La lucha que debemos afrontar

“Aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad ” (Benjamin Franklin).

Si algunos pensaban que los cambios en la política nacional relativa a la seguridad social y a los servicios de salud eran terribles pero lejanos a la clase trabajadora sonorense, hoy es un buen momento para cambiar de opinión. El problema lo tenemos en casa. La ola privatizadora ya golpea con insistencia los muros de nuestra vida comunitaria y arroja sombras ominosas en la vida de cada uno de nosotros.

Los que antes lograban su pensión jubilatoria lo hacían con relativa tranquilidad y facilidad: se daba por sentado que, pasados los tiempos de reunir papeles, solicitar el beneficio y disfrutar de esta prestación era una cadena de eventos que fluían en el tiempo y lo hacían sin obstáculos. Ahora las cosas han cambiado y las consecuencias de estos cambios las están padeciendo los trabajadores a los que durante toda su vida laboral les fueron descontadas puntualmente las cuotas por concepto de servicios médicos y seguridad social.

En el plano nacional, la nueva filosofía adoptada por el gobierno federal y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que lo que antes era un derecho ahora es una opción, lo que da idea del espíritu que anima la reforma laboral de Enrique Peña Nieto. Por lo que corresponde a nuestra entidad federativa, el gobierno local se empeña en seguir los pasos que marca el centro y el concepto de seguridad social se ha visto afectado por las subrogaciones de servicios de salud, reducción de los cuadros básicos de medicamentos, desabasto de medicinas y una creciente canalización de los pacientes hacia unidades del sector privado cuya función complementaria ha ganado creciente protagonismo. Mientras que el Instituto de seguridad social estatal disminuye la cobertura de sus servicios crece la demanda de seguros privados de gastos médicos mayores. La salud en Sonora se ha convertido en un nicho de mercado en proceso de expansión en buena medida gracias al cambio en las prioridades del gobierno.

Para decirlo en forma resumida, el gobierno despliega una política privatizadora siguiendo los dictados del FMI, la OCDE y el Banco Mundial; en esta línea, los derechos y conquistas laborales deben flexibilizarse y ser reducidos al máximo, para permitir que el sistema conserve su funcionalidad y obtenga su tasa de ganancia. Es obvio que lo que disminuye por un lado aumenta por otro y, en este caso, son los trabajadores los que ven disminuidas sus condiciones de vida y los empresarios los que obtiene las ganancias. Los costos de las pensiones y los servicios de salud ahora son vistos desde la perspectiva del mercado y, desde luego, el sistema busca la forma de eliminar los beneficios sociales mediante políticas que hacen posible que el trabajador pase de derechohabiente a cliente.

La enorme masa de recursos monetarios alcanzada por años de puntuales cotizaciones de los trabajadores a los sistemas de seguridad social administrados por el Estado, ahora se ha convertido en un apetecible botín que la iniciativa privada ni siquiera disputa porque el gobierno mismo lo ha puesto en sus manos. Tal es el origen de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) que recibieron el regalo de 2.9 billones de pesos, sistema que el gobierno instauró como única vía para el logro de una pensión mínima para los trabajadores y que puede tener pérdidas sin responsabilidad para la empresa y el Estado.

La idea de Estado mínimo y los mecanismos para lograrlo incubados en los sótanos del neoliberalismo representado por el FMI y demás organismos financieros internacionales, tiene en el deterioro de los derechos laborales, la calidad de vida y la privatización de la salud y seguridad social su fiel expresión. Y es justamente esa visión de la realidad económica y social lo que hace que el gobierno incumpla con sus deberes esenciales, transgreda la propia ley y viole acuerdos internacionales en materia laboral, social y de derechos humanos.

Lo anterior se da fatalmente en un país que presenta cuadros de corrupción creciente, de saqueo de recursos naturales, contaminación del ambiente y deterioro general de la calidad de vida. La violencia callejera es solamente una respuesta al desgarramiento del tejido social provocado por la agresión neoliberal que crea sociedades enfermas y autodestructivas. La vida humana y los mecanismos sociales e institucionales para preservarla se precarizan, pasando de valores trascendentes a meras formas retóricas condenadas a la trivialización y al desprecio. El derecho a la salud por omisión del gobierno termina siendo una mercancía que responde a las leyes del mercado, y el derecho a las pensiones y jubilaciones termina reducido a cálculos actuariales cuyo despliegue cuantitativo oculta el carácter redistributivo y esencialmente humano de estas prestaciones. Así, la relativización de los derechos nulifica sus efectos sociales y políticos y degrada principios como la solidaridad y el apoyo entre las generaciones de trabajadores, además de generar una sensación de inutilidad en los esfuerzos de la clase trabajadora por la defensa de sus conquistas históricas.

Mientras que en el plano nacional la seguridad social ha sufrido graves impactos a partir de las reformas a la ley del Imss e Issste, y la creación de las administradoras privadas de los fondos de ahorro para el retiro (Afores), en el caso de Sonora se observa una clara tendencia a privatizar tanto la salud como la seguridad social, a partir de la concesión de los servicios como análisis clínicos, radiología e imagenología, diálisis, mantenimiento y aseo, camilleros y ambulancias,  y, desde luego, farmacia a agentes privados. Por otra parte, el derecho a una jubilación digna se viola silenciosamente al condicionar ilegalmente su disfrute a la firma de un nuevo convenio que modifica el actual contrato de prestación de servicios de seguridad social entre Isssteson y los organismos afiliados en perjuicio del trabajador, de lo cual pueden dar testimonio los trabajadores universitarios. Aquí tenemos como telón de fondo la misteriosa desaparición de entre 3 y 5 mil millones de pesos de los fondos bajo la responsabilidad de Isssteson, desfondo que se quiere resarcir con un grosero incremento a las cuotas por seguridad social que pagan los organismos afiliados. Mientras que la responsabilidad estatal disminuye la influencia del mercado crece.   

Pero ¿qué se debe hacer? ¿Cómo podemos revertir estos efectos negativos para la sociedad en su conjunto y, en particular, para la clase trabajadora? La respuesta más precisa es dar la lucha legal y política; emplear todos los recursos legales a nuestro alcance y desarrollar una campaña permanente de información, organización y movilización de los trabajadores. Aquí se plantea la imperiosa necesidad de actuar con la firme determinación de rescatar a la sociedad de la barbarie neoliberal y reconstruirla democráticamente.

En nuestro caso particular, la tarea urgente es hacer de las organizaciones sindicales un sólido frente de lucha que sea capaz de detener y revertir los avances privatizadores que se observan en lo local, y enlazar nuestros esfuerzos al gran frente nacional que se está construyendo en defensa del trabajo, la salud y la seguridad social. En lo inmediato, los universitarios debemos trabajar junto con otras organizaciones académicas de la entidad, y con los demás sindicatos y organizaciones sociales que coincidan con el objetivo general que planteamos: respeto y mejora de las garantías laborales y sociales de la clase trabajadora sonorense por parte del gobierno y del Isssteson.

El futuro de las nuevas generaciones de trabajadores dependerá de la firmeza de nuestra acción y de los avances que logremos, a fin de garantizarles cuando menos iguales condiciones de retiro. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que somos responsables de nuestro futuro, que lo estamos construyendo y que su calidad dependerá del esfuerzo que realicemos hoy.