“Sin un sentimiento de solidaridad no puede haber sentido de comunidad” (Anthony J. DÁngelo).
Las
comunidades indígenas (18.6 % de la población nacional, más de 24 millones de
personas) ven como una imposición más la reciente iniciativa de los pueblos
indígenas y afrodescendientes que aspira a convertirse en ley y engrosar la
serie de parches normativos que preñan el derecho mexicano.
El rechazo suena como un aborto cívico ante la intención de corregir la plana de la vida comunitaria indígena y una especie de segregación de los afrodescendientes (2.57 millones, 2% de la población nacional actual) que, desde la Independencia se han asimilado a la vida cívica nacional sin más pena ni gloria que cualquier ciudadano en posibilidad de ser discriminado, sea por la blanquitud, el dinero y los prejuicios locales y regionales.
En nuestro caso, el proceso de asimilación y participación cívica de los afrodescendientes o afromexicanos data del siglo XIX, en cambio en EUA pasaron por el proceso abolicionista oficializado el 6 de diciembre de1865, pero tuvieron que esperar hasta 1965 para que se reconociera su derecho al voto.
La cosa sigue con la normalidad propia de cualquier proceso histórico-social hasta 2019 cuando el ojo vigilante del gobierno federal los redescubre y reforma la Constitución para “reconocer” a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación, cuestión que parece ociosa toda vez que desde la abolición de la esclavitud eran reconocidos como parte de la población mexicana, sin más límites que la capacidad de integración productiva de sus individuos y sortear los eventuales prejuicios sociales de su contexto.
Por si fuera poco, en septiembre de 2024 se publica la reforma al artículo 2º constitucional donde se “reconoce” a estos ciudadanos (“comunidades”) como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, libre determinación y autonomía”. En lo particular me parece que la medida antes que integrar segrega y particulariza a un segmento de la población mexicana que ya estaba reconocida e integrada a la vida nacional. Entonces, la disposición no une sino separa.
Muy otra cosa son las comunidades originales de México, los pueblos indígenas que ya estaban aquí cuando llegaron los españoles, y que conservan cultura, lengua y tradiciones a pesar de los intentos de la voracidad colonial y capitalista para apropiarse de su territorio y recursos.
Parece una expresión neocolonial y casi balcanizante que imita la lógica de las reservaciones en EUA, que separa comunidades a partir de su origen, color, cultura y, sobre todo la carga emocional de lo diferente. Aquí, entre nosotros y a partir de la lucha por la independencia de México los llamados afrodescendientes son ciudadanos de pleno derecho, sin pegotes legales que suenan, una vez más a redundancia.
Da la impresión que las leyes, empezando con la Constitución, obran como resumidero ideológico y político coyuntural que sólo habla de la incomprensión de sus alcances, de la falta de conocimiento de nuestra historia nacional y regional, que se pasa por el forro los procesos de integración étnica y cultural y la conformación cívica y política de la identidad nacional.
Separar una parte de la población que ya está integrada es negar la propia historia nacional y, lo más lamentable, despertar la sospecha de que estamos ante un bache neocolonial y extractivista de naturaleza ociosa en el proyecto de la Transformación.
El reconocer derechos no necesariamente requiere de crear artificialmente “comunidades” que ya estaban dentro de la consideración constitucional desde el momento mismo en que se declara abolida la esclavitud y se establecen prohibiciones explícitas a cualquier tipo de discriminación.
Para resaltar el absurdo, ¿se imagina que el Congreso de EUA reconociera a las comunidades afroestadounidenses como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, libre determinación y autonomía”? Se reconoce a los afrodescendientes como ciudadanos y punto.
Si una lectura de las leyes fundamentales del país no basta, entonces es recomendable una segunda lectura e incluso un consejo experto, porque la ignorancia o falta de comprensión de su significado puede dar lugar a redundancias, a parches o pegotes no sólo ociosos sino redundantes. En esto, también vale el recurso de la historia y el sentido común frente a la carga ideológica y los prejuicios personales y profesionales de quien pudiera estar de acuerdo con el manoseo reformista de las normas y el desbarajuste resultante.
Hoy las comunidades indígenas se pronuncian en contra de lo que consideran una imposición grosera e innecesaria, y exigen respeto (https://shre.ink/hwN1).
Por el bien de la nación y del proyecto
transformador, hay que hacerles caso porque saben de lo que hablan, y lo han
sabido desde antes de que existiera México.

