“Cuando
los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto” (Georg Christoph Lichtenberg).
Ya ve usted que el tema de la seguridad
social está de moda, aunque debidamente encubierto con reduccionismos de
coyuntura. El clamor por los medicamentos que un día se piden y no hay, y después
volver a peregrinar por la farmacia del Isssteson para que le digan que todavía
no está disponible, sigue en todo lo alto, a contrapelo con las declaraciones triunfalistas
del director del Instituto, encaramado en su pedestal y encerrado en una
burbuja donde la empatía carece de lugar. La gracejada de que el abasto está al
90 por ciento sigue estando de moda aunque solamente celebrada por quien lo
dice y por la autocomplacencia de las autoridades estatales que tienen que ver
y opinar al respecto.
Es común y, de hecho, ya forma parte de
nuestras tradiciones conversatorias, traer a colación el asunto del desabasto,
de las promesas que cada dos o tres meses se reiteran con tal seguridad que
algunos todavía se las creen, aunque la mayoría de los ciudadanos dependientes
de este servicio saben que nuevamente se tendrá que dar la marcha, el mitin y
la exigencia de solución a este problema social donde se compromete la salud de
los trabajadores y sus familias.
En este contexto, resulta pertinente
recordar dos eventos, el primero referido a la inauguración de un nuevo Centro Integral
de Atención a la Salud (CIAS) situado en Nayarit y 12 de Octubre (El Reportero,
7.02.2019). Aquí de nueva cuenta la gobernadora resalta el hecho de que a pesar
de recibir un estado quebrado sigue trabajando “sin llorar”, en beneficio de
los sonorenses, como si la queja no fuera una especie de llanto político en
busca del aplauso y la consideración del votante sonorense, como si no fuera
evidente que su gobierno se ha dedicado a la autopromoción y al manejo
mediático de acciones obligadas como pavimentar alguna calle, rehabilitar
alguna escuela, obras de drenaje y
alcantarillado o inaugurar alguna obra, asuntos que bien pudieran ser
anunciados por el presidente municipal correspondiente y no por el Ejecutivo
estatal. Sin embargo, la necesidad de cámaras y micrófonos parece agudizarse en
una especie de crisis de mitad de sexenio (El Reportero, 8.02.2019).
Por otro lado, se tiene la realización del
Segundo Foro de Educación Superior de la Zona Norte de México, celebrado el
viernes 8 en el Centro de las Artes de la UNISON, en el que se emitió un
pronunciamiento por parte de las organizaciones académicas participantes donde
destaca el punto número dos, referido a la seguridad social: “Nos comprometemos
a luchar por nuestro derecho humano fundamental: el derecho a la salud; que,
por incompetencia, corrupción y desdén por las obligaciones fundamentales del
Gobierno Estatal, se encuentra hoy comprometido con la crisis artificialmente
inducida del ISSSTESON. Nos pronunciamos por un rescate efectivo de la
institución y el mejoramiento de los servicios, en base a compromiso claro del
Estado y la recuperación de los recursos malversados y no aportados por las
instituciones obligadas” (Staus en línea, 8.02.2019).
Como se ve, existen dos visiones sobre el
mismo asunto: la que evade culpas sea pateando el bote de las responsabilidades
hacia el gobierno anterior, o hacia los propios derechohabientes, las organizaciones
sindicales o las instituciones que “pagan de menos” como ridículamente se difamó
a la UNISON a pesar de que ésta paga lo que está estipulado en su contrato con
ISSSTESON; y la que señala al propio gobierno como al verdadero responsable de
la crisis, una crisis inducida cuyo origen está en la corrupción, tanto como en
la irresponsabilidad de quienes lo han administrado.
Es importante señalar que el gobierno incurre
en responsabilidad legal ya que la propia Ley 38 orgánica del ISSSTESON señala
en su artículo 116 su obligación de proveer lo necesario para la subsistencia
del Instituto en caso de algún eventual quebranto. Es claro que la
administración estatal no puede ni debe evadir sus responsabilidades mediante
el ridículo expediente de transferir culpas y responsabilidades o esperar a la
eventual venta de bienes públicos, que son patrimonio del pueblo de Sonora y
que, en todo caso, debieran tener una utilidad social y no servir para negocios
privados. Aquí tenemos el curioso y facilón caso de sólo cargar la culpa al “gobierno
anterior” y, sin embargo, retomar las propuestas de solución ofrecidas por ese
mismo gobierno.
El Ejecutivo parece ignorar que una forma de legitimar
su ejercicio es a través de la capacidad de gestionar y ofrecer soluciones con
claro beneficio social, de generar bienes y servicios de acuerdo con las
necesidades presentes y futuras de la comunidad y de actuar siempre en estricto
cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales. La simulación, el
engaño, la manipulación y la demagogia nada tienen que ver con lo que los
ciudadanos esperan de quienes están a cargo del gobierno y la administración
pública.
La comunidad académica y el resto de los
usuarios de los servicios del ISSSTESON difícilmente van a seguir aceptando
disculpas, promesas y explicaciones desgastadas por su uso frecuente; no va a
ser posible hacer comulgar con ruedas de molino a una enorme masa de
derechohabientes permanentemente frustrados en su búsqueda de soluciones a los
problemas acuciantes de la salud y la seguridad social. Recordemos que sólo el
pueblo puede salvar al pueblo.
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