“La
tragedia de la vejez no estriba en que uno sea viejo, sino en que ya no se es
joven” (Oscar Wilde).
En la actualidad se ve como lo más
natural perder derechos a cambio de nuevas obligaciones, como la de costear la
propia jubilación mediante mecanismos de ahorro ligados a la lógica bancaria trasnacionalizada
y depredadora inspirada, desde luego, por el neoliberalismo y operado por el
FMI y la OCDE. La seguridad social es atacada desde todos los frentes, obrando
como argumento estelar los costos de cumplir con las obligaciones del Estado
para con los ciudadanos trabajadores que hacen posible la economía nacional y
la bonanza de las empresas privadas.
Según el trivial criterio neoliberal, el
mejor trabajador jubilado es el trabajador muerto prematuramente, y antes que
esto, el que paga su propia pensión tras una larga y fructífera vida de
explotación laboral sin ninguna garantía de apoyo y solidaridad
intergeneracional, en el marco de una furiosa acometida ideológica que proclama
la individualidad de las cuentas de retiro a cargo de la siempre voraz
administración de empresas privadas integrantes, en México, del sistema de
Afores. Las empresas administradoras de los fondos de retiro gozan de los
beneficios de poder disponer del dinero ahorrado, cobrar comisiones, jugar a la
ruleta con los fondos y ser protegidas con una total impunidad en caso de
pérdidas (eufemísticamente llamadas minusvalías) a cuenta del patrimonio de los
propios ahorradores.
En este marco de subordinación al
capital internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actúa como
tribunal colonial a cargo de legitimar y convertir en criterio jurisprudencial
el atraco contra la clase trabajadora, disminuyendo cada más el margen de
maniobra legal de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, donde
los derechos adquiridos resultan ser actualizados y acotados, quedando como
potencialmente reclamables, como sujetos a determinadas condiciones y conveniencias
que hacen caer por tierra los logros históricos de los trabajadores. Los
señores ministros relativizan el ejercicio de derechos y obligaciones en aras
de satisfacer la impunidad que exigen las empresas trasnacionales, lo que
significa el apoyo irrestricto a la imposición de normas laborales y de
seguridad social que quitan y limitan lo que otrora eran derechos adquiridos
incuestionables.
Si en el plano federal las normas se
sesgan para el lado del capital, en los estados se “armoniza” la legislación
para hacer aplicable el esquema de explotación que los organismos
internacionales exigen y que el gobierno mexicano acata sin chistar. Nuestro
sistema federal supone la existencia de entidades libres y soberanas que se une
en una federación y crean un ente llamado gobierno federal, cuyas facultades
son concedidas por los estados. En la práctica, este sistema residual se ha
convertido en su contrario: ahora es el gobierno federal el que centraliza el
poder político y, en todo caso, se descentraliza en lo administrativo, y las
entidades federativas se afanan en cumplir las instrucciones del centro dejando
de lado los intereses y aspiraciones de los ciudadanos. Antes que ser “estados
libres y soberanos”, cumplen funciones de dependencias del ejecutivo federal.
En este sentido, la lucha por la integridad
y existencia de la seguridad social es tanto un problema nacional que se debe
defender localmente como una respuesta local a una problemática nacional creada
por la lógica depredadora del sistema. No debemos esperar ser víctimas de
decisiones tomadas desde el centro, adoptadas y operadas por el gobierno local
para reaccionar. Es por eso que las organizaciones de los trabajadores deben ampliar
y reorientar el discurso reivindicativo de los derechos contractuales de
coyuntura y unirse a los reclamos de justicia social que hoy trascienden las
fronteras estatales y se revelan como un problema global, donde el sistema
económico y su correlato político deben ser no sólo objeto de estudio y
análisis, sino también de toma de decisiones para la acción colectiva.
Actualmente diversas organizaciones
sindicales y de pensionados y jubilados nacionales cuestionan y discuten el
modelo de cuentas individuales que ha puesto en manos de las Afores los fondos
de ahorro, y hecho negocios redondos con el dinero de los trabajadores. De esta
discusión han salido propuestas de reforma legislativa que coinciden en un
punto medular: desaparecer el sistema de Afores y restituir el sistema de
reparto solidario y distributivo. Las divergencias han sido en lo relativo a
que unos postulan que el Estado reasuma su responsabilidad con la seguridad
social, mientras que otros proponen que el sistema de Afores sea sustituido por
un organismo administrador del ahorro bajo el control directo de los
trabajadores, de suerte que sean ellos quienes decidan el destino de sus
recursos, obrando el gobierno solamente como garante. Tales consideraciones han
dado lugar a iniciativas que, de prosperar, cambiarían radicalmente el destino
y las responsabilidades de las administradoras de fondos, y la posibilidad de
que los adultos mayores gocen de una vida libre de las angustias y estrecheces
económicas que actualmente son tema recurrente en ese sector poblacional.
El pasado viernes 3 de marzo, se llevó a
cabo una reunión sindical presidida por la dirigencia del STAUS y la de la Confederación
de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores de la República Mexicana
(CONJUPAM), donde se hizo un análisis de las implicaciones económicas y
sociales del sistema de cuentas individuales y sus impactos en el bienestar de
la clase trabajadora, quedando claro el carácter depredador del sistema y la
necesidad de unir fuerzas por parte de las organizaciones sociales y sindicales
en el rescate y vigencia plena de los derechos sociales conquistados por los
trabajadores.
Con este acto, el sindicalismo
universitario se pronuncia por la defensa de la calidad de vida de los
trabajadores activos y los jubilados, y deja constancia de que los objetivos de
la lucha por la seguridad social son plenamente compartidos y prioritarios
porque, así como en el plano nacional se afectan las pensiones y jubilaciones
por los gobiernos inescrupulosos y corruptos que privatizan los fondos, en el
caso local vemos que la opacidad, los manejos desaseados y la irresponsabilidad
institucional ponen en entredicho los objetivos sociales del Isssteson,
actualmente vulnerados por el saqueo de los fondos pensionarios y por la irresponsabilidad
administrativa tanto de parte del instituto como de muchos de los organismos afiliados.
Nos queda claro que la lucha por la
seguridad social es la lucha por las mejores condiciones de vida tanto de los
jubilados como de las actuales y futuras generaciones de trabajadores que,
tarde o temprano habrán de llegar a la edad de retiro. La lucha actual es, sin
duda, para que los futuros jubilado y pensionados tengan, al menos, las mismas
condiciones que los actuales, y que no padezcan de miseria y abandono cuando
las fuerzas los abandonen y no puedan valerse por sí mismos. En este sentido,
la unión de los trabajadores activos, los pensionados y jubilados de Sonora con
los del resto del país, significa un paso adelante por la justicia social y para
la creación de las condiciones que hagan posible una vejez con futuro.
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