“Trabaja para mantener
viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia” (George Washington).
Según fue publicado por el STAUS en su
página de internet el día 09/10/2017, la firma del nuevo convenio para la
prestación de servicios de seguridad social entre el Isssteson y la Universidad
de Sonora ha sido rechazada debido a que en su clausulado aparecen condiciones
que se juzgan inaceptables. Destacan las cuotas que deberá pagar la
administración universitaria y los propios trabajadores cuyos incrementos son,
ya de por sí, una llamada de atención acerca de las intenciones del gobierno de
recuperar los fondos robados hurgando en el bolsillo de los trabajadores, y que
suponen pasar del 6 al 17.5 por ciento, lo cual no es cosa de risa,
considerando el tope salarial del 3.8 por ciento. Como segundo punto se acuerda
realizar una consulta que ofrezca una solución por parte del sindicato. En este
espacio se abordarán dos aspectos del tema: las razones por las cuales debe
rechazarse el convenio y la posible solución del problema.
Con relación al primer aspecto y, más
allá de los números que pueden ser más o menos reveladores, puede afirmarse que
todo el entramado para forzar la firma del convenio para estar “armonizados”
con la ley del Isssteson reformada en 2005 es, simple y llanamente, un atentado
contra la economía de los trabajadores, el presupuesto de la Institución
universitaria y la certidumbre que todo trabajador debe tener en materia de
seguridad social.
Sucede que el Isssteson (en adelante
Instituto) y la Universidad de Sonora (Unison) tienen firmado un contrato de
prestación de servicios de seguridad social que, hoy por hoy, está vigente y
aclara perfectamente cuáles son las obligaciones y los derechos de cada uno de
los firmantes. El contrato obliga a las partes, pero también les da derechos,
los cuales han sido escatimados por el Instituto al otorgar servicios de salud
deficientes, habida cuenta el desabasto de medicamentos y la reducción de su
cuadro básico. Usted sabe que últimamente la presión hacia la Unison se ha
incrementado gracias al mecanismo perverso de no dar trámite a las solicitudes
de pensión o jubilación “hasta que se firme el convenio”.
Se puede tener la seguridad de que este
tipo de estrategias son propias de entornos sustancialmente distintos a los
relacionados con los servicios de salud y seguridad social, ya que se trata de
una institución que por su esencia es noble, útil socialmente y representa un
mecanismo eficiente de redistribución del ingreso entre quienes menos tienen.
Es claro que la recuperación del Isssteson no depende de maniobras bajunas,
sino de la credibilidad social y el respeto a su patrimonio por parte de los
mismos altos funcionarios que autorizan o exigen recursos para desviarlos hacia
otros objetivos, y los miembros de su Junta Directiva, que permiten el saqueo y
son evidentes cómplices del desfondo pensionario, actualmente impune.
Es más que ridículo culpar a
instituciones como la Unison de incumplimiento de las obligaciones pactadas en
el contrato vigente; es claro que existe una lectura deficiente de sus
cláusulas y los mecanismos que en ellas se prescriben para el cumplimiento
legal de derechos y obligaciones. Incluso, el contrato establece el concepto de
“sueldo básico integral” con absoluta claridad: es el sueldo más el complemento, es decir, la suma total de las
percepciones que el trabajador recibe de manera regular como pago a su trabajo,
lo que hace posible la exigencia de pensiones al 100 por ciento de derechos
adquiridos, si se sigue la lógica de la Ley 38 anterior a la reforma y el
propio contrato de prestación de servicios existente; sin embargo, los
trabajadores se jubilan con el 67 por ciento de su último sueldo, lo que resulta
de una ilegalidad total.
Pero, a pesar de los evidentes derechos
de los trabajadores universitarios, consagrados en su Contrato Colectivo de
Trabajo y en el contrato de prestación de servicios de seguridad social, la
Unison y el propio sindicato han optado por implementar medidas compensatorias
antes que exigir el cumplimiento de las obligaciones que el gobierno, a través
del Isssteson, tiene legal y objetivamente con ellos.
Tras la absurda agresión del Isssteson a
los trabajadores y el hostigamiento a la Unison, la razón indica que se deben
tomar medidas de presión legales y políticas que hagan posible la recuperación
de los fondos pensionarios, el otorgamiento de pensiones con el 100 por ciento
del sueldo y la nivelación de las pensiones que el Instituto ha dejado de pagar
completas a los trabajadores actualmente jubilados. En este tenor, el Instituto
es un deudor neto de los trabajadores universitarios y debe restituir lo que
adeuda conforme a derecho.
Como se ve, la solución es de carácter
reivindicatoria de normas legales que no se han aplicado tanto por malicia y
deshonestidad como por ignorancia y exceso de “prudencia” en el trato con el
gobierno. En realidad, hasta hoy los trabajadores han cedido inconscientemente
derechos que son irrenunciables. Hora de recuperar lo que les pertenece.
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