El problema de fondo

En el portal de la Universidad de Sonora aparece el 19 de marzo la nota informativa donde el rector explica las causas de la huelga, y en ella destacan los siguientes dos párrafos:

El problema de fondo, añadió el rector Grijalva Monteverde, es que esta Rectoría no está de acuerdo con la práctica recurrente de ambos sindicatos de cerrar la Universidad y suspender actividades como método normal de presión ante cualquier diferendo con las autoridades, y de tener cada año a la institución contra la pared.

El negociar bajo este esquema de presión ante la toma de instalaciones o la inminencia de una huelga, ha llevado a la Universidad a ser rehén de sus sindicatos. Contrario a lo que se esperaría, la experiencia nos señala que aun cuando la institución, a través de los años, ha cedido a las peticiones y demandas, las dirigencias sindicales siguen promoviendo la huelga como su primer opción de negociación (http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=16600).

De acuerdo a lo anterior, puede interpretarse que no es posible que la huelga vaya a terminar en el corto plazo ya que para el representante legal de la institución la negativa al diálogo con los sindicatos obedece más bien a una especie de correctivo disciplinario. En otras palabras, el rector les está dando una lección a los sindicalistas para que en lo sucesivo se lo piensen dos veces antes de osar ejercer los medios de lucha y presión que la propia legislación laboral permite. 

Así las cosas, el rector, en un esfuerzo didáctico, parece empeñado en dejar un legado imperecedero a la institución que por segundo período representa: la administración puede valerse de la suspensión de actividades para demostrar que los sindicatos son los únicos incapacitados para hacerlo, y que sólo corresponde a la autoridad decidir el tiempo y las causas de la suspensión. En cuanto a los estudiantes, solamente serán tomados en cuenta para usarlos en apoyo a la administración contra los intereses y acciones de los trabajadores.

La masa ciudadana no es problema, ya que por atavismos propios de su condición de televidentes de Televisa y TV Azteca, bien pueden pasarla con la idea de que la autoridad siempre tiene la razón y que los trabajadores son flojos, conflictivos y antihigiénicos, a los cuales hay que disciplinar mediante el fácil y cómodo expediente de no verlos ni oírlos, ignorando intentos de comunicación oral y escrita, asambleas, marchas, reclamos de diálogo, y solicitudes de retomar la vía de la negociación. Los ciudadanos por defecto siempre le darán la razón y todo argumento carecerá de peso ante la demoledora revelación de que ellos son los que siempre “recurren a la huelga como primera opción”. 

¿Se ha puesto usted a pensar en qué haría en caso de que el patrón se sirva ignorar sus reclamos? ¿Le bastaría con saber que es un simple empleado y que nada puede contra su jefe? ¿Temería protestar y tomar las instalaciones temporalmente para llamar la atención de la autoridad que lo ignora y se pitorrea de usted por sistema? ¿Vería mal que la autoridad no acceda a dialogar con los trabajadores a fin de llegar a un acuerdo y evitar que la cosa llegue a mayores? ¿Estaría de acuerdo en que la prudencia y el respeto son claves para llegar a acuerdos favorables para las partes? ¿Usted cree que las huelgas son evitables si hay comunicación entre patrones y trabajadores?

Mientras que los trabajadores tratan de hacer valer sus derechos y explican a la comunidad sonorense sus razones y las incidencias de la huelga, y tratan de informar a los estudiantes sobre estos aspectos, el señor rector no cede, porque, según insiste: “no negociamos bajo presión”.

Al parecer, la realidad democrática y de respeto a los derechos humanos que preocupa al grueso de los actores políticos en el nivel nacional e internacional, no ha llegado a convencer al señor rector, quien sigue encerrado en su burbuja de autoritarismo trasnochado y patético. La sociedad sonorense reclama capacidad de negociación, inteligencia y tino para llegar a soluciones que armonicen lo posible con lo deseable.

¿El “problema de fondo” del actual conflicto realmente puede ser solucionado con la misma dosis de torpe intolerancia que atribuye al sindicalismo universitario? ¿Habrá alguien en su círculo inmediato que sepa de historia universitaria y de derecho social y laboral? ¿Tendrá idea del penoso y triste papel que está representando?

A pesar del malhadado manejo del asunto, cabe la esperanza de que el señor rector nos de otro tipo de lección: la de amor a su institución y responsabilidad en el ejercicio de esa pequeña porción de poder de que gozan quienes ocupan el cargo que actualmente ostenta. Su autoridad y pertinencia dependen de lo que decida de aquí en adelante y, sin duda alguna, el camino del berrinche y la cerrazón no son las mejores vías para que una administración se califique como afortunada. El tiempo apremia.

Huelga y conciencia

Gracias a la huelga universitaria nos enteramos de cuánto ha cambiado la idea de los estudiantes acerca de la realidad. En otros tiempos, no tan lejanos, los jóvenes procuraban enterarse de las incidencias de la huelga, los motivos, el derecho que asistía a los trabajadores, lo que se podía hacer para apoyar el movimiento sin interferir en él; ahora algunos se manifiestan con argumentos más propios de la parte patronal, recurren a recursos de carácter legal para frustrar la lucha laboral y promueven amparos, con lo que objetivamente están contra el ejercicio de un derecho consagrado por la legislación y, por ende, en apoyo a la administración universitaria que endurece su postura y ataca en distintos frentes periodísticos a los huelguistas tratando de desacreditar su lucha.

Las declaraciones del rector de la Universidad de Sonora revelan una insidiosa voluntad destructiva al trivializar los frustrados intentos de negociación de los trabajadores ya que la institución “no cederá a presiones”. En el discurso de la administración muchas veces repetido por los medios de comunicación reluce el desprecio, la irritación y una terquedad inusual en quienes han ocupado el cargo de rector universitario. Se construye una imagen caprichosa e irresponsable del sindicalismo, de individuos que no tienen llene ni conciencia institucional, de prácticamente salteadores que tienen “secuestrada” a la institución y que sólo la mano firme del que dice categóricamente que “no va a negociar” en esas condiciones la puede salvar.

El rector transmite hartazgo, indignación y una determinación que pudiera resultar convincente si no fuera porque en la universidad las cosas funcionan de manera distinta de como las plantea. Dice que los sindicatos tiene como primera opción de negociación la huelga, para rematar con la afirmación de que no existen elementos que justifiquen su estallamiento y su sostenimiento. Ignora de cabo a rabo las veces que la administración ha dejado plantado a los trabajadores en la mesa de negociaciones, los pretextos para cancelar reuniones y la injustificada ausencia de interlocución para con el sindicato. No menciona que la administración se ha negado a siquiera recibir documentos que venga del sindicato y que la política ha sido de puertas cerradas y oídos sordos a los llamados a sentarse a la mesa a discutir las posibles salidas al conflicto.

En cambio, la administración se esfuerza por trivializar la huelga, sus motivos y su dinámica. Niega la razón que asiste a los huelguistas y trata de aparentar que es producto del capricho y la falta de compromiso con la institución. Pone por enfrente de la opinión pública a los miles de estudiantes que se encuentran sin asistir a clases, en calidad de víctimas a quienes se les afecta casi intencionalmente, por el simple hecho de que los trabajadores ejercen su derecho a suspender temporalmente las actividades de la institución en la que prestan sus servicios. Alientan las autoridades la falsa y peligrosa idea de que los jóvenes deben oponerse a los trabajadores porque con ello están defendiendo su universidad, su derecho a estudiar, su deber de futuros profesionistas, sin aclararles que nadie les coarta ese derecho, que la suspensión es temporal y que nada tiene que ver con el derecho al estudio, ya que lo conservan y permanece mientras que el alumno cumpla con las disposiciones establecidas en el reglamento escolar.

La apariencia firme del rector suena a broma pesada si pensamos en la extrema debilidad que la administración ha manifestado al no ser capaz de reclamar categóricamente el monto del subsidio que legalmente le corresponde y que el gobierno del Estado no ha sido capaz de otorgarle. La administración universitaria no ha abierto la boca para reclamar la parte que le corresponde a los servidores universitarios de los más de mil millones de pesos que faltan en el fondo de pensiones del Isssteson; nada ha dicho ni hecho para intervenir en favor de los trabajadores universitarios que se han quejado por el pésimo servicio de salud que reciben, por la ausencia de medicamentos y materiales necesarios para su atención hospitalaria. No se ha movido un solo dedo para señalar las carencias y fallas en el servicio de Isssteson ni mucho menos para exigir que se investigue el desfondo y se deslinden responsabilidades.

El silencio de rectoría ha sido un silencio cómplice, omiso de responsabilidades institucionales, débil y medroso a la hora de exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de Sonora para con la Universidad. En cambio, se lanza contra los trabajadores, despotrica contra el derecho a huelga, se niega al diálogo, se refugia en la imagen institucional para blandirla contra sus trabajadores. En estas circunstancias vale preguntar quién secuestra a quién.

Llama la atención que siendo un universitario, el rector olvide cómo es la vida cotidiana fuera de las refrigeradas y cómodas oficinas del edificio principal, qué se siente recibir el sueldo de un simple maestro, sin firma en restaurantes ni secretarias, guarura o chofer y trasladarse en un vehículo compacto en vez de navegar en una burbuja refrigerada con espacio y comodidades como para trasportar a una familia de seis miembros, subrayando la diferencia entre un Nissan o un bocho y una Suburban.

Para el rector la huelga no tiene justificación, la Secretaria Administrativa está bien y los trabajadores están mal. Desde la comodidad de una posición que le fue concedida por la Junta Universitaria bien puede ignorar a los simples mortales que trabajan en la institución que representa legalmente, por eso puede decir en una expresión radical de autismo administrativo: “no cederemos a presiones”. La comunidad es lo de menos, los estudiantes pueden caer víctimas de la tensión nerviosa, acelerarse y servir de carne de cañón contra los trabajadores y a favor de la administración que parece imposibilitada a “ceder” y sentarse  a la mesa de las negociaciones. Los que sufren las consecuencias son otros, la administración vive en su propio planeta y bajo sus propias determinaciones.

El drama universitario se define por la desarticulación de sus partes, por la distancia que se incrementa entre administración y comunidad académica, trabajadores manuales y administrativos y estudiantes. Pero, como el rector afirma con energía fotogénica, “no cederemos a presiones”. Mientras esto ocurre, 30 mil estudiantes empiezan a entender que el diálogo y la negociación sólo se dan cuando una de las partes es puesta de rodillas y alguien demuestra quien es el jefe. El garrote de la ley aplicado al gusto del patrón siempre ha sido un recurso apreciado por las dictaduras. ¿Un neoporfiriato universitario, o simplemente un paso más hacia la instauración del modelo neoliberal en la universidad? La coincidencia es mucha como para no llamar la atención.

Diálogo en la Universidad

“Un diálogo describe una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es una discusión o contacto que surge para lograr un acuerdo” (www.definición.de/dialogo).

Con el ánimo de propiciar el necesario encuentro entre administración universitaria y sindicato STEUS, los trabadores académicos de la Universidad de Sonora convocaron a un diálogo que reunió a estudiantes, académicos, trabajadores manuales y ciudadanos comunes, faltado la presencia de los funcionarios, diputados y representantes de la administración universitaria. La cita fue frente a las instalaciones de la Alma Mater, en la plaza Zubeldía, a la que acudieron una buena cantidad de personas auténticamente interesadas en la solución al conflicto que el viernes 14 cumplió dos semanas.

Las participaciones de los estudiantes, trabajadores y académicos coincidieron en un punto importante: la huelga es legal y los reclamos son justos, y existe la voluntad de apoyar a los sindicalistas en huelga sin dejar de lamentar la ausencia de la parte representativa de la administración que encabeza el rector Heriberto Grijalva Monteverde.

En ningún momento se observó la negativa a intercambiar puntos de vista sobre posiciones político-laborales, sino que privó el respeto y el ánimo de solucionar los problemas y regresar de nueva cuenta a las labores propias de la institución universitaria, de lo cual dieron fe los estudiantes y trabajadores que expusieron sus puntos de vista sobre el tema convocado.

Tras poco más de dos horas, se dio por concluido el encuentro y reiterando su llamado a las autoridades para que asistan de cara a la sociedad a dialogar de manera libre, respetuosa y universitaria. Se espera, entonces, que la administración universitaria de la cara, se digne retomar el diálogo con los trabajadores y que honre la preocupación que dice sentir por los estudiantes en el terreno de los hechos.

A pesar de la disposición de la parte sindical, la rectoría parece empeñarse en desairar los llamados al diálogo mediante declaraciones suficientemente claras y tajantes: “no cederemos a presiones”. Al parecer la burbuja de vanidad, desprecio y cerrazón se resiste a estallar y dejar al descubierto lo que queda del espíritu universitario que probablemente existió en las mentes de los funcionarios administrativos de la Máxima Casa de Estudios de Sonora.

Ante esta situación, resulta ridículo no tomar una posición a favor de los trabajadores, ya que tratar de permanecer neutral sólo se explicaría mediante una actitud socialmente indolente y decidir estar en contra significaría que la parte patronal cuenta con la justificación social de atropellar los derechos de los trabajadores. Es en este sentido que quien esto escribe se pronuncia a favor del sindicalismo universitario, y más considerando que la clase trabajadora es quien tiene y debe tener los mejores derechos históricos en la transformación de la sociedad.

Industria textil

La historia nos enseña que no ha sido la clase gobernante y sus intereses los que han transformado a las sociedades humanas en un sentido progresista y con claro compromiso humano: han sido las masas oprimidas quienes han determinado el rumbo de la totalidad social en busca de mejores condiciones de vida y eso, junto con el hecho innegable de que los trabajadores han aportado las innovaciones técnicas y científicas que permitieron el gran salto tecnológico de la época antigua a la modernidad no sólo productiva sino social y política del mundo que hoy tenemos. ¿Quiere algunos ejemplos? Baste recordar algunas de las revoluciones tecno-científicas y políticas que han definido lo que somos: la Industrial inglesa, la francesa, la independencia de Estados Unidos; la revolución bolchevique, la mexicana, así como en su dimensión el movimiento huelguístico de cananea; la expropiación petrolera cardenista; así como la revolución cubana y la islandesa.   

Revolución Francesa

De hecho, el sistema que domina en una sociedad tiende tarde o temprano a generar contradicciones cada vez más profundas y antagónicas, lo que lleva al estallido social y a las grandes transformaciones que conforman una nueva mentalidad acerca del cómo y para qué hacer las cosas. El pretender que los sistemas sociales son estáticos, que son de una vez y para siempre es, por lo menos, una ingenuidad histórica y un absurdo intelectual. La sociedad se mueve, cambia, se transforma y no lo hace por obra de algún espíritu mágico, sino por el trabajo que forma al hombre nuevo que impulsa una sociedad nueva también.

Si hoy los trabajadores están en lucha por mejores condiciones de vida y de dignificación de su clase social, debemos entender que la historia no se detiene y que los sistemas no son ahistóricos, de donde es fácil concluir que la lucha social es una necesidad transformadora de la humanidad, y un acto de legítima defensa de nuestra esencia como seres inteligentes y racionales. No se puede ser imparcial en asuntos que atañen a nuestra naturaleza social y humana.

Revolución Mexicana

El apoyo al sindicalismo universitario y, en general, de los trabajadores mexicanos tiene el aval irrefutable de la historia social y política de las naciones por mejores condiciones de vida y de respeto a los derechos humanos fundamentales. No podemos permanecer imparciales ante el avance social so pretexto de lo “políticamente correcto”, y condenar nuestra inteligencia a la muy anodina y artificiosa condición de simple espectador.

Estimado lector, apoyar a los trabajadores en lucha es apoyar a la totalidad universitaria como ente social transformador, es apoyar la formación de nuestros hijos como ciudadanos conscientes de su papel social y político, lo que de seguro contribuirá en la construcción de una sociedad justa e incluyente. Cabe recordar que el futuro laboral de los estudiantes depende de los logros de los trabajadores de hoy. 

Los costos de la huelga

No hay duda que entre más se vive más se aprende. Ahora tenemos la increíble oportunidad de seguir paso a paso las incidencias del acontecer universitario a través de la transparencia de los costos de un evento laboral que, a estas alturas, se tiñe con los colores parduzcos del fascismo de guarache instalado en la administración de la Universidad de Sonora.

En efecto, la administración universitaria nos revela que la huelga cuesta diariamente dos millones de pesos. Que el pago de nómina del STEUS representa algo así como 850 mil pesos diarios y que estos son irrecuperables toda vez que la institución encuentra paralizadas sus actividades.

Por otra parte, la rectoría en voz de la Secretaria General Administrativa manifiesta que el pago de salarios caídos durante el período de inactividad corre peligro, “porque es política nacional”, y en ese tenor insta a los trabajadores a levantar la huelga o por lo menos llegar a un acuerdo que deberá por la fuerza de la gravedad caer en lo mismo: el abandono del derecho a huelga por lo que parece una curiosa mezcla de argumentos financieros y de imagen pública ya que se alude el “prestigio institucional” y la voluntad hasta ahora discretamente oculta de negociar con los trabajadores.

Las declaraciones han sido suficientemente confusas como parece ser la idea de universidad que exhiben sus representantes. Por una parte se esgrime el argumento lacrimógeno de que los más perjudicados son los estudiantes, sin reparar en el hecho de que los trabajadores ejercen su derecho a huelga por tener, justamente, la convicción de que su contrato ha sido violado y que, siendo los directamente perjudicados, la ley los faculta a manifestarse de ésta y otras maneras en reclamo a la reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Por lo anterior, surgen varias interrogantes a las que, supongo, las autoridades tendrán alguna respuesta sin que las preguntas corran el riesgo de ser declaradas inexistentes: ¿por qué se habla de costos diarios y al mismo tiempo del “riesgo” de que el salario de los trabajadores en paro no sea pagado? Si son costos quiere decir que la parte patronal los asume como propios toda vez que figuran en el presupuesto de egresos de la institución y, por tanto, de pago obligado porque responden a una obligación contractual que, dicho claramente, se entiende legal.

Es verdad sabida que el pago de salarios caídos es una obligación de la parte patronal al momento de levantarse la huelga y, de hecho, es una de las condiciones para que tal cosa ocurra. Entonces, ¿por qué se habla del no pago y al mismo tiempo de los costos implícitos en el cumplimiento del pago? ¿Por qué borrar la experiencia laboral de la UNISON y su relación legal con los sindicatos y enderezar una campaña de desprestigio contra la organización de los trabajadores al acusarlos de daño en patrimonio e imagen?

¿Por qué decir que se tiene la voluntad de negociar y al mismo tiempo se promueve un recurso de inexistencia de la huelga, cuestionando su legalidad frente a la opinión pública sonorense? Si es ilegal, entonces ¿cuál es el afán de aparentar ánimo negociador? ¿Por qué amenazar a los trabajadores con la retención del salario siendo que las relaciones entre éstos y la institución se rigen por un contrato colectivo? ¿A qué hora la Universidad se convirtió en una empresa privada donde a los trabajadores se les paga por día trabajado y sin contar con garantías laborales que supongan obligaciones de ambas partes como las establecidas en los contratos vigentes?

Resulta preocupante y francamente absurdo el argüir que el prestigio de la institución depende de la existencia o no de huelgas y paros laborales. La Universidad no requiere de este tipo de defensas que rayan en lo ridículo. De lo que requiere es de una administración sensata, respetuosa de sus principios y valores, de los derechos de sus miembros, celosa de sus responsabilidades y dispuesta a cumplir con el deber de trabajar en apoyo a la creación y difusión del conocimiento, la cultura y la extensión. Es decir, una administración que verdaderamente responda a las características y necesidades de la institución que a lo largo de las décadas ha formado ciudadanos íntegros y socialmente útiles. Al parecer hay distancia entre este modelo de administración y la que realmente se tiene.

En este ambiente artificialmente ríspido vale la pena replantear las cosas, poner en la balanza la defensa de la universidad pública o el cumplimiento de consignas anti-laborales; los costos en dinero ya presupuestado o los correspondientes a la solución del conflicto por la vía del derecho y la buena voluntad. Un buen paso sería el que la administración dejara el tono de confrontación y sinceramente tratara de acercarse a la contraparte trabajadora en busca de una solución que sea digna y benéfica para todos. 

Huelga, pero nomás poquita

Por increíble que parezca, la administración universitaria en voz de su representante legal dice reconocer el derecho de huelga de los trabajadores afiliados al STEUS, aunque deploran, lamentan, se enfurruñan y denostan que los mismos tomen las instalaciones donde trabajan y que son de la institución a la que pertenecen, con lo que al parecer postulan una especie de mini-huelga, huelguita o medio-huelga como solución a los males institucionales en temporada de reclamaciones contractuales, so pretexto de “no afectar a los estudiantes”.

La postura simplona de la administración se lee de manera clara: se oponen, rechazan,  lamentan, deploran y se emberrinchan porque los trabajadores están ejerciendo simple y llanamente su derecho a la huelga, consagrado en la Carta Magna de la Nación y en la legislación secundaria relativa a los asuntos laborales y emprenden el camino del chantaje utilizando la figura de los estudiantes. ¿Qué es lo que proponen entonces, si por una parte reconocen este derecho y por la otra pretenden limitarlo o condicionarlo? ¿Se les habrán botado las tuercas, tornillos o la conciencia de que vivimos en un país de leyes? ¿Qué tan seria y congruente puede ser una administración que pone de parapeto a los estudiantes para coartar el derecho inalienable e imprescriptible de los trabajadores de luchar por mejores condiciones de trabajo? ¿Acaso fueron asesorados por la ultraderecha encaramada en los centros de decisión patronales y que están representados políticamente por el PAN, seguido por el PRI y demás partidos neoliberales? ¿Creerán que les hacen un favor a los estudiantes al participar políticamente contra los trabajadores y sus organizaciones dando una lección de despotismo económico y social, además de incongruente ilegalidad? ¿Tendrán idea de las repercusiones políticas que actitudes como la arriba señalada tiene para la paz social e institucional?

Mientras que la administración nos regala esta perla de reducción al absurdo del ejercicio del derecho que asiste a los sindicalistas, más de 40 organizaciones sociales y laborales se apuntan para apoyar a los huelguistas, con lo que el horno de Sonora no está para bollos neoliberales. El ridículo no viene solo si se incluye la declaración del gobernador Padrés en el mismo sentido que la administración: se rasga las vestiduras por la huelga y echa por delante el argumento lacrimógeno de “los estudiantes”. Como expuse en otra entrega, el derecho a la educación subsiste, nadie lo niega, y una vez que termine el conflicto, se podrá continuar con la actividad académica. No entender esta situación tan elemental supone simplemente la negativa a reconocer en la práctica que los trabajadores tienen derechos y que pueden legalmente paralizar las actividades de la institución en la que trabajan.

La postura de las autoridades estatales coincide, se sintoniza, con la del gobierno federal expresada hipócritamente por el vacuo señor secretario Chuayffet, lo cual no extraña por ser el PAN y el PRI caras de la misma moneda neoliberal. Lo que  extraña es la postura del rector universitario que repite el cuento de reconocer pero negar ese derecho. No es posible dejar de preguntarse, ¿en qué momento la Universidad dejó de ser autónoma y pasó a ser un organismo descentralizado cada vez más dependiente de las políticas emanadas de la cloaca neoliberal? ¿Cuándo dejaron las autoridades universitarias de velar por su institución en vez de ser simples engranajes de la maquinaria de la derecha prianista en el poder? ¿A partir de cuándo los trabajadores y su organización dejaron de ser importantes para el logro de los objetivos institucionales? ¿De cuándo a acá los estudiantes son rehenes de políticas que en los hechos les niegan el derecho de una educación de calidad, con sentido social y comprometida con la calidad de vida de los sonorenses y pretexto para golpear a los trabajadores?

Por último, ¿por qué se insiste en que la Universidad de Sonora asuma los usos y costumbres y el trato hacia los trabajadores de las universidades privadas? ¿Cuándo dejó de tener el sentido y raigambre social que antes nos enorgullecía y que vertebraba la mente y el espíritu de sus egresados?

¿Por qué el rector y resto de la administración no se proponen luchar junto con los trabajadores por un mejor presupuesto que permita mejores condiciones de trabajo para los servidores universitarios manuales, administrativos y docentes, con el obvio beneficio para los estudiantes?

¿Quién decide en realidad la política y las relaciones laborales de la Universidad de Sonora? ¿Los propios universitarios o agentes externos cuya función es esencialmente ideológica y de ninguna manera académica?

Las actuales circunstancias sugieren la necesidad no sólo de luchar en el terreno laboral sino también en el debate ideológico y político, empezando por la estructura normativa y el modelo curricular de la institución.

Por lo anterior, cabe preguntarse: ¿Qué queremos? ¿Una universidad que incumpla socialmente al no asumir coherentemente los objetivos de desarrollo integral que la entidad necesita y que se conforme con egresar licenciados o ingenieros sin sustancia, o hacer posible la que pensaron los fundadores de la UNISON en respuesta al anhelo de las familias sonorenses de progreso con justicia social?

El derecho a tener derecho

La exigencia de algunos estudiantes que no saben sobre derechos laborales y luchas sindicales, sobre historia universal y nacional, sobre solidaridad social y calidad de vida, sobre salarios justos y mejores condiciones de vida pueden, y lo hacen, convertirse en arietes que son utilizados por la burocracia estatal y universitaria, pasando por la porra de los partidos de derecha neoporfiriana como el PAN, contra los trabajadores de Sonora. Ahora se da el caso de la Universidad de Sonora, pero igual puede ser en el ramo del transporte, o la salud, entre otros socialmente importantes.

“Quiero mi derecho a estudiar”, dice la pancarta, como si alguien pudiera pensar siquiera que el derecho a la educación se coarta con una huelga. Ha sido voluntad del pueblo mexicano consagrar este derecho y, hasta la fecha, su vigencia sólo se puede afectar, que no nulificar, por la irresponsabilidad de las administraciones federales y estatales al considerar la educación como un gasto y no como una inversión. Los recortes presupuestales y la disminución de recursos a las instituciones de educación superior, los topes salariales y la disminución de la seguridad social, como los ataques sistemáticos a las organizaciones sindicales son, sin duda, mecanismos que afectan ese derecho.

Cualquiera entiende que la suspensión temporal de actividades en las instituciones educativas no inhibe el derecho a estudiar, porque el derecho subsiste y se materializa una vez que se normalizan las actividades. El procedimiento administrativo de las reprogramaciones o ajustes de calendario tienen esta finalidad y la marcha de los semestres o años lectivos sigue su curso.

Quiero suponer que la escandalera histérica de algunos estudiantes ante el proceso de huelga es por ignorancia, por ingenuidad académica que seguramente alguien no tan joven ni tan desinteresado se encarga de promover, en un acto de terrorismo psicológico que nada tiene que ver con la realidad institucional. Por eso los estudiantes no son sujetos implicados en la huelga y sí las autoridades y el sindicato que ejerce ese derecho. Por eso no puede proceder el amparo estudiantil contra la huelga, o contra alguno de los actores reconocidos por la legislación laboral.

En esto que parece farsa y sainete protagonizado por el gobierno y la administración universitaria, se distingue una vez más el argumento deshilachado de la derecha panista: las huelgas son malas y los sindicatos inútiles y reducto de holgazanes. Queda claro que el objetivo es desprestigiar a las organizaciones de trabajadores y nulificar en la práctica el derecho a huelga, así como las exigencias de un trato digno y respetuoso en la mesa de las negociaciones.

Asimismo, cabe notar el acre tufo de la intolerancia y el autoritarismo, que pretende declarar invisibles al derecho y a la consideración social a los sindicalistas universitarios, al manipular información, provocar reacciones de enojo o desesperación entre los trabajadores, difamar y calumniar, satanizar públicamente a quienes solamente luchan por mejores condiciones de trabajo y de vida. No lo lograrán.

Así como hay grupos de estudiantes con mentalidad patronal o víctimas de la desinformación o la manipulación, también los hay convencidos de la necesidad histórica de apoyar la lucha de los trabajadores y ser solidarios con ellos. Seguramente el estudiante que ha logrado verse en un contexto laboral futuro entenderá que lo que ahora presencia es justamente lo que mañana o pasado tendrá que protagonizar. La lucha de los trabajadores presentes es la de los futuros trabajadores. Quienes ahora apoyan la huelga lo que están haciendo es apoyar su esfuerzo futuro por alcanzar mejores niveles de ingreso y calidad de vida.

Quien hoy lucha al lado de los trabajadores da muestras de conciencia social que más delante se convertirá en un sólido cimiento sobre el que se construye la ciudadanía del futuro: libre crítica y solidaria, exigente en el disfrute de sus derechos, celosa en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Esta huelga que ves

Los tambores de guerra se oían sonar desde hacía días y el ambiente se cargaba poco a poco de electricidad, como esperando el rayo y el trueno de lo que hoy es una institución paralizada en sus funciones académicas y administrativas. Algunos dicen que no debió de estallar la huelga en la Universidad de Sonora, otros ven como algo que tenía que suceder a juzgar por los signos y síntomas previos al suceso.

Como si en Sonora no tuviéramos bastante con un gobierno gastador pero al mismo tiempo omiso en sus obligaciones financieras que huele a tomadura de pelo y a chamusquina política, ahora resulta que algunos estudiantes se amparan contra el sindicato que estalló la huelga, aunque, aclaran, no es que estén contra los trabajadores sino que reclaman su derecho a la educación.

Sucede que nadie les regatea ese derecho y su disfrute está claramente entendido entre los sindicalistas que lo reivindican y reconocen la importancia de una buena educación. Nadie excluye a los estudiantes y si hay una lucha es porque la institución universitaria cuente con las mejores condiciones para el cumplimiento de su misión.

Resulta caprichosa y ofensiva para los trabajadores que los usuarios de los servicios que la institución proporciona no se enteren de que hay alguien que los hace posibles. La secretaria, el empleado de intendencia, de mantenimiento, los choferes y el personal de los talleres como la persona encargada de atender y poner al día los expedientes escolares y, sin duda los miembros del personal académico, forman parte de la larga cadena que permite que la idea institucional llegue a la realidad y rinda sus mejores frutos.

Decir que no se está en contra de los trabajadores y al mismo tiempo rechazar sus medios de lucha y su legítimo derecho a manifestar su inconformidad con la política neoliberal que asume la administración es, por lo menos, síntoma de disonancia cognitiva, cuando no un acto quizá inconsciente de apoyo a la administración, tanto la universitaria como la estatal y federal, claramente en contra de los derechos laborales aún vigentes.

Si los trabajadores afiliados al STEUS llevaron a cabo un paro de labores que ocasionó que les fuera descontado el día, lo hicieron en estricto apego a los medios de lucha sindical que permite la ley. En este contexto, el descuento se reduce a una forma económica de represión que tiene, como lo estamos viendo, graves consecuencias políticas por cuanto enrarece el ambiente de la negociación entre las partes y crispa el ánimo de la parte laboral ante lo que se considera un acto de prepotencia y poca disposición al diálogo de la parte patronal.

Se acusa a los trabajadores de “secuestrar” a los estudiantes porque resultan ser el medio de presión tradicional para ablandar a la parte patronal en la negociación, pero ésto con mayor razón  pudiera decirse de la administración estatal y universitaria que se rasgan las vestiduras por los pobres estudiantes que se quedan sin clases. De hecho, el peso de los 30 mil estudiantes recae sobre los lomos de los trabajadores de acuerdo con las consideraciones simplistas de las autoridades, sin que se les ocurra reconocer que también tienen parte de responsabilidad en este problema y que quizá sea la  actitud de las autoridades la que está ocasionando un diálogo de sordos: decir que “no cederemos” ante la presión sindical es tanto como proclamar el coloquial “ahí se la echan”. De ser así, ¿dónde está el ánimo de negociar?, ¿cuál es la disposición a resolver de manera civilizada, política, una situación en la que todos tienen parte? La prensa también debiera enfocar este aspecto.

Los pronunciamientos anti-laborales tanto del gobernador Padrés (responsable del mayor desfondamiento del erario estatal) como del visitante Secretario Emilio Chuayffet, (conocido represor en Acteal), dan cuenta de la ridícula pretensión de hacer invisibles a los trabajadores, ocultándolos tras el telón de los estudiantes sin clases, y haciendo retroceder la historia laboral mexicana al tiempo de Porfirio Díaz.

Aquí la pegunta obligada es, ¿por qué el rector de la Universidad se empeña en aparecer como parte de la cargada contra la clase trabajadora?, ¿tendrán idea los estudiantes de que al oponerse a las acciones propias del ejercicio de los derechos de los trabajadores, avalan la política anti-sindical del régimen?, ¿tiene siquiera idea de que mañana o pasado ellos mismos estarán en la mira de la clase patronal y que seguramente reclamarán el respeto a sus derechos mediante el recurso de paro, huelga u otro tipo de movilizaciones que, por lógica y derecho, ocuparán parte de los horarios laborales de la institución donde trabajen?

Sería deseable que los estudiantes decidieran, en todo caso, apoyar a los trabajadores para acortar el tiempo de solución del conflicto, en un acto de solidaridad con quienes hacen posible que la casa de estudios funcione como merece el pueblo de Sonora. No estaría mal una actitud respetuosa que los pondría a salvo de ser manipulados por las autoridades. Sería, por otra parte, un acto de elemental justicia.