Leyes al modo pitufo

¿Se ha dado cuenta que cada vez hay más ocurrencias legislativas contra los trabajadores y sus organizaciones? ¿Ha notado que el discurso oficial y oficioso tiende a condenar de una u otra forma la lucha por los derechos laborales? ¿Ha visto cómo coyunturalmente surgen organizaciones de “madres de familia” o “estudiantiles” contra los movimientos de huelga? ¿Cree usted que lo anterior es una casualidad, o una reacción ciudadana legítima?

Si hacemos un poco de memoria, durante una huelga en la Universidad de Sonora, el entonces senador Guillermo Padrés Elías, invitó a desayunos o comidas a grupos de estudiantes “preocupados” por la huelga, expresando sin recato alguno que iba a impulsar iniciativas que pusieran orden en eso de la suspensión de clases, por aquello de “defender el derecho de los estudiantes a estudiar”.

Obviamente, los estudiantiles afines al PAN tomaron como suya la bandera del desparpajado aspirante a gobernador en precampaña, dueño de la linealidad y falta de conocimientos jurídicos que, según se ha podido constatar, es característica propia del neopanismo. Lejos quedaron los escrúpulos legales, el respeto a las normas, la ética y la moral que otrora enorgullecía a los panistas de viejo cuño, como don Jesús Larios, Nacho Bustillos y Prisciliano Meléndrez, entre otros, que independientemente de sus convicciones políticas de campanario y sacristía, honraban sus deberes y obligaciones ciudadanos poniendo por delante una vida honesta, ajena y distante a la actualidad oportunista, falsa e hipócrita de quienes llegando al gobierno, han hecho gala de rapiña y manoteo.

Últimamente se ha visto que el tema de la huelga universitaria es el pretexto ideal para que el panismo relance su imagen y luzca como un defensor de los derechos estudiantiles. Curiosamente, en el llamado “Nuevo Sonora” el subsidio otorgado a Universidad de Sonora (Unison) se ha reducido mientras que el correspondiente a casas de estudiantes ha corrido la misma suerte o ha sido eliminado, como es el caso de la Casa del Estudiante Urense, que desde hace un año no recibe ningún tipo de apoyo (http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=143590&relacion=&tipo=Principal1&categoria=1). Como se ve, la preocupación del gobierno tiene sus asegunes.

La triste realidad es que logreros impreparados han tomado por asalto las cámaras y micrófonos de los medios periodísticos para pontificar acerca del maravillosos mundo pitufo y la necesidad de privar a los trabajadores de un derecho elemental que es el de huelga: “que las instituciones educativas no suspendan clases, que se cierren oficinas, que no haya investigación, pero que las clases continúen”, declara el diputado plurinominal Damián Zepeda Vidales, en una torpe entrevista ( http://youtu.be/bI0tqjLPA_I) donde usted podrá constatar que el conocimiento de las leyes que rigen este país es una materia ignorada u olvidada aún entre los que se ostentan como “licenciados en derecho” dentro de las filas del PAN.

En la entrevista de referencia, el diputado (sic) Zepeda no tiene empacho en aprovechar la torpe ayuda del entrevistador y cae en comparar la huelga universitaria con la de algún hospital, como si la legislación no hiciera una clara valoración a favor de la salud y la vida de los pacientes en caso de que el centro hospitalario entrara en huelga, peligro que no se puede comparar con la situación de los alumnos de cualquier centro de enseñanza porque no tiene los mismos efectos, para empezar no pone en riesgo la vida de nadie y la salud y la educación no se miden por los mismos parámetros. Por si fuera poco, el diputado (sic) pone el ejemplo de una casa, y remata afirmando que no se puede cerrar la casa de los estudiantes que es la universidad.

No sé en qué universo paralelo puedan compararse las relaciones de los trabajadores de un hospital y los de una universidad.  Mientras que si los primeros suspenden labores, pueden afectar la salud de los pacientes y poner en peligro su vida, por lo que el legislador ha establecido que los servicios de emergencia deberán seguir funcionando hasta poner fuera de peligro a los enfermos bajo su cuidado; en cambio, a la universidad nadie ingresa por estar enfermo, ni se agrava ni se muere por una huelga. Por lo segundo, la “casa de los estudiantes” no es la universidad, sino el lugar en el que, durante un cierto tiempo, concurren para adquirir y formalizar sus conocimientos. En ese sentido, la huelga solamente implica la suspensión temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje en aulas, que continúa una vez que termina el conflicto laboral. Para eso son los ajustes en el calendario escolar.

Sorprendentemente, el citado legislador (sic) puso en la misma balanza el derecho de huelga y el derecho a la educación. La inopinada revelación seguramente ha revolucionado  el derecho constitucional y las prioridades nacionales, habida cuenta que la referencia es la huelga de la Universidad de Sonora que, como se sabe, es una institución de educación superior y éste nivel académico es opcional en México como en el resto del mundo, ya que sólo es obligatoria la educación en el nivel básico que abarca la primaria, secundaria y media superior.

La realidad es que aún si se tratara de una escuela secundaria o preparatoria, el derecho de huelga está por encima del derecho a la educación, en tanto que el primero lesiona directamente la economía de los trabajadores y sus familias mientras que el segundo se salvaguarda y es retomado una vez que se soluciona el conflicto. Dicho con todas las letras: en México, como en el resto del mundo,  el trabajo es el que mueve la economía y produce la riqueza que permite la generación de impuestos y, por tanto, los recursos para el pago de bienes y servicios entre los que se incluye la educación. En esta medida, la protección de los derechos de los trabajadores redunda en la calidad de vida de las familias, y en la posibilidad de que sus hijos tengan acceso a la educación.

Por su parte, los centros educativos permiten el acceso a los bienes culturales, científicos y tecnológicos, pero su contribución real a la vida nacional depende de las condiciones del mercado ocupacional. Desde el punto de vista económico, si no hay empleo, no sirve de mucho a las familias que sus hijos tengan títulos universitarios ya que no podrán trabajar y generar ingresos. Por otra parte, si el gobierno regatea los apoyos económicos a las universidades, reduce presupuestos e ignora sus demandas, entonces, ¿cómo puede decir que se preocupa por los estudiantes?

La imbécil iniciativa de prohibir las huelgas en las casas de estudios es una medida hipócrita, anticonstitucional y francamente perversa. Es insultante por su vaciedad, demagogia y mañosa pretensión de engañar a una sociedad cada vez menos informada y más manipulada por los medios de comunicación, pero a la vez más necesitada de acciones concretas a favor de los ciudadanos que sufren de marginación. La iniciativa del panista Zepeda es una lamentable muestra de demagogia y falta de respeto a la ley, empezando por la Constitución. 

El engendro pitufo insiste en mandarnos de regreso a los tiempos del porfiriato, al intentar restringir el derecho a huelga y convertirlo en un mero acto simbólico que lograría, en los hechos, dañar un instrumento poderoso en las luchas de los trabajadores. Sin duda, el panismo es enemigo de los logros nacionales plasmados en la Carta Magna y alérgico al pueblo que mediante las luchas revolucionarias los convirtió en ley suprema.