La corrupción ¿es cultura?

 

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella” (Joan Baez).

 

Desde que el gobierno de López Obrador inició sus esfuerzos por poner orden en el país, han repuntado las noticias, trascendidos y revelaciones sobre asuntos que desde antes se sospechaban en los corrillos ciudadanos: el sistema funciona gracias a la corrupción, expresada en forma de saqueo al erario, nepotismo, tráfico de influencias, desviación de fondos supuestamente etiquetados a programas sociales, de desarrollo económico, de modernización administrativa, de actualización del sistema legal acusatorio. También en materia del escalafón en el sector público y los mecanismos de premios y recompensas; así como en la forma y motivaciones para dictar sentencias por parte de jueces y ministros, los criterios para ocupar plazas en la burocracia, así como en la forma en que se legitiman los registros sindicales y las formas de ascenso y permanencia de las dirigencias.

 

También tenemos ejemplos importantes de corrupción en el sector privado cuando se inflan precios y se provoca escases de determinados productos con el fin de encarecerlos, sin olvidar los trucos para lograr el despido injustificado de empelados, la contratación temporal y la tercerización del empleo, las subrogaciones, la evasión de impuestos y el absurdo expediente de las pérdidas consolidadas, tanto como la devolución o la exención injustificada del pago de impuestos.

 En los estados y municipios, un gobierno que busca “mochadas” en la concesión de servicios como el alumbrado o la recolección de basura y que compromete las finanzas públicas o que pacta la desincorporación de bienes públicos por compromisos con agentes inmobiliarios privados, es y será corrupto, como lo es el que firma contratos y da concesiones a cambio de mochadas sin reparar en el costo económico y político de sus acciones.

 

Las recientes revelaciones periodísticas nacionales sobre los intereses y relaciones de García Luna, Osorio Chong, Videgaray  o Lozoya; o en el escenario local,  los reportajes de Cayetano Lucero en Vigilia Sonora y las redes sociales sobre el acaparamiento de tierras y aguas o los negocios inmobiliarios que se han logrado a costa del patrimonio público, por ejemplo en el municipio Hermosillo y Caborca, entre otros que padecen la depredación ligada a los apellidos Beltrones, Bours, Coppel, Padrés, Pavlovich o Torres, por citar algunos.  

 El expresidente Peña Nieto dijo que la corrupción era un problema cultural, en una forma cínica y simplista de convertir en “tema” lo que es esencialmente un problema.

 Si hay corrupción es que hay corruptos, y si hay corruptos es que el sistema provee las condiciones, los medios y la justificación para ello. Por eso, contra la lógica de la simulación y el cinismo, la actual administración federal apoya el recurso de la denuncia, la transparencia y el respeto a la ley de cara a un sistema judicial preñado de corrupción, nepotismo y vicios en la interpretación de la ley.

 

Los ataques histéricos y la ola de información falsa o distorsionada que impulsa el prianismo encabezado por los expresidentes Fox y Calderón, en la que concurren la prensa chayotera, el empresariado ganón y apátrida, el ciudadano frívolo y corruptible que se convierte en cómplice gratuito de explotadores laborales o de líderes charros, confirman que la actual administración pisa callos, afecta intereses y despierta la furia de los léperos de siempre.

 ¿Qué hacer ante esta plaga llamada corrupción? Pues atacarla con la denuncia ciudadana y la acusación formal de los agravios; no aceptar ni complicidades ni atropellos; levantar la voz ante las instancias correspondientes y ejercer, finalmente, una ciudadanía responsable, autocrítica e informada.

 Necesitamos tomar en serio eso de que “nada ni nadie por encima de la ley”, por eso tiene que ser una tarea y compromiso colectivo, y una demostración cotidiana de la madurez y conciencia del ciudadano como sujeto político, como hacedor de los cambios y como artífice de la nueva sociedad.

 Sólo así daremos fuerza y vigencia a la idea de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

 

 

Derecho de tránsito en Sonora

 “La ley es dura, pero es ley” (Principio general de derecho).

 Como usted sabe, la libertad de tránsito es una garantía consagrada en la Constitución en su artículo 11, y ese derecho solamente estará subordinado “a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Sin embargo, se ha visto que esta libertad puede fácilmente limitarse o inhibirse por parte de autoridades sea estatales o municipales por diversas razones poco sostenibles legalmente. 

En Hermosillo tenemos el caso de la limitación de la movilidad impuesto por el ayuntamiento so pretexto de la epidemia, para finalmente ampliar el horario de circulación aunque persiste la amenaza de volver a coartar ese derecho por parte de la autoridad dependiendo de la evolución del semáforo epidemiológico.

 Al respecto, cabe señalar que la única función del ayuntamiento es la de vigilar que se cumplan las disposiciones federales y estatales, no inventar otras como se ha hecho en perjuicio de la legalidad.

 Pero, independientemente de la amarga experiencia hermosillense, tenemos el problema del cierre de vías de comunicación como forma de protesta o de llamar la atención pública para obtener alguna reivindicación política o económica en el sur de la entidad.

 Es natural que quienes están enterados de nuestra historia nacional y sobre todo regional reconozcan a los yaquis como una etnia que pudo resistir diversas amenazas por parte de blancos y mestizos, particularmente durante el período de Porfirio Díaz, más las trapacerías y abusos de gobiernos postrevolucionarios favorecedores de la burguesía agraria, ávida de tierras y aguas y ducha en eso de saltarse la ley con impunidad.

 

Ciertamente, el general Cárdenas emprendió la tarea de resarcir a los yaquis de las injusticias y despojos históricamente acumulados, y mediante decreto reconoció su territorio y estableció la parte que les correspondía en tierras y aguas.

 Considerando que la tierra y sus límites no son fijos, nuevos trabajos de deslinde han ido cambiando el mapa de sus reivindicaciones espaciales, en términos de su actualización por los avances de la topografía y sus sistemas de medición.

 Por el lado del agua, cabe recordar que el mapa hidrológico estatal ha ido cambiando en la medida en que se han construido obras de almacenamiento e irrigación cuya fuente es el Río Yaqui.

 Estas consideraciones vienen al caso porque los conflictos entre la tribu y los mestizos (ya casi no hay blancos) a veces caen en el terreno de la limitación del derecho a transitar libremente por el estado y la república, sin necesidad de permisos o salvoconductos, según dispone el artículo 11 constitucional.

 El derecho al libre tránsito tampoco escapa a los conflictos que se dan en el seno de la propia etnia, como es el caso de grupos que desconocen a las autoridades tradicionales y se erigen en “alternativa”, imponiendo al gobierno la condición de negociar con ellos, independientemente de los acuerdos entre gobierno y sus legítimas autoridades tribales.

 

Así las cosas, ¿con cuántos grupos, facciones, corrientes o personas debe negociar el gobierno federal, estatal o municipal? ¿Los acuerdos que se tomen con las autoridades legítimas de la etnia no son del todo válidos o aceptados por todos? ¿Cuántos interlocutores debe haber en la firma de acuerdos o convenios?

 Es importante considerar el hecho de que somos un país que reconoce la pluralidad cultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y que las comunidades indígenas son consideradas entidades de interés público, sin demérito al principio integrador que establece que la Nación Mexicana es única e indivisible (Artículo 2º Constitucional).

 Como la autonomía y el respeto a las decisiones internas de la etnia es principio constitucional, no estaría de más que se pusieran de acuerdo entre ellos para determinar qué tipo de reivindicaciones deben impulsar.  En fecha reciente el presidente de la república visitó y acordó con los gobernadores de los pueblos yaquis soluciones a viejos reclamos, por lo que llama la atención de que un grupo aparte exija no sólo atención sino reconocimiento a una representación que solamente los yaquis pueden determinar si es real y procedente.

 También es importante recordar que los yaquis son ciudadanos mexicanos y sujetos a las disposiciones de las leyes nacionales que en todo momento respetan la autonomía de la etnia, pero que la incluyen en los quehaceres públicos, políticos y sociales como sujetos de pleno derecho y, por tanto, también con obligaciones.

 

Como es sabido, el respeto es un camino de doble vía, y la paz y la sana convivencia social depende del delicado equilibrio que se tenga entre el interés público y el privado, entre el beneficio de grupos o individuos y el bien común.

 Los yaquis, en tanto partes integrantes de la sociedad mexicana no están ni al margen ni por encima del interés general de la nación o la entidad federativa, por lo que no es deseable que se llegue a utilizar como escudo de impunidad la pertenencia a este grupo social.

 El hecho de considerar que las acciones de los yaquis, o de otro grupo nativo, no admiten crítica o censura por el hecho de ser un pueblo original, sería tanto como, toda proporción guardada, justificar los crímenes contra los palestinos perpetrados por Israel, apoyados en el sufrimiento del pueblo judío por los horrores de la persecución nazi. Los hechos históricos deben verse en su contexto, sabedores que la historia es dinámica porque las condiciones sociales también lo son.

La solución de los problemas que existen en el sur del estado requiere buenas dosis de sensatez y buena voluntad por parte de sus actores principales, gobierno y autoridades tradicionales, así como por parte de grupos o sectores que en ningún caso deben anteponer sus intereses particulares al interés general, guardando en todo caso, respeto al estado de derecho.  

Hay renuncias que se agradecen

 

“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá” (Horacio).

 

Casi al finalizar la semana nos enteramos de la renuncia de Pedro Ángel Contreras López a la dirección del ISSSTESON, organismo que debiera ocuparse de garantizar la salud y la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado y organismos afiliados, para buscar la candidatura del PRI al gobierno de Sonora.

 

Tras la mediocre y demagógica administración del actual secretario de Salud, contador público Enrique Clausen, el nuevo director del ISSSTESON abrió un capítulo que siguió con la línea del “no hay” aplicada a medicamentos y otros insumos esenciales para una adecuada atención al derechohabiente.

 

Se hicieron nuevas promesas de mejoramiento institucional pero, de manera destacada, se giraron ilegales amenazas de suspensión de servicios contra los organismos afiliados, y se condicionó el acceso a la pensión y jubilación a la firma de un torvo convenio que aumentaba el monto de las cuotas y los años de cotización, sin que necesariamente existiera compromiso en firme para cumplir con las funciones que establece la ley.

 

En el caso de la Universidad de Sonora, la rufianesca maniobra de “actualizar” onerosamente los términos del contrato de servicios sociales tuvo de comparsas tanto a las dirigencias sindicales como, en su momento, a la anodina rectoría que actualmente ejerce funciones.

 

Aunado a lo anterior, se maniobró para que la sala segunda de la SCJN, presidida por el corrupto magistrado Eduardo Medina Mora desconociera el derecho de los trabajadores retirados a una pensión digna y justa, en los términos de la propia ley 38.

 

Aquí se violó el principio constitucional de la no retroactividad en la aplicación de la ley, logrando que fueran desestimadas muchas demandas en juicios de nivelación pensionaria que estaban siendo exitosas, con lo que el ISSSTESON se “ahorró” mucho dinero que correspondía a los trabajadores demandantes.

 

Recientemente trascendió una carta dirigida a la gobernadora por parte de una asociación de jubilados universitarios donde señalan con detalle la gravedad del desabasto crónico de medicamentos esenciales para conservar la salud y la vida de quienes los necesitan, habida cuenta la alta incidencia de enfermedades metabólicas y crónico-degenerativas.

 

Sin embargo, en medio de una epidemia en fase activa el director del ISSSTESON se da el lujo de renunciar para ir en pos de una candidatura, lo que suena absurdo si se ve desde el punto de vista de las responsabilidades del cargo, aunque totalmente congruente si se ve en la óptica de quien llegó como sicario financiero y valedor de los saqueadores de los fondos del Instituto.

 

Dicho en otras palabras, durante su gestión al frente del ISSSTESON se encarecieron los servicios vía incremento en las cuotas y aportaciones, pero no hubo acciones que modificaran el esquema de saqueo establecido desde gobiernos anteriores. No se buscó acabar con la corrupción ni se fincaron responsabilidades contra los defraudadores y saqueadores del patrimonio institucional. Simplemente se pateó el bote.

 

Ahora llega a la dirección del Instituto un contador público cuyo último puesto ha sido el de administrar recursos humanos en la Secretaría de Hacienda estatal, con lo que al parecer nuevamente la seguridad social de los sonorenses estará a cargo de alguien sin formación para afrontar problemas relacionados con la seguridad social pero preparado en el manejo del presupuesto y las formas técnicas de justificar los gastos.

 

No tendría mucho caso hablar de éste como un sexenio fallido, o algún otro calificativo que denotara ausencia de cumplimiento de expectativas sociales, aunque quizá fuera más afortunado hablar de un típico gobierno del PRI en connivencia con los intereses del PAN, hermanados por la ideología neoliberal de corruptelas, moches, complicidades y rapiña. Así pues, tenemos un gobierno que hace lo que sabe hacer.

 

En este punto, no es posible pretender ocultar, diluir o negar la incumbencia del gobierno del Estado en los bienes y los males del ISSSTESON, cuya responsabilidad administrativa y financiera está claramente establecida en la propia Ley 38 orgánica del Instituto, así que tanto el secretario de Hacienda estatal como la gobernadora tienen importantes cuentas que rendir a la ciudadanía, de cara al cercano juego sexenal donde lo que se apuesta es el futuro de Sonora y, por ende, la seguridad social de los sonorenses.

 

Hay renuncias que se agradecen, pero hay otras que además parecen traer cargas de profundidad listas para estallar.

 

http://jdarredondo.blogspot.com

 

 

 

 

 

Nuestros aires preelectorales

 

“No te calientes, granizo” (AMLO).

 

La emergencia sanitaria no ha impedido que algunos personajes de la política se placeen con ánimos promocionales, como si fueran anuncios ambulantes de promesas, expectativas y nuevas formas de hacer gobierno.

 

Se buscan entrevistas, se hacen anuncios de lo que sea, con tal de llamar la atención y dar al posible votante la impresión de que hay nervio, carácter y capacidad ejecutiva. Incluso, se llega al punto en que una unidad del servicio público de recolección de basura puede ser como la calabaza de Cenicienta: un vehículo vulgar convertido en glamoroso transporte a palacio.

 

Aclaro que no estoy en contra de las legítimas aspiraciones de tal o cual persona, pero salta a la vista que repetir puede ser de muy mala educación. No es lo mismo el aire del cambio que el de algo fermentado largo tiempo en el panismo que gasifica y esparce su olor encaramado en la ola de Morena.

 

No hay duda de que los hermosillenses votamos mayoritariamente por López Obrador, y que su impulso permitió el reciclaje de prianistas y similares por el fácil expediente de saltar a la nueva opción en vísperas del proceso electoral, lo que confirma que el travestismo político-electoral ha tenido sus mejores tiempos a partir de la llamada transición a la democracia, cuando muchos estaban empeñados en “sacar al PRI de los Pinos”, pero sin medir las consecuencias de la decisión de con qué y quién se le iba a sustituir.

 

Así pues, recordamos el caso de un connotado personaje que decepcionado del PRI apoyó a Fox, en vez de a Cuauhtémoc Cárdenas que representaba a la izquierda, para tiempo después posicionarse en las filas de Morena, en un acto chapulinezco que muchos califican como “honesto y congruente”. Desde luego que no lo juzgamos, porque el chiste se cuenta solo.

 

Después de todo, tanto el PRI como el PAN fracasaron y arrastraron con ellos a opciones como el PRD, probadamente corruptible y sin brújula ideológica más allá de un protagonismo segundón, de comparsa, que lo hizo terminar como marioneta de la derecha pitufa.

 

Lo anterior permite establecer que el cambio de siglas no tiene nada que ver con el cambio verdadero, de fondo, porque ello depende no de los colores y los membretes sino del horizonte ideológico del partido, de su plataforma de principios, de la convicción y el compromiso de su militancia, de su honestidad institucional, de su programa de gobierno que en todo caso debe ser transformador.

 

Morena, en lo general ha respondió a estas expectativas de cambio y, de hecho, lo está haciendo contra viento y marea, enfrentando la dura barrera de los intereses creados por la corrupción como sistema de relaciones públicas y privadas así como la desinformación y el engaño como estrategia de manipulación de voluntades.

 

Sin embargo, sería ingenuo tratar de ignorar que la opción triunfadora de julio de 2018 es una rara y contradictoria mezcla de intereses y formas de entender el quehacer público; lo evidente es que tenemos un licuado político que ha servido de plataforma de lanzamiento de material reciclado, como es el caso de Hermosillo, y de oportunistas temporaleros donde el aspirante se pinta de Morena pero sin abandonar del todo ni los intereses ni la ideología neoliberal.

 

En este contexto, se puede suponer que el eje que vertebra el conjunto llamado Morena es fundamentalmente López Obrador, no tanto la ideología ni los principios políticos y programáticos que formalmente lo identifican pero que muchos ignoran, situación que constituye una gran ventana de oportunidades para travestis, chapulines y oportunistas que quieren participar sin realmente comprometerse con la lucha del presidente.

 

Tampoco se puede ocultar que en el seno enorme y laxo de Morena hay gentes de buena fe, activistas envejecidos en lides domésticas pero sin mayor alcance de miras, que terminan sobrevalorando sus propias capacidades y caen víctimas de un pragmatismo simplón y autocomplaciente, en aras de acceder a puestos de elección popular.

 

De lo anterior se desprende que la gran tarea del partido es la definición ideológico-programática de la organización, y lograr que dicha orientación sea una responsabilidad categórica de todos los militantes que ocupen, o no, puestos públicos.

 

Así pues, los gobiernos “de Morena” deben luchar por hacer realidad los postulados de Morena, y no lo que presente la coyuntura, los intereses creados, las viejas lealtades, o las jugosas corruptelas habidas y por haber.

 

En el caso de Hermosillo, por ejemplo, no se ha visto clara la conexión entre los principios y el programa político “del cambio” con el ejercicio cotidiano del gobierno.

 La experiencia vivida en nuestro municipio sugiere fuertemente que no sería deseable la reelección y quizá tampoco la postulación de alguno de los integrantes de la actual administración, por no haber significado contrapeso en las decisiones cuestionables que se tomaron, ni en las posturas ridículas y autoritarias que se exhibieron. Urge, por tanto, el cambio verdadero en Hermosillo, y en Sonora.

 

En lo personal, considero que se debe dar la oportunidad de servir a la comunidad a personas verdaderamente comprometidas con el cambio, no con la ambición de pararse arriba del ladrillo municipal y sentirse realizados como la imagen idealizada de sí mismos.

 

Se requiere, ni más ni menos, humildad y congruencia, no falsos prestigios ni ambiciones personales desbordadas, porque en cualquier cargo se debe mandar obedeciendo.

 

 

¿Usted piensa que tendremos remedio?

“La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros” (Noam Chomsky).

 La oleada vacacional en las playas de Sonora, tanto como en su momento las compras de pánico de cerveza, ha sembrado temores que en este caso están fundados en evidencias tangibles: los lugares con mucha concurrencia pueden representar un riesgo alto de contagio.

Desde luego que para que se de este problema, alguien debe estar infectado y su trato con los demás sanos debe ser a corta distancia, de manera que haya intercambio de fluidos o aerosoles al hablar, estornudar o toser en la cercanía de la víctima potencial.

Las playas en sí, en tanto espacios abiertos, no son problema, como tampoco lo son los parques, jardines y vía pública. El problema surge cuando enfermos y sanos comparten el espacio público en condiciones de proximidad. Por eso se recomienda la sana distancia y el lavado de manos frecuente.

Aquí cabe señalar que el afán playero de los sonorenses puede ser positivo para dos cosas: para los vendedores de alimentos y otros productos a pie de playa y para los laboratorios que hacen las pruebas donde se demuestra qué tan bien la estamos llevando.

El caso es que el comercio en el entorno urbano (excepto el de la salud) ha sufrido una especie de poda y su tamaño se ha reducido sensiblemente. Muchos negocios no podrán abrir nuevamente sus puertas mientras que otros tendrán que hacer un replanteamiento de sus estrategias de venta, sistemas administrativos, de personal, entre otros aspectos.

Quizá la “nueva normalidad” sea un concepto que no entendemos por estar anclados en otras condiciones que, según se ve, ya pasaron a la historia; pero no sólo debe replantearse la relación comercial sino la personal, en el entendido de que los besos, abrazos, apretones de mano y apapachos son fuente altamente sospechosa de peligro.

Así como el virus, la paranoia también parece haber llegado para quedarse y vemos el surgimiento de nuevas formas de expresión religiosa que, en cuanto tales, no requieren de demostración científica o argumentación técnica, sino que les basta para ser creídas y defendidas la existencia de un dogma: en este caso, el poder salvífico del cubrebocas.

Nadie niega la utilidad de este trozo de tela en espacios cerrados o poco ventilados o cuando no es posible guardar la sana distancia, pero afirmar (como lo hacen los “cubreboquistas”) que se debe portar dicha prenda en todo tiempo y lugar, pasa de ser una medida preventiva a una creencia dogmática, que también sirve como una bandera política para criticar, atacar y descalificar al presidente de la República, la Secretaría de Salud y el papel de la OMS-OPS en esta contingencia sanitaria.

¿Se sentirán realizados quienes se ponen de repente la bata virtual de médico epidemiólogo o infectólogo, para declarar herejes a los funcionarios federales que limitan su uso a determinadas condiciones y lugares? ¿Buscarán una especie de realización profesional instantánea al atacar a los especialistas y tratar de corregirles mediáticamente la plana? ¿Las explicaciones del doctor Hugo López-Gatell ni se ven ni se oyen?

Por otra parte, los datos duros muestran que, además de una economía vulnerada por las llamadas “reformas estructurales” de Peña Nieto y la cauda de cesiones de soberanía del período neoliberal, la debilidad mayor de la salud de nuestro pueblo es tener hábitos alimenticios muy saludables para las finanzas de las transnacionales comercializadoras de chatarra (refrescos, repostería, comida rápida, entre otros), pero terriblemente nocivos para la salud de los consumidores.

Nuestro país tiene lugares destacados en la incidencia de enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias obstructivas, tabaquismo y diversos tipos de cáncer.

Es justamente por eso que se aprobó el etiquetado obligatorio de productos de dudosa calidad alimenticia, con el consecuente alarido histérico de los empresarios del ramo y la cauda de periodistas que obran como sicarios informativos dedicados a labores de infodemia. ¿Se imagina usted un pueblo consumidor informado y consciente del contenido de lo que compra?

Así pues, entre la poca responsabilidad de ciudadanos que acuden en tropel a las playas y dejan su deplorable huella de basura, que no cuidan la sana distancia y que se sienten ajenos a cualquier medida precautoria, y las autoridades que no siguen las directrices de la autoridad federal de salud, más los funcionarios dedicados al implementar medidas tan autoritarias como inútiles, y la cauda de fieles del dogma ”cubreboquista”, motivado por la ignorancia y la coerción contra el ciudadano, tenemos un cuadro donde cabe preguntarse: ¿será que no tendremos remedio?

La epidemia ha destapado algunos problemas que permanecían ocultos gracias a lo que entendíamos como normalidad, a la inercia, la poca reflexión social, la impreparación de las autoridades locales y su desprecio al ciudadano y, sobre todo, los mecanismos de alienación social entre los que destaca la publicidad comercial, la prensa mercenaria y una muy escasa información útil al alcance del ciudadano, alimentado, como vemos, por el miedo y la desconfianza.

La epidemia se nos presenta como una oportunidad de replantear nuestra visión sobre el estado y la ciudad. Pero, ¿realmente estamos interesados en hacerlo?