¿Todo con el poder de su firma?

                                                             “El deber es lo primero” (dijo el deudor).

Como usted sabrá, el Isssteson insiste en que los organismos afiliados como la Universidad de Sonora (Unison) firmen a la brevedad un convenio de prestación de servicios que modifica el actual contrato vigente suscrito por ambas instituciones. Si usted se pregunta el porqué de la insistencia le diré, sin más preámbulos, que la razón es simple: el Isssteson busca sacar dinero de los trabajadores y los organismos donde prestan sus servicios a fin de tapar el hueco que ocasionó el saqueo de los fondos pensionarios perpetrado por el propio gobierno, sobre todo en el sexenio pasado.

La idea que se trata de meter en la cabeza de los trabajadores y que, al parecer, ya la tiene el rector de la Unison, es que con el nuevo convenio se tendría acceso a una jubilación con el 100 por ciento del salario al tiempo de retiro, pagando una mayor cuota. Sobre el tema, el rector de la Unison, Dr. Enrique Velázquez Contreras “…mencionó que la Universidad, el Staus, el Steus y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), buscan definir un programa de incorporación a la Ley No. 38 de dicho instituto, a fin de que los trabajadores universitarios puedan contar con el 100% de su salario al momento del retiro”, advirtiendo que “para lograr lo anterior, la Universidad como organismo afiliado al Isssteson, debe conseguir los recursos correspondientes para integrarse a la citada normativa; y los trabajadores universitarios, tendrán que aumentar sus cotizaciones…” (Atenderá Unison anticipadamente demandas sindicales, nota del 2 de octubre de 2017, www.uson.mx).

Asombra la simplicidad del razonamiento, habida cuenta la trayectoria real del fenómeno pensionario en Sonora: los trabajadores han pagado sus cuotas cada día de pago y, sin embargo, el Instituto está quebrado y exige dinero y presiona para que se le entreguen cuotas mayores, debido a que los recursos existentes se evaporaron sin que, hasta la fecha, a los responsables del desfondo se les haya dictado sentencia y obligado al resarcimiento del daño, a largos meses de haberse descubierto el quebranto. Lo cierto es que nada garantiza que una mayor cotización tendrá como contrapartida una mayor calidad y cantidad en los servicios de seguridad social, considerando la ausencia de interés por fortalecer este renglón. Lo que queda claro es que el gobierno exige que paguen justos por pecadores, una vez más.

Por otra parte, los hechos demuestran que las exigencias actuales del Isssteson son una forma facilona de “resolver” un problema que no es atribuible a la negligencia o mala voluntad de los trabajadores, sino que es de la competencia del gobierno quien debe responder solidaria y subsidiariamente a la emergencia, toda vez que la seguridad social está bajo la tutela del Estado, con base en el criterio internacional y a los acuerdos que México ha suscrito con la ONU. Asimismo, es demostrable que el Isssteson actúa con discrecionalidad y de manera arbitraria al presionar a la Unison de la manera como actualmente lo hace, ya que, en el pasado mes de diciembre, en Proyecto Puente, se reportó la noticia de la concesión de pensiones de entre 80 y 160 mil pesos, la suspensión de las mismas para “investigar” y su posterior devolución a los afortunados debido a que se juzgó que eran legales.

Guardando las proporciones, resulta que, en el mes de junio de este año, cinco afortunados universitarios ligados a la administración fueron favorecidos con pensiones del 100 por ciento de su último sueldo, por tener “derecho adquirido 100%”, de donde surge la pregunta, ¿por qué si se tiene el mismo contrato de prestación de servicios y se cotiza bajo las mismas reglas, unos salen pensionados con pérdida de alrededor del 30 por ciento de su sueldo y otros se van con la pensión completa? ¿De dónde parte la exigencia de aumentar las cuotas si el suelo de las pensiones es no sólo disparejo sino arbitrario?

El proyecto de convenio que se quiere hacer firmar a la Unison supone pagar del 6 por ciento al 17.5 por ciento, tres veces más que la cuota que actualmente es descontada a los trabajadores, siendo que los incrementos al salario solamente alcanzan el 3.8 por ciento, tope establecido por el gobierno. Pero, el problema no es sólo de números, sino de la lectura cuidadosa y de la interpretación de los términos del contrato vigente y de los supuestos del nuevo convenio.

Ocurre que en el contrato vigente no se condiciona para nada el monto de la pensión a la cuota que se paga. Al contrario, en la Cláusula Primera establece que el Isssteson está obligado a proporcionar “las siguientes prestaciones: Seguro de Enfermedades no Profesionales y de Maternidad, Seguros por Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Servicio de Reeducación y Readaptación por Invalidez, Actividades que eleven el nivel cultural del servidor público y su familia, Préstamos a Corto Plazo, Préstamos Prendarios para la adquisición de bienes de consumo duradero, Jubilaciones, Pensiones por Vejez, Pensión por Invalidez, Pensión por Muerte, Indemnización Global, Pago Póstumo, Fondo Colectivo de Retiro y Pensión mínima a los trabajadores de la Universidad de Sonora”. Tampoco existe dicha condicionante en el nuevo convenio.

Entonces, ¿con base en qué se dice que el aumento de la cuota permitirá pensiones de retiro del 100 por ciento del salario? Por otra parte, si el cubrir una cuota convenida en un contrato sirve para alcanzar la pensión completa, entonces, ¿cuánto le debe el Isssteson a los trabajadores que han pagado su cuota cada mes desde que se firmó el convenio en 1990 y que surtió efectos plenos a partir de septiembre de ese año? Tenemos 27 años en los que el Isssteson no ha pagado la pensión al 100 por ciento, lo que permite suponer que el adeudo con los trabajadores universitarios puede representar la cifra de 10 millones de pesos mensuales, de acuerdo con el monto de las cuotas reportadas en el presente. En este orden de ideas, el Instituto es el deudor no el acreedor, y por lo tanto la Universidad puede demandarlo por incumplimiento de contrato, más los agravantes que se acumulen.

Los sindicatos universitarios y los demás de los organismos afiliados, ¿se animarán a hacer valer su derecho o se limitarán a controlar la información y la inconformidad de sus bases? De ser así, ¿a quién deben su lealtad? Tiempo de aclaraciones y definiciones.