“Lo llamamos
justicia... pero su nombre es amor” (León Felipe).
Mientras el tiempo pasa, se cultivan
amistades, afectos y distanciamientos que pueden ser temporales o definitivos.
En esta categorización, ¿cuál es el lugar del compañero que se jubila? Tras una
larga carrera en una profesión y en un lugar compartido con muchos, ¿dónde
quedan las vivencias comunes, los espacios logrados, los obstáculos vencidos,
las fronteras traspasadas y el lazo que une, o puede unir, a varias
generaciones de quienes cultivan la misma profesión, arte u oficio? ¿Son sólo
de los que se quedan y descontados de la vida de quienes se van?
Quienes se retiran jubilados por
antigüedad o por circunstancias personales que aplican para pensión, ¿siguen
siendo lo que son, en los términos de una trayectoria vital que siempre es
paralela a la de otros, en el mismo tiempo y espacio?, ¿o son, por ese sólo
hecho, excluidos de toda consideración y memoria?
Lo anterior viene al caso porque es
frecuente que a quienes se jubilan se les vea como seres de segunda, que ya
llegaron a su fecha de caducidad humana, social y política, e incluso se les
prive del beneficio de reconocer su trayectoria, talento, experiencias que
pueden ser de tanta utilidad como lo eran un día antes de su retiro laboral.
¿Cómo de un día para otro cambia la percepción de quienes fueron compañeros de
trabajo, o alumnos? Pareciera ser un proceso acelerado de devaluación de la
persona y, por tanto, una descalificación súbita que retira capacidades
profesionales y potencialidades de logro.
¿Acaso ocurre una especie de muerte
cívica? ¿Se dan cambios cualitativos y cuantitativos que muchas veces sólo son
percibidos por los demás? ¿La exclusión que resulta es una forma de defensa del
territorio antes compartido? ¿La jubilación ya no es una conquista laboral y
social sino una condena por el crimen de ejercer un derecho esencial de quienes
trabajan?
En la medida en que el sistema
económico, con la trivialización de la vida que lo caracteriza, avanza y se
revela como una ideología de lo desechable que se materializa en la política
económica y social, las prioridades del discurso político cambian como cambia
también la idea del otro; nuestra concepción de la vida y el aceleramiento de
la muerte social de quienes “ya cumplieron” con su cuota de plusvalor en
beneficio de la empresa pública o privada que contribuyeron a hacer funcionar,
se convierte en una especie de imperativo categórico que apenas disimula su
vertiente genocida. La aniquilación generacional complementa y define la del
trabajador precarizado, la insolvencia crónica y las expectativas de bienestar
canceladas o, simplemente, disminuidas o ignoradas. El sueldo o el salario no
es un derecho, contraprestación o pago, pues en esta lógica es un favor, una
dádiva generosa que no acaba de ser merecida y que, por tanto, puede ser
regateada, condicionada o disminuida.
El pragmatismo del mercado y su ética
excluyente convierten a la persona en cosa y sus capacidades en mercancía, por
la misma razón que las remuneraciones al trabajo se ven como costos que hay que
disminuir. Tenemos, entonces, sociedades donde los productos esenciales de
consumo personal aumentan sus precios mientras que los sueldos permanecen por
debajo de la línea de pobreza, con incrementos que resultan una simulación. El
trabajo tiene remuneraciones de infra subsistencia y sus productos quedan fuera
del alcance del trabajador, por lo que no debe resultar sorprendente que
aumenten las tasas de disfuncionalidad familiar, divorcios, delincuencia e
inseguridad.
Si los salarios son bajos y las empresas
procuran gastar menos en ellos, la seguridad social termina siendo una cuestión
meramente simbólica o una forma más de aprovechar la debilidad de la clase
trabajadora en beneficio de las empresas tanto de salud, vivienda, educación como
de pensiones. Así pues, se tiene por un lado empleo precario y mal remunerado
y, por el otro, agentes privados en pos de los ahorros de los trabajadores.
Pero, si la situación es complicada para
los trabajadores en activo, los jubilados suelen tener un doble problema: por
un lado, los costos de la vida aumentan en la medida en que se llegan a requerir
mayores atenciones en salud, pero independientemente de lo económico, se suma
la devaluación de la persona por parte de sus antiguos compañeros. Así pues, el
jubilado padece la crisis del sistema y el deterioro de la consideración social
por la influencia de una ideología individualista y pragmática que deshumaniza
las relaciones y afecta seriamente el tejido social.
Cabe señalar que el jubilado, por razones
naturales, deja de ser competencia para los activos, pero al mismo tiempo
supone un apoyo en términos de experiencia que bien puede ser aprovechado en el
plano personal o en el organizacional. Esta posibilidad es tan real que, por
ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora
(STAUS) se tuvo la visión de incorporar a los jubilados en una delegación
dentro de su estructura, con lo que se suma a otras organizaciones de alcance
local y nacional que valoran la trayectoria de sus miembros y tienen clara la
importancia del aporte intergeneracional en su fortaleza y consolidación.
En las urgentes tareas de reparación del
tejido social y de rehumanización de las relaciones entre pares, la solidaridad
es un concepto clave en la identidad y los propósitos sindicales, de cara a las
complejidades de los retos que presenta el sistema anclado en la ideología
neoliberal contra los trabajadores.
En consecuencia, los trabajadores
activos y retirados deben replantear sus luchas considerando que la
temporalidad de la vida laboral debe situarse en el marco de los derechos
colectivos adquiridos mediante la lucha de generaciones sucesivas de
trabajadores, razón y esencia de la organización sindical. En tal sentido, el
sindicalismo no sólo ve hacia el presente, sino que debe considerar el pasado y
el futuro como una construcción colectiva intergeneracional, guiada por el
propósito de defender los intereses de clase de los trabajadores, y el
mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, lo cual pone en el centro
de la atención la seguridad social como un derecho irrenunciable.
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