“Es propio de un buen pastor esquilar a su ganado, no desollarlo”
(Tiberio).
Estamos en una entidad federativa cuyas
características geográficas, climatológicas e hidrológicas insinúan que el uso
del agua debe ser orientado con una extrema prudencia, con cuidado y buen
sentido del ahorro. El crecimiento de la población y la dinámica de las
actividades productivas, exigen renovados esfuerzos para proveer en forma
suficiente y continua el vital líquido, cuyo uso prioritario debe ser el
humano.
Sin embargo, las autoridades parecen
empeñadas en jugar a las vencidas con la naturaleza y lo mismo desvían cauces
que destruyen árboles y construyen edificios en lechos de río, como también permiten
la instalación de empresas con altos requerimientos de agua a cambio de
organizar tandeos, bajar la presión o servir agua de calidad cuestionable
cuando no francamente intragable.
Al parecer, no existe lógica, sentido
común o de las proporciones cuando se diseñan o adoptan planes y programas que
debieran servir para apoyar el bienestar de los sonorenses. La prioridad ha
sido vender un producto escaso a los inversionistas foráneos, so pretexto de
generar empleos y ser “competitivos”, lo cual pasa por alto el equilibrio
ecológico, la protección del ambiente y, desde luego, la salud de las familias.
La voracidad criminal de empresas
mineras como Grupo México y similares, ejemplifican de manera clara la
inconsciente depredación ambiental que se agrava con la participación de
maquiladoras y otras empresas trasnacionales que disponen del recurso
hidrológico, y que expulsan al aire y al agua sustancias toxicas
bioacumulables, no sólo con el conocimiento de las autoridades sino con su
complicidad y apoyo, según se ha podido entender gracias a eventos recientes de
gran impacto social.
No deja de ser alarmante que, cuando
ocurre un accidente catastrófico como el derrame minero de Cananea, se pueda
tener la evidencia incuestionable de que el sistema de protección civil, las
salvaguardas legales y los aspectos logísticos de prevención y remediación de
los daños, no funcionan. Pueden pasar, no uno ni dos años, sino muchos más en
los que se despliegan la más obscena y ridícula demagogia, la manipulación
informativa y la descarada desgana por solucionar los problemas. Se acude a los
pronunciamientos mediáticos, a la oferta de dinero, a la minimización del daño,
a la desorganización de los afectados, a la apatía social, mientras que los
perpetradores gozan de impunidad.
Pero, a los daños protegidos por la
corrupción y la impunidad reinante, se añaden los proyectos acordados con los
mismos delincuentes ambientales, se fortalecen los compromisos y agradecen sus
migajas económicas, porque “hay que atraer inversiones y generar empleos”. Así,
mientras la minería obtiene cuantiosas ganancias, el gobierno celebra los
beneficios del “fondo minero” que huele a chantaje y leperada, y Sonora pierde
lo más por lo menos.
Es claro que el gobierno debe gestionar
programas y proyectos que incidan en el desarrollo económico y social de la
entidad, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pero toda labor de
carácter público conlleva una alta responsabilidad social, debiendo tener el
suficiente sustento científico, financiero, técnico y humano para ser viable.
Debe tener claro que la vida y el bienestar ciudadano está por encima de las
consideraciones y expectativas empresariales privadas, sean nacionales o
extranjeras. En este sentido, los proyectos de instalación de plantas
tratadoras de aguas o de desaladoras, o de confinamientos de sustancias
tóxicas, deben ser analizados desde una perspectiva integral, tomando en cuenta
el ambiente y no solamente por su inmediatez política o económica.
Apoyar proyectos de desalación de agua
en territorio sonorense al servicio de nuestro vecino del norte, como ha
trascendido recientemente, sin considerar la descarga de salmuera en un
ecosistema como el del Mar de Cortés, resulta aventurado cuando no francamente
criminal. Emprender proyectos que modifiquen las condiciones de la
biodiversidad acuática y terrestre serían una prueba contundente de la absurda
irresponsabilidad de quien gobierna.
Sonora no tiene por qué ser proveedor de
recursos naturales ni basurero de nadie. En todo caso, debiera procurarse
impulsar la economía estatal en estricto apego a nuestras posibilidades
productivas y dentro del marco del interés nacional. No se vale sudar
calenturas ajenas.
Es evidente que ha faltado el necesario
trabajo de inventariar, catalogar y clasificar económicamente los recursos
sonorenses y establecer su uso real y potencial; es obvio que no ha habido
aplicación de los conocimientos del geógrafo económico y del economista
especializado en problemas del desarrollo. En consecuencia, no hay diagnósticos
sectoriales, por lo que no hay políticas ni programas que aterricen en nuestra
realidad y que sirvan para algo; es triste ver que nuestro estado carece de
planeación y está sujeto a las eventualidades de una administración sujeta a
ocurrencias. Así las cosas, la economía sonorense está condenada a la
dependencia, a satisfacer necesidades ajenas, porque carece de la voluntad y atributos
necesarios para cumplir con los supuestos del desarrollo que establece la
Constitución.
En
la actualidad, es más evidente que las grandes batallas por librar para la
subsistencia humana tienen que ver con el agua, con la disponibilidad y la
garantía de acceso para poblaciones cada vez más grandes y demandantes. Es
absurdo comprometer casi por nada el futuro y sobrevivencia de nuestros
conciudadanos en aras de “hacer negocios”. El encarecimiento de las
subsistencias y la privatización de los servicios públicos dan cuenta de la
ineptitud del gobierno, de lo equivocado del modelo y, en este caso, el juicio
ciudadano estará pronto en manifestarse.
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