Como el culto lector
estará enterado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) ha negado la
prórroga al sindicato STAUS de la Universidad de Sonora (Unison), con lo que
los académicos se encuentran en una posición complicada ya que, al parecer, no se
podrá estallar la huelga emplazada. La decisión se apoya en la negativa de la
administración universitaria de aceptar la prórroga. Al respecto, los maestros
han promovido un amparo contra la decisión de la JLCA que permita conjurar esta
amenaza a la vida sindical.
Mientras son peras o son
manzanas, la situación al interior de la Universidad parece aligerarse gracias
al nuevo ofrecimiento (integral y definitivo, dice) de la rectoría, mediante
oficio de fecha 30 de abril. Llama la atención que se ofrece el 50 por ciento
de los salarios caídos y, “por esta única ocasión, una cantidad de recursos,
equivalentes al 25 % de los salarios caídos, para que sean destinados de común
acuerdo a prestaciones de monto fijo no regularizables (de una sola vez) tales
como el Fondo Complementario de Pensiones y Jubilaciones STEUS-UNISON; Fondo de
Estímulo a la Jubilación; Fondo Revolvente de Vivienda y Fondo de Préstamos”.
Aquí, la
pregunta que surge es: ¿Por qué se regatea el pago de los salarios caídos? El
otro 25 por ciento, ¿qué no es dinero de los trabajadores? ¿Por qué la
administración destina estos recursos para que sean aplicados a prestaciones?
Huele como que la rectoría juega a negociar y ofrecer pero con los propios
recursos de los sindicalizados.
Si bien es cierto que
las posturas radicales no son afortunadas en una negociación, tampoco lo son
aquellas que exhiben ante la opinión pública una buena voluntad y disposición
que no necesariamente existe en los hechos. Jugar con la apariencia parece ser
la marca de la casa en el “Nuevo Sonora” y, lamentablemente, en las
instituciones que bajo el influjo de la mentalidad neoliberal pugnan por la
desaparición de los derechos laborales.
Algunos opinantes podrán
argüir que existe corrupción en los sindicatos y que las dirigencias presentan
puntos oscuros que hay que señalar; otros pueden postular que los sindicatos no
sirven y que deben desaparecer. Quizá tengan algo de razón y seguramente existen
prácticas que suponen discrecionalidad en la toma de decisiones y el manejo de
los asuntos gremiales. Seguramente hay renglones torcidos en las organizaciones
sindicales que deberán de enderezar sus propios integrantes, en aras de la
transparencia y la certidumbre de respeto a las normas estatutarias y a la
legislación vigente. Esto es tan cierto como lo es la peligrosidad de la
crítica oficial y oficiosa contra la organización de los trabajadores, que
aparece como tarea sistemática de la parte patronal y del gobierno neoliberal,
apoyada de manera consciente o no por ciertas fracciones de trabajadores.
En el caso de éstos,
volverse en contra de su propia organización por rencillas entre grupos o
corrientes sindicales es una actitud suicida en determinados momentos políticos.
En una situación de huelga, la unidad es fundamental y la crítica y autocrítica
se debe desarrollar al interior de las organizaciones, con madurez y altura de
miras, en el momento en que las condiciones lo permitan. No es posible que los
trabajadores se conviertan en instrumentos de la parte patronal cuando lo que
está en juego es la sobrevivencia del gremio. Aquí aplica eso de que la ropa
sucia se lava en casa. En todo caso, la unidad de todos es lo que garantiza un
mejor control de daños. Dejar de lado las diferencias es lo más recomendable
puesto que ya se tendrá tiempo para el ajuste de cuentas al interior así como
de la validación o no de los cuadros dirigentes.
Mientras que la vida en
los sindicatos supone la libre confrontación de ideas y formas de acción porque
se parte del principio de que es democrática, la administración sigue otra
lógica y sus intereses a veces no coinciden con los de éstos. Las diferencias
se tienen que dirimir y formalizar en las revisiones salariales y contractuales
y cuyos acuerdos temporales se incorporan a la normativa institucional. En la
Unison ambos sindicatos periódicamente se encuentran en este proceso y a nadie
debiera extrañarle que surjan diferencias y enfrentamientos entre las partes,
hasta alcanzar un nuevo equilibrio entre ellas. Mientras esto ocurre, las
declaraciones, denuncias, críticas de diverso calado e incluso diatribas, pasan
a formar parte del bagaje histórico de la relación institucional.
Si esta es la
normalidad, habría que valorar los cambios que sufre bajo la influencia de su
contexto. En nuestro país se tiene pruebas claras y suficientes de que la
política laboral ha sufrido un retroceso en cuanto a la valoración y el respeto
a la vida de las organizaciones de los trabajadores. Desde Salinas, pasando por
los sexenios panistas hasta el actual, la lucha sindical ha cambiado su acento
de los logros en las negociaciones a la defensa de su autonomía y su
sobrevivencia. Sonora no es la excepción y valdría la pena reflexionar sobre lo
que plantea Chomsky sobre las universidades (http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-universidades-noam-chomsk-articulo-480438).
Así las cosas, la lucha
pasa de ser laboral a ideológica y política, en un contexto institucional donde
los académicos quizá estén más preocupados por sus puntajes en el programa de
estímulos y los estudiantes en el promedio para obtener descuentos en las
cuotas semestrales. El debate sobre la Universidad, su modelo curricular, su
marco normativo y su financiamiento pueden esperar. Las prioridades están en
otra parte.
En estos tiempos que
corren, la defensa de la administración por el hecho de serlo suena un tanto
kafkiana, a juzgar por su facilidad para adecuarse al discurso económico dominante, a la pérdida
de piso en cuanto a los aspectos esenciales de la vida institucional. Por el
lado de los sindicatos, eventualmente se da el despiste organizacional al
centrarse en los aspectos atinentes a lo económico y dejar de lado los aspectos
políticos de la relación. Lo anterior permite que sea fácil aprovechar la desinformación
e inmadurez de los estudiantes para manipularlos en beneficio de los opositores
al sindicalismo y prohijar una actitud histérica en la comunidad donde hasta
algo tan elemental como la recalendarización del semestre, se puede convertir
en objeto de una lucha cuya energía bien pudiera tener otros objetivos. La
paranoia inducida recorre los pasillos de las instituciones en huelga.
Estamos en tiempo de
política de portazo y zancadilla por parte del gobierno neoliberal de Padrés,
amigo de aprovechar la coyuntura laboral universitaria para golpear a los
trabajadores y hacerlos tanto chivos expiatorios como distractores del desorden
financiero que existe en la administración estatal. Lo lamentable del caso es
que el rector de la Unison da muestras de haber caído en este tipo de esquema.
De ahí la inconformidad de los trabajadores y el sentimiento de traición que
muchos experimentan. La irritación de profesores, empleados administrativos y
manuales y de estudiantes es efecto de una causa común: la aplicación de un
modelo absurdo y antiuniversitario que lesiona a las familias sonorenses y
ofende la dignidad de los trabajadores.
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