Por increíble que parezca, la
administración universitaria en voz de su representante legal dice reconocer el
derecho de huelga de los trabajadores afiliados al STEUS, aunque deploran,
lamentan, se enfurruñan y denostan que los mismos tomen las instalaciones donde
trabajan y que son de la institución a la que pertenecen, con lo que al parecer
postulan una especie de mini-huelga, huelguita o medio-huelga como solución a
los males institucionales en temporada de reclamaciones contractuales, so
pretexto de “no afectar a los estudiantes”.
La postura simplona de la
administración se lee de manera clara: se oponen, rechazan, lamentan, deploran y se emberrinchan porque
los trabajadores están ejerciendo simple y llanamente su derecho a la huelga,
consagrado en la Carta Magna de la Nación y en la legislación secundaria
relativa a los asuntos laborales y emprenden el camino del chantaje utilizando
la figura de los estudiantes. ¿Qué es lo que proponen entonces, si por una
parte reconocen este derecho y por la otra pretenden limitarlo o condicionarlo?
¿Se les habrán botado las tuercas, tornillos o la conciencia de que vivimos en
un país de leyes? ¿Qué tan seria y congruente puede ser una administración que
pone de parapeto a los estudiantes para coartar el derecho inalienable e
imprescriptible de los trabajadores de luchar por mejores condiciones de
trabajo? ¿Acaso fueron asesorados por la ultraderecha encaramada en los centros
de decisión patronales y que están representados políticamente por el PAN,
seguido por el PRI y demás partidos neoliberales? ¿Creerán que les hacen un
favor a los estudiantes al participar políticamente contra los trabajadores y
sus organizaciones dando una lección de despotismo económico y social, además
de incongruente ilegalidad? ¿Tendrán idea de las repercusiones políticas que
actitudes como la arriba señalada tiene para la paz social e institucional?
Mientras que la administración nos
regala esta perla de reducción al absurdo del ejercicio del derecho que asiste
a los sindicalistas, más de 40 organizaciones sociales y laborales se apuntan
para apoyar a los huelguistas, con lo que el horno de Sonora no está para
bollos neoliberales. El ridículo no viene solo si se incluye la declaración del
gobernador Padrés en el mismo sentido que la administración: se rasga las
vestiduras por la huelga y echa por delante el argumento lacrimógeno de “los
estudiantes”. Como expuse en otra entrega, el derecho a la educación subsiste,
nadie lo niega, y una vez que termine el conflicto, se podrá continuar con la
actividad académica. No entender esta situación tan elemental supone
simplemente la negativa a reconocer en la práctica que los trabajadores tienen
derechos y que pueden legalmente paralizar las actividades de la institución en
la que trabajan.
La postura de las autoridades
estatales coincide, se sintoniza, con la del gobierno federal expresada
hipócritamente por el vacuo señor secretario Chuayffet, lo cual no extraña por
ser el PAN y el PRI caras de la misma moneda neoliberal. Lo que extraña es la postura del rector
universitario que repite el cuento de reconocer pero negar ese derecho. No es
posible dejar de preguntarse, ¿en qué momento la Universidad dejó de ser
autónoma y pasó a ser un organismo descentralizado cada vez más dependiente de
las políticas emanadas de la cloaca neoliberal? ¿Cuándo dejaron las autoridades
universitarias de velar por su institución en vez de ser simples engranajes de
la maquinaria de la derecha prianista en el poder? ¿A partir de cuándo los
trabajadores y su organización dejaron de ser importantes para el logro de los
objetivos institucionales? ¿De cuándo a acá los estudiantes son rehenes de
políticas que en los hechos les niegan el derecho de una educación de calidad,
con sentido social y comprometida con la calidad de vida de los sonorenses y
pretexto para golpear a los trabajadores?
Por último, ¿por qué se insiste en que
la Universidad de Sonora asuma los usos y costumbres y el trato hacia los
trabajadores de las universidades privadas? ¿Cuándo dejó de tener el sentido y
raigambre social que antes nos enorgullecía y que vertebraba la mente y el
espíritu de sus egresados?
¿Por qué el rector y resto de la
administración no se proponen luchar junto con los trabajadores por un mejor
presupuesto que permita mejores condiciones de trabajo para los servidores
universitarios manuales, administrativos y docentes, con el obvio beneficio
para los estudiantes?
¿Quién decide en realidad la política
y las relaciones laborales de la Universidad de Sonora? ¿Los propios
universitarios o agentes externos cuya función es esencialmente ideológica y de
ninguna manera académica?
Las actuales circunstancias sugieren
la necesidad no sólo de luchar en el terreno laboral sino también en el debate
ideológico y político, empezando por la estructura normativa y el modelo
curricular de la institución.
Por lo anterior, cabe preguntarse: ¿Qué
queremos? ¿Una universidad que incumpla socialmente al no asumir coherentemente
los objetivos de desarrollo integral que la entidad necesita y que se conforme
con egresar licenciados o ingenieros sin sustancia, o hacer posible la que
pensaron los fundadores de la UNISON en respuesta al anhelo de las familias
sonorenses de progreso con justicia social?
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