“Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en
Alemania era legal (Martin Luther King).
La gobernadora del Estado considera, en
relación con las muchas demandas por nivelación de pensiones que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) juzgó improcedentes, que el fallo de la
Suprema Corte en favor del ISSSTESON es una “bocanada de aire” para el
Instituto, aunque “no están resolviendo el fondo del problema…”, y afirma que
“era momento de parar este problema que venía de muchos años atrás para
terminar con las pensiones abusivas…” e invita a “las instituciones y
organismos que no pagan sus cuotas que lo hagan para que de esta manera podamos
seguir trabajando” (El Imparcial, 19/01/2019).
Al respecto, seguimos sosteniendo lo ya señalado
en este espacio: la lucha por la nivelación de pensiones es no sólo justa sino
legal porque se apega a lo dispuesto en la ley 38 antes de la reforma de 2005 y al
contrato suscrito con ISSSTESON de plena vigencia. Tan es legal y exigible que
durante los años 2016, 2017 y 2018 se ganaron 210 demandas, según lo ha
declarado el actual director general del Instituto, quien celebró (como ahora
lo hace la gobernadora) que la SCJN haya
decidido en favor de no reconocer el derecho de los demandantes bajo el supuesto
de que deben pagarse las pensiones de acuerdo con lo cotizado (El Reportero,
17/01/2019); es decir, ignorando la ley y el contrato y basándose únicamente en
un criterio aritmético de suma y resta, así como el aspecto social y el
procedimiento que rutinariamente se sigue en las instituciones de reportar al
instituto de seguridad social cantidades inferiores al sueldo pagado al
empleado, lo cual no es ni debiera ser imputable al trabajador. Esta situación es
reconocida por líderes sindicales como, por ejemplo, Cuauhtémoc González, dirigente del
STAUS, quien declaró: “En ese sentido es justo que, conforme se haya dado la
cotización, se tenga el rubro del pago de esa jubilación; pero hay que señalar
que a veces, como patrones, al trabajador le ponen un determinado nivel. Una
más baja cotización de lo que gana” (El Imparcial, 16/01/2019).
Vista en contexto, la decisión de la
SCJN cancela las posibilidades de acceder a la justicia laboral y social de un
número considerable de trabajadores actuales y futuros y el peso de este
criterio jurisprudencial amplía la brecha entre los jubilados y pensionados de
primera y de segunda. Es público y notorio que muchos exfuncionarios, como
Wenseslao Cota Montoya, Max Gutiérrez Cohen, Hilda Benitez Carreón, Arnoldo
Hernández Peña, entre muchos otros (Proyecto Puente, 23/11/2018), se fueron pensionados
con generosas cantidades de dinero, inimaginables e inalcanzables para la
mayoría de los trabajadores retirados, pensiones abusivas que fueron
denunciadas en su momento y que el gobierno
no pudo hacer nada para revertirlas porque eran legales, porque los
tribunales competentes les dieron la razón a estos pensionados de primera.
Ahora este nuevo criterio ahorrativo y justiciero se aplica en contra de miles
de pensionados modestos, de segunda, precaristas de la seguridad social, y deja
como están a los verdaderos abusivos y gandallas “porque no puede aplicarse
retroactivamente la ley” (nótese cuál débil puede ser el ciudadano cuando la
administración de la justicia es no sólo miope sino parcial). Así pues, lo que era formalmente legal y
exigible en los casos de demandas por nivelación de pensiones, por obra y
gracia de la Sala Segunda de la SCJN, presidida por el Ministro Eduardo Medina
Mora, ya no lo es para los alrededor de mil 500 casos pendientes que
corresponden mayoritariamente a trabajadores de a pie, atrapados en la química
presupuestal de las instituciones donde siempre es el patrón quien determina cuánto
se reporta a la seguridad social y que, sin culpa alguna van a ser excluidos de
la protección que le ley debiera otorgarles. Así, pues, la SCJN no tomó en cuenta
los 500 o 600 juicios anteriormente decididos a favor de los trabajadores más
los 210 casos juzgados en la actual administración estatal, basando su criterio
en sólo cuatro casos donde el perdedor fue el trabajador.
En este contexto, la “bocanada de aire”
recibida por ISSSTESON fue a costa de los derechos de los ciudadanos
demandantes y la solución de fondo que reclama la señora gobernadora, para ser
justa, debe pasar por la recuperación de los fondos desviados desde el propio
gobierno estatal y el castigo a los funcionarios perpetradores del ilícito,
además de garantizar que en lo sucesivo habrá candados que eviten el manoteo en
las arcas del Instituto. En resumidas cuentas, los beneficiarios de las “pensiones
abusivas”, casualmente ligados al partido de la señora gobernadora, seguirán
gozando de la protección legal y del privilegio de cobrar, mientras que los
pensionados de bajos ingresos no verán la justicia por ningún lado ni el
reconocimiento formal al derecho que les asiste.
Es inevitable la conclusión de que aquí
no ganó el derecho sino la política, como también lo es pensar que en Sonora la
justicia es selectiva y que cada vez se siente con mayor intensidad la ausencia
del Estado de Derecho, del verdadero compromiso del gobernante con el pueblo
que lo elige, de la empatía y el apoyo que debieran recibir los trabajadores
retirados que han hecho posible la existencia y la legitimación de los
liderazgos sociales y políticos de nuestra entidad. A estas alturas, ya no es
posible esperar que haya un cambio favorable en la forma de hacer gobierno del
partido político en el poder estatal y lo deseable es que pronto llegue a su
fin un gobierno que sólo ha servido para profundizar más las diferencias. La
seguridad social es para todos pero por justicia distributiva debe centrar su
atención en los que menos tienen, aunque el caso de los pensionados nos
demuestra que no es así. Por otra parte, es sintomático que hasta ahora no hay
una sola voz de protesta por parte de los organismos sindicales de los afectados,
ni una exigencia de que la parte patronal asuma sus responsabilidades o que proponga
mecanismos compensatorios, pero así estamos y este es el sindicalismo que tenemos.
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