LA FALLA DEL SERVICIO DEL AGUA

 “El agua es vida” (frase de sospechosa actualidad).

 

Se sabe que en una ciudad el buen servicio de agua potable es de una importancia vital, y que debe tener cobertura completa y continua, además de surtir un producto sujeto a las normas de higiene e inocuidad, es decir, debe ser inodoro, incoloro e insípido, además de libre de patógenos.

Las características del agua potable son generalmente ignoradas por el gran público consumidor, hasta que una diarrea cuata interrumpe la suave tersura de nuestra indolencia, o que un evento como algún derrame masivo de sustancias tóxicas de origen minero pudiera poner en riesgo la de por sí precaria salud del ciudadano que vive con el Jesús en la boca por cuestiones de empleo, ingreso, costo de la vida y su propia vulnerabilidad inmunológica.

El agua cataliza las filias y las fobias cuando se politiza, es decir, cuando surge como reclamo ciudadano a contracorriente del “no pasa nada” de las autoridades legalmente facultadas para recibir reclamos, mentadas de madre y periodicazos a propósito de su incompetencia.

La ausencia de agua corriente en las tuberías genera molestias que pudieran hipotéticamente llegar a convertirse en manifestaciones de ciudadanos furiosos armados de piedras y garrotes y dispuestos a tomar por asalto las oficinas e instalaciones de servicio fallido. Confieso que la imagen pasa fugazmente por mi mente, lo que me proporciona una relativa vuelta a mi equilibrio emocional.

Se que lo anterior no es posible gracias al grado de domesticación adquirido por quienes votamos por los administradores municipales, estatales o federales, y ejercemos nuestro derecho a la muy civilizada pasividad fortalecida por la idea de la resiliencia y la mediación. Los gritos y somberazos más bien encajan mediáticamente en el perfil de la oposición, siempre a la caza de fallos y corruptelas de ocasión.

Nosotros, los civilizados y cumplidos ciudadanos de esta noble ciudad quedamos, como siempre, a la espera del servicio que primero se interrumpió por “la corriente de agua turbia que ingresaba a la planta potabilizadora y el riesgo de daños en el equipo”, y que después supimos que fue por una “falla eléctrica que afectó el funcionamiento” de la (misma) planta potabilizadora. El caso es que tras varios días sin agua tenemos dos versiones distintas y un solo problema verdadero.

En cualquier caso, las labores domésticas como barrer, trapear, lavar los platos y demás enseres y artículos domésticos, el lavado de ropa, así como el aseo corporal, quedan formalmente suspendidos por razones de ausencia de un líquido administrado por un sistema público municipal que no ha cumplido con su obligación, aunque queda el recurso de comprar agua embotellada en la medida en que el presupuesto lo permita.  

Las razones de la suspensión del servicio pueden ser varias, lo que genera un fuerte sentimiento de molestia e indefensión. Algo así como valorar a la baja al ciudadano y la fiabilidad del gobierno que libre y democráticamente elegimos (aunque muchas veces por no haber alguna otra opción más o menos votable).

La ausencia de agua potable en la red, por razones de turbiedad o por falla eléctrica tiene el mismo resultado: incumplimiento de una obligación constitucional en los términos del artículo 115 constitucional, con la consecuente molestia ciudadana.

Por otra parte, no falta quién especule acerca de la suspensión del servicio, relacionándola con la perversidad de cierta minera que pudiera haber aprovechado la lluvia para desahogar algo del contenido tóxico que tiene en sus represos, o quizá algunas posibles filtraciones de la sustancia derramada por un ferrocarril de Grupo México por el rumbo de Naco. Desde luego que no suscribimos ninguno de estos supuestos, pero entre turbiedades operativas cualquiera trata de encontrar explicaciones medianamente creíbles, o como simple desahogo emocional. Mientras tanto… deshidratémonos.

HABLEMOS DE LA DEFENSA DEL ISSSTESON (II)

 El comentario anterior se refirió a que los derechohabientes del ISSTESON tienen un marco legal que hasta el momento no han sabido aprovechar, será porque los abogados “especializados” en seguridad social han dedicado sus esfuerzos en sacarle dinero al Instituto, sin más propósito de gozar de honorarios simplemente nadando de muertito en las aguas del tiempo procesal a costa del esperanzado cliente.

Se entiende que una opción rentable para mantener el estatus, es promover recursos legales contra el ISSSTESON por el cobro de los servicios médicos (el 7 por ciento de la pensión), o por no actualizar el pago de acuerdo con los incrementos que por ley se conceden cada año, o por no proveer medicamentos a pesar de haber una prescripción médica de por medio, entre otras razones litigiosas.

Sin embargo, abundan las quejas sobre otros asuntos que quedan impunes, como, por ejemplo, las afectaciones en la salud e integridad física de los pacientes cuando no se les atiende a tiempo o en forma deficiente, encontrando que muchas muertes o incapacidades son evitables. Es en este sentido que mencionábamos el artículo 122 de la ley 38.

En el mismo sentido, cuando se trata de un descalabro al patrimonio e integridad funcional del propio Instituto donde tanto de la Junta Directiva como el director general incurren en responsabilidad administrativa o penal, deben pagar por ello, conforme lo dispone el artículo 125 de la ley del ISSSTESON.

Así pues, el daño patrimonial, administrativo, social y político que pueden sufrir las instituciones como el ISSSTESON y sus afiliados, pueden ser resarcidos por vía jurisdiccional, que para eso están los abogados, aunque la dimensión y repercusiones de algunos asuntos probablemente no sean tan atractivos para patrocinarlos.

A muchos les tiembla la mano cuando se enfrentan al gobierno, a la propia Universidad cuando son parte de la comunidad académica, por aquello de que sean vistos con malos ojos “de arriba”, que sean marginados, caigan en desgracia o que se les tache de poco institucionales, como si serlo equivaliera a complicidad.

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley 38 establece que, “En caso de enfermedad no profesional, el trabajador y el pensionista tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

I.- Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El reglamento de servicios médicos determinará que se entiende por este último concepto.”

Llamo la atención sobre el segundo párrafo: “El Instituto no estará obligado a proporcionar servicios de cirugía cosmética, ni a proveer dentífricos, cosméticos, aparatos de prótesis,de odontología o aparatos de prótesis de ortopedia.”

Todos estaremos de acuerdo en que la edad de los pensionados y jubilados permite que los esquemas privados de seguros médicos logren jugosas ganancias, y que la seguridad pública debe cubrir esta ausencia.

Sin embargo, el propio Reglamento para los Servicios Médicos, sólo cubre los casos de riesgo profesional “debidamente calificado por el Departamento de Salud Ocupacional” (artículo 5), lo que significa que quienes no están en el servicio activo tampoco están en el radar de la protección institucional, en caso de tener que enfrentar alguna de las excepciones que señala el artículo 23.

Así que, cuando se llega a la edad de las caídas con fractura de cadera, deterioro y daño en las rodillas y cualquier problema que amerite la instalación de una prótesis, nos vamos enterando de los costos de la edad y que la exclusión social e institucional existe y es una de las variadas formas de la discriminación prohibidas por la Constitución.

Por tanto, si alguna reforma en la ley orgánica del ISSSTESON tendría sentido, sería lo relativo a la cobertura integral de servicios referidos a los riesgos de la tercera edad donde las palabras ortopedia y prótesis son no sólo muy importantes sino vitales.

Tampoco es cosa menor lo relativo a los pagos por concepto de impuestos a las pensiones, ya que, según el artículo 66 de la ley “es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las pensiones que esta Ley establece. Devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandato judicial o para el pago de adeudos con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley.”

Algunos dirán que es cosa de interpretación y se afanarán en buscar precedentes, acuerdos y nudos en los amasijos de telarañas que algunos llaman jurisprudencia, y podremos estar de acuerdo o no en que la Junta Directiva se pasó esta disposición por el arco del triunfo al gravar las pensiones que rebasen las 15 UMA (criterio tomado de la miscelánea fiscal) con el pretexto de ajusticiar a los megapensionados, quienes seguramente se partieron de risa al oír las balas de salva institucionales.

Pero, mientras la discusión de la absurda sustitución de salarios mínimos por UMA sigue adelante, esperamos que el gobierno, ahora sí, recoja el reclamo de los trabajadores jubilados y abandone este criterio de 2016 asumido por la SCJN, que es parte del jolgorio neoliberal peñanietista.

Mientras pasa la novedad gubernamental, preparémonos para lo que venga, y como dijo uno de mis maestros de secundaria al señalarme la salida, el movimiento se demuestra andando.

 

HABLEMOS DE LA DEFENSA DEL ISSSTESON (I)

 “Hechos, no palabras” (frase atribuida a Catón el viejo).

 

Parece que quejarse de las fallas en los servicios es un deporte local, y adquiere particular relevancia cuando se trata de la seguridad social y los beneficios que, por ley, corresponden a los afiliados del ISSSTESON.

Los derechohabientes reclaman en diversas formas y en variados foros “lo que a su derecho conviene”, se convocan ruedas de prensa, marchas, mítines y plantones donde la ciudadanía manifiesta qué tan molesta está y cuánto daño le hace la falta de medicamentos, insumos, equipo, servicios y especialistas que forman parte de las obligaciones a cargo del Instituto que hace posible la salud y seguridad social de los afiliados sonorenses.

La cara más sensible, solidaria y distributiva del gobierno parece ocultarse avergonzada por causa del afeamiento que produce la mala administración de sus recursos, la ausencia de control de sus flujos financieros, la rapiña sistemática y su constante amenaza de colapso, falacia que algunos sostiene a pesar de lo previsto en el artículo 116 de la propia ley 38, que establece que el déficit deberá ser cubierto a) por el Estado, b) los organismos afiliados y c) los propios derechohabientes en los términos de la propia ley.

Así pues, el gobierno del Estado es responsable en primera instancia de mantener funcionando la seguridad social y no hay vuelta. Los organismos afiliados a su vez están obligados a aportar un monto mensual y los derechohabientes la cuota que la ley establece.

Ahora, si se ocasionara un daño al Instituto o a sus derechohabientes (como es evidente que ha ocurrido por años), la ley previene que los funcionarios y trabajadores del Estado y organismos afiliados responsables serán acreedores de sanciones (artículo 122); sin perjuicio de que los miembros de la Junta Directiva y el director, estarán sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir como encargados de un servicio público (artículo 125).

Como es cada vez más claro, el ISSSTESON pasó de ser la caja chica a la caja grande de los sucesivos gobiernos, y que los recursos por concepto de cuotas y aportaciones de organismos y usuarios no se entregan al Instituto, siendo cuchareados o simplemente retenidos por el gobierno estatal para fines ajenos a su objeto original.

¿Cómo se va a revertir el desfondo que hizo crisis desde hace años si se sigue ordeñando la vaca de la seguridad social? Visto lo presente, ¿cuándo se va a aplicar la ley y se fincarán responsabilidades a los funcionarios públicos encargados del servicio? ¿Tendremos otro gobierno que se pase por el arco del triunfo los artículos 122 y 125 de la ley del ISSSTESON? ¿Cuándo veremos acciones legales y propositivas por parte de las representaciones sindicales?

Durante muchos años hemos insistido en el ámbito sindical universitario que, ante los problemas en el servicio de salud y el desabasto de medicamentos, se exija a la administración universitaria que demande al Instituto por incumplimiento del convenio de prestación de servicios vigente, suscrito por las partes en los términos de la propia ley del ISSTESON y en cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, que en su cláusula 141 incorpora la seguridad social estatal al catálogo de derechos de sus agremiados.

El silencio sindical, en esta parte del espectro de las luchas que los trabajadores universitarios han emprendido, no tiene explicación fácil, a pesar de que los impactos de un servicio ineficiente se ven y se sienten entre sus agremiados, activos y jubilados.

Pareciera que el tema del ISSSTESON se reserva para las lamentaciones en los chats, en las asambleas, en los corrillos y las antesalas de hospitales y módulos de atención, o en las especulaciones de dirigentes debidamente enchufados, sin un interés real en que se intervenga institucionalmente de manera directa y decidida para intentar poner orden.

A veces parece que existe entre las dirigencias sindicales la consigna de “el ISSSTESON no se toca”, a pesar de ser uno de los más oscuros objetos del deseo tanto del gobierno como de las empresas privadas proveedoras de materiales y servicios de salud, por vía de las subrogaciones o por compras de dudosa transparencia.

No es rara la existencia de negocios privados a la sombra del poder público, lo que adquiere particular relevancia en el ánimo de los derechohabientes y hace que cobre plena vigencia aquella consigna de “¡pena de prisión a las ratas del ISSSTESON!”

Podrá haber mil marchas, mítines y plantones, pero si sólo son para fines de constancia mediática valen tanto como un pedo de borracho en despoblado. Es tiempo de que la lucha legal se sume a la lucha política y mediática.

Considerando que la ley provee los recursos necesarios para que los derechos de los trabajadores y usuarios de los servicios realmente tengan vigencia, ya basta de hacerle al tío Lolo. Demandemos por la vía jurisdiccional y sigamos el proceso hasta las últimas consecuencias y sigamos poniendo el reflector en el rescate de la seguridad social que deberá ser siempre solidaria y distributiva.

Es tiempo de acciones afirmativas no de palabras distractoras. 

LA HERENCIA NEOLIBERAL DEL ISSSTESON

 “A fin de cuentas los objetivos son simples: seguridad y protección” (Jodi Rell).

El jueves 15 se pudo presenciar una concentración de derechohabientes del ISSSTESON frente a sus oficinas centrales, en la que se pudo constatar el diálogo que existe entre la dirección institucional y la representación de los usuarios, destacando la presencia e intereses de los pensionados y jubilados que atiende el Instituto.

Aquí se pasó revista a los problemas derivados del día a día en una institución que provee de servicios médicos y paga pensiones a los trabajadores al servicio del Estado y organismos afiliados por la vía de convenios que establecen las obligaciones y los derechos del Instituto y del organismo afiliado, en el marco de la Ley del ISSSTESON.

Los reclamos se pueden resumir en estos aspectos: abasto de medicamentos, consultas médicas y programación de cirugías, atención de especialistas, agilidad en el trámite de dictámenes de pensión o jubilación y pago de pensiones, así como el otorgamiento de los aumentos anuales al monto de las mismas, y a la posibilidad de que se realice el pago en el primer día hábil de cada mes.

Según reconoce la representación de los derechohabientes del Movimiento 30-J, se han logrado avances importantes en materia de abasto de medicamentos y atención médica, y que la puesta al día de la institución no se va a dar de la noche a la mañana, toda vez que el actual gobierno la encontró abandonada, saqueada y sujeta a un régimen de privatización de servicios por la vía de las subrogaciones, sobreprecios de materiales y medicamentos y la rapiña al interior de la institución.

Actualmente, se trabaja en recuperar las funciones y capacidades que las anteriores administraciones estatales entregaron a agentes privados, afrontando el lastre de un desfondo que rebasa con mucho los 6 mil millones de pesos, ocasionado por las malas prácticas de los gobiernos del reciente pasado neoliberal.  

Un aspecto altamente meritorio del ISSSTESON es que conserva el modelo solidario de prestación de servicios y pago de pensiones, frente al modelo privatizador de las cuentas individuales que en forma de administradoras privadas de fondos (Afore) han adoptado otras instituciones como el ISSSTE o el IMSS, donde el ahorro de los trabajadores está en manos de negocios privados, como bancos o empresas de carácter comercial.

Uno de los impactos más lesivos a la salud y bienestar de los trabajadores en México fue poner en manos privadas los ahorros en forma de cuentas individuales, adoptando un modelo de corte neoliberal cuyo objetivo central es el enriquecimiento privado y acabar con la prestación de servicios de salud públicos a cambio de fortalecer el negocio de la medicina privada.

Respecto al pago de las pensiones, es importante señalar que el actual gobierno se ha comprometido a cumplir con el pago en tiempo y forma, haciendo notar que se paga el mes por adelantado.

Es claro que ningún dinero es suficiente cuando se trata de satisfacer necesidades de alimentación, salud y el pago de servicios básicos sujetos al aza por cuestiones inflacionarias y ajustes tarifarios desde la perspectiva de las empresas y no de los usuarios.

Es obvio que todos quisieran tener más ingreso frente al alza de los bienes de consumo, pero la realidad del ISSSTESON es que carece de un fondo de inversión que le genere rendimientos y le permita hacer frente a las exigencias del gasto pensionario sin tener que recurrir a asignaciones presupuestales extraordinarias.

En este contexto, el director general del organismo señaló que la exigencia de que se pague el primer día hábil de cada mes choca con la realidad presupuestal de la institución, ya que al inicio del sexenio encontraron que no existe un fondo pensionario en el ISSSTESON para poder implementar el pago en forma quincenal, sin embargo, se analizará el incremento del 10 por ciento reclamado, contemplando su pago retroactivo.

Es importante señalar que existe disposición de mantener y mejorar el modelo pensionario solidario, habida cuenta que las pensiones son un mecanismo de redistribución del ingreso que integra solidariamente a las generaciones pasadas con las generaciones presentes de trabajadores.

Cambiar el modelo solidario por otro de cuentas individuales significaría un serio retroceso en materia de seguridad social, y un verdadero fracaso administrativo en el marco de una administración cuya oferta política ha sido contraria al modelo privatizador del sistema neoliberal.

Se entiende que la seguridad social tiene un valor que se sostiene y se comparte con todos, y que la privatización parcial o total de los servicios y las funciones públicas sólo sirve para favorecer a los dueños del capital y sus expectativas de mayor enriquecimiento a costa, en este caso, de los ahorros y el esfuerzo de los trabajadores.

En este contexto, el ISSSTESON ni de broma debe abandonar su modelo solidario y distributivo por el modelo privatizador de las cuentas individuales y la subrogación de los servicios, que es como decirle al trabajador “ahí te la echas”, y favorecer el interés privado antes que el interés social.   

El Estado debe garantizar la seguridad social que es fundamental para la clase trabajadora y las familias, y remontar con todo su empeño la herencia nefasta del neoliberalismo instaurado en los gobiernos anteriores.

Privatización municipal de la salud

 

“Mientras la pobreza, la injusticia y la desigualdad social persistan en nuestro mundo, ninguno de nosotros realmente puede descansar” (Nelson Mandela).

 

Tenemos un panorama incierto para la justicia social en un terreno por demás sensible, ya que el futuro de la seguridad social de 869 empleados del Ayuntamiento de Hermosillo podría quedar en manos de la iniciativa privada, o lo que resulte.

Sucede que las autoridades municipales han decidido dar solución a la problemática de salud de sus empleados “con menos de siete años de antigüedad”, mediante un sistema privado de salud, a cargo de instituciones médicas como Hospital Licona, San Diego de Alcalá y CIMA.

De acuerdo con el proyecto, quienes tengan menos de siete años podrán optar por un esquema que seguramente ahorrará el pago de cuotas al ISSSTESON, pero también el eventual pago de pensiones tras una afanosa y, ahora lo sabemos, precaria y riesgosa vida laboral al servicio del municipio:

“Estamos siendo muy responsables en no generar expectativas a personas que no les vamos a poder responder en un futuro con el tema de la pensión, pero nos estamos asegurando de que ahorita la preocupación por tener un servicio médico de calidad ya no sea más, y por otra parte el Ayuntamiento también dejar de gastar ese dinero para apoyarlos y poderles ofrecer todo lo que hay en SaludH” (Proyecto Puente, 17.05.2022).

La novedosa solución al problema de abasto de medicamentos tiene prioridad sobre la futura pensión, porque, pragmáticamente, la gente se enferma hoy y el mañana ya vendrá, con lo que se “justifica” el proyecto municipal que supone la privatización de un servicio que corresponde al ISSSTESON.

Desde luego que no fue ocurrencia, prendida de foco o inspiración repentina, si recordamos que el Ayuntamiento debe al ISSSTESON alguna gruesa cantidad por concepto de aportaciones no realizadas y que, ahora, resulta que podrán ahorrarse este “gasto”, gracias a que absorberán a lo chino estos recursos:

“Cuando una persona está trabajando y va cotizando en el Isssteson, va generando un ahorro que eventualmente se podrá recuperar ante el propio Isssteson, pero nosotros como Ayuntamiento vamos a absorber esa parte de tal suerte que esa persona esté protegida y en los años siguientes puedan tener este ahorro en un fondo municipal para hacerle frente a la parte de medicamento”, explicó el Alcalde Astiazarán (Misma fuente).

“La empresa ganadora de la licitación es Sistema Empresarial Integral de México (SEM) y tendrá el contrato para llevar el sistema de seguridad social hasta el término de la actual administración. Posteriormente, la siguiente administración decidirá si renueva el contrato o continua con otra empresa” (Misma fuente).

En breves palabras, el Ayuntamiento licitó y concedió a una empresa privada la provisión de los servicios de salud de los empleados municipales, pero hasta el término de la actual administración, porque después “ahí se la echan”.

Se dice que hacen ahorros, pero se pagan estudios actuariales para justificar una medida que tiene matices no sólo oportunistas sino francamente antisociales, a juzgar por el abandono que padecen los empleados municipales, no sólo los jubilados.  

El Municipio sigue sin responder las demandas de los trabajadores jubilados y pensionados que reclaman el cumplimiento de los derechos sociales que les fueron negados, más las recientes demandas que el sindicato del Ayuntamiento ha formulado ante el incumplimiento de servicios y prestaciones a las que el propio Ayuntamiento debiera responder, empezando por pagar las aportaciones que están pactadas en el convenio de prestación de servicios con la institución estatal de seguridad social:

Al respecto, el dirigente sindical Salvador Olguín, ha manifestado que “personas que estaban en permiso prejubilatorio los regresaron a trabajar otra vez, apoyos funerarios no hay, los uniformes no los han entregado, las bases, sindicalizaciones, es un desastre el que se está haciendo” (El Imparcial, 17.05.2022).

En resumen, el Ayuntamiento no paga al ISSSTESON lo que legalmente le debe pagar, se inventa un nuevo esquema de provisión de servicios de salud, ahora privado, pero sin responsabilidad alguna en materia de pensiones y demás prestaciones sociales, con un universo de “beneficiarios” de 869 empleados, y además no cumple con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, afectando a mil 250 trabajadores.

El nuevo modelo de seguridad social, como queda dicho, durará hasta el fin de la actual administración y después quién sabe.

Lo que parece urgente es que se llame a cuentas al Ayuntamiento, no para que dé explicaciones, sino para que cumpla con sus obligaciones y para que no arriesgue la tranquilidad y seguridad de sus futuros jubilados, asunto que debiera ser de la preocupación del sindicato del Ayuntamiento. De seguir así las cosas, habrá más tragedias familiares que lamentar.

La salud se politiza

 

“En una mente desordenada, una buena salud es imposible” (Marcus Tullius).

 

Como usted sabe, desde que inició formalmente la pandemia y llegó a nuestro país y región han surgido como hongos los opinantes con cierto barniz de especialización en algo que tenga que ver, siquiera remotamente, con la salud y, en particular con la virología, la vigilancia farmacológica, ecología o la epidemiología.

De repente vemos con la gorra y camiseta de la sabiduría sanitaria a simples médicos, dentistas, abogados, editores de periódico y hasta políticos de cualquier ralea, que pontifican acerca de las medidas que habrían de tomarse para evitar el mal del siglo en forma de un microorganismo bastante capaz de contaminar las vidas y conciencias de pueblos enteros.

La ciencia aún está boca abierta esperando qué decir de manera creíble acerca del fenómeno viral que ha lanzado al estrellato la prensa ansiosa de lectores y clientes de publicidad. Abundan las notas que repiten hasta del hartazgo los males directos o indirectos de la pandemia, las muertes y hospitalizaciones y, ya para no dejar, las calamidades que seguramente vendrán como consecuencia de las variantes y nuevas cepas del bicho que emergen como por encanto.

Y no hay que olvidar las nuevas y terribles posibles complicaciones en enfermedades ya conocidas que se ven potenciadas por el virus que aprovecha las vulnerabilidades y saca raja de cualquier sistema inmunológico deprimido, sembrando su semilla de enfermedad y muerte.

En estos tiempos, los vecinos, amigos y familiares son personas de interés para la vigilancia epidemiológica cuando de rastrear se trata los contactos permanentes o eventuales del sujeto sospechoso de infección. De esta manera, la lente de aumento de la opinión pública se enfoca hacia quienes no se han protegido contra el mal, o contra sus consecuencias deveras según se dice, y de pinchazo en pinchazo se escribe la nueva narrativa de estos tiempos, mientras que el bicho sigue su camino tan tranquilo como si nada ocurriera en el mundo de la farmacología.

En este contexto tan estrambótico como rocambolesco los diputados del PRI estatal reclaman la urgencia de vacunar a los menores de entre 5 y 14 años, porque son tan mexicanos como los mayores y hay que protegerlos ahora que van de regreso a las clases presenciales.

Sin embargo, se sabe que los menores de edad (niños y adolescentes) tienen muy pocas posibilidades de enfermar dado el natural buen estado de su sistema inmunológico, es decir, los chicos tienen buenas defensas y no requieren de precauciones más allá de las normales cuando se trata de afecciones virales.

¿Cuál es el interés del PRI (en algunas otras latitudes es el PAN agarrado de la mano de su mascota el PRD), cuando promueve en el foro del Congreso del Estado una medida que corresponde a las autoridades de salud?

¿Qué pretende este partido y sus satélites parlamentarios cuando impulsa estatal y nacionalmente campañas o iniciativas que corresponden a otras entidades legalmente responsables y debidamente capacitadas para abordar los problemas de la salud pública?

Se entiende que la oposición al gobierno de Morena, encabezado por López Obrador en el nivel nacional y Alfonso Durazo en el local, quiera algo de oxígeno cuando se ve herida de muerte por la toma de conciencia de la sociedad que finalmente optó por el cambio, y que cualquier pretexto es bueno para hacer ruido y aparentar preocupación por la población que no hace mucho solamente era tomada en cuenta para verle la cara de tonteja y seguirla robando y manipulando, pero ¿llegar hasta este punto?

En serio, llama la atención la clase de políticos que tenemos y la poca inteligencia que manifiestan, pero al mismo tiempo, maravilla el oportunismo de quienes promueven el terror y la desinformación incentivando el miedo a los contagios y la necesidad de dar palos de ciego ante un bicho de cuyas características y alcances nadie está aun completamente informado.

Parece que para nada importan las advertencias de los daños colaterales de una substancia experimental que no en todos los casos resulta recomendable, porque mucho depende de las condiciones particulares de quienes la reciban, además de la certidumbre de que los menores no son tan susceptibles de enfermar en la misma proporción y consecuencias que los mayores.

¿Los priistas han sido contagiados por el mismo furor epidemiológico oportunista que sus homólogos del PAN? ¿La desesperación hace que recurran al ridículo expediente del protagonismo alarmista de la derecha pitufa? Triste papel.

 

 

La respuesta social a las reformas de la seguridad social

 El día 16 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, el CONGRESO ESTATAL SINDICAL SOBRE SEGURIDAD SOCIAL, por iniciativa de la Delegación de Pensionados y Jubilados del STAUS. 

Tuvimos la participación de José Antonio Vital Galicia, miembro del  Centro de Análisis de la Coyuntura Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, miembro de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública e incansable luchador social. 

Hoy, 5 de febrero de 2022 amanecimos con la noticia de que nuestro amigo José Antonio había fallecido a consecuencia de cáncer.

Por su importancia, compartimos su participación en el citado congreso, deseando paz y resignación a su familia. 

 

La respuesta social a las reformas de la Seguridad Social

José Antonio Vital Galicia

Cuarenta años se dice muy rápido, cuarenta años de la creación de un sindicato, y de luchas de los trabajadores universitarios, académicos y administrativos, ha sido muy importante. Hace cuarenta años en medio de la lucha de la insurgencia sindical de los electricistas, la lucha de los mineros de Cananea, Nacozari, y también la lucha del sector salud, particularmente. Hace cuarenta años se hizo una huelga de médicos residentes, y me da mucho gusto estar ahora en este evento conmemorativo de los cuarenta años del sindicato del personal académico de la Universidad.

Quisiera recordar dos cuestiones muy importantes sobre fechas. Hace ocho años vine a Hermosillo, cuando estuvieron las huelgas de Cananea, Nacozari, y cuando había aquí un frente sindical. Fui dirigente sindical del Hospital General de México, hicimos un movimiento muy grande, nos metieron a la cárcel en 1978, el próximo año conmemoramos cuarenta años del movimiento del Hospital General y la corriente democrática del sector salud, que logró unificar los salarios de todo el sector salud. Es una cuestión que no existe ni en Canadá ni en Estados Unidos, ni en Brasil ni en Argentina ni en Chile. Aquí un médico, una enfermera y un técnico gana lo mismo en el Seguro, en el Issste y en la Secretaría de Salud, salvo los trabajadores precarios.

Hace ocho años, cuando la Ley del Issste, entramos en contacto, aquí, con cuatro compañeras del Hospital Regional del Issste, junto con algunos compañeros del magisterio, en una situación inusitada se levantaron más de 6 mil demandas de amparo en contra de la Ley del Issste. Los problemas de la organización que había, no solamente en Sonora sino en toda la franja norte eran muy complicados. Hablar ahora de un movimiento democrático del magisterio, es como más sencillo, pero hace diez años era muy complicado, ustedes sabrán muy bien, y hace ocho años, al llegar aquí, tuvimos una sorpresa muy importante en el Hospital Regional del Issste, abarrotado el auditorio, con los trabajadores del Issste en rechazo a la reforma a la Ley del Issste. Como bien decía Gustavo [Leal], es un tema que yo voy a tocar sobre la respuesta social y que es muy importante el movimiento que mantuvo derechos adquiridos con el amparo y la movilización que se hizo hace ocho años. Y quisiera recordar también, el año pasado estuve en Veracruz, se formó un frente de jubilados en Jalapa, y les anunciaron justamente en esos días, que no había dinero para pagar las pensiones por el Instituto Estatal de Pensiones. Aquí, el Isssteson es el que cubre las pensiones de los trabajadores del Estado, aparte están los del Issste y los del Seguro Social. Bueno, aquí no hay problema de corrupción en Sonora (risas), y con Beltrones tampoco. Bueno, el caso es que el año pasado estaba ahí en el Congreso y les anunciaron que no había dinero para pagar las pensiones del Estado, a los de la Universidad de Veracruz, a los trabajadores del Gobierno del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y distintos organismos. Entre el infarto y la depresión, los jubilados dijeron “¡hay güey!, y ahora ¿qué vamos a hacer?”, porque les dicen, lo que está entrando es para pagar las pensiones del orden de los tres mil millones de pesos y la nómina es de cinco mil millones de pesos. Se puede pagar el 60 por ciento. El año pasado, se formó este frente y logró que les pagaran. No les habían pagado un mes y no le han pagado todo lo de las pensiones, pero al menos se ha asegurado el 100 por ciento de la pensión que se tenía. Quiero rescatarlo porque son momentos muy relevantes en términos de la respuesta social frente al ataque a las jubilaciones y pensiones. En Veracruz se logra que se les siga pagando y, en el caso del Issste, un millón 300 mil trabajadores presentan una o dos demandas que llegan a dos millones de demandas en contra de la nueva Ley del Issste.

Quiero hacer la presentación sobre las estrategias sociales ante las reformas a la seguridad social que hemos desarrollado en México y en otros lugares del mundo, porque es una cuestión muy importante. Les decía a los compañeros de Veracruz, cuatro meses antes, en un seminario en Costa Rica, el presidente de Panamá le había dicho a la presidenta del sindicato de maestros de Panamá, que el pago de las pensiones iba a depender del presupuesto. No hay un ataque a los futuros jubilados, no es problema para los jóvenes que entran a un nuevo sistema de pensiones, es para los jubilados. Entonces, cuando hablamos de esto con los compañeros, resulta muy importante ver las experiencias internacionales de cómo en Venezuela se detuvo y se echó atrás las reformas a las pensiones y el sistema de seguridad social; cómo en Argentina se echó para atrás. En Chile se ha detenido y está ese proceso. En Brasil se detuvo los cambios, porque Lula empezó a cambiar los regímenes de jubilaciones y se detuvo con el sector de empleados públicos.

El pasado 27 de octubre hicimos una marcha a Los Pinos en contra de que se recortara el presupuesto a salud, en defensa de las pensiones y en contra del Sistema Universal de Salud. La ley de cambio al Pensionissste está detenida. En el mes de diciembre comenzamos a hacer una campaña de firmas y presentamos cerca de 20 mil firmas demandando una consulta nacional sobre el cambio al régimen de jubilaciones y pensiones. El cambio a las jubilaciones del Pensionissste no es un problema de un porcentaje más o un porcentaje menos, es el modelo de seguridad social, que es un modelo individual, privado y que no tiene el carácter público y social.

Quisiera que pudiéramos plantear en esta presentación la recuperación de las luchas que hemos dado en defensa del trabajo, la seguridad social y, particularmente, las jubilaciones. Quiero recordarles que el tema de la seguridad social no es un problema del Seguro Social y del Issste solamente, depende del empleo y del salario. Ahora le echan la culpa a los jubilados de los problemas de las finanzas públicas, ahora le echan la culpa a los jubilados de los problemas del servicio médico, que cuesta mucho atenderlos, estar dando medicamentos y las pensiones, etcétera. Aquí, creo que sería muy importante que hiciéramos una revisión de las luchas que hemos desplegado en el siglo pasado los trabajadores en este país. No es que empecemos un debate, tenemos treinta años discutiendo el tema de la seguridad social. Ahora, a lo mejor hay muchos desmemoriados, o muchos no quieren ver que, en el 95, 94, Joel Ayala Almeida presentó la primera discusión sobre el cambio al régimen de jubilaciones y pensiones. No avanzó el cambio en el Issste porque se fracturó el sindicato del Issste y se oponía el sindicato del Issste, particularmente la sección sindical del Hospital 20 de Noviembre encabezó un movimiento para impedir el cambio en el 95. Hay un debate y el problema que tenemos en este debate es que la gente no cree que “me va a llegar”. En 1995, cuando se aprobó el cambio a la Ley del Seguro Social, ¿por qué no se movilizaron los telefonistas? ¿Por qué no se movilizaron los electricistas? ¿Por qué no se movilizaron los universitarios? A nosotros en el Seguro Social nos metieron a la cárcel a la Secretaria General de la Sección 32 del Seguro Social. Teníamos cuatro secciones democráticas en el Distrito Federal, metieron a la cárcel a la Secretaria General de la Sección 32 que es el complejo hospitalario que se llama Magdalena de las Salinas, que es donde está Ortopedia, Urgencias, “Gineco”, etcétera, hacia el norte de la ciudad. ¿Por qué no se movilizaron? ¿Qué dijeron los electricistas?, “yo tengo mi contrato colectivo y a mí no me va a llegar”. ¿Qué dijeron los telefonistas? Lo mismo. Porque, los regímenes de pensiones y jubilaciones, yo quisiera recordarles, que ahora están en la mira todos, el del Seguro Social, el del Issste, el de los institutos estatales y los contratos colectivos, que son los tres modelos de protección social del trabajo. Y aquí es muy importante que revisemos y analicemos este debate y qué ha pasado con los sindicatos. Es evidente que los sindicatos charros estuvieron coludidos, pero los sindicatos democráticos o progresistas, ¿por qué no respondieron? Una cosa muy elemental: “a mí no me va a tocar”.

Hoy este foro es muy importante, pero ya tenemos tres o cinco años que a los trabajadores estatales o no les pagan o les han congelado la pensión, en Guerrero, en Chiapas, y están cambiando los regímenes estatales, aquí es el Isssteson, pero en otros lugares es el Instituto Estatal de Pensiones, y están haciendo cambios en las leyes de los institutos estatales de pensiones. La lógica es la que ha planteado el Fondo Monetario Internacional y la OCDE: aumentar las cotizaciones, la edad y reducir los beneficios. Es prácticamente con un manejo privado.

Quisiera también, aunque ahora no podamos hacer una revisión de las experiencias internacionales, les voy a comentar que tenemos una revista que es resultado de un seminario que sacamos el año pasado en Costa Rica, el año pasado también tuvimos en Brasil un seminario, y aquí están las estrategias de cómo pensar localmente para actuar globalmente y al revés, cómo actuamos localmente pensando en una acción internacional, porque hay propuestas, porque ahora el problema no es solamente defendernos de los que nos están atacando. Decía mi abuelita, la mejor defensa es el ataque. ¿Cómo estamos defendiendo los servicios de salud? Estamos demandando que se cubra la plantilla de personal necesaria. ¿Qué significa? Faltan 50 mil plazas en el sector salud para cubrir jubilados, muertos, o los que sean ido. Hace dos años, con el movimiento del “Yo soy 17”, con el movimiento de enfermería, logramos compromisos de que se crearan 33 mil plazas del sector salud, 10 mil en el Issste y 22 mil 800 en la Secretaría de Salud. Algunos compañeros en enfermería decían “estás loco”, “¿cómo, nos están queriendo desaparecer y vamos a pelear porque se creen plazas y se basifique al personal? Bueno, la única forma de ganar el apoyo social es la de decir “vamos a mejorar el servicio”. ¿Cómo mejoramos el servicio? Que la gente tenga acceso oportuno. Una gripe se vuelve neumonía dos meses o tres meses después, y un cáncer, un certificado de defunción. ¿Cómo se resuelve? Con personal, con medicamentos, con material y equipo. Bueno, hay propuestas y necesitamos darles contenido a las propuestas.

En nuestra página electrónica, hubo hace seis años una conferencia mundial sobre los sistemas universales de seguridad social. Los puntos fundamentales que se plantean es retornar a un régimen público de seguridad social donde se establezca la seguridad social como un derecho humano y como un elemento para construir sociedades justas. Un carácter público, rechazando la mercantilización de los servicios. El trabajo como el eje central de la seguridad social. Si no hay trabajo formal, no hay seguridad social. El trabajo precario, el trabajo informal, no genera seguridad social; pero, además, se considera la seguridad social como un mecanismo redistributivo de la riqueza; y finalmente, la democratización de las instituciones y la participación social. Hoy necesitamos que los derechohabientes de la seguridad social participen en la definición de las políticas y en la vigilancia del ejercicio presupuestal, porque la seguridad social es parte de nuestro salario, es nuestro salario diferido. La pensión es lo que estuvimos aportando durante treinta o cuarenta años, y ahora resulta que no hay dinero para pagar las pensiones. Entonces, es importante la participación de los derechohabientes, los jubilados y de los trabajadores de la salud, así como la creación de mecanismos de contraloría social.

Hoy estamos en el marco donde la seguridad social es producto de un pacto social, de una revolución que se establece legalmente y que se incumple por los patrones con la complicidad del gobierno y de los sindicatos. Tenemos 30 millones de mexicanos que no están afiliados a ninguna institución de seguridad social. Esto es responsabilidad del Estado, del Issste y del Seguro Social. Las políticas neoliberales meten al mercado los derechos sociales y, finalmente, hay un ataque a las resistencias sociales que impiden que se apliquen estas reformas. Estas reformas, desde 1992 se comienzan a implementar, pero se querían aplicar desde antes. En el 92 con la imposición del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se comienza la ruta de la privatización de la seguridad social, las cuentas individuales y el manejo privado del fondo del SAR y el fondo de vivienda.

Quisiera comentar un tema que sería relevante darle seguimiento. Las reformas que se están realizando están siendo acompañadas de las jubilaciones y a la seguridad social. Con la reforma energética, el gobierno no se compromete a seguir pagando las jubilaciones y pensiones, se establece un mecanismo en un transitorio para cubrir una parte de las jubilaciones. Las políticas que estamos enfrentando es el abandono del papel social del Estado, la privatización de los derechos sociales, la ruptura del Estado de Derecho, las políticas focales, la seguridad social ahora aparece como una expresión de una política focal anti-pobreza.

La pensión universal que sí se aprobó hace tres años es para la gente de más de 65 años y que Sedesol sigue aplicando y va a estar incrementando. Esa está aprobada. Lo que no se aprobó es el cambio   Ley del Issste y del Seguro Social donde se establece la “armonización” del régimen de pensiones del Issste y del Seguro Social con la pensión universal. Pero la pensión universal está aprobada, de mil 92 pesos, y se aplica gradualmente en distintos estados. En algunos estados ya se está aplicando mil 92 a los que no tienen seguridad social. Un pleito y una discusión fue, por ejemplo, en el Distrito Federal, los que tienen pensión universal no podían tener seguridad social, entonces, a los afiliados al Issste y al Seguro Social les iban a quitar la pensión universal. Eso se impidió. En el caso del Distrito Federal y en algunos estados, se tiene su pensión y la pensión universal.

Un punto que me parece muy importante para la seguridad social es la precarización y el control del empleo. ¿Qué significa eso de la precarización del empleo? Pues lo que está pasando con el magisterio. La reforma al 3o. constitucional es una reforma de control administrativo-laboral de los docentes, y un tema que me parece muy importante en la discusión de las estrategias son los cambios conceptuales y la imposición de un consenso de la oligarquía. ¿Qué significa eso de los cambios conceptuales? Antes de pasar a la cuestión de los cambios conceptuales quisiera poner en el centro el problema que tenemos ahora que enfrentar. No es el alto costo de las pensiones y jubilaciones, no es el alto costo de los servicios médicos: La crisis del neoliberalismo o la crisis del capitalismo la están tratando de superar con austeridad y deuda, con privatizaciones y la reducción del costo laboral.

Nosotros decimos sí hay dinero para pagar las jubilaciones y para los servicios de salud: El año pasado, la Secretaría de Hacienda anunció que no se pagó o no recibió 680 mil millones de pesos de impuestos de los empresarios, de los grandes empresarios. ¿De cuánto es el presupuesto en salud?, 120 mil millones de pesos. Eso significa que lo que no pagan los empresarios es cinco veces el gasto en salud a la población abierta en todo el país, y representa casi el 230 por ciento del pago de las pensiones y jubilaciones de todo el país. En el caso del Issste son casi cuatro veces la nómina de un millón de jubilados afiliados al Issste.

Sí hay dinero, el problema es que los empresarios no están aportando las contribuciones que sí los trabajadores en activo están obligados a pagar. ¿A alguno de ustedes le preguntan si quiere pagar los impuestos? A ustedes les descuentan rigurosamente entre el 30 y el 32 por ciento del impuesto sobre la renta. Si ganas 10 mil pesos te quitan 3 mil o 3 mil 200 pesos, y te quitan el15 por ciento por contribuciones a la seguridad social. Ahí es más del 45 por ciento de contribución del trabajo. El IVA es el16 por ciento. La mitad del salario de un trabajador se va en contribuciones. Los empresarios no pagan impuestos. ¿Cuánto pagan las mineras? Se habla del 3 al 6 por ciento. Y ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero hace unos seis años tuvimos discusión por la aplicación del impuesto a las pensiones. Lo que nos dijeron en la Dirección de Ingresos de Hacienda fue que a los empresarios se les tiene permitido deducir las aportaciones obrero-patronales del impuesto sobre la renta. ¿Cuánto les regresaron ese año a los empresarios por concepto de aportaciones al Seguro Social? 90 mil millones de pesos. ¿Cuánto fue la aportación al Seguro Social en ese año? Fueron 48 mil millones de pesos. O sea, les regresan a los empresarios casi el doble por concepto de aportaciones obrero-patronales. Entonces, sí hay dinero. Esto es muy importante para nosotros porque el núcleo de la discusión no es si es un modelo más, si es 10 pesos más o si es un porcentaje mayor que me cobre de la comisión. El problema de las finanzas públicas es porque quienes deben de aportar impuestos no los están aportando. Esta es una primera parte, la otra tiene que ver con el pago del servicio de la deuda. Para este año son más de 500 mil millones de pesos que se van a destinar a pagar los intereses del servicio de la deuda.

Cuando nosotros llegamos al Issste y les decimos, es que se puede resolver el rezago de la atención médica si funcionan las clínicas de especialidades, los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, sábados, domingos y días festivos. En vez de que a un paciente lo atendamos en tres meses se atiende en tres semanas o en tres días, y dicen “no hay dinero”, a ver, ¿cómo que no hay dinero? El problema es cómo se está distribuyendo el dinero. Se están gastando para este año más de 50 mil millones de pesos en la adquisición de medicamentos. Los más veteranos como yo se acordarán que todos los medicamentos venían con los emblemas de SSA, IMSS e ISSSTE. ¿Por qué compramos un medicamento en un dólar cuando lo podemos producir en 10 centavos de dólar? Bueno, es parte del modelo económico, y el problema de la seguridad dice “no hay dinero”, entonces nosotros tenemos que argumentar, sí hay dinero para las jubilaciones y para el servicio médico; entonces, sí hay dinero si se reduce el pago del servicio de la deuda. Hay que hacer una auditoría de las deudas, que es lo que se ha empezado a trabajar en algunos países. En Argentina, ¿cómo se regresa al régimen público de jubilaciones? Se frena, prácticamente, la transferencia de fondos para el servicio de la deuda.

En el tema de las Afores, el problema fundamental es que, mientras que hay una caída de las finanzas públicas, hay un incremento en las ganancias del sector financiero. Las Afores han perdido más de 400 mil millones de pesos de la crisis del 2008 para acá. Un trabajador que tiene un fondo de pensiones de tres millones de pesos, le cobran el uno por ciento en las Afores de Pensionissste o un poco menos. El uno por ciento de tres millones son 30 mil pesos. Si yo tengo un fondo de pensiones de tres millones, con un salario de 18 mil pesos, la expectativa es que me voy a jubilar con siete mil pesos. El banco me cobra 30 mil pesos al año. En 10 años son 300 mil pesos. Cuando discutimos con la presidente de la Comisión de Seguridad Social de Morena, la compañera diputada decía, “es que el problema es el porcentaje”. Nosotros decimos: hay que eliminar el porcentaje del cobro de comisiones y hay que revisar el modelo, no es un problema solamente de porcentajes.

En la reforma energética, el artículo tercero del decreto, dice: “el gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones en curso”. O sea, no asume el pago de todas las pensiones en curso, sino de una proporción de la obligación del pago. Es frente a lo que se están movilizando ahora los petroleros. Un primer problema, que es muy natural, es decir “yo ya tengo derecho a una jubilación, no me la pueden quitar”. Bueno, un trabajador del sector público ahora tiene que trabajar cinco diez años más porque se estableció una tabla de edad para la jubilación, donde sí se pueden echar para atrás los derechos, y una discusión legal que hubo en la Corte, es que la jubilación es una presunción de derecho. Es un derecho hasta que se reúnen ciertas condiciones.

En términos de todo este proceso de privatización, hace dos semanas o tres, se colocaron en la Bolsa Mexicana de Valores siete mil millones de pesos de Fovissste. Es un proceso lento de transferencia de los fondos de la seguridad social al sector privado.

Se habrán enterado que se aprobó hace dos semanas en la Consar abrir Afores para los niños. Entonces, los jóvenes que se van a casar, o que ya tienen un bebé, pueden generarle su Afore para cuando se jubile. ¿Qué es lo que está atrás de esto? Ahora el tema de la jubilación y la pensión es una responsabilidad individual y depende de lo que tu ahorras tú vas a poder tener un retiro después de dejar toda tu vida en la actividad productiva. Entonces, la primera cuestión es que un derecho social se vuelve una mercancía y se vuelve una responsabilidad individual. Ese es el eje del neoliberalismo que ha estado modificando todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. ¿Cuánto tienes? Cuánto te puedo atender en el servicio de salud. La reforma educativa todavía no avanza en su expresión económica, pero el negocio en la educación es la educación universitaria, igual que en el sector salud es la atención hospitalaria. La atención de primer nivel no es negocio, el negocio es en los hospitales. Y el primer cambio para poder imponer estas reformas y quebrar la voluntad de la gente es desaparecer un derecho y volverlo una obligación. Entonces, ahora la jubilación es dependiendo de lo que tú tengas. Y la otra parte es la de la universalización de los servicios de salud. Es un discurso totalmente demagógico y totalmente vacío. Se recorta el presupuesto a salud y dicen que se amplía el acceso a los servicios de salud. Incorporan a siete millones de jóvenes y no cubren las plazas para atender al personal que debe atenderse en el Seguro Social. Entonces, toda esta parte de los discursos para cambiar los conceptos de los derechos sociales como la jubilación, como es la salud, la educación, etcétera. Otro punto relevante, además del cambio conceptual, es confrontar a los jubilados con la sociedad. Tenemos prácticamente 20 años estigmatizando a los jubilados. Los jubilados son los responsables de los problemas financieros o de las finanzas. Ustedes vean todos los análisis de las discusiones del presupuesto: una carga fuerte es el pago de las pensiones y jubilaciones. Igual ha sido con los trabajadores del Seguro Social, luego con los petroleros, etcétera; son trabajadores privilegiados los que tienen seguridad social.

La otra línea que enfrentamos es el ataque a la organización sindical y de los jubilados por parte del gobierno, y la promoción del gobierno de fragmentar la respuesta social. El día 23 de octubre, desde hace cuatro, cinco años, hemos venido haciendo acciones en defensa del derecho a la salud y a la vida. El 7 de abril que es el día mundial y el 28 de abril, el día mundial de la salud en el trabajo, hacemos una campaña y movilizaciones en el sector salud. Aquí, ahora, lo que ha promovido el gobierno es muchos pequeños grupos. Hay un movimiento de “yo soy 17”, se fragmenta y ahora salen 20 pequeños grupos, uno de siete, uno de ocho, uno de diez, que es estimulado por las sociedades médicas controladas por el mismo gobierno, y el otro tema es la discusión de las crisis de las finanzas por el pasivo laboral. 

Bueno, voy a pasar a las estrategias que hemos estado desarrollando en el movimiento. La primera es la disputa del discurso. El primer punto que hemos plateado: sí hay dinero para pagar las jubilaciones y pensiones, pero un tema mucho más relevante es ¿dónde quedaron los fondos de pensiones de los últimos 50 años?, porque ahora, en los últimos 18 años, se han acumulado 2 billones 800 mil millones de pesos, pero 15 años atrás no había un centavo. ¿Dónde quedaron los fondos de pensiones? La discusión con los jubilados de Veracruz, lo que metió el gobernador Duarte, es lo que está entrando responde a un esquema de solidaridad intergeneracional, entonces, lo que entra es con lo que les podemos pagar. Entonces, la discusión que nosotros metimos con los maestros y los jubilados de la Universidad de Veracruz, tu pensión la estás recibiendo porque aportaste 30 o 35 años atrás, no se constituyó el fondo de pensiones y no se establecieron las inversiones de los fondos de pensiones. En 1986-87, cuando se comenzó a discutir el problema financiero del Seguro Social, ¿cuántos jubilados había en el IMSS, afiliados y trabajadores? No llegaba al 5 por ciento. ¿Por qué? Porque, prácticamente, como ahora de la Universidad, ¿cuántos jubilados tenemos?, son los últimos 10 años los que se empiezan a jubilar. Hace 20 años no había jubilados porque eran todos jóvenes, entonces, no se constituyen los fondos de pensiones, pero nos solamente eso, sino que se desvían de distintas formas los fondos. En la Universidad de Guanajuato, hace más de diez años, estábamos en un seminario, con el personal del sindicato académico, y llegó un maestro diciendo, oigan, tengo un problema. Me quería jubilar -ya tenía los 30 años, pero nada más le reconocían 18 años-. ¿Qué pasó? La universidad no le entregó al Issste las aportaciones, pero el compañero tenía los descuentos. Entonces, el problema de la falta de recursos para pagar las pensiones es responsabilidad del Estado. Es responsabilidad y obligación del patrón. Si llegamos a una reunión y les decimos a los jubilados “no hay dinero para pagarles”, y ellos piensan que les pagan con lo que está llegando del presupuesto, pues entre que se depriman y se infartan. Si están conscientes que es una deuda que tiene el Estado, porque estuvo aportando durante tanto tiempo y que colectivamente se hizo un fondo que debió haber dado un rendimiento. Si hoy tuviéramos siete billones de pesos, tendríamos, con un rendimiento del diez por ciento, para pagar tres veces los fondos de pensiones hasta de los ministros de la corte. Ustedes saben que los ministros tienen una modesta pensión, el primer año son 500 mil pesos mensuales y después baja a 480 mil pesos. Bueno, esas son las pensiones de privilegio.

La segunda estrategia es la impugnación jurídica. Aunque no creemos en el poder judicial, tenemos que hacer la lucha en el plano legal. ¿Qué pasó con la reforma a la Ley del Issste? Ahí tuvimos una diferencia con el magisterio en la estrategia de acción. Todo mundo estaba -con todo respeto- muy encabronado con un director del Issste que ahora va a ser gobernador de Veracruz, Yunes, y entonces hicieron un plantón enfrente del Issste, pero ¿cuál era el problema de estar enfrente del Issste?: la discusión del amparo se hacía en la Suprema Corte de Justicia; entonces, el problema de la discusión de los métodos de lucha es estar jugando en el estacionamiento del estadio, o en los túneles, cuando la pelota está en la cancha. Nosotros pusimos en la mesa, en el banquillo de los acusados, a los ministros que, por cierto, había un ministro que era gordito, pero gordito, pero pensiones millonarias para ellos y ellos estaban reduciendo las pensiones.

¿Cuál es el horizonte de las pensiones? El horizonte de las pensiones está establecido ya en la ley. En el Seguro Social es un salario mínimo que es la pensión mínima garantizada, y en el Issste son dos salarios mínimos. Entonces, el tema de la impugnación jurídica, el movimiento en términos de la lucha, me parece que es muy importante dándole el contenido. El otro punto que me parece muy importante en las estrategias es la acción legislativa. En la lucha contra la reforma a la ley del Issste, metimos la discusión en los estados; aquí no recuerdo cómo quedó la discusión, pero los maestros y compañeros del Issste, hubo una reunión de varias organizaciones, pero lo que nosotros promovimos es que en todos los congresos sacar puntos de acuerdo para que se respetaran los derechos adquiridos de los trabajadores. El punto fundamental de la acción legislativa es que los legisladores lleven a la Cámara la voz de los trabajadores. Nosotros hemos logrado que, en la Cámara de Diputados, en las comisiones se abra espacio para que hablen los jubilados o que hablen los compañeros del sector, porque nada más hablan los diputados, y los diputados no saben. La presidente de la Comisión de Seguridad Social, Araceli Damián, es investigadora del Colegio de México, estudia los programas de la pobreza pero de seguridad social no entiende nada. Aquí el tema de la acción legislativa es obligar que los legisladores abran la discusión y antes de votar consulten a la gente. Un representante popular debe de responder. Hoy estamos planteando una consulta para que primero se asegure el pago de jubilaciones y pensiones. ¿Qué significa eso de asegurar el pago de las jubilaciones y pensiones? Pues significa que la nómina de los jubilados se etiquete como gasto no programable. El presupuesto tiene dos renglones: el gasto programable y el gasto no programable. En el gasto programable Hacienda las secretarías de finanzas de los estados, meten la mano, y en el gasto no programable no puede intervenir ni Hacienda ni la secretaría de finanzas de los estados. Entonces, que se etiquete, o sea, yo me voy a jubilar, entonces, me debe el estado de cubrir la jubilación y la pensión, y eso debe de estar como una obligación presupuestal, el pago íntegro.

Segundo, que se recuperen los fondos de jubilaciones y pensiones de las Afores, que se nacionalicen, y está la discusión de la creación de un banco de la seguridad social, no para manejar cuentas individuales, sino regresar al régimen público, solidario, integral y redistributivo, porque ahora con tres billones se podría hacer un tipo de funcionamiento. ¿Qué se hace con los fondos de pensiones? Hay que crear refinerías, es lo que se discutió hace veinticinco. Hay que hacer una industria químico-farmacéutica nacional, hay que hacer una industria automotriz nacional. Nada más en el caso de la industria químico-farmacéutica, nosotros no solamente podríamos aumentar mil por ciento el abasto de medicamentos y ahorrar, generaríamos un trabajo altamente calificado, generaríamos además un desarrollo técnico-científico, y soberanía sanitaria. Ustedes recordarán la influenza porcina, que le cambiaron de nombre por razones políticas y comerciales, pero la influenza aviar es porque en las aves muta un virus por las formas de crianza, el cambio metabólico, hormonal, por los medicamentos que se pone a los animales para que crezcan más rápido, para que hagan músculo más pronto, y eso ha generado los cambios en los virus. Los estudios de la influenza porcina no se hacen en México, se tuvieron que hacer en Atlanta, en Inglaterra y en Canadá. En México exportábamos productos biológicos a Centroamérica, Suramérica, Medio Oriente y África, y desmantelaron los laboratorios nacionales, el Instituto Nacional de Virología, entre otros. Entonces, ¿a dónde irían los fondos de jubilaciones y pensiones? A una inversión productiva que genere empleo, que genere riqueza, que satisfaga las necesidades del ser humano. El problema de algunos expertos es que quieren ver cómo mejoran el modelo, pero este modelo no tiene ninguna forma de mejorar. Necesitamos regresar al régimen público y solidario, integral y redistributivo. Un tema que nos parece muy importante en las estrategias es la alianza con los derechohabientes.

Ahora el tema de las jubilaciones debiera de ser un tema de todo el mundo. Hace un poco, hace como diez años o un poco más en Francia tuvimos una reunión sobre este tema, y al ir a los trenes los jóvenes estaban muy preocupados por el cambio del régimen de jubilaciones y pensiones, lo querían llevar a setenta años, entonces, pues yo tengo veinte años para jubilarme a los setenta años voy a tener que trabajar cincuenta años. Entonces, ¿Cómo abordamos el tema de la alianza de los jóvenes y los viejos? Con el trabajo. El joven no va a estar pensando si se va a hacer viejo. Al joven le interesa tener un buen trabajo. Hagamos que las jubilaciones y la seguridad social se vinculen directamente con un trabajo digno, y el servicio de todos los elementos de la seguridad social: las jubilaciones, la vivienda, entre otros.

Un tema que es muy importante es la vinculación con la academia, que no sea un tema de discusiones superficiales. Individualmente hay ocho o diez compañeros como Gustavo Leal, que trabajan, van y llevan información, pero la academia está ausente. Solamente tenemos el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde hay un taller de jubilaciones y pensiones donde está Berenice Ramírez. Hay cinco o seis investigadores que han trabajado durante veinte o treinta años jubilaciones y pensiones. Está la Facultad de Ciencias, hay un seminario sobre jubilaciones y pensiones, y está el Centro de Análisis de Coyuntura de Economía de la UNAM. Sería muy importante, como lo vimos en Veracruz, que se forme un equipo de investigadores para que trabajen conjuntamente con el Frente de Jubilados y las organizaciones que están participando en esta temática.

Para concluir yo nada más comentaría tres grandes líneas de acción que me parece que son lo que hemos estado viviendo. El primero es que hagamos los esfuerzos por que se visualice la problemática. Hoy hay una serie de paros en Veracruz, en hospitales porque no les pagaron el salario. No actuemos hasta que pasen los problemas, hagamos las acciones antes. No esperemos a que desaparezcan el décimo transitorio y el décimo primero, y vinculen el pago de las pensiones con el presupuesto. Actuemos anticipadamente. ¿Por qué nos movemos en octubre y en Abril? Porque en octubre se discute el presupuesto y hay el espacio para discutir las reformas legislativas. O sea, necesitamos actuar con oportunidad política, y para eso tenemos que hacer la visualización antes de que se apruebe. Entonces nosotros comenzamos cuando se presenta la iniciativa, pero ya teníamos tres años movilizándonos en contra de la reforma al cuarto constitucional, y el cambio a las jubilaciones y pensiones que el Fondo Monetario tiene diez años recomendando, así como la OCDE. La recomendación de estos organismos internacionales es: ahorra para pagar tu pensión, pero para que tengas una pensión más o menos decente necesitas tener del veinticinco al treinta por ciento de tu salario de contribución.

Entonces, el segundo punto es: necesitamos legitimar las demandas. Hoy la lucha por ejemplo por la basificación en el sector salud aparece como un conflicto entre los trabajadores precarios del seguro popular y los trabajadores que tienen base, y la discusión del apoyo a los jubilados, dicen, es que son los que se están llevando el dinero. Entonces, tenemos que hacer legítimas las demandas de la jubilación y el derecho a la salud de todos, con toda la explicación ya que la gente no cree que se está privatizando. Hay compañeros en el sector salud que ahora que está privatizado el servicio de laboratorio, está concesionando con nuevas formas el servicio de laboratorio, dicen “no, es que esto no es privatización”, porque están pensando que con la privatización dice un letrero “Se vende y se compra”. Es la mercantilización. Ahí hemos tenido un rezago en la explicación de por qué se está privatizando y, en otro punto muy importante, ¿por qué es mejor lo público que lo privado? En el caso de salud es mucho más sencillo. El criterio de atención médica en un hospital privado es la ganancia. El criterio de atención en un hospital público es el problema de la salud, y las determinantes son las condiciones en que se trabaja. Pero se ha generado una campaña de que el servicio privado es mejor, pero cuando no les alcanzan a resolver el problema se van al sector público, y tenemos un porcentaje grande. El caso más ejemplar de lo que es el sector privado es Estados Unidos. Hay una película que se llama Sicko, de Michael Moore, en donde habla del sistema de salud de Estados Unidos, que es terrible porque el sistema es privado.

Y finalmente, necesitamos organizar la protesta. Creo que la organización de la protesta la tenemos que hacer en términos y en las condiciones, hoy necesitamos revisar la organización y las formas de participación en términos generales, y frente a eso creo que necesitamos repensar el sindicalismo, estamos con un sindicalismo que ha sido golpeado por el modelo neoliberal, pero también ha sido golpeado por la precariedad del pensamiento, no hemos puesto el centro de la atención de los sindicatos en la discusión de lo que es la revaloración del trabajo. Tenemos más de cien años de que se estableció la jornada de ocho horas en el trabajo. Hace cien años, un poco más de cien años ¿En cuánto tiempo se producían cien zapatos? Ahora en menos tiempo, con menos esfuerzo y con menos costo se producen más satisfactores. La revolución técnico-científica no ha sido para satisfacer las necesidades humanas. Hoy un tema del sindicalismo es la redistribución de la riqueza, la redistribución de la riqueza modificando el empleo con la reducción de la jornada laboral. Todavía en los 90 la discusión internacional frente a la crisis era la reducción de la jornada de trabajo. Hoy lo que tenemos es una mayor concentración de la riqueza a costa del empleo y del salario, y el sindicalismo no está actuando sobre este terreno con los trabajadores en activo y menos sobre los jubilados. Hoy este esfuerzo que me parece muy importante que se está comenzando a hacer, es abrir un espacio para que los jubilados tengan un lugar y un papel protagónico en la defensa de los derechos sociales de los activos y de los mismos jubilados.

Terminaría con una perspectiva que también es muy importante, que es la acción internacional. Hace una o dos semanas en Brasil hubo una jornada en defensa de las jubilaciones y pensiones. El nuevo gobierno está continuando con lo de Lula pero está planteando la reducción de las jubilaciones y pensiones. En ese sentido es muy importante que pudiéramos ir estableciendo campañas comunes en defensa de las jubilaciones y la seguridad social.