La economía necesita orden

“La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre” (M. Gandhi).

Muchos piensan que la economía está bien, siempre y cuando les proporcione recursos a las empresas, por aquello de que “generan fuentes de empleo”, sin reparar en el hecho de que los costos de los empleos son infinitamente menores que el daño ambiental que se produce.

Tampoco parece ser relevante que el empleo que se crea sea precario, sin respaldo en salud, pensiones y jubilaciones y sin garantías para los dependientes del trabajador. La lógica es la de que se emplea a alguien, se le paga lo establecido en las condiciones y duración del contrato y ¡listo!

El trabajador está condenado a ser permanentemente un eventual, alguien de paso que llegado un punto puede ser fácilmente sustituido por otro, y por otro, y por otro… sin responsabilidad para la empresa.

El llamado outsourcing bendecido por la clase empresarial por resultar barato, pertinente y eventual colma las estadísticas de empleo y llena la boca de quienes presumen de los logros de una política laboral centrada en los intereses del capital. Total, tenemos gente trabajando, con capacidad de consumo y sin representar una carga para las finanzas de la empresa, es decir, un trabajador equiparable a un pañal desechable: se usa y se tira, sin ningún remordimiento para el usuario porque una vez usado supone una carga inútil.

La tercerización del empleo representa una forma “legal” de reducir los derechos del trabajador en aras de cubrir las espaldas fiscales del empresario: “ese trabajador no es mi empleado, sino de otra compañía que a su vez no cuenta con una planta laboral permanente sino eventual”, por lo tanto, el empleo no es fuente de obligaciones reciprocas sino una posibilidad sujeta a las leyes del mercado que, siendo cambiante, requiere de flexibilidad y concesiones porque “genera empleos”.

Como se ve, el trabajo pesa muy poco en la balanza de los factores de la producción, de suerte que las normas legales tienden a proteger, en todo caso, al capital. En un sistema así, la lucha por los derechos laborales y sociales de los trabajadores camina cuesta arriba.

Pero, más allá de la acción o inacción de ciertos sindicatos, es importante centrar la atención en un aspecto crucial: el sistema legal que protege, o deja de hacerlo, a los trabajadores.

Si la legislación laboral se instituye para la protección del factor trabajo y evitar o moderar los excesos del capital, habría que ver que desde algún tiempo éste adquirió especificidad para convertirse en transnacional. El marco legal nacional resulta estar hecho a la medida de los intereses del capital transnacional, en detrimento del interés nacional. Respecto a lo anterior, le pongo por ejemplo la legislación minera “nacional”.

Al daño ambiental que la actividad minera ha producido, se le añade las vidas humanas que se han perdido por causa de la voracidad criminal de los empresarios, predominantemente extranjeros, que dejan de lado las previsiones de seguridad e higiene que son norma obligada en sus países de origen, pero que en México pueden ignorar tranquilamente.

Nuestro país es tierra de nadie en materia de racionalidad en el aprovechamiento de los recursos y de protección al trabajador o, mejor, tierra donde los recursos naturales no renovables estratégicos para el desarrollo del país están destinados al goce y disfrute del capital transnacional “porque genera empleos”.

La actual ley minera hace caso omiso del derecho a la propiedad privada de campesinos y productores rurales al otorgar prioridad a la explotación minera y energética, pudiendo expropiar cualquier terreno susceptible de explotación. Lo anterior resulta relevante si consideramos que Sonora tiene Litio, objeto del deseo de las transnacionales sobre todo gringas y canadienses. Curiosamente se tiene ese recurso en la región fronteriza entre Sonora y Chihuahua, lo que recuerda al reciente episodio de la familia mormona LeBarón, asunto en el que el gobierno de Trump ha manifestado su interés en intervenir.

Para ilustrar el asunto, reproduzco los dos primeros párrafos del artículo 6º. de la Ley Minera:

La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades.

El carácter preferente de las actividades a que se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos frente a las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como frente al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.  

 Con tamaños privilegios, queda claro que el actual marco legal minero y energético representa un peligro para México, habida cuenta el carácter predominantemente extranjero que ha adquirido la explotación de los recursos estratégicos de la nación, ahora en manos del capital transnacional.

En este punto, es importante subrayar la lucha patriótica que ha emprendido el senador Napoleón Gómez Urrutia en defensa de los recursos nacionales (ver Dossier Político, 06/12/2019), con lo que debe quedar claro que es necesario poner orden en nuestra economía y asumir una actitud responsable, en beneficio de ésta y las futuras generaciones de mexicanos.