“Los sindicatos no son
organismos desligados de la política, toda vez que se inspiran en los
principios de la lucha de clases. Y no puede ser de otro modo. Porque, ¿quién
compone los sindicatos? Los compone la clase obrera: los panaderos, los
albañiles, los metalúrgicos; en una palabra, los explotados” (José Díaz Ramos).
Como se sabe, el gobierno ha retomado el
proyecto padresista de vender terrenos y edificios entre los que se encuentran
los emblemáticos estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, de Hermosillo y
Ciudad Obregón respectivamente, con el fin de “rescatar” al ISSSTESON de la fea
situación en que se encuentra debido principalmente a que el propio gobierno se
sirvió con la cuchara grande en el uso y abuso de los recursos de esta especie
de “caja chica” sexenal. Es decir, primero se roba, saquea, desvía y merma el
fondo de pensiones y jubilaciones que los trabajadores y los organismos afiliados
habían logrado construir mediante el pago puntual y estricto de sus cuotas y
aportaciones, luego se reduce el cuadro básico y el abasto de medicamentos así
como la oportunidad y calidad de los servicios; también se abandona la atención
a las solicitudes de pensión o jubilación, se presiona a los organismos para
que paguen más y se declara la cercanía de la quiebra por anemia financiera, para
después ofrecer la solución mágica de la venta de bienes públicos, patrimonio
de los sonorenses, para “salvar” al Instituto que se sirvieron saquear con
mexicana alegría.
Como la medida de enajenar bienes
públicos y ponerlos a disposición de los compradores particulares es impopular
por la carga sentimental e histórica de inmuebles tales como los estadios, se
buscó el apoyo de los sindicatos y organismos que son afectados por la
ineficiencia generada por el robo sufrido por ISSSTESON a lo largo del tiempo, el
cual llegó a su punto más dramático y evidente en el sexenio pasado. Se
requería de una base social convencida de que la solución de la venta de patrimonio
público era no sólo necesaria sino justificada por “razones humanitarias”, y
qué mejor que los sindicatos que aglutinan al grueso de los derechohabientes
afectados.
A los dirigentes se les recetó una
terapia de choque con el fin de persuadirlos de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación le dio un respiro al ISSSTESON con el fallo que permite limpiarse el
trasero con las disposiciones legales y el antecedente de varios cientos de
casos resueltos a favor de quienes demandaron nivelación pensionaria y declarar
que “sólo se pagarán pensiones equivalentes al monto cotizado”. Se habla de mil
500 millones de pesos que el Instituto “se ahorró” por no haber prosperado las
demandas, aunque se seguirán pagando a 50 suertudos exfuncionarios pensiones de
lujo de entre 80 y 160 mil pesos, porque las leyes no se pueden aplicar
retroactivamente.
Es claro que lo anterior obedeció a una
decisión no legal sino política, perpetrada por el Ministro Eduardo Medina Mora
y alentada por el gobierno del Estado de Sonora, ya que las demandas se resolvieron
con base en la Ley del ISSSTE y no en la del ISSSTESON, que, como usted sabe, no
es una delegación federal sino un organismo descentralizado de la
administración pública estatal con su propio marco normativo. El Ministro Medina
se voló la barda y apoyó un verdadero ultraje a cientos de demandantes “de a
pie”, dejando felices y contentos a los gandallas de siempre.
Asimismo, como parte del tratamiento psicológico
recibido por los dirigentes sindicales agrupados en el raro licuado político
llamado Consejo Estatal Sindical y Social Permanente, siguió el lavado de coco
catastrofista operado por el director del ISSSTESON, escupiendo amenazas de
quiebra y vomitando cifras y datos que permitieron ablandar las resistencias y dar
por buenas soluciones ya manejadas en sesiones previas entre él y el citado
consejo sindical. Se les dio gato por liebre y cayeron en el garlito de los liderazgos
defensores de los intereses del gobierno, sin reparar en las consecuencias
sociales y políticas que ocasiona el privatizar patrimonio sonorense. Sin
previo análisis y consulta con sus respectivas bases, firmaron la minuta de los
acuerdos que dieron fin a la amenaza del paro de labores estatal anunciado para
el día 30 de enero.
Recientemente se ha anunciado el interés
del presidente López Obrador de que no se vendan los estadios, lo cual obliga a
buscar soluciones entre las cuales debiera estar, en primer lugar, llamar a
cuentas a quienes defraudaron a los sonorenses saqueando al ISSSTESON y congelar
sus cuentas bancarias, aplicar la extinción de dominio a sus propiedades, inhabilitarlos
del ejercicio de cualquier función pública y que paguen los años de prisión que
les correspondan conforme a derecho. La prioridad es, debiera ser, la recuperación
de los fondos robados y el castigo a los culpables, así como el acordar un
financiamiento extraordinario en favor del ISSSTESON por parte del gobierno estatal
así como de las instancias federales que sean competentes. Aquí, como en la
decisión de dar palo a las demandas de nivelación pensionaria, la solución debe
ser política.
Sería muy bueno que el delegado federal,
Dr. Jorge Taddei, tomara el caso como prioritario e informara detalladamente al
presidente López Obrador sobre la situación y se acordaran las medidas pertinentes.
Urge poner orden en Sonora y es evidente que el gobierno estatal no sólo no da
la medida sino que nos receta más de lo mismo. Por otra parte, es necesario que
se de al pueblo de Sonora una explicación creíble por parte de los dirigentes sindicales
sobre la absurda medida que se sirvieron apoyar con su firma. Sabemos que los
lideres charros no tienen remedio, pero de los independientes se espera otra
cosa.
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