País pasmado

Pues nada, que los señores legisladores federales gozarán de un aguinaldo digno de mejores causas y más dignos receptores. Las sumas excepcionales que en esta legislatura se han repartido con el fin de premiar  el aborregamiento de sus componentes, de cara a la aprobación de las reformas llamadas estructurales por el iniciador formal de las mismas, huele como a cañería. Quizá en otras latitudes esto pudiera suscitar alguna enconada reacción política con resultados revocatorios, pero en el país de las maravillas copetitlanas es improbable que la conciencia social se empareje con la política. Palo dado y aguinaldo concedido ni quien lo quite.

Los gozosos senadores y diputados están más que dispuestos a recibir el dinero que huele a incentivo comercial, parte de botín, mochada anual por servicios prestados a cargo del pudor y la dignidad legislativas, embarrada de manos y anestésico local para cualquier nostalgia moral y cívica. El dinero que fluye calma cualquier dolor de conciencia, remordimiento o sensación de ser prostituta política. La carne legislativa es carne clasificada, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda de legitimaciones sexenales, de chapuzas legales, de recarpeteo de la otrora Constitución ejemplar en materia de derechos sociales. En el caso presente, la demanda ha quedado satisfecha con una oferta de votos que abulta el estercolero neoliberal mexicano, pues verdaderos monumentos a la estupidez se han convertido en ley, gracias a la venalidad de quienes hacen las leyes y de quienes juzgan su constitucionalidad.

El garrote legislativo parte del supuesto de que hay necesidad urgente de tapar el hueco generado por el gobierno en materia de certidumbre ciudadana, respeto a si se seguirá libre o vivo el día de mañana, a si alguien de la familia propia o vecina sobrevivirá por 24 horas más, en este país donde el infierno pintado por la  religión es una simple antesala del verdadero horror nacional, como si la desposesión de derechos y el incremento de obligaciones sirviera para mantener contentos o tranquilos o simplemente ajenos a los ciudadanos. La política de seguridad como la del combate a la corrupción es como la sobada tras el golpe, la disculpa tras el abuso y la mentada de madre, pero ¿quién se va a sentir más seguro con una policía corruptible centralizada y con funcionarios faltos de legitimidad? Parece que en México, la especialidad es la de no cumplir con las leyes, para después resolverlo mediante el truco de reformarlas o inventar otras.

Da lo mismo que el gobierno federal y el local sean encabezados por el PRI o por el PAN, porque las decisiones trascendentes en material legal o de política económica van abrazadas en amorosa coincidencia de intereses. El maridaje entre estos dos partidos es tan indisoluble como lo es el azúcar de la diabetes. Nos falla el páncreas nacional, el hígado de la historia y el riñón de la democracia. Nuestro organismo patrio está intoxicado por la ausencia de una verdadera división de poderes y por el potente tóxico de la corrupción institucional.

Por fortuna, los anticuerpos ciudadanos empiezan a fluir por nuestras calles y avenidas, y se manifiestan en plazas y espacios públicos nacionales y extranjeros, y reacciona el sistema autoinmune de la república atacando a los organismos patógenos del silencio y la complicidad mediática, en las redes sociales, en los barrios y colonias, en todos los espacios de opinión ciudadana libre y democrática. Las marchas y manifestaciones públicas oxigenan y desintoxican la conciencia ciudadana, aíslan y expulsan a los infiltrados y fortalecen la resistencia civil frente a los ataques y maniobras de la enfermedad social.

Era obvio que en un país poseedor de recursos naturales estratégicos, el cáncer trasnacional penetrara por la vía de una clase política y empresarial apátrida, apoyada, auspiciada y manipulada por el país terrorista del norte, de suerte que los ataques a la población y el descrédito de las instituciones, forman parte del mismo juego perverso de fuerzas desestabilizadoras que buscan el pretexto de un “estado fallido” que permita una “intervención humanitaria”, a tono con los objetivos de control y dominación sobre el petróleo y demás recursos energéticos, el agua y la biodiversidad, pero la organización de los pueblos en defensa de la tierra, la cultura y la vida comunitaria, se ha unido  la de los citadinos en busca de un mejor mañana. El enfermo está dando muestras de fortaleza y determinación.

La aprobación de leyes nocivas para la vida cívica y política nacional, así como las que atentan contra la soberanía alimenticia y la biodiversidad, son unas de tantas muestras de la corrupción legislativa y la venalidad gubernamental, frente a la acción ciudadana que busca nuevas formas de organización y movilización en defensa de nuestro organismo socio-histórico nacional. La lucha entre la enfermedad y la salud de la Patria se está dando en las universidades, las escuelas de diferente nivel y en los espacios sindicales, venciendo inercias y desmontando barreras burocráticas impuestas o heredadas, y los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos, marchan junto a los campesinos y los obreros, los pequeños y medianos comerciantes, los empleados de diversos giros o especialidades, que, tras los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, ya no pueden ser los mismos.

De ser un país recientemente pasmado por la crueldad delincuencial y la insólita desvergüenza de la clase política y económica en el poder, pasamos a uno alerta y defensivo, que deberá asumir los dictados de una conciencia social renovada, y actuar con la premisa de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.