"Cuando estés en la mesa, piensa primero en el pobre, pues si lo alimentas, alimentas a Dios" (Epigrama medieval).
Nuevamente los
ciudadanos sienten que la realidad es un accidente, cuando no un caso especial
de la visión y expectativas de los personajes que gobiernan. El absurdo nuestro
de cada día se expresa mediante discursos que permiten asomarse un poco a las
intrincadas tramas del poder ejercido a periodicazos, desplegados e inserciones
pagadas disfrazadas de noticia.
Los registros
periodísticos revelan que mientras que los gobernadores y el Ejecutivo federal
se empeñan en combatir la inseguridad a punta de iniciativas que lesionan al
federalismo mexicano, muchos presidentes municipales piensan que el mando único
no debe establecerse como una medida general, sino que, en todo caso, pudiera
responder a situaciones particulares. No todos los municipios están en las
mismas condiciones ni todos los presidentes municipales son serviles al
gobernador en turno.
El problema de
las disposiciones generales que se tratan de imponer es que se topan con barreras
como la Constitución de la república, de suerte que cuando se le tuerce el
brazo a la Ley Suprema también se violenta la historia política y
administrativa de estados y municipios. El mayoriteo en los congresos estatales
en la línea que traza el centro no sirve para otra cosa más que para demostrar,
con peras y manzanas, que aún no entendemos lo que es la vida republicana bajo
los supuestos del modelo federal, adoptado en 1824, restablecido en 1857 y
ratificado en 1910.
Los pujos
centralistas de quienes impulsan reformas claramente lesivas para nuestra vida
y coexistencia civilizada, en los términos del marco normativo federal, revelan
una ignorancia supina o, en su defecto, un ánimo depredador que pretende hacer
legal renunciar a los logros políticos del pueblo mexicano.
Si la sola idea
de reducir el ámbito de competencia del municipio, establecido en el artículo
115 constitucional federal y en el Título Quinto de la constitución local, es
ridícula, también lo es pretender combatir la pobreza mediante acuerdos y
pactos. Es evidente que por la visión asistencialista del gobierno jamás va a
pasar la idea de fortalecer las finanzas municipales y los ingresos familiares
mediante políticas de generación de empleo permanente, bien remunerado y con
seguridad social.
¿Tiene sentido,
más allá del manejo mediático, sentarse y firmar acuerdos cuya única finalidad
es la de repartir becas y apoyos a familias económicamente desfavorecidas? ¿La
pobreza se combate con discursos, pasarelas y buenas intenciones debidamente
publicadas en los medios informativos? ¿La miseria es necesaria para el
ejercicio del poder? ¿Por qué no impulsar la creación de empleos en empresas
sonorenses o nacionales que respondan a criterios de responsabilidad social,
protección ambiental y justicia laboral? ¿Tienen que ser maquiladoras las
únicas unidades productivas que se promuevan e instalen? ¿Por qué no atraer
inversiones que no afecten el ambiente, considerando que la disposición del
agua en Sonora debe privilegiar el consumo humano, de acuerdo a las más
estrictas normas sanitarias?
Es un hecho
reconocido y documentado que el desempeño económico de Sonora ha sido no sólo
bajo sino lamentable, pero, aun así, de ninguna manera se ven esfuerzos serios
por superar los problemas ocasionados por una conducción errónea del gobierno,
basada en ocurrencias. La ausencia de plan y programas dignos de ese nombre
persiste a pesar de haber cambiado las siglas del partido en el poder. Con esto
queda claro que el problema no es de partidos sino de visión política, de
proyecto de nación y de entidad federativa. Ayer fue el PAN y ahora es el PRI,
dos caras de la misma moneda. Dos enfoques o variaciones del mismo tema: la
reducción del espacio público en beneficio de lo privado. La disminución de lo
público trae aparejada otra cuya gravedad es evidente: la democracia sufre
condicionamientos y limitaciones impuestas por el mercado.
El incremento en
la tarifa del agua y el hecho de convertir en obligatorias las aportaciones que
antes eran voluntarias, hacen más complicado el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales para la mayoría de los ciudadanos. Quizá en algunos casos
no sea lo más significativo el monto, pero cabe considerar que, para muchos,
cualquier carga adicional trastorna el presupuesto familiar. Lo anterior genera
no sólo malestar sino evidentes cuadros de marginación social por razones
económicas.
El aumento en
los precios de los bienes y servicios no es necesariamente una solución al
problema de liquidez del gobierno, siendo que una función importante de los
impuestos debiera ser la de servir como mecanismo de redistribución del
ingreso. Lamentablemente, la administración pública no ha dado señales de
capacidad para ofrecer servicios con calidad y cobertura suficiente para los
ciudadanos, a quienes se empuja a asumir el papel de clientes.
La reducción del
espacio público lo es también de las condiciones de igualdad y equidad en el
acceso a los servicios públicos, con acento en la educación, la salud y la
seguridad pública. En este sentido, la sociedad se convierte en expulsora de
sus miembros menos favorecidos, generando con ello las condiciones objetivas de
la pobreza, la enfermedad, la desintegración familiar, la deserción escolar, la
delincuencia y la criminalidad.
Me parce que
antes de pensar en el mando único o la policía única, debiera pensarse en la
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, en su empoderamiento
efectivo no sujeto a la dádiva condicionada del gobierno, sino a la apertura y
acceso a oportunidades de empleo e ingreso decentes, que hagan posible el
restablecimiento de la confianza y el fortalecimiento de la esperanza, basados
en el respeto y la valoración de la acción ciudadana en la construcción de una
sociedad más justa e incluyente.
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