinos parece convencido de que está “moviendo a México” y anima a su homólogo argentino a perseverar en sus esfuerzos reformistas porque “todo cambio positivo genera resistencias”, a contrapelo de multitudes de argentinos que se manifiestan en las calles gritando consignas y adjetivaciones contra el visitante mexicano: los gritos de “asesino”, “asesino de maestros y estudiantes” emergen de las gargantas bonaerenses, uniéndose en la distancia con los maestros, padres de Ayotzinapa y otros ciudadanos y organizaciones que están siendo “movidos” por las reformas estructurales que tanto complacen a Beltrones y congéneres así como al autismo presidencial que ni ve, ni oye, ni siente empatía alguna por el pueblo liso y llano que lo eligió (¿…?).

El alejamiento entre pueblo y gobierno va de la mano con la cercanía dependiente del poder legislativo respecto al ejecutivo (el judicial, por su parte, exhibe una complicidad alarmante), enmarcado en el absurdo del famoso pacto “por México”, suscrito por la triada necrológica PRI-PAN-PRD al inicio del sexenio y asumido como deber clientelar por los partidos-franquicia satélites de éstos. Es claro que el pacto significa, también, la esterilización del debate democrático y la confrontación de las ideas y proyectos de nación que quizá alguna vez tuvieron las siglas partidistas que ahora hacen de bueyes en la yunta neoliberal que arrastra de un estercolero a otro a las instituciones nacionales.

Se sabe que como producto del pacto es un hecho la aprobación anticipada de las llamadas reformas estructurales, a pesar de ser instrumentos de sujeción pergeñados por el FMI y la OCDE (reformas laboral y educativa) así como por el Departamento de Estado bajo la égida de Hillary Clinton (reforma energética), y que se suman por derecho propio a otros bodrios como el TLC (Salinas) que consagra la subordinación productiva, al TLC-plus (Fox) que además compromete la seguridad nacional, y a la reforma en materia de seguridad social (OCDE-Calderón con el aplauso del FMI), lo que evidentemente ha sido un juego contra la nación desde el gobierno. En cualquier otro país tal cosa se hubiera considerado un acto de extrema irresponsabilidad y, más categóricamente, de traición, pero estamos en México, donde nuestra identidad avergüenza al gobierno, en permanente búsqueda de no ser lo que somos.

Además, el conflicto de identidad que padece el gobierno es compartido por los organismos cúpula empresariales, obligados a apoyar al gobierno en sus funciones de liquidador del patrimonio y la soberanía nacional. De no ser así no se podría explicar razonablemente su beneplácito a la entrega de los recursos estratégicos al capital trasnacional, como tampoco su beligerancia contra los trabajadores de la educación en su defensa de la educación pública. 

La intolerancia a los pobres y a los luchadores sociales ha llevado a México a ser un país donde la integridad y la vida de los periodistas críticos, de los ciudadanos agraviados, de los estudiantes y maestros con aspiraciones sociales es azarosa y carece de las garantías que son comunes en cualquier sociedad democrática. Aquí la exhibición de la verdad y el reclamo de un derecho pueden ser causa de defunción. En este contexto, la virulenta reacción de los empresarios contra los maestros de la CNTE no puede sino alentar la represión descarnada que, en otros momentos, como Aguas Blancas, Tlatlaya o Ayotzinapa, nos han estremecido como sociedad y marcado como país.

Mientras Peña felicita y apoya al neoliberal argentino Macri, se pone a prueba la capacidad de asombro de los mexicanos con el rimbombante Sistema Nacional Anticorrupción enmarcado en una extraña y paradójica disculpa presidencial, así como el alza de los precios de los combustibles, los casos infames de corrupción, la violación reiterada de los derechos individuales y sociales consagrados por las leyes, la represión que flota en el ambiente y la certidumbre general de haber sido convertidos en clientes, pero sin el derecho a mandar como consumidores.

Mientras los modelos vigentes en economía, política, justicia, sociedad y cultura sean diseñados en el exterior, y la ignorancia y el pragmatismo sean las conductas políticamente correctas, solamente la oposición ciudadana organizada, leal y comprometida, podrá dar cuenta de que aún tenemos un país con una gran riqueza material y cultural donde otro proyecto de nación es posible. Construyámoslo. 

El que paga no manda

                                           “Es cómplice de la falta quien apoya al culpable” (Frase latina).

Vuelve a ser noticia M. F. Beltrones, el ex del comité nacional del PRI. Ahora porque convoca y come con el resto del rebaño tricolor que aprobó las “reformas estructurales” de Peña, sin desaprovechar la ocasión para refrendar su apoyo a lo mismo que aprobaron, lo que en sí parece una redundancia mediática con fines de lucimiento en escena del citado político sin bigote. Le confieso que me asalta el aburrimiento y se me escapa un largo y somnoliento “uuuuuleeeros” a modo de bostezo con tintes de opinión ciudadana.

El habitante de Los Pinos parece convencido de que está “moviendo a México” y anima a su homólogo argentino a perseverar en sus esfuerzos reformistas porque “todo cambio positivo genera resistencias”, a contrapelo de multitudes de argentinos que se manifiestan en las calles gritando consignas y adjetivaciones contra el visitante mexicano: los gritos de “asesino”, “asesino de maestros y estudiantes” emergen de las gargantas bonaerenses, uniéndose en la distancia con los maestros, padres de Ayotzinapa y otros ciudadanos y organizaciones que están siendo “movidos” por las reformas estructurales que tanto complacen a Beltrones y congéneres así como al autismo presidencial que ni ve, ni oye, ni siente empatía alguna por el pueblo liso y llano que lo eligió (¿…?).

El alejamiento entre pueblo y gobierno va de la mano con la cercanía dependiente del poder legislativo respecto al ejecutivo (el judicial, por su parte, exhibe una complicidad alarmante), enmarcado en el absurdo del famoso pacto “por México”, suscrito por la triada necrológica PRI-PAN-PRD al inicio del sexenio y asumido como deber clientelar por los partidos-franquicia satélites de éstos. Es claro que el pacto significa, también, la esterilización del debate democrático y la confrontación de las ideas y proyectos de nación que quizá alguna vez tuvieron las siglas partidistas que ahora hacen de bueyes en la yunta neoliberal que arrastra de un estercolero a otro a las instituciones nacionales.

Se sabe que como producto del pacto es un hecho la aprobación anticipada de las llamadas reformas estructurales, a pesar de ser instrumentos de sujeción pergeñados por el FMI y la OCDE (reformas laboral y educativa) así como por el Departamento de Estado bajo la égida de Hillary Clinton (reforma energética), y que se suman por derecho propio a otros bodrios como el TLC (Salinas) que consagra la subordinación productiva, al TLC-plus (Fox) que además compromete la seguridad nacional, y a la reforma en materia de seguridad social (OCDE-Calderón con el aplauso del FMI), lo que evidentemente ha sido un juego contra la nación desde el gobierno. En cualquier otro país tal cosa se hubiera considerado un acto de extrema irresponsabilidad y, más categóricamente, de traición, pero estamos en México, donde nuestra identidad avergüenza al gobierno, en permanente búsqueda de no ser lo que somos.

Además, el conflicto de identidad que padece el gobierno es compartido por los organismos cúpula empresariales, obligados a apoyar al gobierno en sus funciones de liquidador del patrimonio y la soberanía nacional. De no ser así no se podría explicar razonablemente su beneplácito a la entrega de los recursos estratégicos al capital trasnacional, como tampoco su beligerancia contra los trabajadores de la educación en su defensa de la educación pública. 

La intolerancia a los pobres y a los luchadores sociales ha llevado a México a ser un país donde la integridad y la vida de los periodistas críticos, de los ciudadanos agraviados, de los estudiantes y maestros con aspiraciones sociales es azarosa y carece de las garantías que son comunes en cualquier sociedad democrática. Aquí la exhibición de la verdad y el reclamo de un derecho pueden ser causa de defunción. En este contexto, la virulenta reacción de los empresarios contra los maestros de la CNTE no puede sino alentar la represión descarnada que, en otros momentos, como Aguas Blancas, Tlatlaya o Ayotzinapa, nos han estremecido como sociedad y marcado como país.

Mientras Peña felicita y apoya al neoliberal argentino Macri, se pone a prueba la capacidad de asombro de los mexicanos con el rimbombante Sistema Nacional Anticorrupción enmarcado en una extraña y paradójica disculpa presidencial, así como el alza de los precios de los combustibles, los casos infames de corrupción, la violación reiterada de los derechos individuales y sociales consagrados por las leyes, la represión que flota en el ambiente y la certidumbre general de haber sido convertidos en clientes, pero sin el derecho a mandar como consumidores.

Mientras los modelos vigentes en economía, política, justicia, sociedad y cultura sean diseñados en el exterior, y la ignorancia y el pragmatismo sean las conductas políticamente correctas, solamente la oposición ciudadana organizada, leal y comprometida, podrá dar cuenta de que aún tenemos un país con una gran riqueza material y cultural donde otro proyecto de nación es posible. Construyámoslo.