“Conociendo
la desgracia, me apresuro a socorrer a los desdichados” (Virgilio).
En nuestra
actualidad existe una enorme falta de información y sensibilidad sobre la existencia
y observancia del marco legal que protege y da visibilidad al adulto mayor,
incluso entre quienes se encuentran en situación de pensionado o jubilado. Al
parecer, por el solo hecho de pasar a retiro, muchos profesionistas sufren una
descalificación inmediata en las instituciones donde prestaban sus servicios,
razón por la cual en este caso me voy a referir a los académicos universitarios
jubilados.
Es común que los
profesores e investigadores universitarios jubilados reciban un trato distinto
al correspondiente al grado académico y la posición social e institucional
derivada de la experiencia, méritos y dotes personales. De repente, la estatura
académica empieza a disminuir, y las referencias a logros y aportaciones se
mencionan, si acaso, en tiempo pasado. Como si el académico dejara de ser él y
su trayectoria fuera un expediente por archivar de camino al olvido. El
carpetazo social suena fuerte y acalla cualquier intento de visibilidad
creativa, en una especie de muerte anticipada provocada por los propios
compañeros en activo.
La
administración de la Universidad firma el acta de defunción social del retirado
y decide olvidarse del expediente, los logros y aportaciones a la institución,
las generaciones formadas, el número de egresados titulados, la permanencia y
oportunidad de las asesorías, la orientación y acompañamiento extra clase, en
un borrón existencial que, sin decirlo claramente, desconoce, menosprecia y excluye
a quienes cumplen con la antigüedad legalmente establecida, y se van del servicio
activo. Paradójicamente se premia y reconoce la antigüedad, pero se castiga el
beneficio legal de la pensión o jubilación.
No es raro que
cuando un jubilado se encuentra a un maestro en activo, la conversación llegue
al tema de los ingresos pensionarios. Cualquier cantidad revelada permite una
sola respuesta: “Qué a gusto, recibes dinero sin hacer nada”, lo cual coloca
prácticamente al pensionado como un mantenido social, un chupasangre que recibe
dinero gratis, un parásito que consume oxígeno sin beneficio. La carga moral
puede llegar a ser pesada, más por la pedante incomprensión de que el jubilado
ya cumplió su tiempo y razonadamente decidió dejar su plaza en beneficio de algún
nuevo elemento que, de otra manera, difícilmente podría acceder a ese puesto.
Muchos piensan
que la pensión recibida es producto de la generosa beneficencia pública, que es
una dádiva susceptible de ser disminuida o retirada, según el criterio de la
institución de seguridad social que corresponda, además de ser blanco de recriminaciones
gratuitas. Pero, sucede que es un derecho, una conquista de justicia laboral y
social protegida por el derecho internacional y el nacional.
“Al ser legítimo
el derecho a la pensión, incluso tratándose de una prestación derivada de los
contratos colectivos de trabajo, esto quita a la pensión la naturaleza de un
acto de generosidad o beneficencia. Se trata de un derecho y en consecuencia no
violable como puede serlo una prestación” (Derechos del pensionado y el
jubilado, Cámara de Diputados, LVIII Legislatura).
A pesar de estar
claramente establecida la legitimidad de las pensiones y el derecho que asiste
al jubilado, como ciudadano en pleno goce de las garantías que otorgan las
leyes internacionales, nacionales y locales, aún existen personas con
mentalidad porfiriana que pretenden socavar la legitimidad y la legalidad de la
acción, los beneficios y las formas de organización de estos ciudadanos.
No falta el
despistado que cuestione la existencia de espacios de participación de los
jubilados en el seno de las organizaciones gremiales, o específicamente
sindicales, como es el caso de la delegación de pensionados y jubilados que
existe en algunos sindicatos académicos. En este caso, la ignorancia real o
fingida pudiera tener expresiones de ridícula pedantería como, por ejemplo,
“debiera de desaparecer la delegación y agruparse en una asociación civil para así poder ayudarlos”.
En nuestra vida
cotidiana, lo que es un logro, una conquista laboral, puede verse cuestionado
no solo por ignorantes, sino por individuos presa de una insondable fatuidad
que, a pesar de ser trabajadores en vías de envejecer y con ingresos modestos,
se colocan del lado de la parte patronal y postulan el más trivial juicio
neoliberal.
Al parecer, hay
una buena cantidad de personas, incluso en el propio sindicalismo, que ignoran
olímpicamente que sólo tienen tres alternativas en su carrera académica:
renunciar al empleo, morir o jubilarse. Si la tercera alternativa es, para
muchos, la más deseable, ¿por qué no abandonar esa actitud indolente,
despreciativa y alienada hacia los pensionados y jubilados? ¿Por qué no cobrar
conciencia que la jubilación es un logro colectivo que debe defenderse y
protegerse? ¿Por qué no atender a la realidad de que si existe una delegación
de pensionados y jubilados es porque constituye la representación de un cada
vez mayor número de sindicalistas, algunos con plenas capacidades de intervenir
y aportar experiencias e ideas que pueden ser innovadoras? ¿Acaso no es
razonable procurar las mejores condiciones para la jubilación, no sólo por unos
cuantos años sino en forma permanente? ¿No es lógico pensar que una buena
jubilación estimula el retiro y, por consecuencia, la disponibilidad de plazas?
¿No es sensato visualizar el futuro y actuar en consecuencia?
No hay comentarios:
Publicar un comentario