Nuevamente la Universidad de Sonora se encuentra luchando contra sí misma, debatiéndose en su seno los supuestos de la democracia y la legalidad que reconocen derechos y obligaciones de sus servidores frente a los obstáculos que impone el poder estatal y el presupuesto.
El poder estatal en cuanto que recita el mandamiento sexenal de la paz laboral, la calma que se impone por razones de imagen y prestigio personal de quien gobierna. El presupuesto en cuanto que cada derecho reconocido supone la asignación de los recursos correspondientes, de acuerdo al catálogo de puestos, las categorías laborales y las prestaciones que se conceden en los contratos colectivos de trabajo.
En esta ocasión nos encontramos con la novedad de que un juez puede añadir requisitos más allá de lo dispuesto en la legislación vigente, tras haber dado entrada al emplazamiento sindical y, en seguida, declarar que el expediente se archiva y el emplazamiento no existe.
La medida del juez no sólo es caprichosa sino absurda. Primero le dan entrada al documento y después pretenden nulificar el derecho de los trabajadores bajo el supuesto de una irregularidad o falta de precisión respecto al espacio, es decir, qué campus de la UNISON estarían cerrados durante la huelga.
El juez de la ocurrencia parece ignorar que la UNISON es la institución empleadora de los trabajadores sindicalistas que emplazan a huelga, que es una sola institución que tiene campus en el norte, centro y sur del estado, que tiene una organización académica y administrativa formalizada en su ley orgánica y que goza de autonomía y plena capacidad para darse sus propios reglamentos, estructura y mecanismos de relación entre sus diversos integrantes.
La exigencia de precisar a cuántos campus se refiere el emplazamiento es una auténtica tontería y un pretexto ridículo para obstaculizar el ejercicio de un derecho.
En medio de este desorden, resulta preocupante que la propia representante legal de la institución universitaria, la señora rectora, actúe como si diera por buena la arbitraría decisión del juez laboral y llama a reconsiderar la oferta que de manera extemporánea se les hizo a los trabajadores del STEUS, actualmente en lucha.
Los huelguistas han recibido la solidaridad del sindicato académico STAUS y la simpatía de quienes siendo en algún momento parte de la institución universitaria recuerdan los tiempos en los que se respetaban los derechos laborales y se procuraba mantener un sentido de pertenencia y orgullo en la planta laboral.
Tiempos difíciles para el sindicalismo, momentos oscuros y amenazantes para quienes defienden sus derechos laborales y luchan por la mejora de sus condiciones de vida.
Lo bueno es que ya no estamos en el marco del neoliberalismo; lo bueno y esperanzador es que la justicia laboral y el bienestar social son un compromiso público exigible, desde que las condiciones políticas nacionales cambiaron… ¿o acaso fue una broma urdida por los prianistas que se disfrazaron de Morena y nos están viendo la cara de tontejos? Esperemos que las echadas sean menos que las ponedoras. La lucha sigue. Viva la huelga.
