“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce
mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de
estabilidad política” (Simón Bolivar).
Actualmente la seguridad social parece
ser un tema molesto y un problema solamente financiero en Sonora, del cual el
gobierno trata de desembarazarse y esconder bajo la alfombra de la miopía
aritmética de que hace gala la actual directiva de ISSSTESON, dejando de lado
los muy importantes aspectos sociales, políticos y de derechos humanos que
entraña.
Al respecto, cabe recordar que en 2005
el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, impulsó la reforma de la Ley 38
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
de Sonora (ISSSTESON), entidad descentralizada responsable de la seguridad
social de los trabajadores del Estado y organismos afiliados. Dicha reforma
tiene un fuerte acento recaudatorio ya que aumenta tanto el tiempo de cotización
como las cuotas que deben cubrir los trabajadores sin necesariamente una mejora
en la prestación de los servicios a que tienen derecho. La Universidad de
Sonora (UNISON) es un organismo afiliado al ISSSTESON de acuerdo con el
Contrato de Prestación de Servicios firmado por la institución universitaria y
el ISSSTESON en 1990, el cual tiene plena vigencia debido a que no se ha
suscrito un convenio que manifiesta la voluntad de las partes en cambiar las
condiciones pactadas.
A pesar de que existe el principio de no
retroactividad en la aplicación de las leyes, consagrada en el párrafo primero
del Artículo 14 Constitucional, el gobierno de Sonora insiste en ignorar el
derecho que asiste a los trabajadores de cubrir las cuotas establecidas en la
ley y pactadas en el Contrato vigente con ISSSTESON y recibir, sin
condicionamientos ni limitaciones, las prestaciones en materia de seguridad
social correspondientes a su calidad de afiliados y exige el pago de acuerdo con
la ley reformada en 2005, siendo que la primera generación de trabajadores que
se deberá sujetar a este ordenamiento es la que saldrá en 2040 o en 2038, ya
que la reforma establece el tiempo de cotización de 35 y 33 años para hombres y
mujeres respectivamente. Como consecuencia de esta aplicación retroactiva de la
ley, los trabajadores pensionados y jubilados de la UNISON reciben, aproximadamente,
el 63 por ciento de lo que debieran recibir de pensión mensual, quedando en
estado de indefensión ante el Instituto de Seguridad Social y el gobierno del
cual depende. Lo anterior significa un severo golpe a la economía familiar y una
evidente violación a la ley.
En ejercicio de su derecho, los
pensionados y jubilados universitarios y de otros organismos afiliados han
acudido a la promoción de demandas de nivelación pensionaria, mismas que han
logrado el fallo favorable para el demandante en 210 expedientes, estableciendo
un precedente importante para los intereses de los afectados. Esta situación
cambió radicalmente con la llegada de la gobernadora del PRI, Claudia Artemisa
Pavlovich Arellano, quien al parecer decidió dar palo a las demandas de los
afectados. Su gobierno se ha caracterizado por la presión y el hostigamiento a
los organismos afiliados que no acceden a modificar su contrato o convenio de
prestación de servicios con el ISSSTESON, ignorando el hecho de que el contrato
o el convenio son, esencialmente, acuerdos de voluntades donde los firmantes
están en igualdad de condiciones y ninguno de ellos tiene porqué sujetarse a la
voluntad o capricho de la otra parte.
La presión del ISSSTESON hacia los
organismos afiliados se ha manifestado en forma de una lentificación de la
resolución de las solicitudes de pensión o jubilación mucho más allá del
término que la propia ley establece, así como el condicionamiento de éstas y
del acceso a los servicios de salud a la firma de un nuevo convenio a modo y
que tiene por finalidad sacar de los trabajadores más recursos a cambio de los
mismos deficientes y precarios servicios que actualmente proporciona. Curiosamente,
se han suspendido los fallos correspondientes a las demandas de nivelación
pensionaria en las instancias legales del Estado, remitiéndose los expedientes
a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por
el Ministro Eduardo Medina Mora. Es importante hacer notar que el actual
director del ISSSTESON, Pedro Ángel Contreras López, ha declarado a los medios
informativos que espera “buenas noticias” de la SCJN referidas al caso de las
demandas pendientes, lo cual significaría un “ahorro” sustancial para el Instituto
pero un evidente golpe a los derechos de los trabajadores.
Cabe recordar que al final del sexenio
de Guillermo padres Elías, gobernador emanado del PAN y actualmente sujeto de
investigación penal, se dio a conocer un daño patrimonial del ISSSTESON por más
de seis mil millones de pesos, en donde se señalaba como responsables del
desfondo pensionario en perjuicio de los trabajadores a la directora general
del organismo, al Secretario de Hacienda estatal y al propio Gobernador del Estado,
cuestión ampliamente difundida en diversos medios informativos locales y
nacionales. En este contexto, resulta preocupante que exista la intención de
burlar “legalmente” el derecho de los pensionados y jubilados por parte de las
autoridades estatales mediante la posible emisión de un criterio
jurisprudencial de la SCJN favorable al Instituto.
Concluimos recordando que existen 210
casos resueltos a favor de los demandantes. Este fuerte precedente no debe ser
ignorado por la SCJN ni servir de garrote contra los trabajadores en manos del
cuerpo directivo del ISSSTESON. Tenemos serias dudas sobre la imparcialidad y
buen juicio del Ministro Medina Mora con base en sus antecedentes, por lo que
existe el fundado temor de que se puede prestar a una burda y condenable
maniobra “legal” contra los pensionados y jubilados. La comunidad sonorense en
general y los afiliados al ISSSTESON en particular merecen respeto. ¿Será capaz
el gobierno estatal de honrar su compromiso legal y político con los
sonorenses? Hasta el momento no lo parece.
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