“Hágase justicia para que el mundo no perezca”
(Hegel)
Algunas personas
de “alta solvencia moral e intachable honorabilidad” (Claudia dixit) seguramente
se están riendo solas ante la reciente decisión de la gobernadora de reservar
hasta 2026 la información relativa al incendio de la Guardería ABC, ya que su
divulgación “pone en riesgo la vida, la
seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones
reservadas”, informa el director del Centro de Control, Comando, Comunicación y
Cómputo, C4. (Proceso,1 de junio de 2016). El posible jolgorio de las
honorables personalidades propietarias de la ex guardería y las autoridades
directamente implicadas en la autorización, vigilancia y operación del
establecimiento, más el de los operadores de la bodega vecina donde se generó
el incendio, constituyen un contrapunto sangriento a la proclamada
transparencia y respeto a la legalidad del actual gobierno.
Han pasado siete
años en los que la maroma y el teatro acabaron por expulsar la idea de justica
del circo legal sonorense. Hasta hoy, parece que triunfaron los payasos, los
defensores y personeros de la gente de bien, los abogados oficiales y oficiosos
del linaje, el apellido, las redes familiares que trascienden colores
partidistas y refrendan en cada acto la verdadera cara del aparato legal como
apéndice de la clase política dominante.
La ausencia de
justicia se justifica mediante el expediente de la impunidad, del derecho de
pernada porfiriano en su versión más actualizada: la ley sólo tiene por función
proteger al capital, servir a los capitalistas que “generan empleos” y
mantenerlos a sana distancia de las masas ciudadanas con ánimo vindicatorio. Si
hay muertos y heridos, es porque estaban en el lugar y momento incorrecto; las
víctimas y sus familiares terminan siendo los culpables cuando no los daños
colaterales que siempre es posible ignorar en el entramado de los derechos
sociales y políticos de la comunidad. En cambio, los representantes de la
cultura emprendedora poseen la credibilidad y aprobación inmediata de quien
gobierna. ¿Recuerda que un presidente dijo que su gobierno era para y por los
empresarios?
Por supuesto que
el aparato de procuración de justicia emprende investigaciones, cita a
testigos, arraiga sospechosos y, para cumplir con la apariencia de legalidad, hace
declaraciones, alienta esperanzas, finca responsabilidades y encarcela
presuntos implicados que engrosan el rebaño de los chivos expiatorios, en una
puesta en escena que no busca justicia sino guardar las formas de lo
“políticamente correcto”.
Pero, la
corrección política después de un tiempo de escenificarla, termina desgastando
credibilidades, deteriorando el respeto a las instituciones, cuestionando a las
autoridades, y alimentando una inconformidad que no admite pretextos ni
dilaciones en la satisfacción de sus reclamos.
Hasta ahora, el
gobierno y las personas y familias encumbradas por el sistema no han logrado
tapar la herida familiar y social sangrante con el dedo de la “corrección
política”. Las marchas, concentraciones, mítines a todo lo largo y ancho de la
república, así como en el extranjero, en las conversaciones privadas y en las
variadas formas de comunicación social, dan fe de la memoria y la intensidad
del recuerdo. El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, se cometió un
crimen de lesa humanidad cuyo castigo permanece “en reserva” por causa de
complicidades políticas. La justicia aún brilla por su ausencia.
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