“Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores” (Artículo 440, Ley Federal del Trabajo).
Tras la huelga del STEUS, tenemos un antecedente verdaderamente preocupante y revelador: un juez puede mandar archivar el expediente y declarar que la huelga no existe, dando permiso para que la parte patronal pueda iniciar el proceso de despido de los huelguistas. Formalidades más o menos, lo que queda claro es que a la Ley Federal del Trabajo se le puede torcer el brazo y usar a los tribunales como garrote neoporfiriano contra quienes demandan justicia laboral.
Sabemos que la historia se repite, primero como tragedia y después como farsa. Pero, en nuestro caso, la vez que el expediente de la huelga del STEUS se archivó fue una farsa. El juez hizo lo que pudo por desacreditar la carrera judicial y lo logró.
En el caso del STAUS, el juez sin aprender nada de decencia y sin sentir vergüenza alguna, ordena archivar el expediente, lo que de por sí constituye una tragedia legal que marca una repetición de eventos con olor claramente neoliberal y antagónico a los derechos conquistados por los trabajadores y consagrados en la legislación vigente.
El acto de archivar el expediente de la huelga, primero del STEUS, fue una farsa, y su repetición, con el STAUS, es una tragedia.
Con este absurdo nos podemos dar cuenta de los alcances de la política de “paz laboral”, a como dé lugar, que guía las acciones y criterio del aparato de justicia bajo la mirada de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
El argumento estelar de la represión y negación de los derechos laborales es que una huelga aleja las inversiones, como si el cargo de gobernador fuera equivalente a promotor de inversiones, a facilitador de espacios de control financiero, comercial y territorial para el capital extranjero, por aquello de fortalecer la “megarregión Sonora-Arizona”, a contrapelo con la política nacionalista de recuperación de espacios de participación económica y política regional que supuso la llegada de Morena al poder.
Así, frente al discurso de corte neoliberal que privilegiaba las inversiones extranjeras directas privadas, se levantó la promesa de regenerar el tejido nacional a partir de privilegiar lo propio sobre lo ajeno. El gobierno declaró el fin del neoliberalismo y se reformó el Poder Judicial, antes instrumento del capital contra el trabajo.
Sin embargo, los cambios esperados quedan en promesas que el pragmatismo ordena archivar, porque quizá su cumplimiento moleste a los inversionistas, a las ratas talqueadas de siempre, a los depredadores que pululan en las antesalas y los despachos del poder.
La Universidad de Sonora está en huelga, y se archiva el expediente primero como farsa y ahora como tragedia. Antes como experimento, ahora como certeza de que la política laboral del régimen tiene más parecido a la emprendida por Miguel Alemán en los años 40 del siglo pasado, que con la emprendida con López Obrador en 2018.
La huelga universitaria de hecho, vive y se desarrolla por su verdad y justicia, al margen del ejercicio del poder que quita y pone a capricho, y que en cada acción corrompe, confunde y decepciona.
Nos queda claro que la política de justicia e inclusión de la Cuarta Transformación aún no llega a Sonora, porque, aunque hay voluntad popular, sobran chapulines y burócratas fariseos. Viva la huelga. Viva la Universidad de Sonora.


