“Después
de la lucha por la vida, la única batalla que se debe librar es contra la
ignorancia” (Anónimo).
Como suele ocurrir cuando las
organizaciones de los trabajadores debidamente registradas ante la autoridad
competente se apegan a la ley para defender sus derechos, no falta quién diga
que se trata de un acto que atenta contra los fundamentos mismos del sistema y
que afecta enormemente la paz social y los derechos de terceros. Como el sagaz
lector habrá captado, me refiero al ejercicio del derecho a huelga.
Los patrones o representantes legales de
las instituciones “afectadas” chillan como marranos atorados en sus respectivos
esquemas de condescendencia con las políticas recaudatorias, regresivas y lesivas
a los intereses de los trabajadores, parte activa en las funciones
institucionales y pasiva en el disfrute de reconocimientos, derechos y
prestaciones derivadas de su esfuerzo productivo. Sus lamentos se escuchan a
kilómetros de distancia y no se sabe si son producto de una seria convicción o
simplemente una emanación de la descomposición del sistema al que pertenecen y
al que terminan sirviendo por obra y gracia de la limitación presupuestal
impuesta por el criterio mercantil que domina la cosa pública.
Por desgracia, los estudiantes de las
instituciones en conflicto se alinean con el trivial criterio patronal y
terminan actuando como “clientes” que, aunque reciben educación en espacios
públicos, no entienden que al concluir su proceso formativo pasarán a formar en
las filas de los desempleados, subempleados y trabajadores sin derechos gracias
al esquema del outsourcing, a la tercerización de la economía y al carácter
cada vez más acentuado del trabajador como producto desechable. Aquí, la
dignidad humana y los derechos del trabajador pasan a ser una consideración
molesta y contraria a la lógica mercantilista que se imbuye en las mentes de
los futuros explotados. Los futuros profesionista asumen actitudes de patrón y
exigen su “derecho a la educación” en un acto de legitimación de su futura
desgracia por la vía de la marginación económica y la exclusión social. Son,
lamentablemente, idiotas útiles del sistema en vez de ser factor de
transformación de sus instituciones y, sobre todo, de la mejora de las condiciones
de vida y futuro de los trabajadores. En el aquí y ahora de quienes niegan la
fatalidad natural de envejecer, de ser simples trabajadores y no gerentes de
empresa, o desempleados con títulos y constancias, el futuro es color de rosa y
la realidad es un caso especial con el que no tienen ni tendrán que ver en sus
vidas… hasta que el destino los alcanza.
Como usted sabrá, los académicos de
diversas universidades y centros de investigación y estudios superiores se han
manifestado por un mayor presupuesto para la ciencia, ninguneada por las
extrañas prioridades de una serie de gobiernos donde la apariencia puede más
que los hechos concretos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones
constitucionales. Es público y notorio que las instituciones educativas de
todos los niveles sufren de una carencia crónica de recursos, de donde la labor
científica y la docencia de alto nivel simplemente no pueden desplegar sus
beneficios y terminan cayendo en la categoría de changarros vendedores de
chatarra que dejan las funciones esenciales en manos de consorcios extranjeros
o, de plano, tiene que confesar que el carácter de nuestra ciencia y educación
es simplemente decorativo dado que el peso mayor lo llevan los productos
extranjeros que importamos en ciencia y tecnología como buen país de maquila ligado al mercado extranjero,
particularmente gringo. El elemento clave del discurso oficial que menciona a
cada rato la palabra “excelencia”, es el cinismo. La autocomplacencia es su
complemento infaltable.
En este contexto se dan las revisiones
salariales y contractuales de las instituciones de educación superior e
investigación, lo que da la pauta de qué clase de futuro puede tener un país
que no invierte en sus propios recursos humanos, como no lo hace en salud,
seguridad social y empleo decente.
Recuerde que la huelga es un recurso
legal y legítimo de los trabajadores, logrado por generaciones que lucharon
para que usted como asalariado, y sus hijos, tengan mejores condiciones de
progreso y bienestar. Nadie busca por frivolidad o capricho la suspensión de
actividades en un centro de trabajo y sólo se acude a ella cuando la cerrazón
de las autoridades obliga a la defensa del bienestar familiar y lo que, en
estricto derecho, corresponde a los trabajadores.
La lucha de los universitarios es la de
las clases trabajadoras, del futuro de nuestros hijos, y es, en suma, la del
país. ¿Qué razones válidas podría haber para que no apoyemos esta causa y
actuemos en legítima defensa? Corrijamos, entre todos, los errores ortográficos
y conceptuales del sistema.
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