El acuerdo para el rescate del ISSSTESON

“Los sindicatos no son organismos desligados de la política, toda vez que se inspiran en los principios de la lucha de clases. Y no puede ser de otro modo. Porque, ¿quién compone los sindicatos? Los compone la clase obrera: los panaderos, los albañiles, los metalúrgicos; en una palabra, los explotados” (José Díaz Ramos). 

Como se sabe, el gobierno ha retomado el proyecto padresista de vender terrenos y edificios entre los que se encuentran los emblemáticos estadios Héctor Espino y Tomás Oroz Gaytán, de Hermosillo y Ciudad Obregón respectivamente, con el fin de “rescatar” al ISSSTESON de la fea situación en que se encuentra debido principalmente a que el propio gobierno se sirvió con la cuchara grande en el uso y abuso de los recursos de esta especie de “caja chica” sexenal. Es decir, primero se roba, saquea, desvía y merma el fondo de pensiones y jubilaciones que los trabajadores y los organismos afiliados habían logrado construir mediante el pago puntual y estricto de sus cuotas y aportaciones, luego se reduce el cuadro básico y el abasto de medicamentos así como la oportunidad y calidad de los servicios; también se abandona la atención a las solicitudes de pensión o jubilación, se presiona a los organismos para que paguen más y se declara la cercanía de la quiebra por anemia financiera, para después ofrecer la solución mágica de la venta de bienes públicos, patrimonio de los sonorenses, para “salvar” al Instituto que se sirvieron saquear con mexicana alegría.

Como la medida de enajenar bienes públicos y ponerlos a disposición de los compradores particulares es impopular por la carga sentimental e histórica de inmuebles tales como los estadios, se buscó el apoyo de los sindicatos y organismos que son afectados por la ineficiencia generada por el robo sufrido por ISSSTESON a lo largo del tiempo, el cual llegó a su punto más dramático y evidente en el sexenio pasado. Se requería de una base social convencida de que la solución de la venta de patrimonio público era no sólo necesaria sino justificada por “razones humanitarias”, y qué mejor que los sindicatos que aglutinan al grueso de los derechohabientes afectados.

A los dirigentes se les recetó una terapia de choque con el fin de persuadirlos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un respiro al ISSSTESON con el fallo que permite limpiarse el trasero con las disposiciones legales y el antecedente de varios cientos de casos resueltos a favor de quienes demandaron nivelación pensionaria y declarar que “sólo se pagarán pensiones equivalentes al monto cotizado”. Se habla de mil 500 millones de pesos que el Instituto “se ahorró” por no haber prosperado las demandas, aunque se seguirán pagando a 50 suertudos exfuncionarios pensiones de lujo de entre 80 y 160 mil pesos, porque las leyes no se pueden aplicar retroactivamente.

Es claro que lo anterior obedeció a una decisión no legal sino política, perpetrada por el Ministro Eduardo Medina Mora y alentada por el gobierno del Estado de Sonora, ya que las demandas se resolvieron con base en la Ley del ISSSTE y no en la del ISSSTESON, que, como usted sabe, no es una delegación federal sino un organismo descentralizado de la administración pública estatal con su propio marco normativo. El Ministro Medina se voló la barda y apoyó un verdadero ultraje a cientos de demandantes “de a pie”, dejando felices y contentos a los gandallas de siempre.

Asimismo, como parte del tratamiento psicológico recibido por los dirigentes sindicales agrupados en el raro licuado político llamado Consejo Estatal Sindical y Social Permanente, siguió el lavado de coco catastrofista operado por el director del ISSSTESON, escupiendo amenazas de quiebra y vomitando cifras y datos que permitieron ablandar las resistencias y dar por buenas soluciones ya manejadas en sesiones previas entre él y el citado consejo sindical. Se les dio gato por liebre y cayeron en el garlito de los liderazgos defensores de los intereses del gobierno, sin reparar en las consecuencias sociales y políticas que ocasiona el privatizar patrimonio sonorense. Sin previo análisis y consulta con sus respectivas bases, firmaron la minuta de los acuerdos que dieron fin a la amenaza del paro de labores estatal anunciado para el día 30 de enero.

Recientemente se ha anunciado el interés del presidente López Obrador de que no se vendan los estadios, lo cual obliga a buscar soluciones entre las cuales debiera estar, en primer lugar, llamar a cuentas a quienes defraudaron a los sonorenses saqueando al ISSSTESON y congelar sus cuentas bancarias, aplicar la extinción de dominio a sus propiedades, inhabilitarlos del ejercicio de cualquier función pública y que paguen los años de prisión que les correspondan conforme a derecho. La prioridad es, debiera ser, la recuperación de los fondos robados y el castigo a los culpables, así como el acordar un financiamiento extraordinario en favor del ISSSTESON por parte del gobierno estatal así como de las instancias federales que sean competentes. Aquí, como en la decisión de dar palo a las demandas de nivelación pensionaria, la solución debe ser política.

Sería muy bueno que el delegado federal, Dr. Jorge Taddei, tomara el caso como prioritario e informara detalladamente al presidente López Obrador sobre la situación y se acordaran las medidas pertinentes. Urge poner orden en Sonora y es evidente que el gobierno estatal no sólo no da la medida sino que nos receta más de lo mismo. Por otra parte, es necesario que se de al pueblo de Sonora una explicación creíble por parte de los dirigentes sindicales sobre la absurda medida que se sirvieron apoyar con su firma. Sabemos que los lideres charros no tienen remedio, pero de los independientes se espera otra cosa.