Para no creerse

                                  “Se condena a un juez cuando absuelve a un culpable” (Publilio Siro).

Los habitantes de Sonora han visto cómo los cargos públicos pueden ser transformados en una especie de patente de corso, en licencia ilimitada para saquear el erario, servirse del puesto para hacer negocios privados y favorecer a parientes y amigos en un jolgorio cuya duración de tres o seis años puede ser el pasaporte a una vida regalada, llena de los lujos y privilegios que consigue el poder económico y las conexiones políticas.

Ha estado a la vista que el presupuesto público se ha usado mal y que el destino de fondos cuantiosos está por aclararse o, en su caso, quedar como parte del anecdotario político de cómo estando en el poder el panismo abusó de los sonorenses y se fue con morrales de dinero y propiedades, sin que la justicia sea capaz de hacer lo suyo.

Tenemos casos de saqueo de fondos a la par que inmobiliario, donde personajes de la clase política en turno repentinamente se hacen de tierras, aguas, ganado, que distan de estar al alcance de sus sueldos oficiales. Terrenos como los del vaso de la presa A.L. Rodríguez y otros cercanos aparecen como adjudicaciones legales en contra de los ciudadanos pobladores de estos parajes, sin que valgan reclamos de justicia ni denuncias públicas.

Resulta bastante cansado hacer el recuento de los renglones torcidos del “Nuevo Sonora” de Padrés y similares; da grima repasar los desatinos declarativos, las actitudes de prepotencia, frivolidad y franco atraso político y administrativo de las autoridades aun en funciones; postra el ánimo contemplar el desmantelamiento de la administración pública en manos de pitufos descarriados con más hambre que prudencia. Las formas políticas se dejaron de respetar y los usos y procedimientos administrativos pasaron al archivo. Por las razones de cansancio, grima y postración anímica, solamente comentaré algo del capítulo más reciente de la cadena de desastres ahora del dominio público sonorense.

Antes sabíamos que existían bandas dedicadas al robo y tráfico de infantes, que existían secuestradores que hacían este infame trabajo, pero generalmente parecían como hechos improbables, ajenos y lejanos, fuera de lugar en Sonora. Lo impensable estalla en nuestra cara al darnos cuenta de que los traficantes de infantes son funcionarios ligados a la Procuraduría de Defensa del Menor y a un organismo otrora respetable como la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Se sabe que la Procuraduría de justicia del estado tenía conocimiento desde principios de año del infame negocio, sin embargo no actuó sino hasta ahora que estamos en el período de transición. La reciente acción legal de la PJE parece oscurecerse debido a que los delincuentes confesos fueron dejados en libertad bajo fianza, por la razón de que no se consideraron de gravedad los delitos imputados y porque, según aclara el propio procurador Navarro, no se tenía la seguridad de que la confesión fuera del todo verdadera ya que les faltaban pruebas que la confirmaran, de acuerdo al “nuevo sistema de justicia penal”: “En entrevista para una radio local, el fiscal Navarro declaró que había dejado en libertad a los funcionarios que confesaron la utilización de sus cargos públicos para cometer el crimen, porque no había certeza de que estuvieran diciendo toda la verdad, además, advirtió a la ciudadanía que tienen que irse acostumbrando a ver en libertad a más presuntos culpables por la implementación del nuevo sistema de justicia penal” (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=163007&relacion=&tipo=Sociedadyjusticia=466).

Quiere decir que si un delincuente confesa su falta, la PJE pondrá en duda su confesión hasta  que reúna las pruebas de que lo que dice es cierto. En otras palabras, si alguien mata a otro y la autoridad lo detiene y confiesa, no vale el principio de “a confesión de parte, relevo de pruebas” sino que para la autoridad es posible que el sujeto se esté echando la culpa de algo que no cometió y es deber de la autoridad no creerle hasta que se pruebe que el criminal es en efecto un criminal, no vaya a ser que alguien se quiera hacer pasar por delincuente para gozar de la comodidad y los beneficios de la prisión.

La ridícula explicación del procurador Navarro contrasta con el atraso que tiene Sonora en el mencionado sistema acusatorio que el gobierno de la república insiste en implantar en toda la nación, a imitación de los juicios que vemos en las series de televisión hechas en Estados Unidos, donde se da el reality show legal ante un público ávido de los asquerosos y torcidos detalles que, posiblemente, ilustrarán futuras acciones criminales.

La realidad es que dos delincuentes confesos fueron dejados en libertad y ahora nadie sabe dónde se encuentran, aunque el cómo se encuentran queda más que claro: gozando de los beneficios del sistema penal que aún no acaba de implantarse en Sonora y de los propios de una situación económica boyante gracias al comercio de niños sonorenses. ¿Se necesita puntualizar que la actual hazaña modernista de la justicia sonorense es una pura y real mamada? Para no creerse…