“Las
huelgas, cuando quiera y donde quiera que surjan, merecen el respaldo de todos
los compañeros de trabajo. Ellas muestran que la gente está empezando a conocer
sus derechos, y conociéndolos, se atreven a mantenerlos” (Benjamin Tucker).
El 1 de mayo es un día altamente
significativo para quienes gustan recordar fechas heroicas sin sudar ni
despeinarse. La lucha de los trabajadores por mejores condiciones de trabajo,
humano y justamente retribuido garantiza hoy la protección legal que debe disfrutar
quien tiene un empleo formal, es decir, con reconocimiento de antigüedad, salud
y seguridad social, lo cual no se hubiera logrado sin la acción colectiva de
los trabajadores que hoy consagra el derecho laboral y que se conoce como el
derecho a huelga que garantiza el reclamo y la acción de quienes hacen posible
la vida económica, política, cultural e histórica de la nación en aras de
mantener el alma pegada al espinazo.
El derecho laboral en general y el de
huelga en particular garantizan la moderación de los afanes de lucro y los
abusos de los empresarios siempre deseosos de que las cosas les salgan gratis,
o de las instituciones públicas y privadas que tienen la idea de que deben
reducir costos por la vía de estrangular el ingreso de los trabajadores, o de
los ciudadanos que siendo empleados piensan y actúan como si fueran los
patrones y defienden la explotación de la fuerza de trabajo por medio de las
artes oscuras del descrédito social que fluye en expresiones como “otra
vez en huelga, huevones pónganse a trabajar”, “si no les gusta este empleo pues
renuncien y búsquense otro”, “otra vez paralizando la escuela, qué no piensan
en el derecho a la educación de los jóvenes”, “deberían cerrar la universidad,
correr a todos y empezar de nuevo”, “el gobierno debe promover leyes que
restrinjan el derecho a huelga”, “no debe permitirse que se paralicen las
actividades así nomás”, “la paralización de las actividades es ilegal y habrá
medidas disciplinarias”, “la huelga es un recurso obsoleto y deben buscarse
formas de presión que no afecten intereses de terceros”, entre muchas más que
usted seguramente conoce y que el gobierno recoge con mal disimulado entusiasmo.
En México tenemos una situación económica
general de escalofriante surrealismo, ya que más de la mitad de los niños de 11
años está en situación de pobreza, lo cual no es extraño si consideramos que el
57 por ciento de la población se encuentra en la informalidad mientras que, del
total de la población, sólo el 53.7 por ciento tiene acceso a instituciones de
salud. De la población ocupada, sólo el 3.4 por ciento tiene ingresos que
permiten acceso a condiciones de bienestar, mientras que el 20.6 por ciento
vive en la precariedad absoluta y menos del 35 por ciento de los que tiene un
empleo están afiliados a un sistema de pensiones para el retiro. Como dato
final, solamente el uno por ciento de la población ocupada tiene ingresos
superiores a 10 salarios mínimos (Coneval).
Como usted podrá imaginar, las
condiciones del 99 por ciento de la población mexicana ejemplifican claramente
un conjunto humano susceptible de caer en la manipulación criminal o en acarreo
político-electoral por razones de desesperación, abandono y baja autoestima,
pérdida de sentido de la realidad o anestesia moral. La gente sufre carencias
de toda índole, carga con su existencia en el día a día de quien no tiene
esperanzas, en espera de lo que caiga, dispuesto a dejarse llevar por el primer
señuelo monetario que se le presente, donde están incluidos los trabajos
propios de la delincuencia ocasional o de subsistencia, la incorporación a
actividades ilícitas en forma organizada, el servicio de paleros y apoyadores
de políticos con despensas, materiales de construcción a la mano y eventuales
tarjetas de débito cargadas de míseras cantidades que seducen por la
fascinación del plástico y su posible convertibilidad en artículos para el
hogar o alimentos. Al precarismo económico sigue el moral y político, donde la
conciencia ciudadana solamente resulta una molestia para la víctima del sistema
que lo degradó.
Este deterioro de la dignidad y
adormecimiento de la conciencia puede y debe ser revertido mediante un
ejercicio colectivo de defensa legítima de los derechos de los trabajadores y
los ciudadanos donde la educación sindical es fundamental. En el mundo laboral,
la lucha por el empleo y el ingreso decente es prioritaria y la forma última de
defensa es la huelga. La huelga representa el ejercicio legal, político e
histórico de un derecho irrenunciable y su entendimiento hace crecer al
sindicato y, eventualmente, a la propia empresa.
Estamos en un mayo preelectoral, donde
los candidatos del viejo sistema explotador fingen reclamos y suman puntos de
convergencia contra quien amenaza con destapar cloacas y enderezar renglones.
Siendo un momento señaladamente político, las organizaciones de trabajadores no
debieran temer reflexionar y asumir una posición crítica respecto a sus
condiciones generales de trabajo, a su nivel de ingreso, a los logros en
materia de bienestar y seguridad social, al respeto a sus contratos colectivos,
y a la honestidad y compromiso de sus cuadros dirigentes. Su deber es luchar
para avanzar.
La conmemoración del 1 de mayo no debe
ser un mero espectáculo donde las cúpulas ven marchar a sus empleados, escuchan
sus demandas, aguantan sus protestas y eventuales exabruptos. Debe ser la
celebración de la voz y la voluntad de los trabajadores que se levanta en
defensa de la dignidad de quienes hacen posible la producción y el progreso de
la sociedad con su esfuerzo cotidiano. Debe ser una advertencia contra los
abusos y la falta de respeto a los contratos colectivos y las condicione
generales de trabajo, por parte de una clase trabajadora que entiende su papel
transformador en la historia y que lo asume con valor y determinación. El 1 de
mayo debe ser, simplemente, la manifestación pública de una ruta que se recorre
todos los días. Tratemos de conciliar el ser con el deber ser y demostremos
conciencia y voluntad de cambio. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
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