La electricidad es de todos

 

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” (AMLO).

 

En el Tercer Informe de Gobierno (1 de septiembre de 2021), el presidente López Obrador dijo: “En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar una reforma constitucional este mes que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de esa industria se abrió para dar preferencia a empresas privadas nacionales y, sobre todo, extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron completamente abandonadas.”

Como es conocido, este 17 de abril de 2022, los diputados de oposición votaron en contra de la reforma constitucional propuesta, que no pasó por no contar con los votos de una mayoría calificada, pero en su momento el presidente mandó dos iniciativas atinentes a la cuestión eléctrica y a la minera, las cuales sólo requerían mayoría simple y fueron aprobadas.

Como era de esperarse, tras la aprobación de las iniciativas de leyes referidas a la electricidad y a la minería, hubo llanto, augurios catastrofistas, advertencias de “ir volando al comunismo” más las acusaciones chismosas de que en Morena hay expriistas influyentes en las decisiones del partido guinda, señalando que la oposición votó en contra de la reforma constitucional eléctrica, porque había que impedir que Bartlett se saliera con la suya, que José Ramón se hinchara de dinero y que las inversiones que crean empleos y confianza internacional se fueran del país.

Los adalides del terraplanismo político entre espumarajos biliosos gritaron que lo hacían por México, mientras festejaban su victoria pírrica con esa vaga aunque dudosa sensación pavloviana de plenitud evacuatoria de intestino que tanto gratifica a quienes se cayeron para arriba gracias a la curul dedocrática del prian-rd-mc.

De las actuaciones escenificadas en el pleno de la Cámara de Diputados se desprende que la lectura de la iniciativa no fue necesaria para quienes tienen la vida legislativa resuelta mediante la obediencia a la línea que viene de arriba, del olimpo regenteado por don Claudio X, Iberdrola o similares.

Los representantes legislativos de las empresas interesadas en el huachicoleo eléctrico se acompañaron del rebaño aspiracionista que hace de porra festiva para sus oradores, que consideran deber sagrado gritar desde la tribuna las pautas del discurso político basado en clichés desmemoriados y oportunistas.

El abuso de los “cogeneradores” se documenta por el hecho comprobado de que se mandaba electricidad a Guatemala mediante un esquema de cogeneración eléctrica por parte de la española Iberdrola, a espaldas de la CFE y las dependencias competentes, y es una de las razones para poner un alto al robo perpetrado por las empresas en actos ilegales claramente definidos como daño al patrimonio nacional.

Sobre el Litio, se alega que la reforma viola concesiones, ahuyenta inversiones, que no hay tecnología que permita su aprovechamiento, que para qué crear una empresa estatal que lo administre, que viola el acuerdo comercial en vigor con EU y Canadá, entre otros.

Con su voto, los legisladores del Pri-an-rd-mc defendieron el robo a la nación porque no le iban a dar gusto a Bartlett o al hijo mayor del AMLO, o a la CFE que “impide la producción de energía limpia” que, desde luego, pueden proveer las empresas extranjeras, además de que “no hay capacidad” y el alegato recurrente de que se viola el T-MEC, según sus chatos argumentos.

Casi tan inteligentes como sus alegatos “técnicos”, la batalla que se libra en redes sociales añade expresiones despectivas contra los “amlovers”y el retobo escatológico de “yo no estoy ardido y no necesito Vitacilina”, o el babeante reclamo tipo “y la riqueza de José Ramón”, la venta del avión, el nuevo aeropuerto internacional, entre otros que documentan la ausencia de capacidad analítica y, sobre todo, el desprecio al contexto histórico y geopolítico en que se dan las reformas propuestas por la Presidencia.

Despegarse de la realidad nacional e internacional parece ser la especialidad de la oposición al servicio del neoliberalismo de guarache que aún padecemos, pero la realidad es una sola e independiente de los alegatos, berrinches, argucias y sórdidas maniobras por obstaculizar el avance del enfoque nacionalista en las tareas del gobierno y la administración pública.

Es claro que los avances pueden resultar menores frente al enorme manoseo legislativo de los últimos 30 años, donde la consigna fue desmantelar el aparato productivo nacional y entregarlo a las empresas transnacionales para que el país simplemente actuara como comprador de productos tecnológicos, financieros, científicos, industriales, agrícolas y comerciales, sin voluntad propia, sin casi margen de maniobra en beneficio del interés nacional.

Ciertamente faltan muchas cosas por revisar y corregir, por ejemplo el artículo sexto de la Ley Minera, que pone en estado de indefensión a los propietarios de terrenos donde haya indicios de interés minero, asimismo la Ley de Aguas, entre otros ordenamientos ligados a las actividades económicas donde se debe salvaguardar el bien social.

Aunque a algunos les produzca agruras hablar del pasado neoliberal, vergonzoso e indefendible, caracterizado por el entreguismo apátrida de los recursos nacionales al extranjero, hay que señalarlo críticamente para poder avanzar en la recuperación del espacio económico y político nacional.    

Si la oposición al gobierno de López Obrador en algún momento logra entender que perdieron y que la historia no tiene reversa, pues muy bien; en caso contrario seguirán siendo ejemplo de atraso, necedad y, en algunos casos, de franca estupidez. Ni modo.