“La injusticia en cualquier parte es una amenaza
a la justicia en todas partes” (Martin Luther King, Jr).
Como usted sabe, el instituto encargado
de la seguridad social en Sonora (ISSSTESON) cuenta con un boquete en sus
fondos pensionarios que no se debe a que son muchos los pensionados y que no han
contribuido lo suficiente, sino a que desde el gobierno se emprendió un saqueo
sistemático que al término del sexenio de Padrés alcanzó cinco mil millones de pesos
aunque la cifra puede ser más alta, lo que es irrelevante ante la importancia
de la acción y los medios que se emplearon para logarla y el destino del
dinero.
El 2005, con la reforma a la Ley 38, el
tiempo de cotización y los montos a pagar por parte de los organismos afiliados
y sus trabajadores aumentaron sin que hubiera una razón suficiente y necesaria
salvo la de garantizar el dispendio oficial y el encarecimiento de los
servicios de salud y el acceso a prestaciones que siendo de justicia laboral y
social el Estado debe garantizar. La reforma boursista tuvo un claro interés
recaudatorio sin dar a cambio ni mejores servicios ni mayores prestaciones, por
lo que se puede considerar en términos netos como una reforma regresiva que
relativizó el ejercicio de los derechos de los trabajadores e indujo a aceptar
como fatalidad su disminución a la par que la necesidad de emplear cada vez más
los servicios privados en salud, farmacia, radiología, hemodiálisis, entre
otros. El interés evidente fue el de hacer ingresar más dinero, así como hacer
avanzar solapadamente un modelo de asistencia social privada al disminuir la
responsabilidad del Estado por la vía de las subrogaciones.
Una consecuencia clara de la reforma fue
la de plantear la actualización de los contratos de prestación de servicios
entre los organismos afiliados y el ISSSTESON. En este tenor, el Instituto se
ha valido de mecanismos de presión tanto ilegales como ilegítimos para forzar
la firma de los nuevos convenios que modifiquen las condiciones de acceso y
cobertura de los servicios y se ajusten a los fines recaudatorios emanados de
la reforma y exigidos por el propio Instituto. La presión ha alcanzado el
absurdo de amenazar con la suspensión unilateral de los efectos del contrato
vigente si en un plazo perentorio no se firma el nuevo convenio, en una acción
de evidente ilegalidad que constituye un atropello a los derechos de los
trabajadores afiliados y una afrenta a la sociedad sonorense.
El problema que se plantea es simple:
los trabajadores y los organismos afiliados aportan un porcentaje de su sueldo
que les es descontado cada día de pago, de manera que el dinero recaudado
ingresa al fondo que administra el ISSSTESON mes tras mes y año tras año
durante la vida útil de cada generación de derechohabientes, sin embargo, el
Instituto exhibe un hueco financiero producto del manejo fraudulento de sus
fondos y opta por cargar contra sus afiliados, exigiendo el pago de cuotas más
altas; sin embargo, pese a que se denunció públicamente el saqueo de los
recursos que son propiedad de los trabajadores, aún no existe un proceso serio
de recuperación del faltante y, en consecuencia, los delincuentes gozan de
impunidad en el aspecto político y patrimonial.
La anterior situación ha llevado a los
organismos afiliados a eventualmente ceder al capricho del ISSSTESON, mediante
el acatamiento de exigencias de dudosa calidad moral y legal emanadas de su
Junta Directiva. Así, el temor inducido de perder los servicios termina
provocando la renuncia de derechos a cambio de soluciones falsas guiadas por
las apariencias de conveniencia y las decisiones no informadas, sin excluir la
colusión de funcionarios en busca de beneficios personales.
A estas alturas es claro que el actual
gobierno no entiende la trascendencia de mantener vigente el derecho de los
trabajadores que ha llegado a la amenaza de la suspensión de servicios a
quienes no firmen el nuevo convenio, fijando plazos que finalmente son dejados
sin efecto o prorrogados, lo que genera incertidumbre y temor entre los
organismos afectados. Tales medidas intimidatorias revelan una profunda falta
de respeto por parte de las autoridades y una ausencia preocupante de
legalidad. Si existe un contrato vigente, el ISSSTESON carece de derecho para
suspenderlo de manera unilateral.
La prueba más palpable de la
incomprensión o el valemadrismo oficial es el reciente cambio de titular del
ISSSTESON, Enrique Claussen Iberri, que pasó a titular de la Secretaría de
Salud, siendo relevado por Pedro Ángel Contreras López. Ninguno de los dos es
de profesión médica y ahora, tanto la Secretaría de Salud como el propio
Instituto están encabezados por un contador público y un especialista en
finanzas, respectivamente. El chiste se cuenta solo.
En serio, ¿usted cree que los problemas
de la seguridad social se resuelven con recetas neoliberales de cuenta chiles
en vez de que el Estado reasuma sus responsabilidades sociales y utilice
adecuadamente los impuestos que pagamos? ¿Acaso no es más lógico emplear la
seguridad social como un mecanismo de redistribución del ingreso? ¿No se
entiende que el ISSSTESON e instituciones similares son importantes para la
calidad de vida de la población a través de los servicios que proporcionan? ¿Dónde
quedó la dimensión social y política de la gestión pública?
Estamos en vísperas de las campañas
electorales, los discursos políticos, las promesas y el gasto enorme que supone
la organización, promoción y desarrollo de los comicios. Tenemos una especie de
democracia costosa y dudosa, que absorbe recursos que bien pudieran emplearse
para resolver problemas reales en poblaciones reales. No hay duda de que la
seguridad social es uno de ellos y que su solución requiere de la mayor
atención por ser fundamental para la salud y bienestar de los trabajadores y
sus familias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario