“La
lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”
(Milan Kundera).
Suenan los botones de alarma ante la
imposición de un nuevo contrato de prestación de servicios del Isssteson, donde
la novedad mayor es la exigencia de más dinero por recibir el mismo servicio. La
carga tanto para las instituciones como para los trabajadores sube mientras que
la responsabilidad, acceso a los servicios y satisfacción de los usuarios
permanece, en el mejor de los casos igual. Paralelamente a esta amenaza, los
derechohabientes sufren la política del no-hay,
como si fuera una respuesta aceptable para los miles de trabajadores que ven
que religiosamente cada quincena llega con los descuentos de rigor por
conceptos de salud y pensiones y jubilaciones, entre otros conceptos.
Resulta curiosa la exigencia a la Universidad
de Sonora (UNISON), por ejemplo, de suscribir un nuevo contrato de servicios,
siendo que la Ley del Isssteson solamente obliga a los nuevos organismos a la
firma del contrato de prestación de servicios y el acatamiento de las
condiciones marcadas por éste y la propia legislación para poder ser
incorporados y disfrutar de las prestaciones objeto del contrato. Quienes ya
están afiliados, en todo caso, solamente deben cumplir con los pagos pactados y
proporcionar la documentación actualizada de su nómina para recibir los
servicios enumerados en el clausulado, como son los de servicios médicos,
pensiones y jubilaciones, incapacidades, gastos funerarios, préstamos, entre
otros también importantes. Ningún organismo tiene por qué hipotecar su futuro firmando
una especie de cheque en blanco, como se pretende en el formato del nuevo
contrato.
En una revisión a vuelo de pájaro del
contrato de 1990 y de la abusiva versión 2017, se puede ver lo siguiente: en el
renglón de servicios médicos, el pago exigido a la Unison pasa del 11 al 20 por
ciento del sueldo básico integrado por cada empleado registrado; en materia de
pensiones y jubilaciones, pasa del 8 al 27 por ciento, lo que permite suponer
que los costos de la recuperación de los fondos pensionarios robados en el
Isssteson, deberán recaer en los propios dueños del ahorro sustraído. También
llama la atención que ahora se ha añadido un cobro más al trabajador: 2 por
ciento por infraestructura. ¿No es una institución pública del pueblo y para el
pueblo trabajador que la sostiene con sus cuotas? ¿Por qué se cobra por
infraestructura a los ciudadanos legalmente dueños y derechohabientes del
instituto? ¿No le huele a privatización sigilosa y vergonzante, a juzgar por el
discurso oficial que busca maquillar la opacidad y el agandalle?
Para acabar de documentar el pesimismo,
le daré detalles sobre los cargos anteriormente citados. En el instrumento de
1990, la administración universitaria paga 10 por ciento por concepto de
servicios médicos, mientras que los trabajadores deben aportar el 1 por ciento.
En la propuesta de 2017, la administración universitaria debe aportar el 14.5
por ciento, y los trabajadores el 5.5 por ciento. Del 11 pasa al 20 por ciento.
En materia de pensiones y jubilaciones, tanto la administración como los
trabajadores actualmente pagan 4 por ciento y, de firmarse el nuevo contrato, la
administración pagaría 17 por ciento, debiendo aportar los trabajadores otro 10
por ciento. Así, pues, tenemos un salto del 8 al 27 por ciento que, como queda
dicho, desprende un fuerte olor a privatización.
Cualquiera pudiera pensar que la
expectativa de Claussen y el instituto que dirige, es la de que empiecen a hacerse
menos los solicitantes por muerte prematura, incentivada por la desesperación y
el abandono institucional. De igual forma, pudiera suponerse que las maniobras
de prolongar el tiempo de emisión de los dictámenes y la desvergonzada
suspensión de los trámites cada que se les antoja, constituyen medidas de presión
para “ablandar” a las autoridades administrativas de la Universidad y, de
rebote, los sindicatos, con el fin de que se “resuelva” el problema de una vez
por todas mediante la firma de un contrato nuevo que va a dar, en el mejor de
los casos, lo mismo, pero más caro. Cabe señalar que se han precarizado los servicios
por el deterioro a que han sido sometidos y los esfuerzos privatizadores en
forma de subrogaciones, no sólo de atención médica sino de servicios como
farmacia, por ejemplo.
Es importante y urgente que los
trabajadores en general y en particular los sindicalizados, rechacen enérgicamente
las medidas absurdas que implementa el gobierno y que lesionan gravemente la calidad
de vida al afectar los servicios de salud y la seguridad social de los
sonorenses. El nuevo contrato es inconveniente porque no implica mejoras
significativas en las prestaciones a que se tiene derecho, en cambio los costos
se elevan desproporcionadamente. Recordemos que la fuente de los derechos es el
Contrato Colectivo de Trabajo y, hoy más que nunca, es necesaria la defensa de
los logros colectivos de la clase trabajadora afiliada al Isssteson.
La sociedad sonorense en general debe
valorar la necesidad de defender los espacios de beneficios colectivos y apoyar
a los trabajadores que hacen posible que las instituciones económicas y
sociales de nuestro estado y el país funcionen. Es evidente que la ola
privatizadora sólo ha servido para beneficiar a las transnacionales y a una
minoría traidora a su servicio. Ya basta.
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