“La población mundial está en un proceso de
envejecimiento que de momento parece imparable y debe considerarse como un gran
éxito” (Ana Cabré, Universidad Autónoma de Barcelona).
Existe una larga lista de personas, de
trabajadores que por diversas razones iniciaron sus trámites para obtener una
pensión o jubilación del Isssteson tras haber dejado el alma y el cuerpo
embarrado en el trabajo. El organismo y el ánimo se van agotando y, gracias a
la seguridad social, el trabajador puede (y debe) hacerse a un lado y pasar a
dedicarse a labores personales, acordes con su condición de adulto mayor.
Si la bondad de la teoría de la
seguridad social es reconocida, aceptada y aplaudida por todos los gobiernos, nacional
e internacionalmente, y se le han consagrado páginas y libros enteros de
reconocimiento y apoyo a sus medidas, en la realidad nuestra las cosas lucen de
otra manera. Los 30 días dispuestos en la ley del Isssteson para contestar y
decidir una solicitud de jubilación se convierten en 60, 180, 240 o más días de
angustiosa incertidumbre, mientras el tiempo sigue corriendo y el derecho de
los trabajadores a las pensiones y jubilaciones sigue en el limbo.
Mientras el tiempo pasa, la gente
resiente el peso de los años y el desprecio de sus empleadores y del instituto
que debiera proteger y respetar sus derechos adquiridos durante décadas de
cotizar puntualmente. A pesar de que el dinero de los trabajadores es el que
sostiene al Instituto, se dan casos en los que el trabajador queda incapacitado
y es dado de baja en su empleo por lo que otra persona ocupa su puesto en el
trabajo y en la nómina, sin haberse concedido aún la pensión correspondiente.
Es decir, el empleado queda desprotegido porque no le paga ni la empresa ni el
Isssteson, pudiendo pasar meses y terribles días sin ingresos y en medio de un
vacío administrativo que, prácticamente, es una condena de muerte.
Sin embargo, existe una casta
privilegiada que goza de pensiones envidiables para el grueso de los
trabajadores. No es raro ver pensiones de más de 100 mil pesos, otorgadas a
exfuncionarios estatales que, para colmo, aún están prestando servicios y
cobrando sueldos igualmente envidiables: saltaron de la nómina del Estado para
cobijarse en la federal y la eventualmente discrecional y generosa del
Isssteson.
Tampoco es extraño que exfuncionarios
universitarios, por ejemplo, pasen de la nómina institucional a la del
Isssteson con “derecho adquirido 100%”, es decir, con todo su sueldo, sin la
merma del “sueldo regulador”. ¿Con ellos no aplica el criterio de que, “como
les descuentan poco, por eso reciben poco”? Siendo el mismo descuento
porcentual, ¿por qué el criterio de otorgamiento de la pensión es distinto?
¿Existe una especie de complicidad entre la administración universitaria y la
directiva del Isssteson para favorecer a ciertas personas que, según ha
trascendido, ni siquiera estaban en la lista de los más de 150 universitarios
con solicitud de jubilación con trámite suspendido?
Se tienen detectados cinco casos de
personas que obtuvieron en junio el beneficio de una pensión con el 100 por
ciento, de acuerdo con documentos oficiales en nuestro poder, entonces, ¿cómo
se sostiene el argumento de que “debe firmarse” un convenio que lo haga
posible, pagando básicamente más por lo mismo?
El Isssteson, objeto recurrente del
saqueo por la camarilla en turno, debe empeñarse en un serio esfuerzo por poner
sus cuentas al día y transparentar sus manejos financieros, así como apremiar
al gobierno del Estado para que se proceda urgentemente a implementar un
mecanismo financiero que permita solventar sus gastos y recuperar el dinero robado.
Cabe recordar que el Estado es el garante y responsable de la seguridad social
de los sonorenses, y que cuenta con recursos legales para recuperar los fondos
sustraídos, fincar responsabilidades administrativas y penales, hacer eficiente
el gasto, mejorar la prestación de servicios y no sólo mantener, sino mejorar
las condiciones de jubilación y pensión de los trabajadores.
¿Por qué se opta por salidas facilonas,
fincadas en criterios puramente actuariales que resultan absurdos porque el
problema es político y humano? ¿Por qué se pretende echar la responsabilidad de
la recuperación de los fondos pensionarios a las empobrecidas economías
familiares de los trabajadores que cotizan cada semana o cada quincena al
Instituto que ahora parece darles la espalda mediante un incremento en sus
cuotas? ¿Es culpa de los trabajadores que los patrones, quienes administran la
nómina, no cumplan con sus aportaciones al Instituto?
No es raro que, en pláticas, incluso
entre sindicalistas, se escuche de repente la manida explicación de que, “como
ha aumentado la esperanza de vida, los costos de las pensiones son más altos y
por eso ya no alcanza”. De repente el trabajador se coloca en el banquillo de
los acusados y, prácticamente, se declara culpable de ejercer un derecho
laboral y social adquirido tras décadas de aportar su esfuerzo productivo y sus
cuotas a la seguridad social. ¿Se habrán puesto a pensar que, nacionalmente, el
gobierno entregó los ahorros de los trabajadores a las administradoras privadas
para que hagan el negocio de sus vidas? ¿Sabrán que el monto del ahorro
pensionario es de casi tres billones de pesos, y que Hacienda todavía quiere
que aporten más a través de incentivar el “ahorro voluntario”? ¿Tendrán idea de
que la esperanza de vida es producto de la cantidad y calidad del esfuerzo
productivo de los trabajadores aplicado en gasto en ciencia, tecnología e
innovación? ¿Alcanzarán a entender que el producto social es posible gracias al
trabajo como generador de valor?
Y qué decir del caso Sonora, donde
desaparecieron algo así como cuatro mil millones de pesos que debieron
dedicarse a la seguridad social, en infraestructura, cuadros de medicamentos,
abasto de materiales de curación y medicamentos suficiente y oportuno, cantidad
y calidad en la cobertura médica, sueldos y salarios justos para el personal de
salud, plazas suficientes y, sobre todo, pensiones y jubilaciones dignas, que
garanticen una mejor calidad de vida para quienes han dado su vida laboral al
progreso de Sonora. Aquí, los sindicatos y organizaciones gremiales y sociales
tienen la obligación suprema de defender los logros y conquistas de los
trabajadores. La moneda está en el aire.
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