“Daño no hace quien su derecho usa” (máxima del derecho romano).
Regresan los
chicos a la escuela en medio de rugosas expectativas y premoniciones ligadas a la
posible ausencia del maestro que se opuso a la reforma punitiva laboral que
pasó por el poder legislativo como “educativa”; vuelven los paseantes adictos
al reventón que obra como anexo y que pinta de colores nuestra inveterada
propensión a imitar los usos y costumbres de los jóvenes gringos, que hacen del
asueto tiempo y espacio para mostrar la verdadera cara de su decadencia como
sociedad.
Por estos
rumbos, se contabiliza la derrama económica que cae por gravedad en las costas
mexicanas, con abundancia de dólares y vomitonas anglosajonas que se mezclan
con las flatulentas y supurantes parodias de diversión que escenifican nuestros
autóctonos muchachos debidamente colonizados culturalmente. Sexo, alcohol y
drogas bajo la estricta vigilancia de la autoridad competente que cuida y
protege los intereses mercantiles asentados en el paisaje turístico local.
Somos una economía abierta y dependiente, como las prostitutas trotonas, las de
punto y los lenones que fungen como autoridad que administra y dispone del
cuerpo y las aspiraciones de la carne en venta.
Pero, como toda
justificación que no lo es, “nuestra economía ya no depende del petróleo”
(Videgaray dixit), lo que debemos celebrar con la embriaguez social que mejor
acomode. La apertura comercial parece suponer que nosotros y ellos tenemos las
mismas condiciones, que los aparatos productivos son similares, que la
superioridad tecnológica, financiera y comercial no es tanta y que los niveles
de educación y especialización son, al igual que las oportunidades de trabajo e
ingreso, competitivas. Si ya no dependemos del petróleo, ¿de qué es ahora, si no
de los intereses depredadores de las trasnacionales y los organismos
financieros internacionales? Si no
dependemos de nuestros recursos y capacidad productiva, de nuestra organización
agrícola, industrial y comercial, de nuestro sistema educativo y desarrollo
científico y tecnológico, ¿de qué de más podemos hacerlo fuera de la ridícula
situación de ser una colonia de explotación trasnacional? Será por eso que el
gobierno decreta recortes al gasto público que afectan al campo, la salud y la
educación.
¿Para qué se van
a canalizar recursos a los sectores productivos si la política económica está
diseñada para hacer de México un país cliente en materia de alimentos,
medicinas, seguridad pública y justicia, seguridad social y normas legales de
observancia general? Es claro que una colonia no requiere ni política
económica, ni normas legales, ni formas de organización social, ni productivas
propias. Simplemente adopta los modelos que provee la metrópolis de la cual
depende. En ese sentido, las “reformas estructurales”, las legales, las
prácticas, procedimientos y “protocolos” que se imponen en la nación y la
entidad, “al estilo americano”, simplemente viene a confirmar la calidad
gerencial del gobierno y sus esfuerzos por hacer encajar las piezas que caen
del exterior (EE.UU., FMI, BM, OCDE) en el sitio correcto de nuestro Tetrix
nacional.
Los recortes
programados y las recetas de la OCDE también abarcan la seguridad social en un
punto altamente sensible: las pensiones de los trabajadores son el blanco tanto
de depredadores bancarios como del gobierno que juega a la ruleta con el ahorro
generado. Las Afore han demostrado que sus pérdidas carecen de justificación económica
y social, que se trata de un negocio irresponsable avalado por el gobierno y
bendecido por la Suprema Corte. Para los ministros no hay problema con el
anatocismo (cobro de intereses sobre intereses), las pérdidas en el ahorro
pensionario, como tampoco en reducir la pensión de los trabajadores a niveles
de infra subsistencia. El máximo tribunal no garantiza la legalidad de las
medidas sino su aceptación cómplice. Se aprueban leyes por el simple expediente
de su interpretación mecánica, literal, sin contexto histórico, social, ético.
Se parte de una idea abstracta de sociedad y de convivencia, que termina
prostituyendo la vida cotidiana y destruyendo valores y principios. La
irresponsabilidad del poder judicial es correspondiente a la del legislativo y
el ejecutivo. Cosas de la vida dependiente de una colonia que formalmente
aparece como estado libre y soberano. La moral pública sale sobrando cuando la
corrupción es manifestación de logro.
Si esta es la
mentalidad dominante, ¿a quién le puede extrañar que haya desprecio de las
autoridades hacia los trabajadores, sus organizaciones y los contratos
colectivos de trabajo? ¿Acaso no es funcional al sistema que, por ejemplo, un
rector universitario firme un contrato colectivo, para después violar sus
cláusulas? La moral no está en las relaciones de los sujetos, en la conducta
personal y profesional, sino en las constancias de acreditación, los ISO, la
vigencia del formato y la acumulación de puntajes para recibir lo que el doctor
Manuel Gil Antón llama aportaciones monetarias condicionadas.
La institución
universitaria, gracias a un marco normativo cargado hacia la forma con
desprecio al contenido, a las aportaciones condicionadas a la implementación de
programas y criterios federales y locales, a la precarización de los títulos y
los planes y programas de estudios, al empobrecimiento del discurso académico y
la vida universitaria, junto al
deterioro del poder de compra y las condiciones de vida de los académicos,
termina encajando cada vez más en el Tétrix de la dependencia nacional. Las
piezas de nuestra negación van cayendo por gravedad. Pero, si el sistema económico
agobia las múltiples expresiones de nuestra nacionalidad, aún resulta un hueso
duro de roer la conciencia de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
El sindicalismo
independiente representa un bastión de resistencia de la inteligencia, por la
integridad y el decoro de las instituciones, donde cabe destacar la importancia
de los sindicatos universitarios STAUS y STEUS en las luchas por el
mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de sus agremiados.
En este
escenario, la reacción de las mentalidades colonizadas por el sistema podrá
atacar y tratar de descalificar la lucha de los trabajadores, actualmente en
período de pre-huelga; podrán decir frívola e irresponsablemente que son flojos
y que ya se pongan a trabajar, que viven muy bien y quieren más, que ya basta
de huelgas, que vale más correr a los que protestan y reclaman lo que
legalmente les corresponde.
Cabe esperar
mayor conciencia de parte de los ciudadanos comunes que sufren, como los
universitarios, los abusos del sistema, así como mayor apoyo y solidaridad de
los estudiantes y de sus familias. La moneda está en el aire y el tiempo
avanza…
No hay comentarios:
Publicar un comentario