¿Debe haber huelga en la Universidad?

“Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer” (Paulo Freire).

Nadie discute que el derecho a la educación de los jóvenes está garantizado por la ley y las buenas costumbres sonorenses, independientemente de que no se garantice ni la calidad, ni el empleo ni la seguridad social de los egresados. Por supuesto que la educación es una prioridad para el desarrollo del estado y el país, aunque el modelo de desarrollo es el de atraer inversiones en maquilas y otros giros que no generan necesariamente valor, aunque sí precio. Naturalmente que el gobierno vigila con celo la suave marcha de los procesos educativos y financia sin reparos la educación pública, siempre y cuando no le cuesten mucho y no comprometan el gasto dedicado a campañas de autopromoción electoral y de propaganda sobre los milagros logrados por la administración en turno.

Nadie, salvo los afectados directos como son los sindicalistas universitarios, cuestiona e indaga sobre los desvíos de fondos públicos denunciados y sobre los recursos que fueron transferidos de una a otra partida sin justificación ni transparencia alguna. Ningún espíritu justiciero repara en el hecho de que se hayan aumentado las plazas de confianza a costa de las académicas. Tampoco a alguien ajeno a la universidad de a pie parece preocuparle las continuas y reiteradas violaciones al contrato colectivo de trabajo por parte de la administración, lo cual, sin duda alguna, ha contribuido al enrarecimiento del clima institucional y crispado las relaciones entre trabajadores y autoridades. Desde luego, a nadie parece importarle que los trabajadores académicos, así como los manuales y administrativos son parte esencial de la fuerza laboral de la Universidad, regidos y amparados por un contrato colectivo de trabajo en el marco de la legislación laboral vigente, por lo que no son ni mártires ni santos, sino simplemente trabajadores especializados que realizan sus labores a cambio de un salario, tal como ocurre en otras esferas de la producción y los servicios. Si bien es cierto que la parte económica del contrato es importante, también lo es el respeto y la voluntad de diálogo de las partes y, en este caso, la administración se ha negado.

En cambio, a los representantes de la universidad mediática y burocrática les parte el alma la posibilidad de que “no haya clases” y que se “deje sin educación” a los jóvenes que acuden a las aulas desde los más variados lugares de origen, con el consiguiente “gasto familiar”. La angustia corroe las entrañas de algunos funcionarios nalgas planas encaramados en las secretarías, las divisiones y las jefaturas de departamento porque una huelga “afecta la imagen institucional” y hace desmerecer la calma porfiriana que hay en Sonora bajo la gubernatura de la señora de Torres. El coro de plañideras apenas empieza con puntualidad: el día 28 se vence el plazo para evaluar el avance o el estancamiento y abandono de las negociaciones, en el sentido de lograr o no acuerdos y tareas para resolver el conflicto y, por ende, la huelga.

El rector Grijalva y su patético coro de apoyadores a sueldo pueden reconocer las “justas demandas” de los trabajadores, a la par que promueven “incidentes no especificados” ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), con el fin de que se archive el expediente porque el STAUS “ya estalló” la huelga a principios de mes. Lo curioso del caso es que la autoridad laboral admitió indebidamente el incidente, siendo que solamente debió hacerlo cuando se refiriera a la personalidad jurídica de la parte sindical. Si la JLCA viola la ley flagrantemente al admitir un recurso ilegal, ¿cuál es la conclusión que el lector puede obtener acerca de la imparcialidad de la autoridad?

¿Los plañideros supuestamente interesados en la “educación de los jóvenes” están de acuerdo en que se pisoteen, cuando no se desconozcan, derechos sustantivos de los trabajadores? ¿Están a favor de dar una educación basada en la subordinación de los sindicatos a autoridades venales, corruptas y manipuladoras? ¿Qué clase de profesionistas tienen pensado lanzar al mercado ocupacional que prestigie a nuestra Alma Mater y que impulse el desarrollo integral de Sonora? ¿Qué tan innovador puede ser un egresado formado en la servil obediencia del patrón y en la ausencia de conciencia social? ¿Qué utilidad puede reportarle a la sociedad tener alumnos que desconocen los derechos de los trabajadores? ¿La idea de democracia y justicia social no pasa por las mentes de los burócratas encaramados en la administración pública y la universitaria? ¿La educación y la formación profesional se limita al cumplimiento de horarios y calendarios escolares, sin contexto ni contenido? ¿El académico es un robot diseñado para el llenado de formatos y el cumplimiento de horarios? ¿A qué horas dejó de ser universidad para convertirse en una vulgar maquiladora de títulos y constancias?

En la actual coyuntura no está en juego solamente la dignificación del trabajo universitario, de su contrato colectivo, de la existencia misma de los sindicatos, sino la naturaleza formativa de los estudios universitarios. En aras de contribuir a la formación profesional, humanista y ciudadana de los estudiantes y de la dignificación del trabajo profesional tanto de los maestros como del personal de manuales y administrativos ante las agresiones de la administración universitaria, sin duda alguna debe haber huelga en la Universidad de Sonora. Mientras no haya voluntad de diálogo y arreglo transparente y justo, que así sea, por el bien de todos.