EL ABSURDO JUDICIAL

 “El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado” (Herbert Hart).

 

Como se ve, la cara institucional de la justicia ha sido deformada por la corrupción, el engaño y el afán sectario de quienes debieran ser garantes de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, sin embargo, los ministros se empeñan en pasar por alto las disposiciones constitucionales al pretender “calificar” las reformas constitucionales, aunque ya estén publicadas (https://lc.cx/_JnmtF).

Incluso hay algunos que afirma que nuestra Carta magna debe acatar las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales, con lo que se pone en seria duda la supremacía constitucional, pasando por la soberanía nacional y, desde luego, la voluntad popular que se expresa en las urnas electorales y se formaliza en las leyes.

Así las cosas, el soberano no es el pueblo representado en la Cámara de Senadores, la de Diputados y en los congresos estatales, sino las disposiciones externas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien califica y puede corregirle la plana al Soberano.

Arguyen que son “los últimos intérpretes de la Constitución”, pero se saltan la parte donde se establece quién es el constituyente permanente y artífice, por tanto, de las reformas constitucionales. El Poder Judicial es uno de los tres poderes constituidos, pero sólo hay uno, el Legislativo, que es constituyente.

Entonces, ¿cómo se puede justificar la oposición del Poder Judicial al nuevo texto constitucional, siendo que su obligación es guardar y hacer guardar la Constitución y vigilar que las normas que de ella emanen se apeguen al espíritu y la letra de la Ley Suprema?

¿Cómo es posible que se hayan admitido amparos contra la reforma judicial siendo que, según la propia Ley de Amparo, las normas constitucionales son inatacables y que no existe competencia por parte de jueces, magistrados y ministros para invalidarla? ¿En qué cabeza cabe que una reforma constitucional pueda declararse inconstitucional?

Bien pueden llenar los espacios informativos, físicos y virtuales, con sus alegatos, parloteo legaloide, cháchara pseudotécnica, demagogia retorcida y confusa por enana y mentirosa, pero la gente común, el simple ciudadano, sabe que la lucha por la reforma judicial, así como otras en curso, solamente pretenden rescatar al país de la demagogia entreguista de los regímenes neoliberales que depredaron al país y profundizaron su dependencia.

¿Cómo explicar que un juez defienda los intereses de empresas transnacionales alegando problemas de competitividad, de libertad comercial, de buena imagen e México ante el capital extranjero, y arrincone o margine a las empresas estatales nacionales, o que proteja evasores de impuestos? ¿Para estos jueces y magistrados es de mayor interés Iberdrola o Chevron que la CFE o Pemex?

Debe ser un grave problema de percepción el afirmar que se defiende al país poniendo por encima de nuestro interés el de las empresas extranjeras y sus gobiernos, algunos de ellos marcados históricamente como saqueadores de los recursos naturales de otros pueblos, instigadores de golpes de Estado, de inestabilidad política y social de quienes se ponen en el foco de sus ambiciones militares y comerciales.

Todo este jaloneo respecto al protagonismo de la SCJN en materias que no le corresponden sólo puede tener la explicación del interés desestabilizador del capital internacional, más concretamente el de EEUU, seguido de Canadá y socios europeos, actuales parásitos privilegiados del espacio económico de México.

Parece que la moderna piratería internacional pasa por los estrados judiciales y sus armas son las andanadas de procedimientos legales, la amenaza política y militar en forma de mecanismos de cooperación o coordinación, como es el caso de los famosos comandos norte y sur que atrapan a nuestras fuerzas armadas en ejercicios estúpidos que vulneran las soberanías de los países de la región al sumarlos al mando de los gringos.

Si México y los países latinoamericanos no deciden emanciparse del dólar y la Doctrina Monroe, seguirán dándose absurdos como los que ahora vemos con el Poder Judicial, queriendo asumir funciones que no le corresponden en clara ruptura de la división de poderes y, por tanto, del orden constitucional.

A partir de sus constantes desatinos “legales”, como el autoengaño final de creer que la SCJN por mayoría de votos puede impugnar una reforma constitucional (https://lc.cx/5bOX1c), se añade la sospecha de una formación profesional inconsistente con la que pudiéramos suponer en un juez, magistrado o ministro, independientemente de los títulos que ostenten.

Después de todo, la corrupción neoliberal y apátrida se cuela por las escuelas y universidades y, en consecuencia, se hace presente en los colegios, las barras y asociaciones de abogados.

Otra posible interpretación es que están podridos hasta el hueso, y que en su miseria moral no reconocen más luz que el dinero y las prerrogativas del cargo que aún ostentan.

JUEGO DE ROLES

 Ya ve usted que ahora los roles, o papeles, o cometidos, parecen estar en razón directa a la acción o pasión de los actores de esa cosa amorfa que algunos llaman política.

Celebramos la llegada de una mujer a la presidencia de la república, como antes los sonorenses lo habíamos hecho con Claudia Pavlovich, como gobernadora de la entidad. Ahora, en la liga universitaria, ya tenemos a Rita Plancarte, la primera rectora del Alma Mater.

Salvo error u omisión, estas llegadas femeninas a los puestos de representación de las instituciones han sido logrados gracias a la voluntad de los electores, siendo la participación de los hombres definitiva y definitoria. Pongo por caso la elección presidencial, donde el 62 por ciento de los votos afirmativos fue del sector masculino.

Quien llega a los cargos que se votan lo hace porque el grueso del electorado así lo decide democráticamente y, se puede afirmar, que tal decisión obedece a la convicción y afiliación política al proyecto que se abandera.

Aquí, la decisión popular nada tiene que ver el sexo sino la adhesión a un proyecto que se considera transformador, por más que se pueda decir lo contrario. En todo caso, quien llega al cargo debe dirigir, coordinar, representar, encabezar o gobernar procesos, programas y propósitos que abarquen la totalidad de la masa electoral, llegar al ciudadano de a pie, bicicleta, vocho o limusina, y trabajar para el pueblo, porque ese es su rol por voluntad electoral. No se puede gobernar para una parte habiendo llegado por el voto de todos.

El papel y la defensa de los principios democráticos para nada excluyen a nadie por razones de sexo, edad o condición social, así que cualquier condicionamiento al ejercicio de derechos ciudadanos es, será, simple y llanamente un acto autoritario y excluyente, contrario a la ley y la justicia.

Se ve claro que el rol o papel que tiene los actores sociales y políticos está determinado por las normas legales y las expectativas sociales vigentes y no por actos de voluntarismo coyuntural, dado que las acciones que se emprendan o se dejen de emprender siempre reportan consecuencias que afectan al conjunto social y, de paso, al partido, idea, proyecto u opción electoral.

Mientras que en la administración pública la moneda electoral ya se decidió, en el terreno de las opciones electorales en instituciones educativas, caso Universidad de Sonora, saltan a la vista algunas aristas que vale la pena considerar.

Tenemos que la administración de la máxima institución educativa de Sonora no ha mostrado su mejor cara, ya que el examen de sus finanzas ofrece resultados reprobatorios, incluso se señala que en materia de sueldos las altas esferas de su burocracia rebasan los supuestos de la austeridad republicana que establece la ley.

Recientemente se acusó a la rectora Plancarte de tener un sueldo por encima del asignado a la presidencia de la república, a lo que la propia afectada respondió en una defensa no tan republicana al remitir las intenciones del periodista acusador, Demian Duarte, al terreno de la misoginia y la violencia de género, como si el señalamiento financiero tuviera que ver con su condición de mujer y no con lo establecido en la nómina a la luz de la ley vigente.

Es claro que los privilegios y las excepciones nada tiene que ver con el libre ejercicio de los deberes y obligaciones que marcan las leyes para tal o cual cargo. Las interpretaciones y mecanismos de defensa de la persona que ocupa cierta posición no necesariamente deben pasar por supuestos ataques sexistas, ni que el hecho de ser mujer sea factor para la victimización por default. Aquí, como en muchas cosas de la vida, papelito habla y la nómina de la administración puede más que cualquier alegato “por razones de género”.

En otro matiz de la vida universitaria, algunos se aprestan a lucir sus mejores galas en la pasarela con rumbo a rectoría, ya encaramados en una especie de movimiento al que llamaron Unidad Alternativa Universitaria y, en curiosa imitación a escala del proceso electoral interno de Morena, eligieron a un coordinador: Cuauhtémoc González Valdez, a la sazón secretario general del STAUS con licencia temporal para estos fines preelectorales.

Como estamos en la época de las “primeras veces”, ahora tenemos a un dirigente sindical que pretende brincar a la cabeza de la administración de la UNISON, con lo que se abre la posibilidad del establecimiento de puertas giratorias entre la administración universitaria y la representación sindical, allanando el camino para concluir que los intereses opuestos no lo son tanto, y que la apariencia puede ser una categoría política que debemos ver con seriedad.

El rol político, económico o social que tengan los actores en tiempos de la transformación institucional, más allá de las frases, consignas y tratamientos de moda, debiera venir con un manual para el usuario que facilite su comprensión, aunque seguramente las nuevas oleadas de neologismos, actitudes, conductas y expectativas tendrán como eje la libre expresión de las diferencias y el libre desarrollo de la personalidad que sus actores.

En ausencia de una idea clara de los objetivos y compromisos institucionales, la nueva tierra de nadie se construye con roles intercambiables, incluso adecuaciones y rectificaciones de las bases normativas institucionales y todo aquello que favorezca expectativas y aspiraciones personales o de grupo. Así las cosas, el sentido de la pertenencia va de lo político e ideológico a la apariencia, al sexo y la temporalidad.