“La
naturaleza provee tanto como exige” (Seneca).
El 6 de agosto, pero de 2014, fue la
fecha de defunción de la productividad, la salud y el bienestar de los
habitantes de los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús,
Huépac, Banámichi y Arizpe. Los pueblos ribereños sufrieron el impacto de una
inopinada y masiva contaminación debida al criminal desinterés de Grupo México
por la seguridad industrial y la salud tanto de sus trabajadores como de los
habitantes de la región. A estas alturas, hay muchas y valiosas descripciones
de los daños sufridos por personas, animales, plantas y ambiente en general,
documentándose que también en el sector norte de Hermosillo ya se resienten los
efectos del agua contaminada con metales pesados.
Para muchos ciudadanos se siente lejana,
quizá indignante pero anecdótica, la historia del fin de la normalidad
cotidiana de más de 25 mil sonorenses. Parece que no nos involucra, que no nos
afecta realmente a pesar de que la prensa nos informa cada tanto sobre el
número de personas que enfermaron de su piel, hígado, páncreas, tiroides, o que
padecen cáncer u otros estragos de un envenenamiento que los hace perder
vitalidad hasta llegar a sucumbir a los efectos del agua contaminada.
Sabemos que las actividades
agropecuarias tradicionales de los pueblos ribereños ya no se pueden realizar y
están siendo limitadas porque el agua y el suelo están envenenados; queda claro
que las noticias emitidas por el gobierno federal y estatal minimizando los
daños no pueden ocultar, a estas alturas, una obscena trama de complicidades y
corruptelas; es claro que a pesar de las palabras de los funcionarios la
justicia está muy lejos de ser efectiva y expedita en el caso del Río Sonora y
Bacanuchi.
Estamos informados de que el agua que se
surte no es segura para la salud y que esto ha obligado a las familias a
comprar garrafones para cubrir a medias sus necesidades diarias, y que las
promesas de remediación e instalación de unidades de salud han quedado en el
aire, como un elemento más de contaminación por razones de complicidades y
corrupción. Sabemos que, incluso, han intervenido grupos de voluntarios
extranjeros, que han dado testimonio de la gravedad del daño en salud, y por la
parte económica, para nadie es novedad que no ha mejorado la situación
patrimonial y la calidad de vida de los afectados.
Cada cierto tiempo salen funcionarios a
declarar “resuelto” el problema enorme que aqueja a los productores, a sus
familias, a sus comunidades, y la sensación de abandono crece cada día sin
remedio ni descanso.
La tragedia ecológica se ha convertido
en tema de participación temporal de oportunismo académico que busca
rentabilizar el drama en forma de proyectos “de investigación”, o por el lado
político, de causa ciudadana que se manosea por razones de protagonismo e
interés electoral de coyuntura; pero no ha logrado aglutinar a las grandes
mayorías ciudadanas que debieran indignarse y organizarse solidariamente contra
la inacción y demagogia gubernamental y la criminal presencia de Grupo México
en nuestra entidad.
Hasta ahora, solamente un pequeño grupo
de personas ha abordado el problema con seriedad y credibilidad desde la perspectiva
de la ciencia, desde una visión humanista de la acción sindical, o desde la
óptica de la solidaridad ciudadana. Parece mentira que siendo tan grave el
problema sea tan indiferente la reacción social y tan ofensivamente distante el
involucramiento gubernamental en acciones que realmente sirvan de algo.
Siendo que el sector norte de Hermosillo
está amenazado por las aguas contaminadas, resultan increíbles las torpes y
absurdas declaraciones de funcionarios que pretenden minimizar la percepción
del problema, como si el ocultamiento de información esencial para tomar las
decisiones y acciones del caso tuviera el poder de evitarnos un verdadero
desastre urbano en salud.
Al parecer, lleva razón quien dice que
nuestra indiferencia y mezquindad hacen posible el abuso y la corrupción en
todas las esferas de la vida nacional y local. ¿Cuándo será cómodo apoyar a los
sonorenses afectados y protestar enérgica y permanentemente contra la viciosa
voracidad de Grupo México y la apatía y complicidad de las autoridades
“competentes” en el nivel nacional y local? ¿Es necesario que un tribunal
extranjero tenga que intervenir y exija la información puntual del desastre? ¿Cuándo
decidirá el poder ejecutivo y el legislativo plantar cara a Germán Larrea por
los delitos contra el ambiente y la salud de las comunidades afectadas? ¿De qué
estamos hechos?
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