Con todo respeto...

           “El estado llama ley a su propia violencia y crimen a la del individuo” (Max Stirner).

Duele la cara de pena ajena, el alma se pone de rodillas y exclama “¿por qué, por qué, por qué?”, en medio de temblores del esqueleto y rubores que, en rápida sucesión, enrojecen el rostro y hacen palidecer el civismo. En serio, ¿qué necesidad había de que la señora de Torres, a la sazón gobernadora de Sonora, hiciera de porrista estudiantil durante la visita de ese señor de apellido Meade, que concita el albur, a estas tierras tan llenas de atractivo para las mineras y tan deseadas por los gringos de Arizona? Seguramente ninguna, pero la dignidad y el decoro también tiene derecho a vacaciones decembrinas, ¿o no?

Hablando de otros asuntos, pesa la amenaza de suspensión de servicios médicos este fin de mes a los organismos afiliados a ISSSTESON que no hayan firmado un convenio, aceptando nuevas condiciones para acceder a los servicios del Instituto. ¿Usted cree que tienen derecho a ejercer semejante presión sobre los trabajadores afiliados? ¿Se le hace justo que un trabajador que ha cotizado puntualmente la cantidad convenida en el contrato de servicios llegue a la clínica y le digan que le busque por otro lado porque ahí no tiene derecho? ¿No le parece que el ISSSTESON incurre en una grave falta al presionar por la firma de un convenio que, como su nombre lo dice, es un acuerdo de voluntades y que, en ese carácter, deben ser dos los que coincidan, acuerden y se comprometan para ser válido y obligatorio?

¿Acaso una de las partes tiene derecho a presionar a la otra para que acepte determinadas condiciones que, quizá, vayan en contra de sus intereses o posibilidades de cumplimiento?

¿No le parece que el Instituto debiera ser el primero en respetar los contratos y convenios suscritos y, en todo caso, negociar las nuevas condiciones de prestación de servicios de manera civilizada y respetuosa del derecho ajeno?

Si el ISSSTESON cumple su amenaza de suspender los servicios médicos, seguramente se desataría un conflicto de proporciones inimaginables en cuanto a derechos humanos violados, porque se estaría afectando la salud de los trabajadores y sus familias, quizá de manera fatal. Por otra parte, dicha medida puede ser políticamente condenable, toda vez que su finalidad es claramente recaudatoria y punitiva, en un año donde la moneda electoral está en el aire. Aquí surge las preguntas: ¿por qué los pillos que saquearon el ISSSTESON siguen tan campantes?, ¿por qué el gobierno no asume su responsabilidad solidaria y subsidiaria en el resarcimiento de los fondos sustraídos por la propia administración pública y que pertenecen a los mismos trabajadores que ahora se pretende afectar?

Estamos ante el curioso caso en el que las víctimas, los agraviados, son presionados a pagar por lo que no hicieron y los culpables son los que, en este caso, presionan y violentan la estabilidad económica y la paz social de los sonorenses.

Cabe señalar que el ISSSTESON alega que los trabajadores pagan de menos en los términos de la actual Ley 38, pero es justo aclarar que los trabajadores que ingresaron al sistema antes de 2005, año de la reforma boursista de la Ley, están bajo el amparo y las reglas que emanan de este ordenamiento legal, en el que la base de cotización es distinta y no tan agresivamente recaudatoria como la actual. Lo anterior vale porque, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución federal, no existe la aplicación retroactiva de las normas en perjuicio de persona alguna. Es claro que el ISSSTESON incurre no sólo en un abuso al querer aplicar un ordenamiento legal en un contexto posterior al que se tiene en la época en que se adquirió el derecho, sino en una seria y evidente violación al principio de irretroactividad.

En este contexto, resulta evidente la irresponsabilidad de la administración del Instituto y la perdida de rumbo de la administración estatal, puesta en evidencia al renunciar a la función social, a la vertiente redistributiva de la función pública a la que están obligados y a la bajuna agresión a los trabajadores y sus familias. Es previsible que lluevan demandas no sólo de amparo sino por incumplimiento del contrato de prestación de servicios vigente. Los errores, lamentablemente, son acumulativos y de difícil ocultamiento, lo que permite afirmar que las consecuencias políticas necesariamente se verían reflejadas en las elecciones de 2018.

Tiempo de rectificar, de enderezar el rumbo, de justificar la confianza que muchos, por las razones que sean, depositaron en este gobierno que aún tiene mucho camino por recorrer.