¿Madres de abril?

¿Creería usted que los estudiantes universitarios necesitan que su mamá vaya a los medios y defienda una supuesta violación de sus derechos? Cualquiera pensaría que se trata de una broma o que el estudiante  de marras tiene alguna clase de impedimento, como pudiera ser esclerosis múltiple, diarreas recurrentes o alguna de tantas enfermedades incapacitantes que le impidan valerse por sí mismo y requiere de cuidados especiales, y que su defensa tuviera como tema alguna aplicación considerada injusta del Reglamento Escolar. Siendo objetivos, ninguna otra posibilidad puede pensarse toda vez que los universitarios son mayores de edad y con goce de las garantías de su estatus.

Lo anterior sale a colación por el reciente pronunciamiento mediático de un grupo de señoras que exigen la continuación inmediata de las actividades universitarias y que, según declaran, no les importa quién tiene la razón y lo que quieren es que la institución abra sin más dilaciones (Cómo dijera Felipe Calderón, “haiga sido como haiga sido”).

La así llamada “Comunidad en movimiento contra huelga Unison”, asombra por el trivial oportunismo derechista que exhibe, por su coincidencia tanto con el gobierno panista de Padrés como de la administración universitaria en la actitud de exigencia de clases en medio de un movimiento huelguístico, con lo que se pasan por el arco del triunfo las leyes mexicanas en materia laboral y el derecho constitucional de los trabajadores de defenderse por los medios y ante las instancias legalmente constituidas para ello.

Para empezar, la Universidad de Sonora es una institución autónoma sujeta a las leyes del Estado mexicano, con capacidad legal para darse su propio marco reglamentario de acuerdo a las bases normativas que provee su ley orgánica y las leyes federales y locales aplicables, como son la de Educación y la del Trabajo. Desde un punto de vista moral y legal, no es posible cuestionar y menos negar o disminuir el derecho de huelga, de donde resulta un burdo recurso político o un trágico ejercicio de ignorancia el exigir que se abran las puertas de una institución en estado de huelga.

Cabe recordar que en las universidades privadas ni tan siquiera cabe la posibilidad de que existan organizaciones sindicales que defiendan los derechos de los docentes, incluso los contratos son estrictamente individuales y con fecha de terminación que depende de la duración del curso, además de que se obliga al profesor a firmar un finiquito donde renuncia a cualquier tipo de reclamación o exigencia. Aún los pocos que se categorizan como tiempos completos, pueden ser cómoda y rápidamente despedidos sin alegato que valga, en cuanto dejen de ser funcionales a la empresa educativa.

En este tipo de instituciones, los estudiantes son considerados “clientes” y están sujetos a las condiciones que establecen las relaciones comerciales entre prestadores y usuarios de servicios por tiempo determinado, de donde el pago puntual de las cuotas es esencial para la conservación del estatus de estudiante.

En este marco, los padres de los clientes estudiantiles seguramente tienen el derecho de “exigir” la continuidad de los cursos y programas académicos porque pagan por ellos y aplica con mayor propiedad eso de que “el cliente siempre tiene la razón”. La suspensión de actividades por razones no ligadas al pago de cuotas está fuera de la imaginación de sus usuarios en tanto que los derechos de los académicos carecen no sólo de importancia sino de existencia.

Seguramente las madres que se han manifestado contra la huelga de la Universidad de Sonora están acostumbradas a “tronarle los dedos” al empleado académico, pero es importante subrayar que la Universidad de Sonora no es un comercio educativo ni sus alumnos son clientes. Se trata de una institución esencial para la vida civilizada de la comunidad, que cultiva y transmite valores no sólo académicos sino sociales y políticos, empezando con el reconocimiento de los derechos en general y en particular los laborales de sus empleados. Por el lado de los estudiantes, su derecho al estudio depende del cumplimiento de los supuestos del reglamento escolar y de las condiciones que, de manera transitoria, pudieran afectar la continuidad de sus funciones. Los estudiantes universitarios no están siendo privados de ningún derecho, porque pueden continuar sus estudios en cuanto se normalice la situación institucional, y es por ello que la Universidad hace los ajustes de calendario que sean pertinentes.

Resulta una trágica tomadura de pelo que se lleguen a comparar (en un “selfie” conceptual) las gentiles señoras hermosillenses, con las heroicas Madres de la Plaza de Mayo, exigentes de los derechos de las víctimas de la dictadura fascista de Argentina. Tan desproporcionada transgresión a la historia y a los motivos que animaron a las madres argentinas no merece más que el rechazo por cuestiones de sentido común y por guardar las proporciones. El protagonismo vulgar de las señoras locales no beneficia a nadie, no abona nada en la solución del conflicto, no tiene sentido desde el punto de vista del derecho que asiste a las partes en conflicto.

Siendo estrictos, estas manifestaciones apuntan del lado de quienes facciosamente descalifican y atacan a la huelga universitaria, que quienes manipulan (o intentan hacerlo) a la opinión pública, cuyo acceso a la información está limitado por la opacidad de que han hecho gala tanto la administración estatal como la universitaria.  

Sin duda, la decisión de estudiar en la Universidad de Sonora es una buena decisión, pero debe tomarse en cuenta que se trata de una institución que no sólo enseña los rudimentos de una profesión, sino que forma al estudiante en valores cívicos, y contribuye a que éstos entiendan el significado de “estado de derecho”. La tarea civilizatoria de la Universidad debiera ser respetada y protegida por las familias de sus estudiantes, entendida como una oportunidad de ver la vida tal como es, con sus luchas por la defensa de derechos esenciales, por el respeto al trabajo y que en su contacto se moldea la mentalidad social de los jóvenes, por lo que podemos afirmar categóricamente que la huelga es también una forma de enseñanza, un mecanismo legal de formación ciudadana.

La vida en sociedad no logra su armonía pisoteando derechos de terceros y “exigiendo” acciones que inhiban en los hechos las conquistas de México como pueblo civilizado. Si las señoras defensoras de los derechos de sus hijos (mayores de edad) que estudian en la Unison no han reparado en estos detalles, pues bienvenidas a la realidad de la institución académica con más prestigio y trayectoria en el Estado de Sonora y una de las mejores de México y América Latina. Por algo será.