La seguridad, ante todo.

“Creemos que la lucha organizada y consciente emprendida por un pueblo colonizado para restablecer la soberanía de la nación constituye la manifestación más plenamente cultural que existe” (Frantz Fanon).

Como se sabe, los senadores hicieron lo suyo y aprobaron sin ver la Ley de Seguridad Interior que, como los calzones, sirve para ocultar intimidades y rastros inconvenientes que deben ser reservados para su debido lavado. Ellos y su colegisladora, la inefable cámara de diputados, celebran el trabajo y esperan, desde luego, pasarla de lujo en estas fiestas decembrinas. ¿Se imagina usted vivir en un país donde se respeten los derechos humanos, sin las emociones que nos han ganado fama y prestigio internacionales? El horror me deja sin palabras… por elemental instinto de supervivencia.

Fue conmovedor verlos a ellos, tan ufanos, darse abrazos y celebrar con alborozo el triunfo del autoritarismo conosurense instalado en las mentes y los votos de quienes lo hicieron posible. En su momento, el senador Bartlett señaló que era una ley impuesta por los gringos y que no debiera el país militarizarse por una imposición, en medio del chacoteo de la Cámara y las tibias llamadas al orden por parte de quien presidió la sesión. Los patrióticos legisladores bailaron un zapateado sobre la Constitución y sobre la dignidad de las fuerzas armadas metidas a policías y a émulos legales de los militares chilenos o argentinos de la época de la guerra fría, el ascenso de las dictaduras siempre con el patrocinio y guía de los gringos: América debía ser preservada de las ideas comunistas y hoy lo debe ser de los ciudadanos de los países petroleros que defienden sus tierras y su patrimonio histórico y cultural. Los gringos apoyan el nacionalismo, desde luego, pero aquél que se entiende como la defensa incondicional de sus intereses nacionales. A los demás se les receta eso de la apertura en todas sus dimensiones, las maravillas de los intereses globales y la idea de la necesaria unidad mundial en torno a su muy particular y onanista interpretación de la democracia. 

Como el perspicaz lector sabe, las advertencias de expertos internacionales sonaron a chiste decembrino de Pepito y la urgencia presidencial se hizo ley. Las policías y las autoridades civiles pueden esperar a que desde arriba les arreglen los renglones torcidos de nuestra democracia, seguridad pública y vida en comunidad, porque ¿para qué sirve el Pacto Federal ante las crudas realidades de un narco-estado creado y financiado desde las cañerías de las agencias de inteligencia de allende el Bravo?, ¿para qué queremos soberanía cuando bien podemos servir de corredor y campo experimental del polo hegemónico del continente en condiciones seguras para Washington? Es claro que la necesidad de militarizar México obedece a una elemental precaución de salvaguardar los recursos energéticos para el mejor aprovechamiento de la economía del Norte.

De muchas maneras, el desmantelamiento del aparato productivo y la cancelación de la salida tecnológica y científica nacional se revela como necesidad sobre todo a partir de los años ochenta, cuando la cochi nacional torció el rabo. Los intereses locales y nacionales pasaron a ser “megarregionales”, con fuerte olor a neocolonización comercial y financiera. En ese contexto, es claro que el marco legal nacional debía ser modificado en beneficio de la idea globalizadora, así que empezaron las adecuaciones en el sector bancario y crediticio, el comercial, el agropecuario, el de servicios y, por obviedad, la sustitución de la industria nacional por la facilona plataforma maquiladora y ahora, en el colmo de la modernidad, la apertura total a la inversión extranjera sin contrapartida o responsabilidad exigible.

Como consecuencia, las leyes y reglas de funcionamiento de las actividades productivas y de servicios pronto se encontraron en la disyuntiva de servir a intereses locales o a la creciente transnacionalización de la economía y la cultura, así que la palabra “armonización” surge como la panacea legislativa y se allana el camino de la desnacionalización normativa. Una prueba clara y reciente es el famoso sistema penal acusatorio, patrocinado por el gobierno gringo, pasando por las reformas estructurales y las leyes que le tapan la boca a las disidencias y a los comunicadores de noticias: la ley de seguridad interior y la ley mordaza que previene el “daño moral” son dos brazos de una misma pinza disuasoria del pensamiento crítico e independiente. La democracia dirigida se pone frente a la democracia como expresión de las aspiraciones del pueblo.

Gracias a la labor discreta, soterrada, nocturna del honorable cuerpo legislativo, tenemos una legislación que favorece el abuso, coarta la libertad de expresión y nulifica la protesta social, pero que favorece a la invasión gringa y a las labores de apoderamiento de los recursos estratégicos del país, sin ruido social ni protestas inconvenientes que arruinen la máscara de democracia y soberanía que lucimos frente al extranjero en noches de gala internacional. Como en boca cerrada no entran moscas, “los diputados aprobaron una reforma al Código Civil Federal, que establece que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien. La propuesta de reforma la presentó el PRI y ya se encamina al Senado para su revisión” (El Financiero, 15.12.2017).

Pero, claro, no debemos pensar en votar por el populismo, en una especie de remedo del Chávez venezolano porque, ¿se imagina que México cayera en manos de algún radical de pensamiento nacionalista que echara para atrás nuestros logros de salario mínimo inferior a la línea de subsistencia?, ¿ha pensado usted en el oprobio de ser autosuficientes en alimentos, gasolinas, ciencia y tecnología, y soberanos en el terreno político y administrativo? Los horrores inimaginables de la libertad y la soberanía nacional son conjurados por la sabia decisión del gobierno de entregarnos a las bondadosas manos de la dependencia económica y la subordinación legislativa. Con las reformas, los opositores deberán pasar a la invisibilidad y los legisladores podrán estar sin el temor de que la opinión pública, expresada en las redes sociales, pueda dañar su imagen y ocasionarles “daño moral” por exponerlos como son. La paz porfiriana derrama su poder balsámico sobre la curtida piel del mexicano de a pie. Somos, hoy por hoy, el país del “no pasa nada”.