Todo parece indicar que la
coincidencia feliz entre gobierno del estado, rectoría de la Universidad
de Sonora y madres de familia contra la
huelga no es tan fortuita, casual o producto del azar. La semejanza del
discurso de cada uno de los actores es verdaderamente escalofriante, más si
concordamos en que en política no existen las casualidades. En ese tenor,
parece apropiado aventurar que debe existir un acuerdo soterrado que contribuya
a tal sincronía y, por lo pronto, vale decir que el punto de confluencia no es
necesariamente el afán de apoyar a los estudiantes para que lo hagan sin las
interrupciones propias de la realidad social y política que se vive en el
planeta Tierra.
Una coincidencia esencial entre estos
opinantes es la de querer una universidad sin huelgas, ajena al paso del tiempo
y los afanes humanos, a las confrontaciones ideológicas, a las luchas entre
capital y trabajo, a los esfuerzos de los ciudadanos por acceder a mejores condiciones
de vida, en fin, a todo aquello que conecte a los pupilos universitarios con el
medio al que arribarán una vez terminen sus estudios, es decir, a la realidad
de las múltiples manifestaciones del sistema económico y sus impactos en la
sociedad, la política y la cultura.
Los esfuerzos por establecer una
especie de realidad intrauterina para los jóvenes estudiantes sonorenses han
sido apoyados solidaria y subsidiariamente por el rector de la Universidad, quien
sostiene que la huelga no tiene razón de ser y que recientemente acudió a la
ciudad de Navojoa a “buscar el apoyo de la sociedad” y a “expresar su sentir y
a recalcar que no cederá ante presiones del STEUS y el STAUS” ya que “es un
peligro cuando estalla una huelga sin razón y sin fundamentos” y remata
categórico: “ya basta de utilizar la huelga o paros como un medio para
conseguir lo que no es ético conseguir o lo que no es razonable por la realidad
presupuestal” (El Imparcial, 7/04/2014).
Asimismo, el gobernador del Estado se
permitió asevera que “la huelga en la Universidad de Sonora no tiene razón de
ser”, y respalda la exigencia de los padres de familia para “exigir que la
Universidad de Sonora abra sus puertas”. Al respecto, el secretario de gobierno
anunció que preparan un plan para dar clases extramuros para evitar el retraso
académico, no sin dejar de declarar que “el nombre y el prestigio de la
Universidad de Sonora se ha dañado con tantas huelgas en los últimos años”
(Expreso, 6/04/2014).
La representante de las señoras que se
cobijan bajo el membrete de “Comunidad en movimiento contra huelga Unison”, Leticia
Escontrillas, ha declarado que “las clases extramuros se pueden realizar, el
rector va a hacer un llamado al Staus en las negociaciones que van a tratar de
tener para que los maestros puedan dar clases fuera de la Universidad de
Sonora”, afirmando que la SEC será la dependencia encargada de coordinar la
logística y conseguir los planteles (El Imparcial, 8/04/2014). Como se ve, cada
cual opina a su manera y coincide en un punto esencial: “la huelga no tiene
razón de ser”.
Lo cierto es que las medidas apuntadas
por el gobierno y otros involucrados son claramente mecanismos para hacer
desaparecer el derecho a huelga consagrado en la Constitución. Lo anterior es
claramente dicho por los actores oficiales: “El gobierno se meterá a fondo para
evitar en el futuro las huelgas constantes en la Universidad de Sonora
(Unison), y si para ello se requiere una iniciativa, el Ejecutivo estaría
dispuesto a presentarla (…) dijo el secretario del gobierno, Roberto Romero
López” (Kiosco Mayor, 7/04/2014). Por su parte, el rector Grijalva manifestó en
Navojoa “Es un peligro cuando estalla una huelga sin razón y sin fundamentos,
se ha dicho que yo quiero acabar con los movimientos de huelga, claro que no, es
un derecho constitucional, pero también es un recurso que debería ser más
valorado” (El Imparcial, 7/04/2014). En su momento, la señora Escontrillas
declaró que no les importa quién tiene la razón, que lo que quiere el
movimiento contra la huelga es que se abra la Unison de inmediato.
Tan activos opinantes parecen dejar de
lado un pequeño detalle que, como muchas cosas olvidadas, está en la
Constitución federal. Por ejemplo, lo que dice el artículo 123, Fracc. XVII. “Las leyes reconocerán como un
derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros”, con lo que
queda claro que la Universidad debe pagar el día no trabajado por el STEUS, ya que
fue usado como medio de protesta ante la ninguneada de la administración a los
reclamos del sindicato de manuales y administrativos. Un medio lícito de
presión se convirtió en un pretexto para que la administración justificara su
falta de voluntad para negociar con los trabajadores.
Por otra parte, los reclamos
histéricos de las señoras metidas a activistas y los no menos estridentes del
gobernador del estado y su secretario, como por el propio rector, parecen pasar
por alto que el artículo 447 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) vigente,
señala que “la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las
relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure”. Por otra parte, la supuesta
posibilidad de que los académicos del STAUS ejerzan labores de docencia fuera
del campus universitario es simplemente una vacilada, ya que el propio contrato
colectivo de trabajo establece cuáles son las condiciones para la prestación
del servicio.
Lo que no tiene razón de ser, por todo
lo visto, es que se sigan teniendo de rehenes a los estudiantes por parte de la
administración universitaria, el gobierno del Estado y ahora las señoras que se
ostentan como madres, para tratar sin respeto alguno a los sindicalistas y violentar el marco
normativo de la propia institución que dicen defender con ignorancia casi
absoluta de lo que es y cuáles son sus propósitos. Lo que deben hacer las
autoridades es tomar en serio su papel en la mesa de negociaciones.
La Universidad es un bien social del
pueblo de Sonora, en el sentido que su propósito fundacional fue dar a la
comunidad una institución de educación superior que permitiera a los sonorenses
acceder a los beneficios de la ciencia, la técnica y las artes. Por ello se
debe apoyar y respetar, y no tratar de interferir ni intervenir en sus asuntos
internos, ya que para el cumplimiento de sus fines es autónoma, de acuerdo al
artículo 3º, fracción VII de la Constitución. En ese sentido, es absurda la
declaración y los propósitos de intervención del gobierno de Sonora, y por lo
menos cuestionable y poco sensata la actitud del rector Grijalva.
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