“Cada
cual es artífice de su propia fortuna”
(Salustio).
Parece que las palabras adquieren un
nuevo significado cuando las emplean los sordos, los ciegos y los mentecatos
irredentos, socialmente hablando. Cualquiera sabe que “diálogo” significa un
intercambio bilateral de planteamientos, propuestas, soluciones o, simplemente,
inconformidades y mentadas de madre envueltas en eufemismos y expresiones
políticamente correctas. La problemática vista de frente, sin ruido ni
intermediarios oficiosos, permite medir la fuerza de los argumentos mediante la
capacidad de convencer al otro, pero la validez del discurso tiene que
responder a una situación que ambas partes identifiquen como cierta,
problemática e importante. Si una de las partes entiende como irrelevante lo
que se plantea, el diálogo puede no ser significativo, y el interés común pasa
a ser particular. En este punto, el ninguneo, la actitud despectiva y la
exclusión pueden tomar por asalto la “mesa de negociaciones” y la intención de
diálogo pasa a ser monólogo. Los chicharrones de alguien son los que truenan
para ser escuchados por los demás.
Actualmente, la Administración de la
Unison está empeñada en ejemplificar el no-diálogo a través de la
unilateralidad de sus decisiones y de su compulsiva inclinación por ignorar al
sindicalismo y desestimar sus reclamos y propuestas de solución. Incluso, se
cuestiona la competencia del sindicato académico en cuestiones que tienen que
ver, estrictamente, con su materia de trabajo. Si alguien tiene relación
directa con las decisiones académicas y su forma de implementación sin duda son
los profesores, pero la administración niega la participación de éstos en la
planeación, reformas normativas y operación de planes y programas. En este
caso, la administración arguye que los profesores carecen de competencia o personalidad
legal para intervenir de alguna manera.
Al parecer, estamos ante el caso de que,
artificialmente, se separa al trabajador del proceso de trabajo, ya que se le
niega el control del mismo y de sus resultados. Entonces, ¿cómo responsabilizar
al docente de su desempeño, en términos del aprendizaje de sus alumnos,
mediante las evaluaciones en la calificación de su trayectoria laboral? En este
caso, ¿qué validez tendrían los puntajes para el otorgamiento de los estímulos
a la carrera docente? ¿El trabajador académico puede ser evaluado por acciones
y procesos ajenos a su responsabilidad o injerencia?
La situación sugiere que existe unilateralidad
que no sólo excluye, sino que desestima la pertinencia de la opinión de quienes
por contrato hacen posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
administración y los llamados órganos colegiados monopolizan las decisiones que
operan los profesores, sin embargo, los docentes son contratados precisamente para
eso; sin embargo, la materia de trabajo reconocida y normada por la legislación
y reglamentación universitaria y el contrato colectivo de trabajo (CCT) del
STAUS, ponen en el centro del proceso al personal académico. La excelencia y la
acreditación de los programas depende, hoy por hoy, del esfuerzo de los académicos.
Sin embargo, el criterio de la
administración universitaria es que el sindicato no tiene porqué proponer y
señalar cuestiones relacionadas con la matrícula, la ampliación de la oferta,
los planes y programas de estudios, entre otros aspectos. En otras palabras, en
materia académica, los docentes nada tienen que decir, proponer u observar,
solamente cubrir cursos, cumplir horarios y llenar formatos.
Pero si este caso es preocupante, con
más razón lo es la absoluta opacidad con que se manejan los recursos económicos
asignados a las funciones sustantivas de la institución. Ha trascendido que
existen plazas académicas que se han desviado para engrosar la nómina de
confianza y que partidas existentes, como la de vivienda, ni se conocen y menos
se aplican en beneficio de los trabajadores, sino que se canalizan para fines
no identificados, lo que supone un caso de discrecionalidad en el manejo de las
finanzas institucionales. Este tipo de situaciones han sido la materia de
reclamos recurrentes del sindicato y que la administración se ha negado
aclarar. El estado de las finanzas institucionales es, para los sindicatos, un
misterio por resolver.
Como sabemos, la administración ha
modificado unilateralmente el Estatuto de Personal Académico, el Reglamento de
Becas, las convocatorias para los concursos para el ingreso temporal o
definitivo del personal, entre otros asuntos que son, por su contenido, claras
violaciones al CCT y evidentes causales de huelga, en caso de no haber un
cambio de actitud por parte de los representantes de la autoridad.
El reiterado desprecio hacia la parte
laboral, el ocultamiento total o parcial de información crucial en esta etapa
de prehuelga, la desinformación que la administración se complace en difundir a
través de entrevistas y comunicados a la opinión pública, permiten suponer que
no hay voluntad real de diálogo, y que la simulación y la opacidad son los
instrumentos elegidos por la autoridad para su relación con la contraparte
sindical.
Es claro que en esta coyuntura está en
juego la integridad y la credibilidad de la organización sindical, habida
cuenta que la defensa del contrato colectivo de trabajo debiera ser el punto de
unión de todas las corrientes y sectores del personal, tanto académico como
manual y administrativo. Sin embargo, se observa una tendencia hacia la
desactivación de medidas que puedan afectar a la administración, como son los
paros parciales o totales de actividades, debido al temor de algunos
trabajadores de ser objeto de descuentos por faltas. La pregunta obligada es la
siguiente: Si no están dispuestos a afrontar un eventual descuento de un día,
¿serán capaces de aguantar una huelga?
La urgencia actual es lograr la unidad
de propósitos y acciones y, sobre todo, la conciencia de ser trabajadores en
lucha por los más obvios e indiscutibles derechos contractuales, sin los cuales
no tendría caso el sostener un membrete vacío de contenido con el nombre y el
logotipo de la organización sindical. Se estaría en manos de la voluntad
omnímoda y autoritaria de una administración cada vez más carente de respeto
por la legalidad y dispuesta a desconocer las conquistas históricas de los
trabajadores universitarios de Sonora. El momento de la acción es hoy, el
mañana será sólo el producto de lo que hagamos o dejemos de hacer. La moneda
está en el aire.
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