Conspiración en Pémex

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lunes, 3 de julio de 2017

Del gasolinazo al camionazo

“Hay dos clases de economistas; los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres” (José Luis Sampedro, 1917-2013).

En Hermosillo, como en el resto de las ciudades grandes de Sonora, se habrá de resentir el aumento al transporte colectivo establecido por el consejo ciudadano del transporte, en el bolsillo de las sufridas familias que dependen de este medio para llegar al trabajo o la escuela. La moneda de la publicación en el boletín oficial del gobierno está en el aire y todo mundo está con el Jesús en la boca.

Escribimos a muchas manos la historia reciente del saqueo al erario y el desfondo de las pensiones, el aumento de los combustibles y la inflación y los pinchurrientos aumentos del microsalario de los trabajadores, con el apuro de quien desea registrar los atropellos que sufre un proletariado sin cabeza, un cuerpo sin esa bola o protuberancia que los seres humanos llevan arriba de los hombros y apoyada en el cuello, quizá para dejar constancia de lo que significa ser ciudadano en un país donde la conciencia muere aletargada por la ludopatía y el relajamiento de las costumbres y del sentido común.

La miseria no está completa sin la inmovilidad de quienes ya no cuentan con el tiempo y la distancia correcta para hacer valer sus derechos. El espacio se amplía cuando hay que caminar bajo el peso de un clima que calcina los más sentidos reclamos, las más justas objeciones y los más elementales derechos humanos. El aumento a las tarifas es un gancho al hígado a la democracia y un desmentido monumental al discurso de los derechos humanos. Un “consejo ciudadano” da razones técnicas para acabar de joder a los demás ciudadanos en un ejercicio donde una minoría aparentemente calificada descalifica la realidad que viven miles y miles de trabajadores en Hermosillo y el resto de Sonora, metiendo su trasero en los costos de los insumos y la expectativa de un subsidio, pero olvidando la cruda realidad y el peso de las decisiones que nunca deben ser simplemente “técnicas” sino políticas y amparadas por el objetivo del bien común.

El transporte (cualquier suato cachababas lo sabe) permite el encuentro entre la oferta y demanda, de suerte que en su ausencia los supuestos básicos del mercado no se realizan cabalmente. Un incremento desproporcionado en las tarifas genera más problemas que soluciones, si tomamos en cuenta el encarecimiento general de la canasta básica frente a la relativa inmovilidad de los salarios. Es claro que el deterioro de la capacidad adquisitiva afecta la vida familiar y crea fricciones entre el capital y el trabajo, con el consecuente aumento de la inseguridad pública y la ausencia de soluciones prontas y efectivas de parte de las autoridades competentes (sic).

En este escenario, la economía como ciencia social y los consejos de sus practicantes, deben orientarse por determinantes sociales y políticos que eviten los impactos de un alza desproporcionada de los costos de insumos y productos, so pena de enfrentarse a un escenario de rispidez popular y de ingobernabilidad. Lamentablemente, los señores del “consejo ciudadano del transporte” se limitaron a la aritmética chambona de los costos sin tomar en cuenta las complejidades de su implementación y las facturas políticas que habrá de enfrentar el gobierno de la señora de Torres, así como las que ya enfrenta el del muy disminuido señor Peña. Estamos ante el caso de unas reformas estructurales que en realidad desestructuran a la nación.

Para un país como el nuestro resulta una verdadera vacilada hablar de apertura y alianzas comerciales con los países de Asia, por ejemplo, si carece de un aparato productivo fuerte o por lo menos bien consolidado, tanto como insistir en la relación subalterna que plantea el TLCAN. Da pena ajena oír el discurso integracionista cuando las condiciones sugieren dar prioridad al mercado interno y fortalecer el aparato productivo, a la par que replantear el modelo económico vigente, que ha empobrecido a poblaciones cada vez mayores y cancela el futuro de las generaciones de jóvenes en busca de su primer trabajo, así como el de los trabajadores activos que ven esfumarse sus posibilidades de llegar a una edad de retiro con la garantía de una pensión digna. La relación entre el trabajo y la seguridad social es evidente: ante la ausencia de trabajo decente, se tiene una seguridad social precarizada o simplemente inexistente, situación que ahora se legaliza con el “outsourcing” en la llamada reforma laboral de Peña Nieto.

 Si los ciudadanos pegan de gritos por el aumento en las gasolinas y ahora por el transporte sin reparar que el origen del problema está en el modelo económico, no habrá poder humano que convenza a las mayorías a movilizarse y hacer valer su ciudadanía frente al poder público y revertir estas medidas de claro acento neoliberal. El problema, ayer y hoy es el modelo.

Cada alza en las tarifas de los bienes y servicios trae aparejada otras medidas que repercuten en la reducción de los espacios públicos: subrogación de los servicios en los hospitales, la privatización de las farmacias y el encarecimiento de los servicios de salud, sin olvidar que las pensiones se han convertido en el gran negocio de los bancos y las administradoras de fondos surgidas por la reforma a la ley del IMSS e Issste. En este esquema impulsado por los organismos financieros internacionales y acatado bobaliconamente por el gobierno (sic) mexicano, los fondos pensionarios se entregan a empresas administradoras quienes reciben las ganancias mientras que las pérdidas se transfieren a los trabajadores.

El asalto a la economía de los trabajadores es evidente y aberrante. Ayer fueron las desincorporaciones de empresas públicas, las alzas en las tarifas eléctricas, en las del agua potable, ahora en las tarifas del transporte colectivo. Pasamos del gasolinazo al camionazo. Mientras esto ocurre, las actuales generaciones de trabajadores se están quedando sin seguridad social y una pensión de retiro digna, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver.


Finalizo recordando a los actuales y muy chambones aprendices de brujo la frase de John Stuart Mill: “Ningún problema económico tiene una solución puramente económica”.

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