Por asombroso que parezca, el rector
de la Universidad de Sonora (Unison), recientemente declaró que debe “pedir
disculpas” por la inseguridad que cada año se tiene por la posibilidad de una
huelga. Extraña forma de manifestar interés en dialogar con la contraparte
universitaria que son los sindicatos. Llama fuertemente la atención el hecho de
“pedir disculpas” en vez de ofrecerlas a la sociedad y a los
propios afectados de la acción o inacción de la administración de la casa de
estudios para resolver los conflictos que, por razones absolutamente naturales
y legales, se dan en cualquier institución educativa como la Unison, donde se
respeta con sus asegunes el marco legal que rige las relaciones entre los
actores formales y orgánicos universitarios: autoridades y trabajadores. Al
respecto, le comento algunos detalles.
Tanto las autoridades administrativas
de la Unison como del gobierno del estado, parecen asombrarse y casi caer en
paro por la impresión cuando algún sindicato inicia gestiones, emplaza y
eventualmente estalla una huelga, lo que lejos de percibirse como una acción
socialmente ubicada en el contexto de las realidades económicas y políticas
nacionales y locales, parece una especie de pecado que pone a los trabajadores
frente al paredón de fusilamiento de una sociedad basada en el dogma de la
empresa privada y la ausencia de derechos para quienes hacen posible la
producción. Al respecto, no está de más recordar ese viejo documento llamado Constitución
Federal que pone en su Artículo 123, fracc. XVII: “Las leyes reconocerán como un derecho de los
obreros y de los patronos, las huelgas y los paros”.
Así las cosas, el susto, sofoco,
arrebato de ira y sainete mediático quedan desacreditados, aunque se encubran
con el disfraz de la preocupación “por los estudiantes”. Aquí, las lágrimas de
cocodrilo y los aspavientos publicitarios huelen a incompetencia, manipulación
y engaño.
“Pedir”, en vez de ofrecer disculpas
por no entender el complejo y críptico mensaje de la Constitución Federal y la
legislación laboral pudiera ser un acto de prepotencia por accidente,
ignorancia o despiste. Por el contrario, ofrecer disculpas porque alguien cumple
con la ley, ¡no tiene precio!
Para ilustrar el chiste involuntario
del señor rector, cito el texto del artículo 447 de la Ley Federal del Trabajo (LFT):
“La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de
trabajo por todo el tiempo que dure”, por lo que el ánimo beligerante contra el
sindicato en huelga cae en garras del ridículo, toda vez que en el artículo 449,
dice: “La Junta de Conciliación y
Arbitraje y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer respetar el
derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y
prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo”.
En este tenor, ¿cuál es el problema
que tienen las autoridades universitarias de respetar el derecho elemental que
ejercen los trabajadores sindicalizados? ¿Por qué algunas fracciones
estudiantiles no entienden o parecen no saber que la suspensión legal de las
actividades se conoce como huelga y que, siendo legal, las autoridades
presencian tanto el cierre de las instalaciones como su apertura, dado que es
responsabilidad de los sindicalistas todo lo que se encuentre en el interior de
las instalaciones como de la integridad física de las mismas? ¿Qué tan difícil
puede ser para una persona normal darse cuenta de que el sindicato es
responsable ante la ley de lo que pase al interior de la institución en huelga?
Por otro lado, ¿Qué sienten o que
pierden o ganan las autoridades administrativas con hostigar a los trabajadores
y además insistir en que no pagarán los salarios caídos porque “sería alentar
la costumbre perversa de estallar huelga cada año”? ¿En serio?, ¿de veras piensa
el rector que las huelgas estallan porque se pagan salarios caídos? Si es así,
entonces se puede suponer que su terquedad, empecinamiento y aferre obedece a
la intención de disciplinar, aleccionar y educar a los sindicalistas y cambiar
las tácticas de lucha laboral actuales por otras más a tono con su muy
particular forma de ver la relación laboral universitaria. Para algunos sonará
muy bien, pero baste leer siquiera por encima la ley laboral para empezar a
sospechar que la cosa no es tan así. ¿El buen rector se quedó anclado en las
relaciones laborales del tiempo de don Porfirio? ¿No le habrán informado que en
el país hubo una revolución que dio el fruto de una legislación de las más
avanzadas en materia social?
En la LFT, el artículo 469 nos dice
con todas las letras que: La huelga terminará:
I. Por acuerdo entre los trabajadores
huelguistas y los patrones;
II. Si el patrón se allana, en
cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de
huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores;
III. Por laudo arbitral de la persona
o comisión que libremente elijan las partes; y
IV. Por laudo de la Junta de
Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a
su decisión.
Llamo la atención del culto, sereno e
imparcial lector sobre lo que dice la fracción II del numeral de referencia. Su
lectura nos revela que una de las condiciones para el levantamiento de la
huelga es, precisamente, el pago de “los salarios que hubiesen dejado de
percibir los trabajadores”. Si el suelo está tan parejo, ¿por qué el rector
adjetiva como perverso el cumplimiento de una de las condiciones para la
terminación del conflicto? Esos recursos que defiende, ¿acaso no están
presupuestados? ¿En beneficio de quién es el ahorro? ¿A quién le está queriendo
hacer el favor?
Podría pensarse que los aires
neoliberales que soplan de norte a sur del continente afectaron el sano juicio
de quien empezó siendo sindicalista para después caer en garras de la anodinez
burocrática. La pregunta obligada es: ¿En qué momento perdió la identidad
universitaria? ¿En sus años de permanencia institucional, el encanto de la
burocracia canceló su sentido de las proporciones? ¿Ahora el enemigo es el
trabajador? ¿Pensará que siempre va a ser rector y nunca va a regresar a su
base académica para ser uno entre tantos trabajadores que luchan por sobrevivir
los impactos del congelamiento salarial y el alza constante en el costo de la
vida?
Por otra parte, el sindicalismo en el
actual momento vive una de sus etapas más difíciles, más angustiantes, menos
promisorias porque el entorno político general es adverso, y las negociaciones
deben por fuerza contar con el ingrediente de la buena voluntad y la prudencia
para poder prosperar, por lo que empecinamiento y la inflexibilidad no son
buenas vías para llegar a puerto seguro. Por lo anterior, resulta inexplicable
la actitud de la administración universitaria y la indolencia e
irresponsabilidad del gobierno del Estado. La primera porque se pone en plan de
antagonista irreductible sin asumir la responsabilidad de gestionar los
recursos necesarios y reclamar lo que en derecho le corresponde a la
institución. En el segundo caso, por la irresponsable administración de los
recursos y la opacidad en el manejo de los fondos que debieran ser destinados a
la Universidad. Así las cosas, la prudencia, que no la dejadez ni el derrotismo
de los trabajadores, debe ser el factor de madurez que falta en esta ecuación.
Mientras el gobierno del estado y la
administración universitaria duermen en sus laureles, más de 300 mil
sindicalistas en el nivel nacional se preparan a apoyar a los sonorenses.
¿Sabrán los señores rector y gobernador lo que están provocando? La prudencia
no es cobardía, la buena voluntad no es debilidad y la solidaridad no es un
vicio, sino un imperativo humano.
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