Inseguridad social: ¿meta del gobierno?

No hay duda que la naturaleza humana es contradictoria, a veces indiscernible, aunque casi siempre predecible. Pasamos de la búsqueda de la verdad al absurdo del pragmatismo cómplice; de la defensa verbal de la justicia a acción abusiva y criminal; del respeto a la legalidad a la violación sistemática de la norma; de la libertad como objetivo a la dominación y sujeción como propósito. Hablamos de las bondades de la democracia y el respeto a la dignidad humana mientras se busca el ascenso político mediante la compra de voluntades y la corrupción. Mientras que se reclama transparencia y honestidad, se gobierna con opacidad, simulación y represión a los disidentes.

Nuestro país ha retrocedido dramáticamente, entre otros rubros, en materia de empleo, ingreso y seguridad social, debido a una agresiva política de privatización que ha rebasado los límites impuestos por la prudencia política en otros gobiernos, igualmente neoliberales y entregados al gobierno de los Estados Unidos, pero con algunos residuos de dignidad y respeto a las formas. La política económica dista mucho de tener un enfoque nacionalista que procure no sólo estabilidad sino desarrollo económico, quedando sujeta a una función meramente instrumental que retoma y aplica medidas ajenas al interés general. De ahí la creciente inconformidad y el evidente fracaso de las políticas asistencialistas: no se fomenta el empleo y el ingreso y sí la acumulación privada en cada vez menos manos.

La aplicación mecánica e irresponsable de las recetas del FMI, Banco Mundial y OMC, ha desprotegido la economía nacional y desmantelado la infraestructura productiva, en beneficio del capital extranjero. Los productores nacionales se encuentran en franca desventaja respecto a las trasnacionales, de suerte que, por ejemplo, en la producción de alimentos e insumos agrícolas queda en manos de Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, entre otras, con grave daño a la biodiversidad y la sobrevivencia de especies y variedades endémicas.  En tal virtud, la oferta de alimentos se reduce y decrece en calidad, lo que explica la aparición de enfermedades crónico-degenerativas antes desconocidas o poco significativas. Gracias a la complicidad del gobierno, la soberanía alimenticia y la economía agrícola está en manos de extranjeros, dejando al campo mexicano en calidad de zona de expulsión de fuerza de trabajo y de área de influencia del crimen organizado.

Si el trabajo y el ingreso disminuyen, es claro que la demanda de bienes y servicios se precariza, condenando a los asalariados y desempleados a cuadros de subconsumo creciente. Con ello, la vulnerabilidad de la población a enfermedades asociadas a la pobreza, aumenta. Un organismo inmunodeprimido es blanco de enfermedades y, en consecuencia, aumenta la probabilidad de contraer padecimientos que difícilmente pudieran atacar a una persona alimentada adecuadamente y en condiciones de buena calidad de vida. La disminución del ingreso en términos reales más una deficiente alimentación permite suponer un incremento en la demanda de servicios de salud y asistencia social.

A la precarización de la economía nacional sigue la privatización de áreas y funciones antes responsabilidad del Estado, con lo que se han impulsado reformas que afectaron tanto al IMSS como al ISSSTE, subrogando áreas y servicios en detrimento de la calidad de la atención, pero sobre todo, de la función social del gobierno: la salud se privatiza parcialmente gracias a la subrogación, con lo que se perfila tanto la salud como la seguridad social como áreas de oportunidad para los negocios privados.

El gobierno prefiere pagar rentas y la provisión de servicios a agentes privados, antes que administrar sus propios recursos e invertir en infraestructura, equipo, medicamentos y personal especializado, que puedan elevar la calidad del servicio mediante la capacitación y actualización constantes. En la actualidad las instituciones de salud pública agonizan; se carece de equipo, medicamentos y materiales de curación; las condiciones de atención hospitalaria no favorecen la pronta recuperación del paciente y los familiares se ven obligados a realizar labores de enfermería al ocuparse de las necesidades básicas del enfermo, ya que el personal no se ocupa de ellas. Asimismo, se extienden recetas con la esperanza de que las familias cuenten con los recursos para surtirlas, ya que las farmacias muchas veces se niegan a proveer medicamentos ante la incertidumbre de que la institución cuente con la capacidad para cubrir el importe en un plazo razonable.

Los recortes de personal y la cancelación o desincorporación de servicios y responsabilidades, se han convertido en práctica obligada por el modelo económico neoliberal, lo cual se agudiza cuando la administración pública se ejerce con torpeza y arbitrariedad. El reciente caso del despido de personal médico y de enfermería adscrito al Hospital Chávez del Isssteson constituye un ejemplo claro de esto.

Para nadie en su sano juicio puede ser creíble que el despido de 300 trabajadores puede llegar a resolver el problema de nómina del instituto. Si las autoridades han dicho que se trata de “desvincular” (despedir) a personal de confianza, ¿quién puede creer que los eventuales están en esta categoría? Si un trabajador eventual es alguien que figura en una lista para ser llamado cuando se le necesite y qué solamente funge como empleado en el momento en que la institución lo llama para cubrir un turno, ¿cómo se puede justificar que sean desalojados justamente cuando están ejerciendo las funciones temporales para las que fueron convocados? Entonces, ¿para qué los llamaron?

Tras la arbitrariedad de su violenta expulsión del centro de trabajo, la actuación de las autoridades apoyadas por elementos de la policía constituye una verdadera ofensa a la dignidad de los profesionales de la salud y, en general, a la clase trabajadora sonorense. Duele ver el desparpajo de las declaraciones: “fue una medida dolorosa pero necesaria”; “si no hacemos esto, se corre el riesgo de que el Isssteson quiebre…”

Los mensajes son contradictorios, ya que por una parte se habla de poner orden en las finanzas estatales, pero las primeras víctimas son humildes trabajadores eventuales que viven de la buena o mala fortuna de una llamada para cubrir una jornada, de acuerdo al criterio de la parte patronal. ¿A qué hora se pondrán a trabajar en serio? ¿Cuándo se dejará de gobernar a periodicazos?