Impunidad galopante

                                          “Agua que no has de beber, déjala correr” (dicho popular).

Usted ya lo sabe: el día 6 se cumplieron tres años del aviso del derrame de substancias tóxicas por la negligencia criminal de Buenavista del Cobre, es decir, Grupo México. En el tiempo transcurrido se han visto desfilar ante cámaras y micrófonos, teléfonos inteligentes y simples ojos y oídos, a funcionarios de los tres órdenes de gobierno y los representantes empresariales del caso, así como a abogados, activistas ambientales, científicos de varias especialidades, agentes oficiales y voluntarios de distinto pelaje; y se han vertido cantidades inmensas de megabytes, litros de saliva, sudoraciones e iracundas manifestaciones de hartazgo, entre el olor acre de la impotencia social y los perfumes y colonias de los voceros oficiales y oficiosos de los depredadores mineros.

El derrame de la mina y sus secuelas en los ríos Sonora y Bacanuchi sobrepasan la capacidad de imaginar desastres que tiene el ciudadano promedio aficionado a la lectura del periódico y a la escucha de novedades en el café, la cantina o la sobremesa familiar. Son miles de ciudadanos afectados por el desastre y la economía regional y local se fue por el resumidero de los sucesos que no afectan ni pueden afectar a los grandes negocios, a los mega-emprendedores transnacionales que señorean las tierras, las aguas y el aire de los pueblos. Sonora pasó a la nómina de los escenarios donde se perpetran crímenes ecológicos y humanitarios cuyas consecuencias son de larga duración por los efectos de bioacumulación en el organismo de la víctima y de las especies que le sirven de alimento y que habitan en las tierras y aguas contaminadas.

El gobierno ha hecho su representación teatral basada en el guion que las secretarías federales del caso se sirvieron proporcionar en tiempo y forma, y ha sido cuidadoso en emitir de vez en cuando alguna declaración que permita insinuar algún tipo de preocupación por cumplir con su deber, pero los resultados de sus “gestiones” están a la vista de todos: Germán Larrea sigue paseando sus ganancias multimillonarias y el gobierno local apenas atina a instaurar una “zona económica exclusiva” que ya fue impugnada por los propios interesados: no se consultó a los ciudadanos ni se informó de sus alcances y operación, de suerte que se puede interpretar como una ridícula maniobra de distracción para cubrir el trasero de los intereses mineros, mediante la creación de un aparato burocrático que servirá eventualmente para lo mismo que el famoso fideicomiso para la “remediación” del Río Sonora.

Usted debe recordar las fotos de hombres con chaleco anaranjado que anduvieron echando paladas de un lado a otro en las riberas del Río Sonora, en una labor fotogénica que tuvo el propósito de demostrar cómo los medios pueden apoyar maniobras distractoras u ocultar los detalles finos de un montaje hecho con premeditación, alevosía y ventaja. No tardaron los “científicos” en coro con los funcionarios implicados en declarar el control del daño, la ausencia de peligro y la inocuidad del agua. Sin embargo, varios cientos de personas tienen en su piel, órganos internos y estado general de salud, las pruebas de que la “remediación” tuvo más efectos cosméticos que salutíferos.

Visto en perspectiva, parece que la simulación somos todos, que las protestas de una localidad rural no alcanzan a elevar la conciencia colectiva y la solidaridad de todos ante el abuso y la actividad delincuencial corporativa, y organizar una respuesta que paralice las ciudades hasta no ver una luz en el camino del conjunto de pueblos ribereños hoy sin expectativas seguras de salud y progreso. La vida cotidiana de los sonorenses sigue su inercia, como también lo hace la demagogia institucional y el protagonismo bastardo de politicastros de temporal.

Ya se promovió un amparo contra la instauración de la “zona económica exclusiva”; ya se cuenta con los avances de un estudio de la UNAM con evidencias del desastre que ha sido minimizado tanto por la empresa culpable como por el gobierno y que, sin embargo, la objetividad científica unamita puede y debe documentar, complementando los hallazgos de Reina Castro Longoria y Antonio Romo Paz junto con las observaciones de voluntarios nacionales y extranjeros. Hace tiempo que los mineros de la sección 65 se pronunciaron y dieron muy válidas razones para la cancelación de la concesión a Larrea. Los diputados locales se acaban de manifestar a favor de que el capítulo se cierre con justicia y prontitud, pero sigue sintiéndose la ausencia de la voluntad política necesaria para que los dichos se transformen en hechos. Mientras tanto, la contaminación se cierne sobre el norte de Hermosillo, sin que la ciudad como un todo diga esta boca es mía. El agua que fluye por cauces, presas, pozos y tuberías está contaminada, tanto como los tiempos que habrán de desembocar en los procesos electorales del 2018.