La unidad sindical frente al ISSSTESON

                                                  “No hay más cera que la que arde” (conseja popular).

Iniciamos el año con una grave situación de inarmonía entre el ISSSTESON y los organismos afiliados entre los que hemos de destacar la Universidad de Sonora (UNISON), respecto al punto de un nuevo convenio que el Instituto exige se firme para estar “armonizado” con la reforma a la Ley 38. La UNISON en su momento rechazó la posibilidad de una firma en tanto no aumentara proporcionalmente el monto del subsidio, ya que, de aceptar sin más las condiciones del convenio, sus funciones sustantivas y operación en general se verían seriamente afectadas y reducidas a la mínima potencia. Dicho en otras palabras, entraría en una situación de semi-parálisis al reducir sus planes de expansión de la oferta educativa y los servicios que proporciona a sus estudiantes y comunidad en general.

La importancia económica, cultural social de las funciones universitarias no puede estar en duda, y los apoyos que recibe y recibirá el Alma Mater tendrán que ser abonados a la cuenta del progreso sonorense y de la región, dada su presencia y relevancia comprobada a lo largo de su historia; sin embargo, el gobierno ha sido omiso en su obligación de velar por el impulso a la cultura y la educación superior al regatear los recursos que se requieren y que puede exigir por ley. La verdad es que no se cuenta con un subsidio que ofrezca posibilidades plenas de progreso institucional de acuerdo con las necesidades locales y regionales a satisfacer.

Pero si el fantasma de un rezago en el cumplimiento de las altas funciones universitarias es temible, ahora tenemos una nueva fuente de zozobra institucional: el recrudecimiento de las presiones y amenazas del ISSSTESON de suspender los servicios y el establecimiento de plazos para la firma del convenio, según consta en documentos y notas periodísticas difundidas por diversos canales informativos.

En el momento actual, la atmósfera sindical está cargada de malos presagios, porque tanto cunde la desinformación como la desesperación entre sus agremiados. En los distintos actos que marca el Estatuto sindical, como son las asambleas generales, el Congreso General Resolutivo, reuniones del Consejo General de Delegados, así como en las reuniones delegacionales del STAUS y las correspondientes del STEUS, se ha expuesto el problema del ISSSTESON y su exigencia de que la Institución universitaria firme el nuevo convenio a contrapelo de la realidad económica institucional. Los universitarios se han pronunciado por el rechazo a dicha imposición y han cuestionado la legalidad de las amenazas de una suspensión unilateral de los efectos del contrato vigente de prestación de servicios, así como la absurda pretensión de aplicar de manera retroactiva los incrementos fijados en la reforma de 2005 a la Ley 38.

En la actualidad existen un número considerable de demandas por nivelación pensionaria contra el gobierno del Estado, el ISSSTESON y quien resulte responsable, mismas que inicialmente se ganaban por los trabajadores afectados y que ahora, por línea directa del gobierno, duermen el sueño de los justos. La justicia en Sonora ha reprobado asignaturas tan elementales como el respeto a los derechos de los trabajadores, a la obligación de garantizar y proporcionar servicios de salud y seguridad social a través del ISSSTESON a sus afiliados. La respuesta a todo reclamo es la misma: no hay recursos.

Sin embargo, ha habido recursos para las campañas políticas, para el gusto y jolgorio de algunos de los que han ocupado las posiciones más elevadas de la estructura política estatal, y los actos de corrupción institucional han tenido tanto la justificación demagógica como la cobertura legal al implementar convenios como el que se comenta, como acelerar por otros medios el deterioro de la seguridad social mediante la entrega de ciertos servicios a la iniciativa privada. Actualmente no son extrañas las subrogaciones, en un contexto local y nacional donde la entrega del patrimonio público se convierte en  norma y los costos de los servicios "deben" correr por cuenta del ciudadano.

En el ISSSTESON existe un quebranto patrimonial de 6 mil 41 millones de pesos y ahora el nuevo director, Pedro Ángel Contreras López, señala que la misión encomendada por la gobernadora es la de “darle viabilidad financiera” al ISSSTESON. Las formas han cambiado, pero la solución es la misma: cargar sobre las espaldas de los trabajadores la recuperación del desfondo pensionario. Al reclamo de que antes de hablar de un nuevo convenio primero se deben recuperar los recursos robados, el director Contreras contesta que no puede decir a la gobernadora que le inyecte recursos al Instituto, porque entonces ¿para qué lo puso ahí?

Queda claro que lo que no hagan los trabajadores no lo hará el propio funcionario responsable (sic) de poner en orden las finanzas del ISSSTESON porque, según se ha dicho, no puede ni exigir a Hacienda que entregue los fondos que dejó de reportar en su momento, ni solicitar a la gobernadora que gestione el rescate de una institución que es de todos los sonorenses. La incapacidad de quien está formado en los estrechos moldes de una burocracia presa de enanismo tecnocrático es tan lamentable que casi se puede decir que estábamos mejor antes, cuando la leperada y la demagogia al menos trataban de endulzar las amarguras de los derechohabientes con actitudes más parecidas a un trato humano. Ahora el diálogo queda reducido a la declaración “técnica”, a la ruda respuesta a cualquier réplica del funcionario que se refugia en una misión entendida, quizá, como liquidadora de expectativas de un verdadero diálogo que genere propuestas de solución y consenso.

Ahora más que nunca la unidad de los trabajadores afectados y la solidaridad social son fundamentales para que nuestra Universidad pueda resistir los embates de un modelo privatizante que pude afectar seriamente la vida institucional y el marco de derecho y justicia social que los sonorenses requieren para recuperar la confianza en la viabilidad de las instituciones locales y nacionales.

La gobernadora no sólo debe escuchar los justos reclamos de los trabajadores sino actuar en consecuencia por la naturaleza de su mandato constitucional y emplear las relaciones políticas que ha logrado en su trayectoria personal en beneficio de Sonora. Si no es ahora, ¿cuándo?