El ISSSTESON da la nota

“Es una intrigante paradoja que el capitalismo fuera salvado gracias a transformaciones que se identificaron con el socialismo” (Toni Judt).

Cuando uno cree que ya perdió la capacidad de asombro surge una nota periodística que conmueve dicha convicción y demuestra que siempre es posible superar la marca. Como el culto e informado lector sabrá, recientemente tuvo lugar la aparición estelar del director general del ISSSTESON en el seno del Congreso del Estado donde presentó el estado que guarda el Instituto a su cargo y reiteró los males y perjuicios que, como mantra religioso repite obsesivamente. Lo bastante no en suficiente y la saciedad parece ser rebasada por los esfuerzos justificantes de visiones miopes, simplistas, autocomplacientes y definitivamente chatas sobre el problema político y social de la seguridad social, encubiertos por la lagañosa perspectiva de un cuentachiles profesional que minimiza y parcializa responsabilidades al meterlas en el saco de los ejercicios aritméticos que concluyen con el señalamiento de culpables: el sindicato del ISSSTESON y la Universidad de Sonora los culpables de la crisis y, casi por no dejar, la administración estatal anterior.

Asombra, sorprende y maravilla la capacidad del señor director Contreras para reducir a su mínima expresión el hecho, la realidad de un manejo discrecional de las finanzas del Instituto, la red de complicidades tejida entre la directiva, el gobierno en turno y la especie maldita del sindicalismo blanco que sabe cantar bien las rancheras en el órgano de dirección y en los foros y escenarios políticos donde debe solamente tronar el chicharrón del Ejecutivo y donde pasan sin ver los integrantes del Legislativo y el Judicial en la órbita oscura del prianismo organizado. Con voz lechosa invita a los diputados a construir soluciones juntos, a cambio de la gratitud de los sonorenses presentes y futuros, en un contexto donde campea la impunidad que esperan los perpetradores del desfondo y el olvido de los responsables de cuidar el dinero de los trabajadores. En ningún momento reconoce el derecho que asiste a los trabajadores defraudados, a los sindicalistas que han logrado mejores prestaciones, a los organismos que pagan lo que deben pagar de acuerdo a sus contratos o convenios con ISSSTESON, a los exempleados que reclaman sus ahorros, al imperio de la ley suprema que prohíbe la aplicación retroactiva de las normas jurídicas, a la realidad de una política de privatización de las instituciones mediante el truco de la insolvencia, el quebranto económico irreversible, la agonía por falta de financiamiento, la negligencia en su rescate y, para terminar, la necesidad forzada de privatizar los servicios y ceder sus responsabilidades a los factores económicos de la coyuntura empresarial. ¿Menos Estado y más Mercado? Lo cierto es que el Instituto es uno más en la mira del neoliberalismo de guarache, de la compulsión de saquear los recursos públicos y quemarlos en el altar de las ganancias privadas por subrogación o concesión.

¿Usted se puede explicar cómo es que el Instituto esté al borde de la quiebra si a los trabajadores derechohabientes se les ha seguido descontando su cuota cada quincena, y los organismos afiliados la han entregado junto con sus aportaciones a la Secretaría de Hacienda para que sea remitida al Instituto? El director Contreras declaró que en la pasada administración no se entregaron al Instituto más de dos mil millones de pesos, reconociendo que el daño patrimonial rebasa los seis mil millones de pesos. ¿No le suena como una tranza armada con premeditación, alevosía y ventaja que, hasta el momento, ha sido arropada por la impunidad y la fabricación de distractores? ¿No se esperaría que el director ejerciera una cierta capacidad de autocrítica? ¿La política local se inclina hacia el ataque y descalificación de los trabajadores y sus organizaciones? ¿La desinformación, el hostigamiento y la amenaza contra los organismos afiliados son como la tierra que mueve el gato para ocultar su mierda? ¿Deben sentirse obligados los organismos afiliados a aceptar nuevos convenios cada vez que el Instituto sufra daño patrimonial y haya desvío de fondos? ¿Las facturas sólo deberá pagarlas la clase trabajadora?

No estaría mal que los recién estrenados miembros del Poder Legislativo sonorense recordaran el truculento caso del ISSSTECALI, donde el gobierno declaró la quiebra, siendo que los descuentos a los trabajadores se realizaron oportunamente, las aportaciones de los organismos afiliados se hicieron pero jamás llegaron a las arcas del Instituto, en un cuento donde los trabajadores han tenido que tomar oficinas, realizar marchas, hacer plantones y visibilizar nacionalmente el problema ocasionado por la rapiña del gobierno y desmentir la culpabilidad de los derechohabientes.

En nuestro caso y contexto, ni los sindicatos tienen la culpa ni los organismos afiliados la responsabilidad de la quiebra, quebranto, desfondo y clara negligencia de las autoridades “competentes”. Debemos insistir en que en Sonora se ha instaurado una política de ilegalidad, de complicidades, de corrupción y ataque a los trabajadores y sus familias. Nos queda claro que el ISSSTESON no está quebrado sino saqueado por el propio gobierno, y que tiene la responsabilidad legal y social de restituir lo robado, refinanciar al Instituto y enjuiciar a los culpables, así como respetar y cumplir los contratos y convenios vigentes y velar, en todo momento, por los intereses de los trabajadores afiliados.

Por fortuna el sindicalismo sonorense está despertando de su modorra, da signos de una toma de conciencia que apunta hacia la verdadera transformación que la seguridad social requiere, como un mecanismo redistributivo del ingreso social y bajo un esquema de reparto solidario. Esperemos que los diputados, como representantes del pueblo actúen en consecuencia.            

         

La ilegalidad como política de estado

“Los artistas mienten para decir la verdad mientras que los políticos mienten para ocultarla” (Alan Moore, autor de V de vendetta).

Todo mundo sabe que el ISSSTESON tiene problemas financieros imputables a la mala administración estatal anterior que, según afirma el actual director del Instituto, Pedro Ángel Contreras López, dejó de enterar más de dos mil millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones; es decir, los trabajadores y organismos afiliados pagaron puntualmente sus cuotas y el gobierno no las entregó a ISSSTESON y éste no emprendió ninguna acción legal para obligar al cumplimiento de esta obligación, lo que en español vulgar significa que la directiva del Instituto fue cómplice por omisión del desfondo pensionario.

El director Contreras señala como otro responsable de la crisis al propio sindicato del ISSSTESON, que “tiene el contrato más privilegiado del sector público” porque las prestaciones adicionales del SUEISSSTESON “son mayores a las que tiene otros sindicatos como el SUTSPES” (Uniradio noticias, 16/11/2018). Aquí vale la pena puntualizar que el sindicato acuerda con el patrón las reglas de la relación y que están plasmadas en su convenio de trabajo. Es decir, la culpa no es de los trabajadores sindicalizados que gozan de mejores prestaciones que otros, sino de la falta de capacidad de gestión y administración que padece el Instituto. Así pues, ¿estaría más conforme el señor director si no tuvieran estas “prestaciones adicionales” o si, en todo caso, fueran iguales o inferiores a las de otros sindicatos? ¿Entre más baratos salgan y más jodidos estén los trabajadores, mejor?

Pareciera ser que, en la óptica del director Contreras, las conquistas laborales y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores son una amenaza, no un logro de justicia laboral y social.

Otro culpable es la Universidad de Sonora, porque “es el único de los más de 140 organismos afiliados a Isssteson que se ha negado a pagar el porcentaje de cuotas y aportaciones, previsto en la Ley 38”, problema que se arrastra desde 2006 y “sólo paga entre trabajadores y patrón, el 26%, cuando el resto de los organismos paga cuando menos el 47% por servicios iguales” (misma fuente).

En efecto, la UNISON paga el 26% porque así lo establece la Ley 38 antes de la reforma de 2005 en los artículos 16 y 21, y porque esos son los montos establecidos en la cláusula Segunda del Contrato de Prestación de Servicios vigente suscrito entre el Instituto y la Universidad, mientras que los demás organismos se allanaron a las exigencias de ISSSTESON y modificaron las condiciones de sus contratos, por lo que pagan lo que establece la ley, es decir, 47% según mismos artículos 16 y 21 reformados. No está de más recordar que un contrato es un acuerdo de voluntades y fuente de derecho, que puede ser modificado mediante el convenio o acuerdo de las partes firmantes. En este caso, el criterio o la voluntad del ISSSTESON no puede ni debe imponerse a la otra, cosa que pretende hacer mediante el hostigamiento, presión o amenaza de suspensión de los servicios contratados, entre los que destacan los de salud y las pensiones y jubilaciones. Como se ve, la UNISON no paga de menos, sino lo que debe pagar de acuerdo con el marco normativo que legal y legítimamente tiene vigente.

Cabe recordar al atento lector que la Constitución federal establece en su artículo 14, párrafo primero, el principio de no retroactividad en la aplicación de las normas y cito textualmente: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Entonces, ¿por qué le incomoda al señor director Contreras que hayan prosperado las demandas de nivelación pensionaria en el marco de lo que él llama “industria legal de demandas de nivelación de pensiones” y que cifran “210 demandas pagadas por 213 millones en 2016-2018 y 1, 500 demandas en curso”, mismas que han sido detenidas o lentificadas mediante el burdo truco de “patear el bote” a que ha recurrido la actual administración estatal porque están “profundizando la crisis financiera del Instituto”? Como usted sabrá, han sido resueltas a favor por el simple hecho de que están apegadas a derecho, asunto que la actual administración considera una “amenaza financiera” que hay que conjurar buscando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “emita un criterio para que las pensiones se otorguen exclusivamente sobre lo cotizado” (misma fuente).

¿Para la actual directiva del ISSSTESON no es válido el criterio basado en la protección legal que ofrece la propia ley 38, los contratos de prestación de servicios firmados y vigentes y el principio de no retroactividad constitucional? ¿Usted cree que si 210 demandas ya han sido resueltas a favor de los trabajadores retirados las que están pendientes se van a decidir en contra? ¿Los tribunales que conocieron los 210 expedientes se equivocaron al acatar la ley y proteger a los trabajadores demandantes? ¿Será posible que la SCJN pisotee derechos sociales y obligaciones contractuales en beneficio de la ineptitud y el desaseo administrativo del Instituto, y que solape o avale la impunidad en el robo de los fondos pensionarios? Quizá sí, porque la SCJN no es precisamente un ejemplo de probidad. Acuérdese de la grosera decisión de declarar legal el anatocismo bancario (cobro de intereses sobre intereses) en beneficio de las transnacionales que están apoderadas de la banca en México, y el reciente rechazo a la política de austeridad planteada por el presidente electo.

Si recordamos la mañosa aprobación de las recientes reformas a la Constitución de Sonora y su afán de mermar las decisiones y operación del Congreso local y dar más poder a la gobernadora, no resulta difícil llegar a la conclusión de que en nuestra entidad la ilegalidad figura como política de Estado.

Como detalle adicional, le comento que actualmente los universitarios varones se jubilan a los 30 años de cotización y las mujeres a los 28. La ley reformada en 2005 establece 35 y 33 años de cotización, respectivamente, lo que significa que los primeros trabajadores hombres en jubilarse bajo esta ley en la actualidad tienen solamente 13 años de estar cotizando y les faltan 22, y a las mujeres les faltan 20 (saldrían en el año 2040 y 2038 respectivamente). ¿Si el Estado acepta los años de cotización señalados en la ley anterior por la no retroactividad, por qué pone reparos solamente en el monto de la cuota? ¿Para el director del ISSSTESON solamente es significativo el monto que se paga cada mes y que debe ingresar al fondo pensionario que desapareció por causas ajenas a los trabajadores hoy defraudados y amenazados por el propio Instituto? ¿La temporalidad establecida en la reforma no se aplica retroactivamente y la cuota sí? Es claro que el Instituto es deudor de los trabajadores a partir de 2005 al sólo pagarles alrededor del 63% de la pensión que les corresponde, tanto en los términos de la ley como del contrato vigente.

Independientemente de lo que los tribunales decidan, el derecho de los trabajadores se debe privilegiar por encima de las ineficiencias, raterías, abusos y complicidades de los anteriores y los actuales funcionarios. Usted, yo, nosotros debemos impulsar, en la medida de nuestras fuerzas y posibilidades, el cambio a que aspiramos, o ¿nos vamos a esperar a que mágicamente las cosas cambien a partir del 1 de diciembre? La impunidad, las trapacerías, la complicidad, la ilegalidad en sus variadas formas, ¿van a seguir imperando en Sonora? Esperemos que no, y el movimiento se demuestra actuando.

La marcha fifí

En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno” (Konrad Adenauer).

El domingo 11 de noviembre de 2018 será recordado por un hecho insólito, nunca visto, asombroso, inédito por razones de estricta cursilería política que se niega a reconocer que “México ya ha cambiado”. Las calles que van del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, en el mero corazón de CDMX, antes D.F., se vieron colmadas de aromas exquisitos, de visualizaciones con textura de bótox, de cremas humectantes y bloqueadores solares, de conjuntos casuales y ropa cómoda de tendencia deportiva, de calzado variopinto con predominancia de tenis y otros adecuados para dar frescura y confort a los pies marchantes que durante aproximadamente hora y media permitieron el desplazamiento de cuerpos y voces que gritaron, con la pertinencia y corrección del caso, consignas ñoñas aunque poderosamente intencionadas de que las cosas sigan igual: ¡sí al progreso, no al retroceso!, ¡sí a la inversión, no a la corrupción!, y la muy reiterada ¡Texcoco, Texcoco, Texcoco..Texcoco!, pronunciada con graciosa economía de esfuerzo: “Tescoco, Tescoco, …, Tescoco”.

La marcha en favor de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICIM, mereció el concurso y la convocatoria de varias organizaciones interesadas en que las inversiones ahí canalizadas y sus grandes expectativas de lucro no se vieran frustradas por argumentos, detalles y decisiones populistas que se basan en el aspecto fútil e intrascendente de la razón ecológica y en el pueril caso de que Texcoco es zona de recarga, de que el terreno es una esponja y que se hunde de manera natural 30 centímetros por año, sin necesidad de soportar carga alguna. Para los marchantes la naturaleza debe subordinarse a las expectativas de los inversionistas y lo demás es populismo puro y duro, de ahí que se haya gritado: “¡México despierta, así empezó Venezuela!”, “¡sí a la inversión, no a la corrupción!”, y para subrayar la idea motriz en el aspecto político: “¡somos ciudadanos, no somos acarreados!”, “¡no más consultas corruptas!”, y, desde luego “¡no a Maduro!, ¡no a maduro!” … Aquí hay que destacar la presencia protagónica de doña Laura Elena Herrejón, dama que preside el Movimiento Pro-NAICIM, quien declara que “México tiene voz”, que “ni chairos ni fifís, todos somos mexicanos” y que (dirigiéndose a AMLO) “No señor Andrés, no nos vamos a acostumbrar”, en referencia a las consultas y a las decisiones que la clase VIP considera “populistas” y casi esquina con dictadura.

Los chilangos y seres periféricos al ombligo político nacional vieron ese inusual despliegue de populismo de derecha adobado con la dosis esperada de prepotencia que tuvo la humorada de quitar las barreras que se habían puesto el día anterior en la plancha del Zócalo, en ocasión al festival juvenil que ahí se realizó. Tras ello siguieron gritando consignas para terminar declarando el éxito de esa inmersión a la calle y al Zócalo, ponderando desde luego el propósito de seguir su ruta política porque “se ha abierto una puerta” y van a continuar con su “lucha” que, desde luego es por México.

En el trayecto se observó que los negocios permanecieron abiertos, quizá por considerar que los socios o propietarios de los principales centros comerciales en operación no serían capaces de tronar alguna vitrina, aparador, puerta y menos saquear el inventario. Al llegar a las inmediaciones del Zócalo aminoraron la marcha y gritaron: “no a la provocación, no a la provocación”, en prevención de lo que nunca ocurrió. Nadie los provocó, salvo sus deseos de experimentar la aventura de la marcha, las consignas, los selfies, el estreno de ropa deportiva, el zapato cómodo o la ilusión de las cámaras y micrófonos siempre atentos y presentes en los eventos de relevancia social porque, según declararon, “los fifís somos trabajadores” (lo que eso quiera significar).

El ente que amenaza

“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política” (Simón Bolivar).

Seguramente usted se enteró de que los sindicatos universitarios (STAUS y STEUS) tomaron la calle y bloquearon la Rosales, a la altura del cruce con el Bulevar Luis Encinas. Fueron minutos de tensa espera mientras que los manifestantes denunciaban el cierre súbito del módulo del ISSSTESON que existe en el edificio de lo que fuera el DICTUS, frente a la Plaza Zubeldía.

Cabe recordar que recientemente los sindicatos agrupados en el Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora marcharon hacia la sede el Instituto de seguridad social y al Congreso del Estado donde plantearon su protesta más enérgica por el desabasto de medicamentos y la lentitud de los trámites de pensión y jubilación, además del desfalco de más de seis mil millones de pesos que se esfumaron impunemente en la pasada administración, lo que motivó que se creara una comisión de diputados para que revisaran el caso del ISSSTESON y tomaran las decisiones que sean pertinentes.

Para los transeúntes de la Calle Rosales fue notoria y llamativa la manifestación de los dos sindicatos universitarios que portaban pancartas alusivas al acto, toda vez que se asoció el cierre del módulo ISSSTESON-UNISON a una especie de rabieta del gobierno para demostrar quién tiene el sartén por el mango en eso de la seguridad social. Más pronto que tarde se hicieron presentes sendos representantes del gobierno del Estado y del Instituto que, como cosa de sainete de carpa o de comedia de enredo, el del gobierno dijo que el cierre no era tal y que solamente se había hecho por razones de inventario, mientras que el funcionario del ISSSTESON, en su momento, declaró que sí había la intención de cerrarlo, que así estaba programado, para dar mayor eficiencia al uso de los centros de atención que tiene designados el Instituto, pero que la medida iba para atrás porque perjudicaría a los universitarios, ya que el centro de servicios que correspondería está a kilómetros de la UNISON. No sé cómo la verá usted, pero hay diferencia entre un “cierre por inventario” y otro por razón de “eficientar” recursos. El caso es que el módulo reabrió y el representante de ISSSTESON afirmó que seguiría en operación, así como el servicio de farmacia.

Lo que es un hecho es que el Instituto ha dado en amenazar con suspender servicios cada vez que se le frunce, que tanto puede amenazar al Ayuntamiento de Hermosillo como a la Universidad de Sonora, que insiste en forma obsesiva en pasar por alto el derecho de los trabajadores y sus familias a la seguridad social, que reduce los cuadros básicos de medicamentos y que no surte en tiempo y cantidad los medicamentos que debieran ser suficientes y bastantes en sus farmacias, que sus subrogaciones han sido a la par que un fracaso una forma de privatización de los servicios que, a estas alturas, ha demostrado su inutilidad y letalidad potencial para muchos derechohabientes que se quedan esperando el medicamento y agravan sus males o de plano mueren a consecuencia de sus padecimientos crónico-degenerativos.

Consideramos que la protesta sindical ha puesto en la atención del pueblo de Sonora la urgente necesidad de poner orden en el Instituto de Seguridad Social, de sanear sus finanzas, de recuperar los fondos robados, de poner en prisión a los defraudadores, de eliminar de la ley 38 el carácter absurdamente recaudatorio que hoy exhibe para que recupere su función social y redistributiva, de dar participación a los trabajadores en la toma de decisiones del Instituto, de abrir la Junta Directiva a nuevas voces sindicales que democraticen y le den transparencia, para que deje de ser simplemente un ente que amenaza y realmente sirva para los fines para los que fue creado, sin simulaciones, con honestidad y rigurosa transparencia y rendición de cuentas. Sonora lo exige y lo merece.

Las marchas

“No es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma” (Jiddu Krishnamurti).

Como usted sabrá, en Hermosillo y otras ciudades se convocó a una marcha por la vida, postulando que el respeto a la vida debe darse desde la concepción hasta el final. Seguramente el planteamiento es acogido por muchos que saben que la defensa de lo humano inicia por el elemento vital que lo crea y desarrolla, porque la vida es una etapa digna de contar con las mejores condiciones posibles en una sociedad consciente del valor del otro, del semejante que lucha y vive contribuyendo a la riqueza del grupo y a su sobrevivencia. La unidad, la solidaridad y el respeto mutuo son piezas esenciales en la integración civilizada de las sociedades. El respeto a la vida es en sí un valor que debe subsistir independientemente de nuestra ideología religiosa o convicción política y social.

Con esta idea en mente, estaremos de acuerdo en que la sociedad no sólo es la suma de individuos que persiguen sus fines particulares sino la interacción de seres sociales animados por valores defendibles por su trascendencia y garantes de la sobrevivencia y prosperidad del conjunto social. El respeto a las leyes y las costumbres, a la cultura y tradiciones de la comunidad son fundamentales para la cohesión e identidad que reconocemos como propia. Sin embargo, la dinámica generada por factores como el económico en su derivación política e ideológica llamada neoliberalismo que azota al país y al mundo desde hace poco más de tres décadas, alienta un individualismo obsceno centrado en objetivos alejados de lo social: es el individuo en pos de su propia satisfacción a costa de lo que sea, y eso supone subordinar el bienestar ajeno al propio, sustituyendo el “nosotros” por el “yo”.

En este contexto, resulta frecuente la discriminación de unos por otros, empeñados en una lucha constante por el interés personal convertido en necesidad de imperiosa satisfacción, así tenemos una sociedad que expulsa a sus miembros, sea por pobreza, por discapacidad, por su aspecto, por sus ideas políticas, sociales, culturales, o por su edad.

Tenemos multitudes de indigentes, de desempleados, de asalariados con el mínimo, de pobres crónicos y de desahuciados sociales que pululan por las calles de la ciudad sin más compañía que sus frustraciones y soledad. Muchos menores de edad son víctimas del abuso físico y psicológico, de ser convertidos en mercancía para los negocios sexuales; muchas familias no pueden integrarse por falta de recursos económicos en los que el padre vive aparte de la madre y sus hijos sin esperanza de otra cosa más que sufrir la distancia y el peso moral que surge del abandono involuntario y la falta de oportunidades.

Padecemos gobiernos autocomplacientes, comodones, que se empeñan en hacer del puesto público una ventana de oportunidades para negocios privados, para el saqueo del erario, para el desvío de recursos y el tráfico de influencias y cultivo de complicidades que garanticen la impunidad, así como camarillas apalancadas que pegan mordiscos a los recursos de la salud y seguridad social como es el caso de ISSSTESON, donde desaparecen varios miles de millones de pesos bajo el supuesto de que los trabajadores seguirán siendo los que paguen los platos rotos, por vía del aumento de cuotas y la reducción en los hechos de sus prestaciones.      

Son cada vez más los ciudadanos y sus familias que sufren de la violencia callejera y doméstica, del robo y el asesinato, ante la mirada ajena de las corporaciones policiacas que más parece que se dedican a la protección de delincuentes que a la defensa del orden y la preservación del estado de derecho; es más frecuente leer en la prensa cotidiana titulares como  “suman 25 homicidios en octubre en Cajeme”, “acribillan a uno en el Palo verde”, sin olvidar los asaltos, el vandalismo y la contaminación del espacio público.

En suma, las ciudades son cada vez más peligrosas y la vida del ciudadano vale cada vez menos, toda vez que sus derechos más elementales han desaparecido en los hechos o están en vías de hacerlo. Por otro lado, caemos en las garras de la moda, de la apariencia, de la compulsión del cambio por el cambio en sí, dejando de lado el progreso real, el desarrollo humano, la posibilidad de crecer como sociedad responsable de sus hijos. Será por eso por lo que la defensa de la vida se circunscribe a los que están por nacer y dejamos para otro momento a los que ya están aquí, luchando por sobrevivir, por ocupar de pleno derecho un lugar entre nosotros y que, sin embargo, son excluidos. Una sociedad que privilegia los negocios y las conveniencias personales antes que la solidaridad deja mucho que desear en materia de humanismo, no sólo de palabra sino demostrado en los hechos.  

¿Por qué no marchamos por los damnificados del Río Sonora, por los desempleados, por los trabajadores defraudados por el ISSSTESON, por las víctimas de la injusticia y prepotencia del poder, por los niños y mujeres explotados, por los indigentes y demás parias sociales que vemos en las calles y plazas como apestados? ¿Por qué nos resistimos a emprender una huelga general contra las transnacionales que explotan irresponsablemente nuestros recursos naturales, contra la política económica nacional, contra el saqueo y desviación de los recursos públicos, contra la privatización de la salud y la seguridad social, o exigiendo trabajo, salud, educación, vivienda, justicia y bienestar para todos? 

Por otra parte, ¿cómo oponerse a que una mujer vejada sexualmente tome medidas para evitar una maternidad que no desea? ¿Cómo acusar de asesina a una embarazada cuyo producto tenga graves malformaciones, o que el embarazo ponga en peligro su vida? Es difícil encontrar a alguien que crea sinceramente que el aborto es un capricho antes que una decisión dramática y moralmente traumática. En cualquier caso, es imprescindible no juzgar a la ligera y sin ponerse en el lugar del otro; es imperativo no dejarse atrapar por la facilidad de una condena inquisitorial y dejar fluir no sólo empatía sino el deseo de apoyar a quien la sufre.  

Es posible que nos falte desarrollar nuestras capacidades de comprensión del dolor ajeno, de hacernos cargo de la desprotección de muchos, del campo de batalla en que hemos convertido nuestras ciudades, de la peligrosidad del ambiente que ha formado nuestra propia persecución de la comodidad y autosatisfacción. En todo caso, ¡humanicémonos!

  

El tema de la impunidad

“Muchas veces se hace el bien para poder hacer impunemente el mal” (Francois de la Rochefoucauld).

Como usted habrá notado, la impunidad ahora no es problema sino “tema”. Todos los personajes públicos hablan o piensan hablar de ella, como si al pronunciar la palabra “impunidad” estuvieran declarando su adhesión a la justicia y al imperio de la ley y librándose de las sospechas y las consecuencias morales y estrictamente legales de leperadas cometidas o por cometer.

La impunidad es un feo baldón social en un contexto en el que todos hablan de la transparencia y la rendición de cuentas, de la honestidad y la probidad de los funcionarios públicos y los políticos con aspiraciones y, quizá por eso, hay que exorcizar los demonios de la curiosidad pública en asuntos que se puedan fraguar desde las cómodas y auspiciosas esferas del poder. Como se sabe, la corrupción es una especie de Sida moral que aqueja, atosiga y atrapa a quienes ocupan cargos y posibilidades de salir de pobres mediante el cada vez más empresarial ejercicio de las funciones públicas. Muchos entran al puesto con una mano atrás y otra adelante, pero en la medida en que aprenden a tocar las teclas apropiadas y conocen las claves y conexiones del poder empiezan a desarrollar no sólo relaciones problemáticas sino acciones de indudable ilegalidad. Muchas riquezas al vapor se han amasado gracias al voto de usted, de los descuidos intencionales de la autoridad competente y del arte de simular lo que no se es.

Recuerdo con signos de admiración la declaración de fe en la legalidad del entonces alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez (“Maloro” para efectos mediáticos), referida a la “administración anterior” correspondiente al panista Alejandro López Caballero, a la sazón investigado por desviación de fondos públicos. “Nosotros no vamos a dejar nada, ninguna actuación ilegal que lo tenga que hacer el Ayuntamiento, eso (investigación de Alejandro López Caballero) lo está viendo la Contraloría y el Director Jurídico” (El Sol de Hermosillo, 13-02-2016); o la declaración de Natalia Rivera, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, referida a los expedientes “mal cerrados” del gobierno de Guillermo Padrés Elías, correspondientes al caso del ISSSTESON y del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot), donde “coincide” con el fiscal Odracir Espinoza: “Debe generarse alguna responsabilidad sobre el funcionario que haya cometido alguna ilegalidad, que entiendo es exactamente la misma opinión que tiene el fiscal y la comparto” (misma fuente).

Como se ve, los funcionarios, estrellas luminosas en el firmamento de las coyunturas, casualidades o veleidades políticas, se sienten obligados a pronunciar el mantra de lo políticamente correcto, sea porque tienen responsabilidad ejecutiva o porque se suman a quienes legalmente la tienen, aunque es justo aclarar que el simple pronunciamiento no obliga, previene ni mucho menos disuade de ninguna conducta delictiva al declarante, como queda claro a los hermosillenses que deben esperar sentados que se haga justicia en el caso del ISSSTESON o del exalcalde López Caballero, entre otros.

En nuestro medio tenemos la costumbre de criticar la deshonestidad y una vez cumplido el ejercicio de nuestras facultades de aparentar lo que no somos o creemos cerramos el expediente y nos vamos a otra cosa, independientemente de que sigamos con ojos absortos el devenir noticioso de la comunidad y nos regodeemos de las nuevas trapacerías de los personajes del pasado reciente o los que están de turno porque, como buenos ciudadanos, “los estamos vigilando”.

La impunidad y la corrupción son aspectos oscuros que volvemos visibles sólo en caso de tener necesidad de expiación de culpas a través de la flagelación ajena, de darse baños de honestidad gracias a la exhibición del otro, de ese cabrón canalla que robó, huyó o es visto por las calles gozando de su botín y de su bien ganada fama de pillo apalancado, protegido en los hechos por la generosidad de la autoridad en turno, la laxitud acomodaticia de los nuevos juzgadores, la muy calculada ineptitud del sistema de justicia y la magia que transforma el delito, la infracción o el crimen en un “tema”, dejando de ser lo que es: un problema legal y social de enormes consecuencias para todos.

Me pregunto ¿cuándo nos decidiremos a ser una sociedad que ponga sus deberes y obligaciones legales, políticas y sociales por encima de los compadrazgos, parentelas, complicidades y afinidades políticas? La respuesta no está en las palabras de ocasión sino en el compromiso y acciones de las autoridades competentes por cumplir y hacer cumplir la ley y procurar justicia. ¿Será mucho pedir?

Hablemos de seguridad

“La seguridad no ocurre sola, es el resultado del consenso colectivo y la inversión pública. Debemos a nuestros niños, el recurso más valioso de nuestra sociedad, una vida libre de violencia y miedo” (Nelson Mandela).

¿Hermosillo es una ciudad segura? ¿Lo son Guaymas o Ciudad Obregón, entre otras? ¿Qué ha pasado desde que usted yo podíamos transitar a media noche sin riesgo por las calles de la ciudad? Lo anterior a propósito de las balaceras, persecuciones, asaltos o levantones que se escenifican en cualquier lugar y hora ¿Somos territorio por conquistar o marcar para tal o cual grupo delictivo? ¿La Iniciativa Mérida que derrama sumas millonarias actúa en sentido inverso a lo declarado por el gobierno? ¿Nos parecemos a Colombia, pero sin la ostensible presencia de bases militares gringas, aunque contamos con sus agencias actuando en territorio nacional? ¿La DEA debe seguir manteniendo su presencia en México, al igual que otras agencias extranjeras o, como en el caso de Bolivia, ser conminada a abandonar el país por un gobierno que trabaja para hacer posible la recuperación de la soberanía nacional y el progreso de su pueblo? ¿Tiene un gobierno extranjero que meterse en asuntos de competencia exclusiva de los nacionales, a ciencia y paciencias de las autoridades que actúan como sus subordinadas?

Si piensa que estoy revolviendo patas con bofe le aclaro que no es así. Sucede que la policía municipal es el aterrizaje, o primer frente de batalla de políticas que trascienden al gobierno local y que tienen como origen la filosofía política y las medidas prácticas del gobierno nacional en turno. La prevención del crimen y la delincuencia parte de una concepción del espacio vital y de la responsabilidad que el gobierno asume de preservarlo. Usted recordará que Fox firmó el TLCAN Plus, que abarcaba asuntos de seguridad y que Calderón abrió lo que quedaba por abrir a la injerencia de los gringos al desatar una “guerra” contra el crimen organizado que dejó cientos de miles de cadáveres regados en el país y puso en primera plana la virulenta presencia de los capos de la droga y sus organizaciones, la cobertura territorial y la lucha por el espacio vital de sus negocios. Paralelamente, usted recordará que el trasiego de armas fluyó como un río caudaloso y hubo experimentos de una estupidez increíble de parte de los gringos que permitieron el ingreso de armas que finalmente se perdieron de vista y, ya fuera de “control” terminaron en los arsenales de los cárteles, al parecer los beneficiarios reales de la política de control de drogas acordada, por no decir impuesta a nuestro gobierno por los gringos.

En otras palabras, las calenturas del expansionismo militar gringo las hemos sudado nosotros, los vecinos de al lado, los que firman acuerdos y pactan cesiones de soberanía a cambio de una palmada en el hombro, un guiño de millones de dólares y la soterrada venta de protección que suelen ofrecer los terroristas internacionales y los mafiosos empoderados en el sistema financiero-militar que regentean en Washington.

Si usted se ha fijado, el marco legal y la configuración de la seguridad pública se ha reformateado al gusto de nuestros vecinos del norte, las leyes han cambiado y los sistema de procuración de justicia por consecuencia lógica también. Vea que cada vez nos parecemos tanto a las viejas series policiacas como a las actuales en el lenguaje, las prácticas y la histeria mediática; a las explicaciones, los hallazgos y las pifias de los teleculebrones de importación y a la sanguinolenta cotidianidad de una ciudad y un estado que falla por pérdida clara de autoridad y coherencia histórica y normativa. Tenemos una oleada de asesinatos, que recuerdan a un perro marcando territorio y gruñendo al oponente, y a autoridades de seguridad que buscan el refugio de la declaración en medios, de la carencia de recursos, de propósitos de “coordinación” con otras “agencias” y de fortalecer la presencia de afectivos militares en tareas de seguridad en el medio urbano y rural del municipio afectado.  

Me parece que es tiempo de revalorar nuestros verdaderos compromisos con la legalidad y la justicia, con la protección de los ciudadanos y la tranquilidad del municipio, lo que supone replantear la presencia de agencias extranjeras de cuya injerencia dan cuenta los acuerdos, pactos y memorándums ejecutivos que funcionan por gravedad, es decir, de arriba hacia abajo, del gobierno federal a los estatales y municipales, considerando que México es también en esa materia el traspatio y campo de juegos y experimentos sociales del oligofrénico que despacha en la Casa Blanca, se entiende que la de Washington.

No es posible ignorar que detrás de una medida política está un interés económico, de suerte que el tema de la seguridad pública no está tan lejano del de la seguridad nacional y esto nos lleva por fuerza a revisar críticamente el sistema económico y las medidas de política que de él se derivan. ¿Podemos ignorar qué tenemos una población asalariada que sufre el alza de los precios en bienes y servicios y que ve mermado su derecho a la seguridad social, a quien se regatea el acceso a la salud y que padece el saqueo de sus ahorros mediante las afores y el robo descarado de los fondos pensionarios? Si al terrorismo económico le agregamos la inseguridad lo que tenemos es un coctel explosivo que en cualquier rato estalla.

El nuevo gobierno debe rectificar la ruta, corregir el rumbo, enfrentar los intereses y grupos de siempre y atreverse a hacer la diferencia. Es claro que no es fácil, que se tendrán que librar batallas internas y externas, habida cuenta la realidad de tener un vecino vicioso, hipócrita, traicionero, perverso y fuertemente armado y una clase política acostumbrada a las componendas, complicidades y corruptelas. Quizá se planteen cambios pensando en el largo plazo, pero es un paso que se debe dar en la ruta de la recuperación de la república, hoy traicionada, vendida, saqueada y reducida a su expresión más patética: ser una especie de protectorado gringo, una colonia de experimentación social y de explotación económica. Ya basta.